Maria del Carmen Ortiz Segura

Expediente 911/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
911/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Ortiz Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 15/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se declaró infundada la queja interpuesta contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 15/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa y dos copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la Superioridad que es cierto que este Juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, hágase de su conocimiento que en vía de informe justificado, se pone a disposición del citado órgano jurisdiccional, la consulta del presente juicio de amparo 911/2020-I, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la analista jurídica de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por María del Carmen Ortiz Segura, con cuatro copias y un anexo que se acompañan, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 911/2020-I. Así, vista la demanda de mérito, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia: 1. Que ante el Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, presentó demanda ordinaria civil y en ejecución de la acción reivindicatoria, en contra de José Mario Meza y María del Carmen Espinoza Mojardin, quien la registró bajo el consecutivo 1247/2018, en su estadística. 2. Posteriormente, por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se citó para dictar sentencia tanto en el incidente de tachas, así como del juicio principal, dictando sentencia el quince de octubre de dos mil veinte; posteriormente los demandados en el juicio de origen presentaron recurso de apelación en fecha treinta de octubre de dos mil veinte, al cual recae el acuerdo de cinco de noviembre del dos mil veinte. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, el acuerdo de cinco de noviembre del dos mil veinte, dictado dentro del juicio ordinario civil 1247/2018, por el que se tiene a la parte demandada por interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, el cual se admitió en ambos efectos, dentro de los autos del juicio citado. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de cinco de noviembre del dos mil veinte, dictado dentro del juicio ordinario civil 1247/2018, por el que se tiene a la parte demandada por interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, el cual se admitió en ambos efectos, dentro de los autos del juicio citado. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, a favor de la quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele del acuerdo por el que se tiene a la parte demandada en el juicio de origen por interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada, dentro de los autos del juicio ordinario civil citado, donde es parte actora la ahora quejosa, lo cual no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí parte quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la parte promovente del amparo. Así, el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Román Domingo Muñoz, quien cuenta con su cédula profesional número 11629003, registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Asimismo, se toma nota de los números telefónicos proporcionados por la parte quejosa, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la promovente del amparo.

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