María del Carmen Salazar Trejo

Expediente 461/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
461/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Salazar Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveídos de cuatro y siete de noviembre del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***********, en contra de los artículos 4°, fracción I, inciso a) y 5º último párrafo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y su correspondiente aplicación, concretamente el cobro del impuesto predial. El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistió en que se aplique para el cobro del tributo, la tasa menor, respecto de la que corresponda a los inmuebles de la quejosa, para ello, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, en su defecto, la autoridad a la que corresponda cumplir el fallo protector, debería: Calcular la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado a los inmuebles de la quejosa, por las zonas en las que se encuentren ubicados. Si el monto a pagar por el impuesto predial es inferior al ya liquidado por la parte quejosa, debería devolver debidamente actualizada las cantidades excedentes. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien remitió los oficios DIIC-2846/2022, DIIC-2845/2022 y DIIC- 2842/2022 de tres de octubre de dos mil veintidós, así como los avalúos catastrales de las cuentas prediales ********** e informó que dejó a disposición de la parte quejosa las cantidades de: ? $4,774.86 cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos ochenta y seis centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($4,591.22 cuatro mil quinientos noventa y un pesos veintidós centavos) y su actualización ($183.64 cientos ochenta y tres pesos sesenta y cuatro centavos); ? $3,023.30 tres mil veintitrés pesos treinta centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($2,907.02 dos mil novecientos siete pesos dos centavos) y su actualización ($116.28 ciento dieciséis pesos veintiocho centavos); y ? $2,190.36 dos mil ciento noventa pesos treinta y seis centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($2,106.12 dos mil ciento seis pesos doce centavos) y su actualización ($84.24 ochenta y cuatro pesos veinticuatro centavos). 3. Con motivo de lo anterior, el cuatro y siete de noviembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: a. Calculó la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado al inmueble de la quejosa, por la zona en la que se encuentre ubicado; y, b. Dejó a disposición de la parte quejosa las cantidades de: c. $4,774.86 cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos ochenta y seis centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($4,591.22 cuatro mil quinientos noventa y un pesos veintidós centavos) y su actualización ($183.64 cientos ochenta y tres pesos sesenta y cuatro centavos); d. $3,023.30 tres mil veintitrés pesos treinta centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($2,907.02 dos mil novecientos siete pesos dos centavos) y su actualización ($116.28 ciento dieciséis pesos veintiocho centavos); y e. $2,190.36 dos mil ciento noventa pesos treinta y seis centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($2,106.12 dos mil ciento seis pesos doce centavos) y su actualización ($84.24 ochenta y cuatro pesos veinticuatro centavos). ?????????????????????????????? Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con los oficios DIIC-2846/2022, DIIC- 2845/2022 y DIIC-2842/2022 de tres de octubre de dos mil veintidós, así como los avalúos catastrales de las cuentas prediales *************, el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, J. Gustavo Erik Prieto Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.7e 09/06/23 16:15:31 inciso b), del artículo 18, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, el acuerdo mediante el cual la causó ejecutoria, así como el presente acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa manifestó su oposición a que se difundan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 118 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene oponiéndose a la publicación de los mismos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la citada legislación, dése vista a la parte quejosa con las documentales de cuenta, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la citada legislación, dése vista a la parte quejosa con las documentales de cuenta, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia de veintiséis de septiembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *****************; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, en términos de lo establecido en el tercer párrafo del numeral 192 de la ley de la materia, también notifíquese y requiérase a su superior jerárquico, que conforme al artículo 46, fracción I, del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato, es el Subtesorero Municipal, para que le ordene cumplir la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la referida orden, en el plazo señalado en el párrafo que antecede, se le impondrá una multa en los términos establecidos en el citado párrafo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables.

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