María del Carmen Toledo de la Rosa

Expediente 220/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
220/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/08/2018

Partes del expediente

  • María del Carmen Toledo de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, que sobreseyó este juicio de amparo (fojas 35-39); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. III-B P

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por María del Carmen Toledo de la Rosa, en términos del considerando tercero de esta determinación. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando cuarto de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. III-B-Penal

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa María del Carmen Toledo de la Rosa, a través del cual manifiesta que al haber negado el informe justificado el Presidente Municipal de Constitucional de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, ofrece la testimonial a cargo de Pablo Acevedo Francisco y Ramón Vicente Rustrián, al tenor de las preguntas que exhibe. Visto su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba testimonial a cargo de los testigos citados, al tenor del interrogatorio que al efecto se exhibe, el que será calificado en el acto mismo de la diligencia; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para que estén en aptitud de comparecer a dicha diligencia si a sus intereses conviene, y distribúyanse entre las mismas copia del interrogatorio exhibido, para que puedan formular repreguntas si lo desean; asimismo, requiérase al oferente de la prueba para que presente a sus testigos en la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, quienes deberán traer identificación con fotografía vigente; apercibido que de no presentarlos, se tendrá por desierta dicha probanza. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página cuatrocientos ochenta y cuatro, Tomo XV-II, del mes de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA SU DESAHOGO, FACULTA AL JUEZ DE DISTRITO PARA DECLARARLA DESIERTA." Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el ofrecimiento de la citada prueba testimonial no fue anunciada cinco días hábiles, antes de la primera fecha señalada para la audiencia constitucional; sin embargo, la misma fue diferida de oficio y no a petición de las partes, aunado a que en cumplimiento a la garantía de defensa de la parte oferente, debe tomarse en cuenta, que el hecho cuya certeza trata de probar, fue de su conocimiento con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que se encuentra en tiempo para su ofrecimiento respecto de la fecha señalada para la audiencia constitucional (diecinueve de julio de dos mil dieciocho). Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Febrero de 1996, página 53, Novena Época, Registro: 200200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y textos siguientes: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.- Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal". Notifíquese en términos de ley. III-B

  4. Principal

    Salina cruz, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Dada cuenta con el estado que guardan los autos, se advierte que el informe justificado rendido por el Presidente Municipal de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, fue notificado a las partes, el veintiocho de junio siguiente, como se advierte que el mismo, no fue rendido con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las once horas con quince minutos del diecinueve de julio del año en curso, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 191995, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese en términos de ley. III-B-Penal

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