Maria del Pilar Arellano García del Campo

Expediente 1185/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1185/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Maria del Pilar Arellano García del Campo

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por lista al quejoso. Agréguese a sus antecedentes el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual anexa los autos del juicio de amparo 561/2015-IX, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado, en sesión de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro del amparo en revisión administrativo 128/2016, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. En la materia de la revisión SE REVOCA la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, emitida por la Secretaria en funciones del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, dentro del juicio de amparo número 561/2015-IX. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a... en contra de los actos y de las autoridades mencionadas en el resultando primero de esta ejecutoria". Por otra parte, acúsese recibo de estilo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes, las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyanse por ser copias simples. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal, es susceptible de depuración, una vez transcurridos los cinco años que establece el punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, con fundamento en el punto decimoprimero del acuerdo conjunto señalado en parágrafos precedentes, y en vista que dentro de los presentes autos obran documentos originales exhibidos por el promovente, requiérase al mismo para que en el plazo de noventa días contados a partir de aquél en que quede legalmente notificado del presente proveído, recoja dichos documentos a que se han hecho mención; bajo el apercibimiento que en caso de no recogerlos dentro del término antes mencionado, los mismos serán destruidos con el expediente original.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, deriva que a la fecha no ha sido devuelto el exhorto librado en auto de uno de octubre de este año, relativo al emplazamiento de la tercera interesada... ya que dicha comunicación se encuentra en proceso de notificación, debido a que se dirigió al Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; en virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas del doce de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; mediante por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    se notifica por lista al promovente:Vista la certificación que antecede, y al tomar en cuenta que la promovente del presente juicio de amparo no dió cumplimiento a lo ordenado en auto de cinco de septiembre del año en curso, mediante el cual se le requirió para que aclarara su escrito de demanda; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE MARIA DEL PILAR ARELLANO GARCÌA DEL CAMPO. Por recibida la demanda de amparo promovida por María del Pilar Arellano García del Campo, quien se ostenta como representante del Colegio Los Ángeles de Torreón, Sociedad civil, contra actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 1185/2018-V que le correspondió en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. A fin de proveer lo que corresponda respecto de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y III, en relación con los artículos 108 fracción IV y 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, y bajo protesta de decir verdad: a) Acredite la personalidad con la que comparece María del Pilar Arellano García del Campo, quien se ostenta como representante del Colegio Los Ángeles de Torreón, Sociedad civil, toda vez que no exhibió documento alguno con el que acredite tal circunstancia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2008-PL, sustentada entre el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo de Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, abril de 2009, página 7, Novena época, cuyo texto es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato". Así como, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis visible a página 48, del tomo IV, julio de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA, CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Asimismo, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento hecho con antelación, dentro del término que para tal efecto se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Gabriela Lizeth Muñiz Valenzuela, toda vez que su cédula se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica; asimismo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano