María del Carmen Sánchez González

Expediente 900/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
900/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • María del Carmen Sánchez González
  • MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ GONZÁLEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Sánchez González y Gaspar Bernabé Hernández, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 900/2019. Del análisis integral del libelo, el suscrito considera que se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa, promueve demanda de amparo contra la orden del Juez de Control de la Región Judicial Centro de relevar del cargo de defensora particular de los quejosos a la licenciada Nancy Reyes Ramos en la audiencia que se llevó a cabo el veintidós de agosto de dos mil diecinueve a las diez horas con treinta y dos minutos dentro de la causa penal 330/2018/PUEBLA. Sin embargo, contra dicho acto el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro o fuera de juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en el artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la actuación del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, de relevar del cargo de defensora particular de los impetrantes de amparo a la licenciada Nancy Reyes Ramos en la audiencia que se llevó a cabo el veintidós de agosto de dos mil diecinueve a las diez horas con treinta y dos minutos dentro de la causa penal 330/2018/PUEBLA; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar a los ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera. Pues si bien, la parte quejosa manifiesta que con su actuar la responsable viola sus derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vulnerar su derecho de elegir libremente a su defensor, pues como lo manifiesta la parte inconforme en ningún momento el juez de la causa les previno para designar a otro defensor; sin embargo, lo cierto es que la actuación del juez responsable en modo alguno viola el derecho a la defensa adecuada de los peticionarios de amparo pues como lo manifiestan en la narrativa de la demanda de garantías el juez de control relevó del cargo a la abogada Nancy Reyes Ramos en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales y le hizo saber a los quejosos que dicha determinación la tomaba a fin de salvaguardar su derecho de una defensa adecuada pues la citada abogada defensora no conocía las reglas de litigación del sistema acusatorio. Asimismo, siguiendo con la narrativa que los quejosos hacen en la demanda de amparo se advierte que el juez de control pregunta a los inconformes si era su deseo continuar con la abogada colitigante que quedaba y que fue nombrada igualmente por ellos o deseaban nombrar otro abogado defensor, a lo que manifestaron que continuaban con la defensa a cargo de la abogada Angélica Margarita Vivanco Trevera, por lo que hasta este momento el actuar del juez de modo alguno trasciende en los derechos sustantivos de la parte promovente, pues los quejosos continuaron su defensa a través de la codefensora que previamente designaron. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, aun en el supuesto que el acto reclamado, como lo menciona la parte quejosa afectara algún derecho sustantivo aún en ese supuesto el amparo resulta notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano de igual manera, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, con relación al acto reclamado por la parte quejosa consistente en la determinación del juez de control de relevar del cargo de defensora particular de los quejosos a la licenciada Nancy Reyes Ramos en la audiencia que se llevó a cabo el veintidós de agosto de dos mil diecinueve a las diez horas con treinta y dos minutos dentro de la causa penal 330/2018/PUEBLA, se actualiza la causal de improcedencia, porque la parte inconforme no agotó en contra de dicho acto el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación al diverso 467 del propio ordenamiento legal, mismos que establecen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De los preceptos legales transcritos se obtiene la procedencia del recurso de revocación por exclusión, es decir, respecto de las resoluciones que no son apelables, las cuales se mencionan en las diversas fracciones del segundo de los preceptos legales transcritos. En el caso concreto la parte quejosa reclama del Juez responsable la determinación de relevar del cargo de defensora particular de los quejosos a la licenciada Nancy Reyes Ramos en la audiencia que se llevó a cabo el veintidós de agosto de dos mil diecinueve a las diez horas con treinta y dos minutos dentro de la causa penal 330/2018/PUEBLA, resolución que no se encuentra comprendido en alguna de las diversas fracciones del artículo 467 de la legislación adjetiva penal que establece la procedencia del recurso de apelación, por lo tanto, si dicho proveído no puede ser impugnado a través del recurso de apelación, mientras que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, tal circunstancia lleva a concluir que en contra de dicho acuerdo procede el recurso de revocación. En tales condiciones, si la parte quejosa no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, pues al estar vinculados al juicio natural por ser los imputados dentro de la causa generadora, sí estaban en aptitud de interponer dicho recurso en todo aquello que los afectara al abordar dicho aspecto. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraña al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así, se advierte que la parte inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hacen ver la promovente del amparo. Por lo que al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por parte de la promovente del amparo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta, así como autorizada conforme al artículo 12 de la Ley de la Materia, esto es, con el cúmulo de facultades a la licenciada Angélica Margarita Vivanco Trevera, toda vez que cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito bajo el registro señalado expresamente, y a las diversas personas que menciona únicamente quedan autorizadas en términos de la última parte del segundo párrafo, de manera restringida, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, cuenta habida que no se encuentran registradas sus respectivas cédulas profesionales en el aludido Registro. Ahora bien, respecto a la solicitud de la parte peticionaria de amparo relativa a que se autorice al usuario ISRAEL18 la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de no corresponder los datos del usuario registrado, sin mayor trámite se tendrá por no autorizado. Por lo que respecta a la petición de la parte impetrante de amparo, en cuanto a permitir tomar placas fotográficas de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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