María del Carmen Reyes Nissino
Expediente 352/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- María del Carmen Reyes Nissino
- María del Carmen Reyes Nissino y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio dirigido a la siguiente autoridad, con la anotación que se especifica: OFICIO AUTORIDAD LEYENDA 22280/2018-CO Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Cambio de dom. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo C-193/2018, que emitió el Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión celebrada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se determinó la supresión del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal en Ciudad Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a partir del uno de septiembre del año en curso; con motivo de ello, los asuntos restantes serán del conocimiento del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad. En consecuencia, reenvíese la comunicación de que se trata, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, a efecto de que sea notificada del oficio 22280/2018-CO, que contiene el acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, dictada en el presente asunto; ello, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia dictada el quince de agosto del año en curso (fojas 66 a 75), en la que se sobreseyó el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso e) y 86, de la ley de la materia, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. II. Se ordena el archivo del expediente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el expediente como asunto concluido. III. Valoración. Toda vez que se sobreseyó este juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Clasificación del incidente de suspensión. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión relativo a este juicio, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. V. Devolución de documentales. Devuélvanse a la autoridad Tercer Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, las documentales con las cuales se formaron los tomos I y II relativos a pruebas, por no ser necesaria su permanencia en este juicio de amparo. VI. Devolución de billetes de depósito. Al respecto, mediante proveído de siete de junio del año en curso (foja 31), dictado en el incidente de suspensión derivado de este juicio, se tuvo a la parte quejosa garantizando la suspensión provisional que se le concedió en acuerdo de veinticuatro de mayo de ese año (fojas 11 a 16); por lo que se ordena la devolución del billete de depósito folio N 825987, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), en el entendido de que dicho documento deberá ser endosado a nombre de la quejosa ***, y entregado previa razón que se deje en autos. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J 141/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página seiscientos diecinueve, Tomo XXIII, Enero dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, registro número 176102, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE SU CONCESIÓN, UNA VEZ EXHIBIDA LA CORRESPONDIENTE A LA DEFINITIVA. Al decretar la suspensión provisional de los actos reclamados en un juicio de amparo, el Juez de Distrito está imposibilitado materialmente para determinar el monto de una garantía que responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado durante la secuela procesal, por lo que únicamente lo hará de manera provisional, hasta en tanto se celebre la audiencia incidental, momento procesal en el que, de concederse la suspensión, podrá fijar una garantía definitiva, y la determinada provisionalmente perderá su fundamento de existencia y no podrá surtir efecto alguno, independientemente de que haya regido la situación de los actos reclamados por lapso determinado. Por tanto, al fijar el monto de la garantía definitiva, el juzgador deberá considerar que sea suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión en cualquiera de los momentos procesales, siempre que tengan como antecedente aquélla. Así ambas garantías (provisional y definitiva) cumplen con el artículo 125 de la Ley de Amparo, pero no se justifica que subsistan simultáneamente, pues ello contravendría dicho precepto, porque al concederse definitivamente la suspensión la determinación provisional se sustituye, sucediendo lo mismo con la respectiva garantía, ya que la otorgada con motivo de la suspensión definitiva no sólo garantiza un periodo determinado, sino que responde por los daños que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado por la suspensión en general, en virtud de que no se trata de dos suspensiones que requieran dos garantías diversas, sino que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es una sola, aunque se resuelva en dos momentos procesales diversos; de ahí que no exista impedimento legal para que una vez exhibida la garantía decretada al conceder en definitiva la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, se devuelva la otorgada con motivo de la concesión provisional, ya que los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado automáticamente quedan respaldados con la garantía que se exhiba con motivo de la suspensión definitiva". A su vez, mediante interlocutoria de veintiséis de junio del propio año (fojas 75 a 78), la parte quejosa garantizó la suspensión definitiva que se le concedió el dieciocho de junio del año en curso (fojas 40 a 44); por lo tanto, dígasele que se encuentra en aptitud de acudir a este órgano jurisdiccional para la devolución del billete de depósito folio N 840754, expedido por la citada institución bancaria, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional); una vez transcurrido el término de seis meses previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo , contado a partir de la notificación del presente proveído; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de dos años a que se refiere el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se decretará la prescripción de los citados billetes a favor del Fisco Federal.
- Principal
ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que en el presente asunto, de conformidad con el 5, fracción III, incisos e) de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a las siguientes autoridades: No. Autoridad: 1 Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Tribunal Distrital en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Monclova, Coahuila de Zaragoza. 2 Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Por tanto, empláceseles mediante oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II, inciso b), de dicha ley. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del quince de agosto de dos mil dieciocho, para su celebración.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
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