María del Carmen Silva Alférez Aguilar
Expediente 619/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del Carmen Silva Alférez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 12/2017, suscitado entre el suscrito y el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en León, Guanajuato, en relación a la demanda de amparo promovida por **********, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO: Si existe el conflicto de competencia. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en León, para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsable, juzgador al que deberá remitirse el expediente relativo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo de estilo. Por lo anterior, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. En atención a lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, se ordena la destrucción del presente cuaderno en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado entre el suscrito y el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual informa que el titular de su adscripción no aceptó la competencia planteada por este tribunal para conocer de la demanda de amparo que promovió **********, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades. Pues bien, con el objeto de tener un panorama claro de la determinación que el suscrito adoptará en relación con lo manifestado por el homólogo federal, debe traerse a contexto, por principio, las consideraciones que se expusieron en el proveído de quince de junio de la anualidad que trascurre por la que se declaró la incompetencia para conocer del presente asunto, a saber: Se estableció que la quejosa señaló como acto reclamado destacado la aplicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como la orden de aplicarle lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desindexación del Salario Mínimo; ello a través del oficio DPSH/1137/2017 de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Subdelegada de Prestaciones Económicas, Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que hizo de su conocimiento que se seguirían aplicando las deducciones a las pensiones de la ahora quejosa a efecto de que se ajustaran al importe de los diez salarios mínimos del Distrito Federal. Se determinó que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo era el de la jurisdicción donde tendrá ejecución el acto reclamado -al ser de ejecución material-, estimándose así aplicable la primera regla de competencia contenida en el artículo 37 de la ley de la materia, ya que la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales aplicadas a través del oficio DPSH/1137/2017 de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Subdelegada de Prestaciones Económicas, Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que hizo de su conocimiento que se seguirían aplicando las deducciones a las pensiones de la ahora quejosa a efecto de que se ajustaran al importe de los diez salarios mínimos del Distrito Federal, se materializan en León, Guanajuato. Ahora, debe invocarse el razonamiento que plasmó el aludido Juez Federal en el auto de veintidós de junio pasado, en el que determinó no aceptar la competencia declinada a su favor, ya que en esencia sostuvo: Que del estudio de la demanda de amparo se desprendía que además del acto reclamado consistente en la aplicación de las disposiciones antes señaladas a través del oficio DPSH/1137/2017 de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la quejosa también reclama: "El oficio por medio del cual se le informa la procedencia y se le obliga al pago y restitución del importe que por concepto de pensión se le había depositado, a través del cual, refiere la quejosa, le fueron también aplicados indebidamente los artículos 51 de la Ley del del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desindexación del Salario Mínimo." . Que no compartía el criterio sostenido para declinar la competencia, en virtud de que el acto antes descrito no tiene ejecución material, pues es meramente declarativo ya que a través de dicho oficio se informa a la ahora quejosa sobre la procedencia de sus pensiones y sobre su obligación de restituir parte de las mismas (lo que no implica propiamente un requerimiento de pago, pues tendría que esperarse al incumplimiento de la quejosa, para que se emita una orden de requerimiento con tal, lo cual es futuro e incierto); por lo cual el juzgado que conoció primigeniamente la demanda es el que debe conocer de la misma. Contrario a lo argumentado por el homólogo federal, el suscrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda en estudio, ya que como se estableció anteriormente, el acto que destacadamente reclama la parte quejosa los es, la aplicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como la orden de aplicarle lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desindexación del Salario Mínimo; ello a través del oficio DPSH/1137/2017 de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Subdelegada de Prestaciones Económicas, Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que hizo de su conocimiento que se seguirían aplicando las deducciones a las pensiones de la ahora quejosa a efecto de que se ajustaran al importe de los diez salarios mínimos del Distrito Federal; el cual tendrá ejecución en el domicilio en el que se desenvuelve la quejosa, esto es, en la ciudad de León, puesto que es en dicha localidad donde le es pagada dicha prestación y donde tiene su residencia; datos que se advierten de la copia certificada de la resolución de concesión de pensión por jubilación número ********** y de la relativa a la pensión por viudez por muerte del pensionado **********, en las que aparece que es en dicha localidad donde cobra la pensión de referencia, así como de la copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la que se desprende que dicha quejosa tiene como domicilio el ubicado en **********, número **********, colonia **********, de la ciudad de León, Guanajuato. Ahora bien, el homologo oficiante señala que la quejosa también se duele del diverso oficio por medio del cual se le informa la procedencia y se le obliga al pago y restitución del importe que por concepto de pensión se le había depositado, a través del cual, le fueron también aplicados indebidamente los artículos que tilda de inconstitucionales. En ese sentido, a consideración de este Juzgado el citado acto también tiene ejecución, puesto que contrario a lo expuesto por el homologo, no es declarativo y meramente informativo, ya que conlleva un requerimiento que debe de cumplir aquella persona a quien va dirigido; esto es, la promovente del amparo deberá cumplir con la obligación ahí contenida, y realizar el pago y restitución del importe que por concepto de pensión se la había depositado, y si como aduce la oficiante la quejosa incumple podría ser que se emita una diversa orden de requerimiento, empero, el cumplimiento a la instrucción dada en el referido oficio sí implica la obligación de restituir parte de las pensiones. En ese orden, como se dijo, si dicha quejosa cobra la pensión aludida en la ciudad de León y en esa urbe tendrán ejecución los actos reclamados, aunado a que es en dicha localidad donde tiene su residencia, es más fácil para ella tener acceso a la justicia ante el Juzgado de Distrito que devuelve el presente asunto. Por ello, el suscrito insiste en que de la demanda en estudio corresponde conocer a un Juez Federal con residencia en León, Guanajuato, pues el acto reclamado tiendra ejecución en dicha ciudad; por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo anterior, el suscrito insiste en declinar la competencia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, Guanajuato, a efecto de que resuelva el conflicto competencial surgido en este asunto. Se ordena comunicar lo anterior al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve **********, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 619/2017-IV. Ahora, del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, por las razones que a continuación se expondran. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales en razón de territorio, en concordancia con la ejecución que pueda o no tener el acto reclamado. El dispositivo en mención dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Con base en lo anterior, a juicio de este tribunal se estima que las consecuencias materiales del acto reclamado tendrán ejecución en el domicilio en el que se desenvuelve la quejosa y, como consecuencia, es competente el Juez de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de León, Guanajuato. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa sustancialmente reclama: La aplicacion del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como la orden de aplicarle lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desindexación del Salario Mínimo; ello a través del oficio DPSH/1137/2017 de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Subdelegada de Prestaciones Económicas, Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que hizo de su conocimiento que se seguirían aplicando las deducciones a las pensiones de la ahora quejosa a efecto de que se ajustaran al importe de los diez salarios mínimos del Distrito Federal. Luego, tomando en consideración que de los anexos de la demanda de amparo, específicamente la copia certificada de la resolución de concesión de pensión por jubilación número ********** así como la relativa a la pensión por viudez por muerte del pensionado **********, se advierte que a la quejosa **********, le son pagadas dichas pensiones en la ciudad de León, Guanajuato; asimismo, de la copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, se desprende que tiene su domicilio en calle **********, número **********, colonia **********, de la ciudad de León, Guanajuato; este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la quejosa implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria y de viudez esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve la quejosa, será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Entonces, como la solicitante del amparo tiene su domicilio en la ciudad de León, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tienen ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno con residencia en la ciudad de León, Guanajuato, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir a la autoridad aludida el expediente original 619/2017-IV, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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