Maria Del Carmen Valdez Vera
Expediente 965/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/12/2016
Partes del expediente
- Maria Del Carmen Valdez Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la Oficial Mayor de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 48065/2016, así como de los anexos adjuntos al mismo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. La certificación que antecede, evidencia que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 81 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por la cual se negó la protección de la Justicia Federal en el presente asunto, en consecuencia con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, mediante oficio que para tal efecto se gire, devuélvanse a las responsables Presidente de la Sala Familiar de Toluca, México, las constancias consistentes en toca de apelación 367/22016, copias certificadas del expediente 367/2014, copias certificadas del Incidente de Oposición a la rendición de cuentas, copias certificadas del cuaderno de la tercera sección de rendición de cuentas y administración, copias certificadas de la sección de inventario y avalúos e incidente de remoción de albacea; asimismo, al Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, devuélvanse las copias certificadas del expediente 367/2014. Solicítese a las responsables, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acusen recibo de las constancias referidas en el párrafo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, podrán hacerse acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en términos del transitorio tercero de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, excepción hecha de la demanda y la sentencia dictada por este juzgado de distrito. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, del contenido siguiente: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)." Lo anterior, pues en sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el presente juicio de amparo se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
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I) (AVISO PARTE TERECRA INTERESADA) R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Carmen Valdés Vera, contra el acto precisado en el segundo considerando, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 965/2016-I, promovido por María del Carmen Valdez Vera contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitida el veintiocho siguiente a la oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, María del Carmen Valdez Vera solicitó el amparo contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE "A) ORDENADORA: Magistrados que integran la SALA Familiar de Toluca, del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO,... B) EJECUTORA: Ciudadano Juez de Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,." ACTO RECLAMADO "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: La sentencia de fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, dictada dentro del Toca de Apelación número 367/2016, por los Magistrados que integran la Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo cual acredito con la misma, en doce fojas útiles de un sólo lado, dictada dentro del recurso de apelación, que se formó al interponer la suscrita en contra de la sentencia interlocutoria de fecha catorce de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Juez del Juzgado Quinto de lo Familiar de Toluca, Estado de México, dentro del incidente de remoción albacea, dictada en expediente número 367/2014, mismas copias simples que anexo al presente como anexo ÚNICO, para acreditar el presente acto reclamado, materia del presente juicio de garantías, asimismo para acreditar la personalidad e interés jurídico de la suscrita para promover el juicio que nos ocupa, por estar legitimada." SEGUNDO. Datos de la demanda. El siete de julio de dos mil dieciséis se admitió a trámite el juicio de amparo indirecto 965/2016-I; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 34). TERCERO. Derechos humanos invocados. La quejosa señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, por reclamarse acto dictado por autoridad del orden familiar cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que la quejosa reclama la resolución de uno de junio de dos mil dieciséis emitida por la Sala responsable en la cual confirmó la interlocutoria emitida por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en que se declaró fundado el incidente de remoción de albacea planteado relativo al juicio sucesorio testamentario 367/2014. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado (foja 39 y 45). Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con el original del toca de apelación 367/2016, así como de las copias certificadas del juicio sucesorio testamentario 367/2014, a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causas de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se actualiza alguna causa de improcedencia, por lo cual se procede al análisis de fondo de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los antecedentes siguientes: El uno de abril de dos mil catorce se dio inicio al juicio sucesorio testamentario 367/2014, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En audiencia de veinticinco de junio de dos mil catorce, se dio lectura al testamento en presencia de las coherederas, quienes manifestaron estar de acuerdo con la voluntad de la de cujus Inés Vera Enríquez, por lo que se instituyó como albacea a María del Carmen Valdés Vera, quien aceptó el cargo conferido. El treinta de julio de dos mil catorce, María del Carmen Valdés Vera, presentó el inventario y avalúo correspondiente a la segunda sección, por lo que se realizaron diversas prevenciones. El veinte de octubre de dos mil catorce, se planteó el incidente de oposición a la rendición de cuentas, resuelto el trece de marzo de dos mil quince, en el sentido de declarar fundada la acción incidental, la que causó ejecutoria el diez de diciembre siguiente, por lo que se requirió nuevamente a la albacea María del Carmen Valdés Vera, para que procediera inmediatamente a realizar la rendición de cuentas general de la sucesión que representaba. El veintitrés de septiembre de dos mil quince, previo desahogo de las prevenciones, se ordenó dar vista con el inventario y avalúo presentado por la albacea María del Carmen Valdés Vera a las coherederas. El seis de octubre de dos mil quince, se tuvo por realizada la rendición de cuentas general. El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se planteó el incidente de remoción de albacea, admitido el tres de marzo siguiente, por lo que se dio vista a la albacea de la sucesión, quien desahogó la vista otorgada mediante escrito de once de marzo del mismo año. El catorce de abril de dos mil dieciséis se resolvió el incidente de remoción de albacea en el sentido de declararlo procedente y por ende se removió de su cargo a María del Carmen Valdés Vera. Inconforme con la resolución incidental anterior, María del Carmen Valdés Vera, interpuso recurso de apelación 367/2016 del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, resuelto el uno de junio de dos mil dieciséis en el sentido de confirmar la resolución en estudio. Esta resolución es materia de estudio del presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. A lo anterior, sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en atención al principio de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe reunir, se estima sintetizar los conceptos de violación. La responsable transgrede los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada. La responsable transgredió el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, porque no valoró correctamente los medios de prueba que existían en el sumario. La responsable debió analizar la violación procesal consistente en la omisión de analizar las pruebas documentales ofrecidas por la demanda incidentista, en el escrito de desahogo de vista de once de marzo del dos mil dieciséis. La responsable no tomó en consideración que la demanda es un todo, y que si en ella se incluye la causa de pedir, en la que se hizo referencia a los medios de prueba que sostenían sus pretensiones (sumario), estos forman parte de ella. La responsable dejó de analizar que el cargo de albacea lo ostenta a partir del mes de junio de dos mil quince, fecha en la que se dio lectura al testamento público abierto, por lo que a partir de ese momento empezaron las responsabilidades que le fueran conferidas. La responsable no tomó en consideración los escritos formulados por la ahora quejosa, que fueron presentados antes de la lectura del testamento de la de cujus Inés Vera Enríquez, con los que dio trámite oportuno a la rendición de cuentas, así como al inventario y avaluó de los bienes que componen el caudal hereditario. La responsable omitió tomar en consideración que la coheredera Columba Valdés Vera ha obstruido el desempeñó como albacea de la ahora quejosa, ya que se ha opuesto a la propuesta de administración de la sucesión. Los conceptos de violación reseñados resultan infundados. En efecto, no asiste razón a la quejosa cuando aduce en el concepto de violación sintetizado con el número 1, que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De dicho precepto constitucional se advierte que el acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fundó y motivó la resolución reclamada sin transgredir en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 constitucional, ya que sostuvo lo siguiente: Las obligaciones del albacea se encuentran establecidas en el artículo 6.627 del Código Civil del Estado de México (lo transcribe). Una vez analizadas las defensas opuestas por la impetrante y en particular todas y cada una de las actuaciones que conformaban el juicio de origen, no existía constancia idónea e indubitable para acreditar que la ahora quejosa había dado cumplimiento a las obligaciones de rendir cuentas bimestrales y anuales, así como cuentas anuales. La quejosa se encontraba obligada a rendir cuentas bimestrales y anuales a partir del veinticinco de junio de dos mil catorce, fecha en que había aceptado y protestado el cargo, en términos del artículo 4.56 de la Ley adjetiva y el diverso artículo 6.241 de la ley sustantiva, ambas del Estado de México; sin embargo, había sido omisa al respecto. Que mediante promoción de nueve de septiembre de dos mil catorce, la quejosa había pretendido rendir cuentas