María del Carmen Ramírez Sánchez

Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
467/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Ramírez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Autoridad acusa recibo. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, acusa recibo del diverso 14638/2021, por el que se le remitió el expediente 56/2014-B, así como cuatro pagarés, mismo que se ordenó remitir mediante proveído de veintitrés de julio del actual, dictado en el presente asunto; lo anterior, para que obre como corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena el archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino del expediente. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Existencia de documentos (originales). No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa [en su escrito inicial de demanda] dentro del presente juicio se encuentran catalogados como originales; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Se devuelve expediente. Devuélvase al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el expediente ******* y cuatro pagarés, mismos que fueron remitidos a este órgano jurisdiccional por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con motivo de que el Tribunal de Alzada determinó carecer de competencia para conocer del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de julio de dos mil veintiuno. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por ********************o ********************; en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa desahogando el requerimiento formulado el catorce de junio del año en curso. Desechamiento de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el Juzgado de Distrito de origen, se aprecia que la parte quejosa reclama el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual se fijó fecha y hora para que, en cumplimiento a la sentencia definitiva ahí dictada, se llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada, aquí quejosa, para que pague la cantidad a la que fue condenada y, en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes. Por tanto, puede establecerse que el acto reclamado constituye una resolución encaminada a lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio natural. Aclarado lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento, debido a que el acuerdo reclamado es una actuación intermedia en el procedimiento de ejecución que no afecta derechos sustantivos y, además, está vinculada con la cosa juzgada. De la intelección de las porciones normativas mencionadas se obtiene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no sean la última resolución dictada en dicho procedimiento; excepto si sus efectos son de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales. Así es, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio. El segundo párrafo de dicha fracción establece que "si se trata de actos de ejecución de sentencia" sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior se colige que, entre los actos realizados después de concluido el juicio, existen unos que guardan relación directa con la ejecución de la sentencia y otros que no. Los primeros son conocidos como actos dictados en ejecución de sentencia y los segundos propiamente como actos autónomos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 19/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 162152, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción que se analiza, en contra de los actos precisados en segundo término, esto es, los de ejecución de sentencia; solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, tratándose de un acto de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el particular, el Máximo Tribunal del País ha establecido un criterio del que se colige que la amplitud de la norma establecida en dicha fracción da pauta para interpretar la diversa fracción IV, sin que sea procedente realizarlo a la inversa. De modo que debe estimarse que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia (fracción IV) que afecten de manera directa derechos sustantivos (fracción V) ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para establecer la procedencia del juicio de amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 163152, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Del criterio jurisprudencial invocado se advierte que para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (fracción IV del artículo 107 de ley vigente) resulta aplicable excepcionalmente, por analogía, la fracción IV de dicho precepto abrogado (ahora fracción V del citado numeral 107). De esta forma, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia (es decir, anteriores a la última resolución emitida en dicho procedimiento) siempre que se trate de actos de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos) pero, además de conformidad con la jurisprudencia en cuestión, que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. El último requisito exigido se entiende necesario, pues si el acto reclamado dictado en un procedimiento de ejecución, no obstante afectar derechos sustantivos, guarda relación directa con la cosa juzgada en el juicio natural, esto es, sobre la cuestión ya decidida en dicho juicio; no es dable obstaculizar o retardar la ejecución del fallo con el análisis de cuestiones que derivan directamente de éste, de manera que su análisis se reserva hasta el amparo que se promueva en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución (regla general establecida en la fracción IV). En este orden de ideas, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe definir si se trata de un acto de imposible reparación, es decir, si afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución o tratados internacionales y, además, de ser así, determinar si dicho acto es o no ajeno a la cosa juzgada. En síntesis, conforme a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es dable considerar que tratándose de los actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: i. Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. ii. Que sean ajenos a la cosa juzgada. Atento a las consideraciones expuestas, puede establecerse que el acuerdo reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En cambio, dicha actuación constituye un acto intermedio dentro del procedimiento de ejecución, pues -como se advierte de las constancias remitidas por el Juzgado de Distrito de orgien- a través de dicha determinación se fijó fecha y hora para que, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada, aquí quejosa, para que pague la cantidad a la que fue condenada y, en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes. De manera que, al constituir una actuación tendente al cumplimiento de la sentencia definitiva, no puede estimarse que vulnera derechos sustantivo de la parte quejosa. Además, otro aspecto que debe destacarse sobre el acuerdo reclamado es que éste se encuentra vinculado con la cosa juzgada, es decir, dicha actuación implica que la demandada cumpla con el pago de la cantidad a que fue condenada en el juicio ejecutivo mercantil ********************. Así, es factible sostener que el acuerdo reclamado, esto es, el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no es ajeno a la cosa juzgada, precisamente, porque lo que se controvierte involucra lo sentenciado en el juicio ejecutivo mercantil ********************. Por tal motivo, las inconformidades de la parte quejosa -vencida en el juicio de origen- solo podrán hacerse valer, como violaciones al procedimiento de ejecución, hasta que se dicte la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, u ordene el archivo definitivo del expediente. De no obrar en el sentido apuntado, se permitiría que de manera injustificada se retarde el cumplimiento de una sentencia definitiva, respecto del cual la parte vencida -aquí quejosa- ya tuvo oportunidad de defenderse y, en todo caso, las afectaciones que pueda resentir y que estén vinculadas con la cosa juzgada, las podrá reclamar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por tanto, es dable afirmar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, dos de julio de dos mil veintiuno. