María del Carmen Vieyra Vieyra

Expediente 656/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
656/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Vieyra Vieyra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. DEVOLUCIÓN CONSTANCIAS Devuélvanse al Juzgado Primero Civil de Ixtlahuaca, Estado de México, los anexos que remitió, sin que acuse de recibo, toda vez que dichas constancias se tratan de copias certificadas del expediente 578/2016 de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. OFICIO Intégrese el oficio signado por el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Primero Civil de Ixtlahuaca, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento de quince de mayo del año en curso, remite las constancias en copia certificada que integran el juicio ordinario civil sobre otorgamiento y firma de escritura 578/2016, de su índice. Dada su naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, fórmense los anexos correspondientes. Al efecto, ténganse por satisfecha la petición formulada; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. ESTADO PROCESAL Por otra parte, toda vez que de los autos que integran el presente sumario, se advierte que en proveído de quince de mayo de los cursantes, se ordenó reservar del escrito presentado por la parte quejosa, en la misma data. Por tanto se levanta dicha reserva; ahora bien, previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que, en la especie, el acto reclamado al Juez Primero Civil de Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, consiste esencialmente en: El auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, a través del cual se señalaron las trece horas del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual, se acordó turnar los autos a la Ejecutora adscrita al Juzgado Primero Civil de Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que en compañía del perito designado dé cumplimiento a la sentencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, esto es, la entrega del inmueble materia del juicio de origen." DESECHAMIENTO En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo en atención a que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." De los preceptos legales citados se advierte que las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias necesarias para la ejecución de la sentencia firme, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, sostuvo que el supuesto de procedencia previsto en la fracción III del artículo 114 de la abrogada Ley de Amparo (cuyo contenido se encuentra actualmente en la fracción IV del precepto 107 de la legislación vigente), debe entenderse en correlación con la fracción IV del citado dispositivo (actualmente fracción V del artículo 107 de la ley en vigor). Lo anterior, ya que contiene un supuesto de procedencia más amplio y, por consiguiente, existen ciertos actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente pudieran admitir la promoción del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución, siempre y cuando, sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Cobra vigencia la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Entonces, una interpretación funcional del párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite concluir dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se trate de actos de ejecución: 1) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, definida como aquella que: (i) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, (iii) Ordena el archivo definitivo del expediente. 2) Contra actos emitidos dentro de dicho procedimiento, que gocen de autonomía propia, con relación a lo resuelto en fallo condenatorio, por vulnerar de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de las personas involucradas, ajenos a la cosa juzgada. En esa tesitura, si el procedimiento de ejecución de sentencia tiene como presupuesto lógico lograr el cumplimiento de las condenas ahí impuestas a la parte vencida, es evidente que el acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que se señaló fecha y hora para la entrega material del inmueble materia de la litis en el juicio de origen, ello en cumplimiento a la ejecutoria de nueve de abril de dos mil dieciocho dictada en el expediente *****, del índice del Juzgado de origen, no goza de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia, sino que forma parte del procedimiento que ejecución en la controversia de origen. Así, de los antecedentes del expediente ***** se advierte que el tres de abril de dos mil diecisiete, el Juez de origen dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos fueron del tenor literal siguiente: "PRIMERO: Ha sido procedente la vía ordinaria civil ejercida para la tramitación del presente juicio, en la que la actora M**** Y *****no probaron su acción proforma, en consecuencia, se absuelve a los demandados, de las prestaciones reclamadas. SEGUNDO: No se hace condena al pago de gastos y constas judiciales en esta instancia." Inconforme con esa determinación, la actora ****, interpuso recurso de apelación, registrado con el número de toca 291/2017, el cual fue resuelto el nueve de abril de dos mil dieciocho, por la Primera Sala Civil de esta ciudad, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada por ****, en contra de las Sucesiones a ******; en la que la actora sí demostró los elementos de su acción y los enjuiciados parcialmente su defensa. SEGUNDO. Se condena a los demandados a la desocupación y entrega del inmueble materia del contrato así como el otorgamiento y firma de escritura pública en la Notaría Pública que designe *******, del contrato de compraventa de 15 quince de marzo de 1989 mil novecientos ochenta y nueve; lo que deberá realizarse dentro de los ocho días siguientes a que el juez de origen notifique a las partes la llegada al juzgado de los autos y de la presente determinación; con el apercibimiento que en caso de negativa, a petición de la actora, y en ejecución de sentencia, lo hará en su lugar el juez de conocimiento, en el entendido que los gastos de escrituración correrán por cuenta de la actora. TERCERO. Se declara que *****carece de legitimación activa en la causa. CUARTO. No se hace condena alguna al pago de costas." En desacuerdo con lo anterior, la demandada (aquí quejosa) interpuso juicio de amparo directo, mismo que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el amparo directo ******mismo que el once de julio de dos mil dieciocho, determinó negar el amparo solicitado. Así, seguido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, el trece de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió un auto en el juicio de origen, a través del cual expuso: "Visto el escrito de cuenta presentado por ******, con fundamento en los artículos 1.136 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, no es factible acordar de conformidad su solicitud, atento a que la resolución dictada por el tribunal de alzada, y confirmada por la autoridad federal, en el resolutivo segundo de la sentencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, ordenó