y realizar la distribución de gananciales; sin embargo, dicha rendición había sido impugnada por Columba Valdés Vera, y mediante resolución de trece de marzo de dos mil quince, se había declarado fundada dicha impugnación, por lo que se le había requerido nuevamente su cumplimiento. Que mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la quejosa había solicitado que se ratificara en todas y cada una de sus partes la rendición de cuentas que había presentado el dos de junio de dos mil quince, además había solicitado un plazo de quince días adicional para dar cumplimiento al requerimiento que se le había formulado, sin que hubiera dado el cumplimiento respectivo; por tanto, se consideraba que ésta no había acatado el artículo 1.251 del Código Civil del Estado de México. Que dado el carácter de albacea de la quejosa, ésta tenía la posesión virtual de los bienes que conformaban la masa hereditaria, por lo que no necesitaba la posesión material de éstos para rendir cuentas bimestrales y anuales respecto al desempeño de su cargo, pues considerarlo así, iría en contra de la naturaleza del albaceazgo, que es administrar, asegurar y proteger los bienes que conformaban la masa hereditaria. Que la quejosa se encontraba obligada a ejercer los actos necesarios para recuperar la posesión material de la masa hereditaria, por lo que resultaba inadmisible que pretendiera justificar su incumplimiento a través de la falta de posesión material de los bienes que formaban parte de la herencia. Que no se demostraba ninguna causa justa que eximiera a la quejosa de cumplir con sus obligaciones a rendir las cuentas bimestrales y anuales. Que el agravio atinente a la inadmisión de la prueba testimonial, en el que aducía una violación procesal, no resultaba procedente, pues debía haberla hecho valer en el momento procesal oportuno. Que la resolución se encontraba fundada y motivada porque el juez de origen había sustentado la misma en los artículos 6.227 fracción III y 6.241 del Código Civil del Estado de México, así como en los artículos 1.293, 1.359, 2.1 y 4.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; aunado a que los argumentos utilizados resultaban suficientes e idóneos para dotar de legalidad y certeza la resolución en estudio. Como se ve, la Sala responsable sí fundó y motivó su actuar, pues citó los numerales aplicables al caso e indicó porque estimó acertado el proceder del juez de primera instancia al haber declarado fundado el incidente de remoción de albacea. Por otra parte, los conceptos de violación sintetizados con los números 2, 3, 4 y 6, se analizaran de forma conjunta dada su estrecha relación. Así, en los conceptos de violación de mérito, la quejosa aduce que la responsable transgrede el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles, porque no valoró correctamente los medios de prueba ofrecidos, consistentes en todo lo actuado en el sumario, lo que hizo valer mediante la causa de pedir, por lo que al ser ésta una violación procesal debía haberla estudiado; argumentos que se estiman infundados por las consideraciones siguientes: En efecto, el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 1.359. El Juez goza de libertad para valorar las pruebas, con excepción de los documentos públicos que siempre harán prueba plena. Lo hará tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia. Explicará detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión." De la transcripción anterior se advierte lo siguiente: El Juzgador valorará los medios de prueba libremente. Los documentos púbicos tienen valor probatorio pleno. La valoración se realizará de forma individual y/o conjunta. El Juez aplicará las reglas de la lógica y la experiencia. El Juez precisará las razones y fundamentos de su dicho. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que ésta confirmó la interlocutoria de uno de junio de dos mil dieciséis, porque consideró que del análisis del juicio sucesorio testamentario 367/2014, no se advertía que la quejosa hubiera dado cumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo, albacea de la sucesión a bienes de la de cujus Inés Vera Enríquez; puesto que, existían diversas actuaciones por parte de ésta como la rendición de cuentas de nueve de septiembre de dos mil catorce y el escrito de diecinueve de enero de dos mil dieciséis -en el que había solicitado se ratificara en todas sus partes la diversa rendición de cuentas de dos de junio de dos mil quince- sin embargo, dichos medios de prueba resultaban insuficientes para tener por cumplida su obligación; aunado a que había solicitado una prórroga a fin de dar cumplimiento, sin que ello hubiera acontecido. Tal proceder se considera acertado. En efecto, la actuación de la Sala responsable fue acertada pues el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, la faculta para valorar libremente los medios de prueba ofrecidos y, en el caso, otorgó valor probatorio correspondiente a la prueba documental consistente a todo lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 367/2014; sin embargo, de las constancias que integraban dicho medio de prueba, no se advierte que la quejosa hubiere acreditado el cumplimiento de sus obligaciones como albacea de la sucesión