María del Carmen Vieyra Vieyra

Expediente 874/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
874/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Vieyra Vieyra

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve ***, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 874/2023-III-B. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que, en la especie, el acto reclamado al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, consiste esencialmente en: La diligencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, derivada del juicio ordinario civil ***, del índice del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en la que se le requirió la entrega del inmueble de una superficie aproximada de ciento ochenta metros cuadrados, ubicado en el ***. DESECHAMIENTO En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo en atención a que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." De los preceptos legales citados se advierte que las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias necesarias para la ejecución de la sentencia firme, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, sostuvo que el supuesto de procedencia previsto en la fracción III del artículo 114 de la abrogada Ley de Amparo (cuyo contenido se encuentra actualmente en la fracción IV del precepto 107 de la legislación vigente), debe entenderse en correlación con la fracción IV del citado dispositivo (actualmente fracción V del artículo 107 de la ley en vigor). Lo anterior, ya que contiene un supuesto de procedencia más amplio y, por consiguiente, existen ciertos actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente pudieran admitir la promoción del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución, siempre y cuando, sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. ...Entonces, una interpretación funcional del párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite concluir dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se trate de actos de ejecución: 1) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, definida como aquella que: (i) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, (iii) Ordena el archivo definitivo del expediente. 2) Contra actos emitidos dentro de dicho procedimiento, que gocen de autonomía propia, con relación a lo resuelto en fallo condenatorio, por vulnerar de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de las personas involucradas, ajenos a la cosa juzgada. En esa tesitura, si el procedimiento de ejecución de sentencia tiene como presupuesto lógico lograr el cumplimiento de las condenas ahí impuestas a la parte vencida, es evidente que el acto reclamado consistente en la diligencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, derivada del juicio ordinario civil **, del índice del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en la que se le requirió la entrega del inmueble de una superficie aproximada de ciento ochenta metros cuadrados, ubicado en el Barrio de San Joaquín El Junco, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: al norte doce metros, colinda con carretera federal, actualmente Autopista Atlacomulco-Toluca; al sur doce metros, colinda con la propiedad de Benjamín Vieyra Gil; al oriente quince metros, colinda con la propiedad de María Trinidad Vieyra Vieyra; al poniente quince metros, colinda con la propiedad de Benjamín Vieyra Gil, no goza de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia, sino que forma parte del procedimiento que ejecución en la controversia de origen. Además, resulta un hecho notorio para el suscrito, que en el diverso juicio de amparo 656/2023-VI-A, del índice de este juzgado, promovido por la aquí quejosa se tuvieron a la vista las constancias que integran el expediente 578/2016, del que deriva el acto de molestia; advirtiéndose de las mismas que el tres de abril de dos mil diecisiete, el Juez de origen dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos fueron del tenor literal siguiente: "PRIMERO: Ha sido procedente la vía ordinaria civil ejercida para la tramitación del presente juicio, en la que la actora MARINA VIEYRA VIEYRA y JOSÉ ALBERTO BARRETO SANTILLANA, no probaron su acción proforma, en consecuencia, se absuelve a los demandados, de las prestaciones reclamadas. SEGUNDO: No se hace condena al pago de gastos y constas judiciales en esta instancia." Inconforme con esa determinación, la actora Marina Vieyra Vieyra, interpuso recurso de apelación, registrado con el número de toca 291/2017, el cual fue resuelto el nueve de abril de dos mil dieciocho, por la Primera Sala Civil de esta ciudad, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada por Marina Vieyra Vieyra, en contra de las Sucesiones a Bienes de Benjamín Vieyra Gil y Barbara Vieyra Morales; en la que la actora sí demostró los elementos de su acción y los enjuiciados parcialmente su defensa. SEGUNDO. Se condena a los demandados a la desocupación y entrega del inmueble materia del contrato así como el otorgamiento y firma de escritura pública en la Notaría Pública que designe Marina Vieyra Vieyra, del contrato de compraventa de 15 quince de marzo de 1989 mil novecientos ochenta y nueve; lo que deberá realizarse dentro de los ocho días siguientes a que el juez de origen notifique a las partes la llegada al juzgado de los autos y de la presente determinación; con el apercibimiento que en caso de negativa, a petición de la actora, y en ejecución de sentencia, lo hará en su lugar el juez de conocimiento, en el entendido que los gastos de escrituración correrán por cuenta de la actora. TERCERO. Se declara que José Alberto Barreto Santillana carece de legitimación activa en la causa. CUARTO. No se hace condena alguna al pago de costas." Inconforme con lo anterior, la demandada (aquí quejosa), promovió juicio de amparo directo, mismo que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el amparo directo ***, mismo que se resolvió el once de julio