a la ocursante (demandada y sentenciada) al otorgamiento y firma de escritura pública que designe ***** del contrato de compraventa de quince de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por lo tanto, ésta obligada a cumplir con la calidad con la que fue demandada en este juicio. Por cuanto hace a lo solicitado en segundo término, no ha lugar acordar de conformidad, en razón de que su petición no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 1.231 del Código Adjetivo de la Materia, atento a que el presente sumario, ha adquirido firmeza procesal." En desacuerdo con lo anterior, la demandada aquí quejosa hizo valer el recurso de revocación, mismo que la responsable el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, inadmitió dicho medio de impugnación, el cual constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto *****, del índice de este juzgado, y mediante sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó el citado juicio, al considerar que no constituía la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen. Contra la sentencia antes citada, la parte quejosa hizo valer el recurso de revisión, que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, registrándolo con el número de revisión ****y mediante resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida; en consecuencia: SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 316/2021- II-C, promovido por María del C**** por propio derecho y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de*****en contra de los actos consistentes en el auto dictado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el juicio ***** la ejecución atribuida al ejecutor adscrito al citado órgano jurisdiccional." Luego, conforme a lo expuesto con antelación, puede válidamente deducirse que el auto reclamado no es el último declarado en la etapa de ejecución del procedimiento de ejecución del juicio civil de origen, el cual, necesariamente culminará con una resolución que ponga fin a éste, por lo que será hasta ese momento cuando resulte procedente el juicio de amparo en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada I.8o.C.46 C sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, Tomo III del mes de Mayo de 1996, página 676, con número de registro 202478, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. UNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACION DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público. En el mismo sentido, apoya a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 819571, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Se afirma lo anterior, pues no debe olvidarse que la parte quejosa es parte en el juicio de origen, por ello, se encuentran sometidas a las etapas del procedimiento y por consiguiente se rige por éste; luego, si pretenden impugnar por vicios propios el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, debe necesariamente esperar a que el juzgado señalado como responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u, ordene el archivo definitivo del expediente de origen, para poder estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto. Como puede observarse, el acto reclamado no constituye la última determinación dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que con la emisión del acto reclamado, se conminó al ejecutor a llevar a cabo la diligencia de ejecución de lo condenado en sentencia ejecutoriada en el juicio de origen. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: OFICIO Intégrese el oficio signado por el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Primero Civil de Ixtlahuaca, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento de quince de mayo del año en curso, remite las constancias en copia certificada que integran el juicio ordinario civil sobre otorgamiento y firma de escritura ****, de su índice. Dada su naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, fórmense los anexos correspondientes. Al efecto, ténganse por satisfecha la petición formulada; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. ESTADO PROCESAL Por otra parte, toda vez que de los autos que integran el presente sumario, se advierte que en proveído de quince de mayo de los cursantes, se ordenó reservar del escrito presentado por la parte quejosa, en la misma data. Por tanto se levanta dicha reserva; ahora bien, previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que, en la especie, el acto reclamado al Juez Primero Civil de Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, consiste esencialmente en: El auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente **** relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, a través del cual se señalaron las trece horas del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual, se acordó turnar los autos a la Ejecutora adscrita al Juzgado Primero Civil de Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que en compañía del perito designado dé cumplimiento a la sentencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, esto es, la entrega del inmueble materia del juicio de origen." DESECHAMIENTO En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo en atención a que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." De los preceptos legales citados se advierte que las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias necesarias para la ejecución de la sentencia firme, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, sostuvo que el supuesto de procedencia previsto en la fracción III del artículo 114 de la abrogada Ley de Amparo (cuyo contenido se encuentra actualmente en la fracción IV del precepto 107 de la legislación vigente), debe entenderse en correlación con la fracción IV del citado dispositivo (actualmente fracción V del artículo 107 de la ley en vigor). Lo anterior, ya que contiene un supuesto de procedencia más amplio y, por consiguiente, existen ciertos actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente pudieran admitir la promoción del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución, siempre y cuando, sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Cobra vigencia la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. .. Entonces, una interpretación funcional del párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite concluir dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se trate de actos de ejecución: 1) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, definida como aquella que: (i) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, (iii) Ordena el archivo definitivo del expediente. 