en cuestión; es decir, el que la responsable tomara en cuenta dicho medio de prueba, no significaba que le diera el valor que la ahora quejosa aduce le correspondía. Así, la responsable partió del supuesto de que goza de libertad para valorar las pruebas tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, aunado a que como acertadamente refirió, no existía medio de prueba diverso que demostrara alguna causa justa que eximiera a la quejosa de cumplir con sus obligaciones de rendir las cuentas bimestrales y anuales. Por consiguiente, debe estimarse que la Sala responsable actuó correctamente al considerar que de la prueba documental ofrecida por la ahora quejosa al desahogar la vista otorgada en el incidente de remoción de albacea, y del análisis pormenorizado realizado en el sumario derivado de causa de pedir hecha valer en el escrito de apelación, no se acreditaba que ésta hubiera dado cumplimiento a su obligación de albacea, ello en atención a las facultades que le confiere el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Por otra parte, el concepto de violación sintetizado con el número 5, en el que la quejosa aduce que la responsable no tomó en consideración que sus obligaciones como albacea de la sucesión iniciaron en el mes de junio de dos mil quince, momento en el que aceptó el cargo de albacea, resulta infundado. Lo anterior es así, porque la responsable sí analizó tal aspecto, pues refirió que de conformidad con los artículos 4.56 de la Ley adjetiva y el artículo 6.241 de la Ley sustantiva, ambas del Estado de México, resultaba inconcuso que la apelante ahora quejosa se encontraba obligada a rendir cuentas bimestrales así como anuales, según la temporalidad correspondiente, a partir del veinticinco de junio de dos mil catorce, día en el que había aceptado y protestado el cargo de albacea. Así las cosas, resulta acertada la actuación de la Sala responsable, puesto que de las constancias que obran en autos del juicio de origen 367/2014, a fojas 54 y 55, se acredita dicha situación, pues se aprecia la audiencia de lectura de testamento de veinticinco de junio de dos mil catorce, y en su parte final se advierte que derivado de la segunda disposición del testamento de la de cujus Inés Vera Enríquez, se nombraba a María del Carmen Valdés Vera, albacea de la sucesión de mérito; por lo que ésta aceptó y protestó el cargo conferido en ese acto; de ahí lo infundado de su agravio. Finalmente, el concepto de violación sintetizado con el número 7, en el que señala la quejosa que la responsable no tomó en consideración el agravio que hizo valer en el sentido de que la tercera interesada Columba Valdés Vera, obstruía su labor como albacea de la sucesión, deviene infundado. Al respecto la responsable precisó lo siguiente: "A mayor abundamiento, en el caso concreto que nos ocupa, en el supuesto sin conceder que COLUMBA VÁLDES VERA, verdaderamente posea parte de la masa hereditaria, no es causa suficiente para eximir a MARÍA DEL CARMEN VALDÉS VERA de sus obligaciones de rendir cuentas bimestrales y mensuales, pues en todo caso la ahora apelante mientras detento el cargo de albacea, estuvo obligada a ejercer los actos necesarios para recuperar la posesión material de la masa hereditaria, de ahí que sea inadmisible que pretenda justificar su incumplimiento a través de la falta de posesión material de los bienes que forman parte de la herencia." Ahora bien, del análisis de la transcripción anterior, se advierte que la responsable sí analizó el agravio hecho valer por la quejosa, pues refirió que no era suficiente para que ésta se eximiera de su responsabilidad de rendir las cuentas bimestrales y anuales el hecho de que la ahora tercera interesada tuviera la posesión de parte de la masa hereditaria; aspecto que este órgano jurisdiccional considera acertado, pues efectivamente al ostentar el cargo de albacea podía realizar actos tendentes a recuperar la posesión material de los bienes que se encontraban bajo su cuidado; de ahí lo infundado de su argumento. Por lo anterior, la actuación de la Sala responsable fue acertada, pues como quedó precisado en líneas precedentes, la quejosa no acreditó haber cumplido con sus obligaciones como albacea de la sucesión a bienes de la de cujus Inés Vera Enríquez, ni tampoco que existiera alguna causa justa que la eximiera de sus responsabilidades. Por ende, al ser infundados los conceptos de violación planteados, y al no existir motivo para suplir deficiencia alguna, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo. La negativa del amparo se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en atención a que no se reclamó por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1328, publicada en la página 1492, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1003207, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/12, publicada en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 55, julio de 1992, octava época, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 218867, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Carmen Valdés Vera, contra el acto precisado en el segundo considerando, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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