Maria del Carmen Simeon Salamanca

Expediente 554/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
554/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Simeon Salamanca

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Firmeza procesal. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Remiten despacho. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Notificadora del Juzgado de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, a través del cual remite el exhorto 75/2023, debidamente diligenciado, deducido del despacho 8/2023, orden 46/2023-VI del índice de este Juzgado de Distrito, donde se advierte la notificación realizada a la parte quejosa del proveído de dieciocho de abril de este año, dictado en el presente asunto de lo que se toma conocimiento y se tiene por notificada del auto de referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca********************; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro******************** y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 554/2023-VI. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, y de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número II.1º.J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisión del acto reclamado: Este Juzgado Federal procede a fijar la materia de la Lítis, para lo cual atenderá a la demanda en su integridad, esto es, el texto completo del escrito inicial y anexos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195745, que dice al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Sobre esas bases, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto consiste en: "La resolución de trece de marzo de este año, emitida en el recurso de revocación, dictada en carpeta de investigación 232/2022, donde se le impone a la quejosa una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100)." Precisado lo anterior, es menester destacar que, en el caso, se evidencia, la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Una vez expuesto lo anterior, se precisa que la quejosa ********************, manifestó bajo protesta de decir verdad que se hizo conocedora de los actos reclamados el catorce de marzo de este año. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese orden de ideas, es claro que el plazo impugnativo debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, que aduce le causa un agravio personal, actual y directo, es decir, el plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación de éste. Por ende tomando en consideración, que la parte quejosa precisó con exactitud que el catorce de marzo de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento del acto reclamado, evidentemente el plazo para promover el juicio de amparo, transcurrió con exceso. En esa tesitura, si la promovente tuvo conocimiento del acto que reclama el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dicha notificación surtió efectos al día siguiente, esto, en términos de los artículos 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto transcurrió del dieciséis de marzo al catorce de abril de dos mil veintitrés; por ende si la demanda fue presentada el diecisiete de abril de este año (mediante buzón judicial) según se advierte de la boleta de recepción de la Oficia de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es claro que ésta resulta extemporánea, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de garantías dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente hábil al en que se le notificó el acto reclamado o de su ejecución; por tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente los actos reclamados, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro******************** y otra autoridad. Aunado a ello, el cómputo de los quince días se realizó considerando los días no laborales de la autoridad responsable, ello en atención a la circular número 89/2022, del calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado de México, donde se consideraron como días inhábiles por semana santa del tres al siete de abril de este año. Al respecto resulta aplicable el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 36/2020 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 139, con número de registro 2022103, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de queja, sostuvieron un criterio distinto sobre si es procedente descontar del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo indirecto, los días en que no laboró la autoridad responsable, cuando se reclaman el control de la detención y el auto de vinculación a proceso. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, a la naturaleza del proceso penal acusatorio y oral, así como a los instrumentos a través de los cuales deben desahogarse las actuaciones judiciales que conforman sus etapas procesales, y con fundamento, además, en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como 8, numeral 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considera que cuando el acto reclamado es una resolución dictada en la audiencia inicial como la calificación de la detención o vinculación a proceso, los días no laborables para la autoridad responsable de que se trata deben descontarse del cómputo del plazo que el impetrante tiene para presentar la demanda de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque si las videograbaciones y los registros escritos excepcionales que se originan durante el desahogo de la audiencia pública, quedan bajo resguardo del Juez de Control a través de las áreas de gestión de los centros de justicia, es incuestionable que para que el futuro quejoso pueda acceder a su consulta, o bien, a la entrega de una reproducción fiel de las mismas, para poder sustentar de manera eficiente su defensa en una instancia constitucional, debe tener acceso a las instalaciones judiciales respectivas y si éstas por motivo de periodos vacacionales, determinaciones de los Consejos de la Judicatura respectivos, por disposición de la ley o por causas de fuerza mayor, no laboran, los días de que se trata deben descontarse del cómputo del plazo que el impetrante tiene para presentar la demanda de amparo indirecto. En efecto, aun cuando por la naturaleza del sistema, las resoluciones respectivas se dictan en audiencia pública y de manera oral, con la asistencia del justiciable y su defensa, lo que implica que en el momento mismo de su dictado ambos conocen el sustento argumentativo y legal de la determinación, en aras de privilegiar el derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva, al debido proceso y a una defensa adecuada, es necesario que para los efectos de impugnación vía amparo, cuente el quejoso con todos los elementos necesarios para impugnar de manera eficaz lo resuelto; de lo contrario, se exigiría una espléndida capacidad de memoria o retención del defensor y del imputado para poder recordar todos y cada uno de los argumentos utilizados por el Juez de Control, así como el contenido de los datos de prueba en la que se sustentó, además de lo alegado por las partes en los ejercicios de debate; circunstancia que a juicio de esta Primera Sala no abona a la certeza jurídica que debe prevalecer en favor de quien es sometido a un procedimiento penal y desea acceder a un recurso efectivo." Lo anterior, en relación con la jurisprudencia 3a. 42, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al presente asunto de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la cual es visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 279, con número de registro 207331, de rubro y texto: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHABILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el Juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del Juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos." Exhorto para notificar a la promovente. Ahora bien, toda vez que se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en Circuito Vial Doctor Jorge Jimenez Cantú, sin número, colonia Foviste, Atlacomulco********************, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo, remítase atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente auto a ********************, en el domicilio anteriormente citado; y además la requiera para que: En el término de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, o en el momento de la diligencia misma, señale un domicilio procesal oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que, de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo las subsecuentes y aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor. En caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga jurisdicción al homólogo federal para que habilite días y horas inhábiles con el objeto de que se realice la diligencia encomendada. Se solicita atentamente al juez exhortado que con independencia de la fecha en que reciba el exhorto de mérito, lleve a cabo la diligencia encomendada en los términos anteriormente estipulados. Además de lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que, en caso de que comparezcan los promoventes o su autorizado, estos sean notificados del presente proveído, en el entendido de que deberá asentarlo en la razón correspondiente para que obre como corresponda. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que deberá firmar electrónicamente la Secretaria encargada. Correo electrónico. Sin que se tenga como domicilio procesal el correo electrónico proporcionado por la parte quejosa en el escrito de demanda, pues la ley de Amparo no lo contempla como tal, máxime que en párrafos precedentes se acordó lo conducente en relación al medio de comunicación procesal, por lo que, únicamente se comisiona al Actuario y a la Secretaria de la adscripción a efecto de que puedan hacer su uso para comunicaciones no oficiales. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios a ********************por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del numeral en cita a las restantes personas señaladas en la demanda, por no contar con el respectivo registro su cédula profesional, limitación que se establece hasta en tanto realice el registro correspondiente, circunstancia que deberá de informar mediante nueva promoción. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Coincidencia del Expediente Físico con el Electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Notifíquese.

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