María del Pilar Arellano García del Campo
Expediente 1738/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1738/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- María del Pilar Arellano García del Campo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte promovente. Con el escrito de demanda presentado por María del Pilar Arellano García del Campo, en su carácter de depositaria judicial e interventora de la caja de la persona moral Colegio Los Ángeles, Sociedad Civil, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerla acreditada ante la autoridad responsable, en contra de actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 1738/2018-VIII, que le corresponde en el libro de gobierno, que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano la demanda de amparo, el dispositivo en consulta señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, en el presente caso, y al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, toda vez que este órgano de control constitucional advierte que en relación al acto reclamado en el presente asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De la interpretación literal del numeral 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juez de distrito está facultado para desechar la demanda de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda y sus anexos, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de amparo, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad y así, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Ahora bien, del análisis integral que se efectúa de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir esencialmente en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en expediente 1022/2012/IV, del índice de la autoridad responsable, mediante el cual se le requiere a la quejosa, en su carácter de depositaria e interventora de la caja de la persona moral Colegio Los Ángeles de Torreón, Sociedad Civil, a fin de que ponga a disposición del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la cantidad de $319,193.18 (trescientos diecinueve mil ciento noventa y tres pesos 18/100 moneda nacional), por ser éste, el remanente de los importes de los cuales dispuso con motivo del cargo que le fue conferido como depositaria del embargo trabado en contra de la persona moral demandada en el juicio laboral del que deriva el presente contradictorio constitucional. En ese sentido, debe puntualizarse que en contra del acto reclamado consistente en el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, procede el recurso de revisión, que establecen los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal de Trabajo, los cuales disponen lo siguiebnte: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley". Ahora, de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad la promovente, se advierte que el juicio laboral del que emana el acuerdo impugnado, se encuentra en etapa de ejecución, toda vez que dentro de éste fue celebrado un convenio judicial entre las partes, fijándose condiciones de pago, no obstante, ante el incumplimiento del mismo y mediante diligencia de once de octubre de dos mil doce, se declaró formalmente embargado el demandado Colegio Los Ángeles de Torreón Sociedad Civil, con cargo a la caja. En consecuencia, toda vez que la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr su cumplimiento, lo que en la especie aconteció mediante la diligencia de embargo referida en el párrafo precedente; en tales condiciones, resulta necesario agotar el medio de impugnación ordinario, consistente en el recurso de revisión previsto por el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable a lo anterior, en contrario sensu, tesis aislada I. 13º. T.71 L (10a), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 3217, tomo IV, libro 2, enero 2014, Décima época, del Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, que establece lo siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución". Luego entonces, si la promovente omitió agotar el citado medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue omisa en atender el principio de definitividad, que rige en el juicio constitucional. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Materia Común, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1754, tomo XXIII, febrero 2016, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se reitera, lo procedente es desechar la demanda promovida por María del Pilar Arellano García del Campo. No es óbice para resolver en este sentido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgador y, en el caso, las examinadas son procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Sin que lo anterior, sea un desataco al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los actos de autoridad deben analizarse hasta el dictado de la sentencia, toda vez que existe jurisprudencia al respecto al cual es obligatoria de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Como lo solicita la promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Gabriela Lizbeth Muñiz Valenzuela y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alfredo Lucero Jaramillo y Yessica Martínez Escandon; asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en la demanda de amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordenan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuarlas. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la propia ley. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese personalmente al promovente.
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