de dos mil dieciocho, determinándose negar el amparo solicitado. Así, seguido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, el trece de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió un auto en el juicio de origen, a través del cual expuso: "Visto el escrito de cuenta presentado por ***, con fundamento en los artículos 1.136 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, no es factible acordar de conformidad su solicitud, atento a que la resolución dictada por el tribunal de alzada, y confirmada por la autoridad federal, en el resolutivo segundo de la sentencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, ordenó a la ocursante (demandada y sentenciada) al otorgamiento y firma de escritura pública que designe ***, del contrato de compraventa de quince de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por lo tanto, ésta obligada a cumplir con la calidad con la que fue demandada en este juicio. Por cuanto hace a lo solicitado en segundo término, no ha lugar acordar de conformidad, en razón de que su petición no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 1.231 del Código Adjetivo de la Materia, atento a que el presente sumario, ha adquirido firmeza procesal." En desacuerdo con lo anterior, la demandada (aquí quejosa), hizo valer el recurso de revocación, mismo inadmitió que la responsable el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el cual constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto **, del índice de este juzgado, y mediante sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó el citado juicio al considerar que no constituía la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen. Contra la sentencia antes citada, la parte quejosa hizo valer el recurso de revisión, que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, registrándolo con el número de revisión **y mediante resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida; en consecuencia: SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 316/2021- II-C, promovido por María del Carmen Vieyra Vieyra, por propio derecho y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, en contra de los actos consistentes en el auto dictado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el juicio ***y la ejecución atribuida al ejecutor adscrito al citado órgano jurisdiccional." Así, seguido el procedimiento de ejecución en el juicio ordinario civil 578/2016, del índice del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, mediante diligencia de diligencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la aquí quejosa la entrega del inmueble de una superficie aproximada de ciento ochenta metros cuadrados, ubicado en el ***, colinda con la propiedad de ***; al oriente quince metros, colinda con la propiedad de **; al poniente quince metros, colinda con la propiedad de ***. Circunstancia anteriores que se corroboran a través del módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del que se advierte la versión electrónica de la determinación emitida en el juicio de amparo **, de este índice; sin que sea el caso ordenar que se certifique la constancia que se invocó pues basta con tenerla a la vista cuando se dicta este acuerdo. ... Luego, conforme a lo expuesto con antelación, puede válidamente deducirse que la diligencia reclamada no es el último declarado en la etapa de ejecución del procedimiento de ejecución del juicio civil de origen, el cual, necesariamente culminará con una resolución que ponga fin a éste, por lo que será hasta ese momento cuando resulte procedente el juicio de amparo en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. ..Se afirma lo anterior, pues no debe olvidarse que la parte quejosa es parte en el juicio de origen, por ello, se encuentran sometidas a las etapas del procedimiento y por consiguiente se rige por éste; luego, si pretenden impugnar por vicios propios el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, debe necesariamente esperar a que el juzgado señalado como responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u, ordene el archivo definitivo del expediente de origen, para poder estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto. Como puede observarse, el acto reclamado no constituye la última determinación dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que con la emisión del acto reclamado, se conminó al ejecutor a llevar a cabo la diligencia de ejecución de lo condenado en sentencia ejecutoriada en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J.52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 293, Diciembre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ... Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. ... Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 112/2018, en el que consideró que para determinar la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate, pero tendentes a su ejecución, se debe atender a la regla general prevista en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la contemplada en el párrafo segundo de la citada fracción, en tanto que ese tipo de actos tienen como finalidad materializar la determinación asumida en el procedimiento de remate, de manera que la orden de otorgar en rebeldía la escritura correspondiente, por no haberlo hecho el ejecutado dentro del término concedido en la diligencia de almoneda pública, resulta tan sólo una consecuencia inherente y necesaria al mismo remate; de ahí que no puede colocarse el acto reclamado en la hipótesis del párrafo segundo; y, ...Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se les notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. A fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción procesal, se tiene el número telefónico que proporciona, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter de personal por este medio. Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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