Maria del Carmen Puente Martinez

Expediente 677/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
677/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Puente Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Formación de expediente. Vista la demanda promovida por *******, en representación de ******, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 677/2023-IV. Análisis de demanda. Examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La orden de traslado del Centro Penitenciario Estatal de la Pila en esta ciudad al Centro Penitenciario de Xolol, en Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí, en perjuicio de José de Jesús Ramírez Puente. Desechamiento. Ahora, en concepto de esta juzgadora, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, 6º de la misma ley y el artículo 107 de la Constitución General de la República, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]" "ARTÍCULO 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita [.]" "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]. Los preceptos transcritos en el párrafo precedente, disponen que la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales es necesario que el acto reclamado produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo); señalando además, en el párrafo cuarto, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el demandante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico). Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo del medio de control, que bajo el marco constitucional y legal actual, consiste en la protección de los derechos humanos y garantías reconocidos por la Constitución y su consiguiente restitución. En esta medida, la legitimación debe atender a los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente los de instancia de parte y agravio personal y directo. La importancia del principio de agravio personal y directo radica desde su propia concepción, al entenderse como el daño o perjuicio, una ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela. Por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia entonces la acción intentada se torna improcedente. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o norma reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, sólo aquel particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, tiene la facultad de instar el juicio de amparo. Caso concreto. Debe partirse el hecho de que la quejosa promueve la demanda de amparo en su calidad de madre de José de Jesús Ramírez Puente, y que su reclamo deriva del traslado de un centro de reinserción a otro, en razón de que se ha visto mermada la readaptación social de aquél, al evitar la visita familiar. Con lo anterior se pone en evidencia, que la demandante del amparo no es parte en el procedimiento de origen, lo que necesariamente conlleva a sostener que carece de legitimación para reclamar cualquier determinación dictada con relación al internamiento del directo agraviado, pues, se reitera, la ley de la materia únicamente reconoce interés jurídico, al quejoso que aduzca ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que en el caso no sucede, en la medida en que la impetrante aduce promover el presente juicio a nombre de su hijo, con motivo de la orden de traslado en contra de José de Jesús Ramírez Puente, sin que haga referencia a la causa por la cual éste no pueda promover directamente su demanda, y por ende carece de legitimación para defender los supuestos derechos que aduce tener. Es aplicable, por su esencia, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206 del libro 5, abril de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Sin que sea óbice que la impetrante refiera que el traslado se traduce en un destierro, pues al efecto, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. De ahí que, en el caso no se estime que se esté en algún supuesto de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que faculte a la promovente a instar el juicio a nombre del directo agraviado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a. XXI/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1760, Tomo II, Libro 1, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2021, Undécima Época, registro digital: 2023063, que señala: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento.". Decisión. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a David Martínez González y Jonathan Yair Martínez Mares, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la diversa persona que señala, toda vez que no se encuentra registrada en el aludido sistema. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Recepción escrito Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Roberto Padrón Segura, autorizado de la parte tercero interesada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Señala nuevo domicilio En atención a su contenido, como solicita, se tiene como nuevo domicilio de su parte, para oír y recibir notificaciones, el que señala. Notifíquese.

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