2) Contra actos emitidos dentro de dicho procedimiento, que gocen de autonomía propia, con relación a lo resuelto en fallo condenatorio, por vulnerar de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de las personas involucradas, ajenos a la cosa juzgada. En esa tesitura, si el procedimiento de ejecución de sentencia tiene como presupuesto lógico lograr el cumplimiento de las condenas ahí impuestas a la parte vencida, es evidente que el acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que se señaló fecha y hora para la entrega material del inmueble materia de la litis en el juicio de origen, ello en cumplimiento a la ejecutoria de nueve de abril de dos mil dieciocho dictada en el expediente 578/2016, del índice del Juzgado de origen, no goza de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia, sino que forma parte del procedimiento que ejecución en la controversia de origen. Así, de los antecedentes del expediente 578/2016, se advierte que el tres de abril de dos mil diecisiete, el Juez de origen dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos fueron del tenor literal siguiente: "PRIMERO: Ha sido procedente la vía ordinaria civil ejercida para la tramitación del presente juicio, en la que la actora ****, no probaron su acción proforma, en consecuencia, se absuelve a los demandados, de las prestaciones reclamadas. SEGUNDO: No se hace condena al pago de gastos y constas judiciales en esta instancia." Inconforme con esa determinación, la actora ****, interpuso recurso de apelación, registrado con el número de toca ****, el cual fue resuelto el nueve de abril de dos mil dieciocho, por la Primera Sala Civil de esta ciudad, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada por ****, en contra de las Sucesiones a Bienes de ****; en la que la actora sí demostró los elementos de su acción y los enjuiciados parcialmente su defensa. SEGUNDO. Se condena a los demandados a la desocupación y entrega del inmueble materia del contrato así como el otorgamiento y firma de escritura pública en la Notaría Pública que designe ****, del contrato de compraventa de 15 quince de marzo de 1989 mil novecientos ochenta y nueve; lo que deberá realizarse dentro de los ocho días siguientes a que el juez de origen notifique a las partes la llegada al juzgado de los autos y de la presente determinación; con el apercibimiento que en caso de negativa, a petición de la actora, y en ejecución de sentencia, lo hará en su lugar el juez de conocimiento, en el entendido que los gastos de escrituración correrán por cuenta de la actora. TERCERO. Se declara que **** carece de legitimación activa en la causa. CUARTO. No se hace condena alguna al pago de costas." En desacuerdo con lo anterior, la demandada (aquí quejosa) interpuso juicio de amparo directo, mismo que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el amparo directo ***, mismo que el once de julio de dos mil dieciocho, determinó negar el amparo solicitado. Así, seguido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, el trece de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió un auto en el juicio de origen, a través del cual expuso: "Visto el escrito de cuenta presentado por *****, con fundamento en los artículos 1.136 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, no es factible acordar de conformidad su solicitud, atento a que la resolución dictada por el tribunal de alzada, y confirmada por la autoridad federal, en el resolutivo segundo de la sentencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, ordenó a la ocursante (demandada y sentenciada) al otorgamiento y firma de escritura pública que designe Marina Vieyra Vieyra, del contrato de compraventa de quince de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por lo tanto, ésta obligada a cumplir con la calidad con la que fue demandada en este juicio. Por cuanto hace a lo solicitado en segundo término, no ha lugar acordar de conformidad, en razón de que su petición no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 1.231 del Código Adjetivo de la Materia, atento a que el presente sumario, ha adquirido firmeza procesal." En desacuerdo con lo anterior, la demandada aquí quejosa hizo valer el recurso de revocación, mismo que la responsable el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, inadmitió dicho medio de impugnación, el cual constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 316/2021, del índice de este juzgado, y mediante sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó el citado juicio, al considerar que no constituía la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen. Contra la sentencia antes citada, la parte quejosa hizo valer el recurso de revisión, que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, registrándolo con el número de revisión *** y mediante resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida; en consecuencia: SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 316/2021- II-C, promovido por María del ***, por propio derecho y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de **** en contra de los actos consistentes en el auto dictado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el juicio 578/2016 y la ejecución atribuida al ejecutor adscrito al citado órgano jurisdiccional." Luego, conforme a lo expuesto con antelación, puede válidamente deducirse que el auto reclamado no es el último declarado en la etapa de ejecución del procedimiento de ejecución del juicio civil de origen, el cual, necesariamente culminará con una resolución que ponga fin a éste, por lo que será hasta ese momento cuando resulte procedente el juicio de amparo en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada I.8o.C.46 C sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, Tomo III del mes de Mayo de 1996, página 676, con número de registro 202478, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. UNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACION DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. .. En el mismo sentido, apoya a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 819571, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. .. Se afirma lo anterior, pues no debe olvidarse que la parte quejosa es parte en el juicio de origen, por ello, se encuentran sometidas a las etapas del procedimiento y por consiguiente se rige por éste; luego, si pretenden impugnar por vicios propios el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, debe necesariamente esperar a que el juzgado señalado como responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u, ordene el archivo definitivo del expediente de origen, para poder estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto. Como puede observarse, el acto reclamado no constituye la última determinación dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que con la emisión del acto reclamado, se conminó al ejecutor a llevar a cabo la diligencia de ejecución de lo condenado en sentencia ejecutoriada en el juicio de origen. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Intégrese el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual desahoga la prevención realizada el nueve de mayo de la presente anualidad, en ese sentido, ténganse por satisfecho el requerimiento formulado; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el Juez Primero Civil de Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, remita las constancias solicitadas en auto de once de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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