María del Carmen Sánchez González

Expediente 402/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
402/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Sánchez González

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de once de mayo de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese vía electrónica.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, once de mayo de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la quejosa María del Carmen Sánchez González, el cual se registró en el libro de correspondencia con folio 7215; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención de cuatro de mayo del año en curso, en el asunto que se trata. En tales condones, téngasele precisando que el acto reclamado por esta vía es: ".el acto que reclamo es que el TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO, AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, haya continuado con la Audiencia de Juicio Oral el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno a pesar de haberle solicitado que dejara de conocer de la misma en virtud de haberse actualizado la hipótesis que determina la INTERRUPCIÓN de la audiencia de Juicio Oral, establecida en el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales,." DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se aprecia que la aquí quejosa María del Carmen Sánchez González, por propio derecho, reclama del TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO, AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, que haya continuado con la audiencia de juicio oral el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno a pesar de haberle solicitado que dejara de conocer de la misma en virtud de haberse actualizado la hipótesis que determina la interrupción de la audiencia de juicio oral. Conforme a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: :. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". Tales preceptos limitan la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, pues para ejercer de la acción de amparo en su contra resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que el tribunal de enjuiciamiento haya continuado con la audiencia de juicio oral, por lo que es evidente que dicho acto reclamado es de naturaleza intraprocesal y, por tanto, no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues la afectación a su esfera jurídica, en su caso está sujeta a factores cuya verificación se desconoce. Es así, en la medida en que la continuación de la audiencia de juicio oral en la fecha indicada por el tribunal de enjuiciamiento no repercute, por sí, en alguno de los derechos humanos sustantivos del quejoso, como son su vida, libertad, u otros, sino en un aspecto netamente procesal, el cual, de tener una consecuencia que le llegara a resultar desfavorable, podrá cuestionar a través del medio ordinario de defensa que procede en contra de la resolución definitiva que se dicte en esa etapa procesal y, de persistir esa transgresión al resolverse dicho recurso, mediante el juicio de amparo directo que en su oportunidad promueva. En otras palabras, la continuidad de tal audiencia, aún bajo la perspectiva propuesta por el quejoso, no repercute de suyo, de manera directa e inmediata en alguno de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados internacionales, sino que podría, en su caso, llegar a estimarse una transgresión formal, adjetiva, que, por ende, no es materia de análisis a través del juicio de amparo indirecto, porque no se satisface el requisito necesario para ello, como es, que se trate de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, de ahí que no es dable emprender su análisis en esta vía. De ahí que se concluya que el acto reclamado en esta instancia constitucional no es uno de imposible reparación, pues tiene carácter eminentemente adjetivo, esto es, no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Notifíquese vía electrónica.

  3. Principal

    REQUERIMIENTO AL ACTUARIO Visto el estado procesal que guardan los autos, y del expediente electrónico, no se advierte la constancia de notificación a la parte quejosa en su lugar de reclusión de la sentencia de fecha de engrose treinta de marzo de dos mil veintiuno ni del auto de veinte de abril de dos mil veintiuno; en tales condiciones, requiérase a los Actuarios Judiciales para que de manera inmediata integren dicha constancia al expediente electrónico. Lo anterior es así, toda vez que con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, ambos expedientes, físico y electrónico, deberán estar integrados de la misma manera. Ahora bien, en caso de no haber realizado la misma, pásense de nueva cuenta los autos a los fedatarios judiciales, a fin de que notifiquen a la referida parte quejosa la sentencia y auto de mérito, en los términos establecidos en la ley de la materia.

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