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por ********************o ********************; en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa desahogando el requerimiento formulado el catorce de junio del año en curso. Desechamiento de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el Juzgado de Distrito de origen, se aprecia que la parte quejosa reclama el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual se fijó fecha y hora para que, en cumplimiento a la sentencia definitiva ahí dictada, se llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada, aquí quejosa, para que pague la cantidad a la que fue condenada y, en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes. Por tanto, puede establecerse que el acto reclamado constituye una resolución encaminada a lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio natural. Aclarado lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento, debido a que el acuerdo reclamado es una actuación intermedia en el procedimiento de ejecución que no afecta derechos sustantivos y, además, está vinculada con la cosa juzgada. De la intelección de las porciones normativas mencionadas se obtiene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no sean la última resolución dictada en dicho procedimiento; excepto si sus efectos son de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales. Así es, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio. El segundo párrafo de dicha fracción establece que "si se trata de actos de ejecución de sentencia" sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior se colige que, entre los actos realizados después de concluido el juicio, existen unos que guardan relación directa con la ejecución de la sentencia y otros que no. Los primeros son conocidos como actos dictados en ejecución de sentencia y los segundos propiamente como actos autónomos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 19/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 162152, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción que se analiza, en contra de los actos precisados en segundo término, esto es, los de ejecución de sentencia; solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, tratándose de un acto de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el particular, el Máximo Tribunal del País ha establecido un criterio del que se colige que la amplitud de la norma establecida en dicha fracción da pauta para interpretar la diversa fracción IV, sin que sea procedente realizarlo a la inversa. De modo que debe estimarse que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia (fracción IV) que afecten de manera directa derechos sustantivos (fracción V) ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para establecer la procedencia del juicio de amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 163152, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Del criterio jurisprudencial invocado se advierte que para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (fracción IV del artículo 107 de ley vigente) resulta aplicable excepcionalmente, por analogía, la fracción IV de dicho precepto abrogado (ahora fracción V del citado numeral 107). De esta forma, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia (es decir, anteriores a la última resolución emitida en dicho procedimiento) siempre que se trate de actos de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos) pero, además de conformidad con la jurisprudencia en cuestión, que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. El último requisito exigido se entiende necesario, pues si el acto reclamado dictado en un procedimiento de ejecución, no obstante afectar derechos sustantivos, guarda relación directa con la cosa juzgada en el juicio natural, esto es, sobre la cuestión ya decidida en dicho juicio; no es dable obstaculizar o retardar la ejecución del fallo con el análisis de cuestiones que derivan directamente de éste, de manera que su análisis se reserva hasta el amparo que se promueva en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución (regla general establecida en la fracción IV). En este orden de ideas, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe definir si se trata de un acto de imposible reparación, es decir, si afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución o tratados internacionales y, además, de ser así, determinar si dicho acto es o no ajeno a la cosa juzgada. En síntesis, conforme a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es dable considerar que tratándose de los actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: i. Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. ii. Que sean ajenos a la cosa juzgada. Atento a las consideraciones expuestas, puede establecerse que el acuerdo reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En cambio, dicha actuación constituye un acto intermedio dentro del procedimiento de ejecución, pues -como se advierte de las constancias remitidas por el Juzgado de Distrito de orgien- a través de dicha determinación se fijó fecha y hora para que, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada, aquí quejosa, para que pague la cantidad a la que fue condenada y, en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes. De manera que, al constituir una actuación tendente al cumplimiento de la sentencia definitiva, no puede estimarse que vulnera derechos sustantivo de la parte quejosa. Además, otro aspecto que debe destacarse sobre el acuerdo reclamado es que éste se encuentra vinculado con la cosa juzgada, es decir, dicha actuación implica que la demandada cumpla con el pago de la cantidad a que fue condenada en el juicio ejecutivo mercantil ********************. Así, es factible sostener que el acuerdo reclamado, esto es, el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no es ajeno a la cosa juzgada, precisamente, porque lo que se controvierte involucra lo sentenciado en el juicio ejecutivo mercantil ********************. Por tal motivo, las inconformidades de la parte quejosa -vencida en el juicio de origen- solo podrán hacerse valer, como violaciones al procedimiento de ejecución, hasta que se dicte la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, u ordene el archivo definitivo del expediente. De no obrar en el sentido apuntado, se permitiría que de manera injustificada se retarde el cumplimiento de una sentencia definitiva, respecto del cual la parte vencida -aquí quejosa- ya tuvo oportunidad de defenderse y, en todo caso, las afectaciones que pueda resentir y que estén vinculadas con la cosa juzgada, las podrá reclamar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por tanto, es dable afirmar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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