María del Carmen Montiel Hernández

Expediente 1027/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1027/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Montiel Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada, en atención a lo ordenado en el inciso a), del artículo citado, procede su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que como se precisó, la parte quejosa dentro del presente juicio, no exhibió documentos de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los escritos de cuenta signados por los terceros interesados Ernesto Montiel Hernández y Erica Temoltzin Montiel, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en sus escritos de cuenta y por autorizados para ese efecto a las personas que precisan. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado, en el sentido de ser cierto el acto reclamado. Asimismo, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte la documental pública que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia certificada de la resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, dentro del expediente número 23/2019, en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del contenido de las constancias aquí recibidas, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. En fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Tlaxcala, María del Carmen Montiel Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: La omisión de dictar resolución dentro del recurso de revocación del expediente 23/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora bien, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorio de sus derechos fundamentales, la omisión de dictar resolución dentro del recurso de revocación interpuesto en el expediente 23/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya al quejoso en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que adjuntó la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, consistente en copia certificada de la resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, dentro del expediente número 23/2019; así como la notificación a la parte quejosa de dicha resolución en fecha veintitrés de septiembre del año en cita; ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por el cual manifiesta que para dar cumplimiento a la resolución del incidente innominado para cuantificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo de cinco de julio de dos mil veintidós, es necesario que se requiera al quejoso J. P. Z., proporcione la constancia de situación fiscal y credencial para votar con fotografía (INE); ello, derivado del cambio en la facturación electrónica a la versión 4.0 y de acuerdo al anexo 20 de la guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet, ya que son documentales que solicita la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, los cuales en diversas ocasiones le han sido solicitadas al abogado del quejoso, quien ha hecho caso omiso al respecto. En atención a lo anterior, requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días, exhiba dichas documentales ante este juzgado, para estar en posibilidades de remitirlas a la autoridad responsable o bien manifieste la imposibilidad que tiene para ello; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo antes requerido, se les sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los ordinales 237 fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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