Maria del Carmen Ruiz Gallegos
Expediente 255/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria del Carmen Ruiz Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, en su caso, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa María del Carmen Ruiz Gallegos, no hizo manifestación alguna dentro del término legal de tres días que se le concedió en proveído de fecha veintinueve de octubre del actual en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, se provee. Por resolución de tres de septiembre de dos mil quince, emitida por este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo, en contra del descuento en el pago de la pensión de jubilación de la aquí quejosa María del Carmen Ruiz Gallegos; por concepto de fondo de pensiones, relativo al mes de mayo de dos mil quince, en razón del 9% de la misma, equivalente a la cantidad de $968.93 (novecientos sesenta ocho pesos 93/100 moneda nacional), al fundarse en disposiciones inconvencionales e inconstitucionales por desatender los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, así declaradas por jurisprudencia temática emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito. Concesión de amparo que se hizo extensiva a los subsecuentes pagos de pensión que le correspondieran a la quejosa, y que deberían tener como fundamento tales normas inconvencionales, al tratarse de actos de tracto sucesivo del declarado inconstitucional. Así, en términos del artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo, se precisó que con motivo de la concesión de amparo, una vez que causara ejecutoria esta sentencia, el Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del estado de Oaxaca, deberia: I. Dejar sin efectos el descuento en la pensión por jubilación de la quejosa, por concepto de fondo de pensiones, relativo al mes de mayo de dos mil quince, así como efectuar. la devolución correspondiente, y II. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1° y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar de los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del estado de Oaxaca, en casos futuros en relación con la quejosa; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo el descuento en ellos previstos en razón del 9% de su percepción mensual. Mediante oficio número 3856/2015 signado por el Director General de la Ofician de Pensiones en el Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remitió las constancias respectiva al pago de la devolución de Fondo de Pensiones de la aquí quejosa María del Carmen Ruiz Gallegos, en el cual remitió copia certificada del cheque número 148 y copia simple del cheque número 0050038 de fecha doce de octubre del año dos mil quince, este último por concepto del pago de devolución de Fondo de Pensiones, firmado la aquí quejosa de recibido. En ese contexto, es evidente que el Director General de la Ofician de Pensiones en el Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cumplió la ejecutoria de amparo, pues devolvió a la aquí quejosa María del Carmen Ruiz Gallegos, cantidad total de $1,957.86 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.), mismo que en cheque número 0050038 de fecha doce de octubre de dos mil quince, del Banco BANORTE, expidió a la parte quejosa María del Carmen Ruiz Gallegos; luego, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de que se trata. Notifíquese personalmente. IA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por la quejosa María del Carmen Ruiz Gallegos; en atención a su contenido, téngase a la citada promovente informando a este órgano jurisdiccional que compareció ante las instalaciones de la Oficina de Pensiones del Gobierno del estado de Oaxaca, a fin de que le hicieran entrega del cheque número 0050038 que ampara la cantidad de $ 1,937.86 (Un mil novecientos treinta y siete pesos 86/100 MN.), exhibiendo el mismo en copia simple. Notífiquese. IA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Director General de la Oficina de Pensiones en el Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite las constancias respectivas al pago de pensión de la aquí quejosa María del Carmen Ruíz Gallegos, por el que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de garantías, consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 196 de la Ley de Amparo vigente y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia de referencia, conforme al artículo 2, dése vista a la parte quejosa, con los cumplimientos dados por las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto, el criterio sostenido en la Jurisprudencia 26/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese. IA
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