María del Carmen Vázquez Cobos

Expediente 263/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
263/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Vázquez Cobos
  • María del Carmen Vázquez Cobos y Otros.
  • Mónica Adriana Vincent Vázquez y Otros.
  • Mónica Adriana Vincent Vázquez
  • Elsa Padilla Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente..."

  2. Principal

    "...Agréguense a los autos los oficios de cuenta remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a los que acompañan los testimonios de las resoluciones veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, terminadas de engrosar el ocho de noviembre de la presente anualidad, dictadas por los Magistrados de su adscripción, en las que se consignan los siguientes puntos resolutivos, respectivamente: Queja 48/2021: ÚNICO: Se desecha el recurso de queja interpuesto por... en su carácter de delegado del Director del Hospital Regional Poza Rica de Petróleos Mexicanos y del Jefe del Departamento de Personal del Hospital Regional Poza Rica de Petróleos Mexicanos (autoridades responsables), acorde a los razonamientos plasmados en el último considerando de esta ejecutoria. Queja 183/2021: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja en que se actúa." Al respecto, se acuerda: Se ordena realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; asimismo, remítanse los acuses de recibo de estilo a la Superioridad, en torno a los tocas 84/2021 y 183/2021, respectivamente. Ahora, en cumplimiento a lo emitido por la Superioridad, y conforme a los lineamientos emitidos en la ejecutoria que se recibe en la que declaró fundado el recurso de queja, se advierte, que sustancialmente determinó: ".Se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, a contrario sensu, todos de la ley de Amparo; por tanto, adversamente a lo determinado por el Juzgado Federal de origen, lo procedente era desechar la demanda de amparo en su totalidad ." En ese sentido, se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por... contra actos del Titular de la Dirección General de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex), con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente: En efecto, si bien el juicio de amparo constituye un medio de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, el cual se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México es parte, no puede soslayarse que a través del mismo solo es factible reclamar actos u omisiones que provengan de "autoridad". Ahora bien, de los autos del juicio de amparo indirecto se desprende que, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Dirección General de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex), con sede en esta ciudad y otras autoridades, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, 5º, fracción II, aplicados en sentido contrario, y 217 párrafo tercero, todos de la vigente ley de la materia y 103, fracción I, de la Constitución Federal, que es: "Artículo. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna..." De las transcritas normas se colige, por una parte, que la improcedencia del juicio de amparo puede determinarse por criterio definido de jurisprudencia emitido, como en el caso, por un Tribunal Colegiado y, por la otra, cuando los actos que se reclamen no provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. En efecto, en el caso en comento, se conjugan ambas causas de improcedencia, como se expone a continuación. Ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que es autoridad para efectos del juicio amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Las anteriores reflexiones están sustentadas en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado con el número 2a. CCIV/2001, en la página treinta y nueve, Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Así las cosas, se estima que el juicio de amparo resulta improcedente por reclamarse actos que no provienen de autoridad, en estricto apego al criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L, pendiente de publicación, que resulta de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO SON LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS (COMO RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCOV2, QUE CAUSA LA ENFERMEDAD COVID-19, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos. Trabajadores de distintas Instituciones Médicas, reclamaron de sus patrones en la vía indirecta de control constitucional, la negativa a otorgarles medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, siendo que las demandas relativas fueron admitidas por los jueces de Distrito y, esa forma de proceder, controvertida a través del recurso de queja por la parte patronal a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, por lo que procede desechar la demanda de amparo indirecto por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación. Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señalaron como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados los constituyen, en esencia, la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto. No es obstáculo a lo antes determinado, el hecho de que si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento formalmente, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Criterio sustentado en la queja 21/2021 de su índice en que estimo esencialmente, que, los actos reclamados al Director del Hospital Regional Poza Rica, Jefe del Departamento de Personal del Hospital de Petróleos Mexicanos y otras autoridades, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia en comento. Porque a su decir, no basta estimar que el acto reclamado violenta los derechos fundamentales de la quejosa, para considerar que fue emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ya ha sostenido el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Para ello, citó la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Dicho Tribunal Colegiado concluyó que, resulta claro que los actos atribuidos al Director del Hospital Regional Poza Rica, Jefe del Departamento de Personal del Hospital de Petróleos Mexicanos, entre otros, no son equiparables a uno de autoridad para efectos del amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, se insiste, es evidente que al omitir otorgar una licencia para el resguardo domiciliario estricto, no actúan en un plano superior al de la peticionaria de amparo, ni la consideraron como gobernada, sino que ese acto lo omiten realizar en su calidad de patrón; que por ello, resulta evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadores; por lo que no se está en el caso de tener a aquéllas como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. Aunado a lo anterior, el citado Tribunal Colegiado, refirió: ".Si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente, hoy en día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y, entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento pertinente, ya que la jurisdicción ordinaria está restablecida." Lo anterior, hágase del conocimiento de la quejosa y de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. En tales términos, sobre los actos reclamados al Titular de la Dirección General de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex), con sede en esta ciudad y otras autoridades, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, interpretado en sentido contrario, y 217 párrafo tercero, todos de la vigente ley de la materia y 103, fracción I, de la Constitución Federal; por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, de autos se advierte que en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos y la Suplente por Ausencia del Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos, en representación de las autoridades responsables Director General de Petróleos Mexicanos y Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, todos residentes en la Ciudad de México y en diverso de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Delegado de las autoridades responsables Director y Jefe del Departamento de Personal del Hospital Regional Poza Rica de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad, remitieron su respectivo informe justificado, sin embargo, se reservó proveer en virtud que el procedimiento se encontraba suspendido; empero, dado lo narrado en párrafos que anteceden, no se estima necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto..."

  3. Principal

    "...Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual en vía de notificación transcribe el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja 48/2021 de su índice, de cuyo contenido, se advierte que aceptó la competencia planteada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, relativa al medio de impugnación interpuesto por ******************** en su carácter de Delegado del Director del Hospital Regional de Poza Rica de Petróleos Mexicanos y del Jefe del Departamento de Personal de dicho hospital, contra el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictado por este juzgado en los autos del presente juicio de amparo, donde se admitió a trámite la demanda de amparo..."

  4. Principal

    "...ÚNICO. Es infundado el incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva..."

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