Maria del Carmen Otamendi
Expediente 886/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sandra Hernandez Rivera
- Maria del Carmen Otamendi
- LINUS ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ y Otros.
- Linus Alberto Sanchez Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por la Actuaria de este Juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte tercera interesada la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, pues al constituirse en el domicilio que obra en autos los días veinticuatro, veinticinco y veintiocho de noviembre pasado, nadie acudió a su llamado y le informaron que ese domicilio se encuentra deshabitado. En consecuencia dado lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte tercera interesada Sandra Hernández Rivera el presente auto y la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis por medio de lista de acuerdos, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, dado que no obra en autos diverso domicilio señalado por dicha tercera. AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente por la parte quejosa, con el escrito acordado mediante auto de dieciocho de este propio mes de noviembre; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo En el caso, por sentencia de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 46 a 54) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos LINUS ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ y MARÍA DEL CARMEN OTAMENDI, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Mesa de Trámite Dos, residente en Puebla, con sede en esta ciudad: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, únicamente la parte relativa a la negativa de expedición de copias y; 2. Con plenitud de jurisdicción dictara nuevos acuerdos en los cuales subsanaría las deficiencias formales advertidas (fundamentación y motivación), el cual podría ser en el mismo sentido o bien de manera inversa. Por auto de veintiuno de octubre pasado, se declaró firme la sentencia de que se trata y se requirió su cumplimiento a la responsable (fojas 119 a 121). En vista de lo anterior, mediante oficio 688/2016, de veintisiete de octubre de esta anualidad, el Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Mesa de Investigación Antiguo Sistema, remitió copia certificada de los acuerdos dictados el veinticinco de octubre del actual, en la averiguación previa AP-1038/2016/SUR/AESEX de su índice y de las notificaciones hechas de esos acuerdos al defensor particular de los aquí quejosos (fojas 132 a 151); constancias con la cuales, se dio vista a las partes el tres de este propio mes de noviembre (foja 152), desahogando dicha vista en auto de dieciocho del mes y año que trascurren (foja 166). Ahora, del examen de las documentales referidas, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte lo siguiente: - Mediante acuerdo de veinticinco de octubre del actual, dictado en la averiguación previa AP-1038/2016/SUR/AESEX, la representación social responsable, en su resolutivo primero (foja 137), dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo y notificación de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, únicamente en la parte que niega la expedición de copias de la referida indagatoria a los aquí quejosos y en su resolutivo segundo, ordenó dictar nuevo acuerdo respecto de dicha solicitud. - En diverso proveído de la misma fecha (fojas 142 a 144), la autoridad responsable, acordó con fundamento en los artículos 8, párrafo segundo de la Constitución Federal y 138 de la Constitución Local, no acordar de conformidad la solicitud de copias de todo lo actuado dentro de la averiguación previa 1038/2016/SUR/AESEX. - Lo anterior, en virtud de que manifiesta, que en dicha indagatoria se encuentran involucrados otros probables responsables, y que el delito que ahí se investiga -tentativa de feminicidio- es considerado como grave de acuerdo con el artículo 69, letra K Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y que al participar más de una persona de conformidad con los artículos 21, fracción I y 22 del Código Penal del Estado de Puebla, en relación con el artículo 51, fracción IV del Código Procesal antes citado, es responsabilidad de la representación social mantener el sigilo en dicha averiguación previa. - Asimismo, en dicho auto, acordó, con fundamento en el artículo 70, fracción III, inciso d) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, dejar a su disposición en el interior de dicha Agencia, todas y cada una de las diligencias realizadas dentro de la indagatoria, para que pueda imponerse de su contenido, en un horario de oficina de lunes a viernes de ocho de la mañana a dieciséis horas, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión. Como resultado de lo anterior y una vez confrontados los efectos precisados en la ejecutoria de amparo con las determinaciones objeto de análisis en la presente resolución, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Mesa de Trámite Dos, residente en Puebla, cumplió con la ejecutoria de amparo, por existir un parámetro de razonabilidad entre lo tratado en la sentencia que se analiza, los argumentos contenidos en el fallo concesorio y la violación que fue examinada y decretada en el mismo; sin que se advierta que haya incurrido en exceso o defecto alguno, atenta a la violación que fue determinada en la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, sin excesos ni defectos. Cobra aplicación al caso la tesis aislada CX/2015 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, tomo II, página 1115, de rubro y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Sin que resulte un obstáculo al sentido en que se resuelve, el que la parte quejosa LINUS ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ y MARÍA DEL CARMEN OTAMENDI, al contestar la vista que se le dio con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (foja 166), adujera que la autoridad