María del Consuelo Hernández Tapia

Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
683/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • María del Consuelo Hernández Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de trece de los cursantes se desechó el escrito de demanda presentado por Comisión Federal de Electricidad, por conducto de... quien señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en carretera... en Tihuatlán, Veracruz, por lo que en dicho proveído se ordenó practicar las notificaciones de este juicio por medio de lista de acuerdos. Sin embargo, se estima conducente que, a fin de no dejar en estado de indefensión a dicha parte, atendiendo al sentido de dicha providencia, con fundamento en los numerales 27 de la Ley de Amparo, 167, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese DESPACHO al Juez Municipal de Tihuatlán, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione personal a su cargo, a fin de que se constituya en el referido domicilio, y realice lo siguiente: Notifique a Comisión Federal de Electricidad, por conducto de... el contenido íntegro del proveído de trece de noviembre del año en curso. b) La requiera para que, dentro del término de tres días, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, de no hacerlo, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos en este órgano de control constitucional. Se faculta al juez requerido, a fin de realizar o autorizar cualquier tipo de diligencia para cumplimentar el exhorto de mérito, entre ellas, acordar promociones, girar oficios y habilitar días y horas inhábiles. Hecho lo encomendado, devuelva debidamente diligenciada por la misma vía la comunicación oficial de referencia..."

  2. Principal

    "...Vista la demanda de amparo y sus copias instaurada por ********************, por conducto de ********************, quien aduce ser su apoderada y representante legal, contra actos de la Junta Especial 44 der la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 683/2023-III-A. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 683/2023-III-A. Se reconoce la personalidad de ********************, como apoderada legal de ********************, por encontrase acreditada con la escritura pública número ******************** de dieciséis de diciembre de dos mil dos, pasada ante la fe de Notario Público ******************** de la Ciudad de México. Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; de esa manera, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea manifiesto e indudable. Lo manifiesto es aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexo que se acompaña, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (.)." Ahora bien, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo indirecto solo procederá contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; ya que la finalidad de dicho precepto legal, es evitar que los gobernados abusen del juicio de garantías retardando el cumplimiento de una resolución jurisdiccional que reviste el carácter de cosa juzgada. En el caso particular, ********************, a través de su apoderada legal ********************, señaló como acto reclamado la resolución incidental de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, relativa al incidente de la negativa a aceptar el laudo pronunciado el once de octubre de dos mil veintidós, tramitado en el juicio laboral ********************, ante Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ello después de abierta la etapa de ejecución del laudo, pues el objetivo de la promoción de ese incidente por parte de la demandada ahora quejosa fue imponerse contra su ejecución. De lo anterior se desprende con claridad, que el acto reclamado por el apoderado de la moral quejosa, fue emitido dentro del procedimiento de ejecución de laudo; sin embargo, de ninguna manera constituye la última resolución de ese procedimiento y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto, toda vez que del contenido de la demanda no se advierte que en el juicio natural se hubiere aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado o bien que se hubiere declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o en su caso, que hubiera ordenado el archivo definitivo del expediente, pues se ordena continuar la audiencia en su etapa respectiva del incidente de prescripción de la ejecución del laudo; es decir, se trata de una actuación dictada dentro del periodo de ejecución de laudo que puede reclamarse como una violación cometida durante ese procedimiento, pues esa violación debe ser alegadas y en su caso, reparada en el juicio de amparo que se interponga contra la última resolución dictada en la fase de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2011, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asimismo, es aplicable a lo anterior, por su exacta aplicación, la tesis I.13o.T.182 L (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 2016095, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2175, que dice: "INCIDENTE DE NO ACATAMIENTO AL LAUDO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, DICTADA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA ACTUACIÓN DENTRO DE ESE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; en ese sentido, si el acto reclamado consiste en la resolución que declaró improcedente el incidente de no acatamiento al laudo, dictada durante la etapa de ejecución, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro de ese procedimiento, ya que no se ubica en los supuestos de la norma". Por lo anterior, si el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de laudo, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Entonces, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo..."

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