María del Carmen Juárez Terrazas

Expediente 202/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
202/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
24/07/2018

Partes del expediente

  • María del Carmen Juárez Terrazas
  • Vicente Reyes Ocegueda
  • José Alberto Barco Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de cuatro de julio del año en curso (fojas 203 a 208), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo lo anterior la tesis XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro, Tomo IV, Libro 34, del mes de septiembre de dos mil dieciséis, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2012455, cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de junio del año en curso (foja 202), se recibieron los oficios 3986/2018 y 363/2018, signados por la Jueza del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito y por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Región Norte I, Tercer Turno, ambos con sede en esta ciudad, a través del cual desahogaron el requerimiento que se les formulo a través del proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 92), y al respecto informan la situación jurídica de los quejosos *** y ***. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. El trece de marzo de dos mil dieciocho, se recibió por el Secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, la demanda presentada por Blanca Estela Terrazas Sánchez, en representación de ***, *** (mayores de edad), *** y *** (menores de edad), contra actos de las autoridades responsables siguientes: Autoridad responsable: 1. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos. Ciudad. 2. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos del Primer Turno. Ciudad. 3. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos del Segundo Turno. Ciudad. 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos del Tercer Turno. Ciudad. 5. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Detenidos del Primer Turno. Ciudad. 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Detenidos del Segundo Turno. Ciudad. 7. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Detenidos del Tercer Turno. Ciudad. 8. Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción. Ciudad. 9. Fuerza Coahuila, Proximidad Social. Ciudad. Por los actos reclamados consistentes en la orden de detención y/o aprehensión efectuada en su contra por las autoridades señaladas como responsables. Acto que estimó violatorio de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precisó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. III. Trámite del juicio de amparo indirecto. El trece de marzo del año en curso (fojas 6 a 15), se admitió la demanda de amparo únicamente respecto de los menores de edad *** y ***, bajo el número estadístico 202/2018; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo; asimismo se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda de los quejosos *** y ***, ordenándose suspender de plano los actos reclamados. Al respecto, de la razón actuarial de trece de marzo de los actuales (foja 22), se advierte que los menores *** y ***, fueron entregados a su abuela Blanca Estela Terrazas Sánchez, por parte del licenciado Francisco González Mena, en su carácter de Subprocurador Regional de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, al no haber encontrar motivo alguno para internarlos en alguna casa hogar. A su vez, de la constancia de notificación de la citada fecha (foja 21), se desprende que los quejosos *** y ***, ratificaron la demanda promovida a su favor; además, el quejoso directo aclaró que su nombre completo es ***; también que al ser interrogados por el Actuario adscrito respecto de si fueron objeto de maltrato, golpes o incomunicación, respondieron que no, aunado a que el funcionario no apreció a simple vista huellas de violencia en su persona; por tal razón, no se tiene como actos reclamados los citados con antelación. IV. Admisión. El catorce de marzo del año en curso (fojas 23 a 27), se admitió la demanda de amparo respecto de *** y ***; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se tuvo como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la señalada anteriormente. V. Causal de sobreseimiento. Del oficio 363/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Tercer Turno, con sede en esta ciudad, y anexos, se advierte que siendo las trece horas con veinte minutos del catorce de marzo del año en curso, dentro la carpeta de investigación 265/2018, se ordenó dejar sin efecto la detención de la quejosa directa *** (fojas 167 y 168), como se aprecia en los siguientes documentos: Por otra parte, del oficio 3986/2018, signado por la Jueza del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito, con sede en esta ciudad, se desprende que el quince de marzo del año en curso, dentro de la causa penal 238/CA/2018/PJ-COA-002*NM-125 instruida en contra del diverso quejoso ***, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, tuvo verificativo la audiencia inicial, donde no fue calificada de legal su detención, ordenándose su inmediata libertad (foja 95), como se aprecia en la siguiente imagen: Documentales que por tener el carácter de públicas se les conceden valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende, actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE... En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de su libertad; sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS... Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL... Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Tercer Turno, con sede en esta ciudad, siendo las trece horas con veinte minutos del catorce de junio del año en curso (foja 167), dejó sin efectos la detención de la quejosa ***; asimismo, el quince de marzo del año en curso (foja 95), dentro de la causa penal 238/CA/2018/PJ-COA-002*NM-125 instruida en contra del diverso quejoso ***, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, tuvo verificativo la audiencia inicial, donde no fue calificada de legal su detención, ordenándose su inmediata libertad. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues las autoridades de que se trata, restituyeron a los quejosos el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Audiencia Constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del trece de julio de dos mil dieciocho (foja 86 vuelta).

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 3986/2018, signado por la Jueza del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veinte de los actuales (foja 92), informa lo siguiente... De lo que este Juzgado de Distrito, queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, inclúyase al presente sumario, el oficio 363/2018, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Región Norte I, Tercer Turno, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento de veinte de junio del año en curso (foja 92), y al respecto remite copia autentificada de la carpeta de investigación 265/2018. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad, las documentales que anexó al oficio de cuenta; probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de las mismas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese al sumario el oficio 6980/2018, signado por el Agente del Misterio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido, Cuarto Turno, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento de trece de junio del año en curso (foja 86), y al respecto, informa lo siguiente: Asimismo, se tiene al citado Agente, remitiendo como prueba la documental que acompaña a su oficio de cuenta, probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia . En consecuencia, se requiere al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe la situación jurídica del *** y ***. Con independencia de lo anterior, requiérase al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, Tercer Turno, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación 0265/2018-PIN/UATPIN/2018, instruida en contra de *** y ***, misma que le fue canalizada el veintiocho de marzo del año en curso. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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