responsable volvió a expresar la misma resolución, con los mismos argumentos; manifestaciones que no inciden en el sentido de esta resolución, al ser infundadas. Lo anterior es así, ya que sí se ha dado cabal cumplimiento a los lineamientos para los cuales fue concedido el amparo por vicios formales (falta de fundamentación y motivación), por las consideraciones antes precisadas. Aunado a que, las cuestiones de fondo del acto reclamado, respecto a la negativa al acceso a las copias certificadas, no corresponde analizarlo a este órgano de control constitucional, atendiendo a los efectos del fallo protector -vicios formales-, ya que el pronunciamiento respecto del cumplimiento, debe limitarse al análisis de la fundamentación y motivación, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, por lo que se deberá estar a lo acordado anteriormente. Precisando que la relación que se hace de lo resuelto por la responsable, no prejuzga respecto de la legalidad o no de lo que decidió, sino sólo sirve para establecer que se cumplió con la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo el criterio siguiente, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe, que no contraviene la Ley de Amparo vigente: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad (Época: Novena Época. Registro: 172207. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. Materia: Común. Tesis: 1a./J. 89/2007. Página: 66). Finalmente, en cuanto a la manifestación de la parte quejosa, en la que considera que existe repetición del acto reclamado, en virtud de que el auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis emitido por la responsable, reitera la primigenia determinación reclamada, en el sentido de negarle las copias certificadas que solicitó. Hágasele saber que resulta improcedente, pues del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para que proceda la denuncia de repetición del acto reclamado se requiere la existencia del auto en el que se declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo, sea distinto de aquél que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva; supuesto este último que no se actualiza. Norma el anterior criterio, la tesis: 2a. XV/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA. Del análisis de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 a 200 de la Ley de Amparo, se colige que el incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado constituyen dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. En tal sentido, el acto emitido por la autoridad responsable en pretendido cumplimiento a la sentencia de amparo no puede configurar la repetición del acto reclamado aunque, formalmente, sea idéntico a éste, pues la circunstancia de que adolezca de los mismos vicios, revela una actitud contumaz para acatar el fallo protector y, por ende, lo procedente será declarar su incumplimiento, excepto cuando se advierta una causa que justifique tal proceder. Lo anterior se corrobora al tener en cuenta que la configuración de la repetición del acto reclamado requiere, como condición esencial, un actuar deliberado de la autoridad responsable, lo que se explica, precisamente, porque su objeto es garantizar que la sentencia de amparo no se torne ineficaz, evitando que después de que se ha declarado cumplida, se emita un nuevo acto que reitere las mismas violaciones que dieron lugar a conceder la protección constitucional. Por tanto, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva (Época: Décima Época. Registro: 2005558. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II. Materia: Común. Tesis: 2a. XV/2014 10a. Página: 1519)".
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente por la parte quejosa, con el escrito acordado mediante auto de dieciocho de este propio mes de noviembre; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo En el caso, por sentencia de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 46 a 54) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos LINUS ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ y MARÍA DEL CARMEN OTAMENDI, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Mesa de Trámite Dos, residente en Puebla, con sede en esta ciudad: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, únicamente la parte relativa a la negativa de expedición de copias y; 2. Con plenitud de jurisdicción dictara nuevos acuerdos en los cuales subsanaría las deficiencias formales advertidas (fundamentación y motivación), el cual podría ser en el mismo sentido o bien de manera inversa. Por auto de veintiuno de octubre pasado, se declaró firme la sentencia de que se trata y se requirió su cumplimiento a la responsable (fojas 119 a 121). En vista de lo anterior, mediante oficio 688/2016, de veintisiete de octubre de esta anualidad, el Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Mesa de Investigación Antiguo Sistema, remitió copia certificada de los acuerdos dictados el veinticinco de octubre del actual, en la averiguación previa AP-1038/2016/SUR/AESEX de su índice y de las notificaciones hechas de esos acuerdos al defensor particular de los aquí quejosos (fojas 132 a 151); constancias con la cuales, se dio vista a las partes el tres de este propio mes de noviembre (foja 152), desahogando dicha vista en auto de dieciocho del mes y año que trascurren (foja 166). Ahora, del examen de las documentales referidas, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte lo siguiente: - Mediante acuerdo de veinticinco de octubre del actual, dictado en la averiguación previa AP-1038/2016/SUR/AESEX, la representación social responsable, en su resolutivo primero (foja 137), dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo y notificación de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, únicamente en la parte que niega la expedición de copias de la referida indagatoria a los aquí quejosos y en su resolutivo segundo, ordenó dictar nuevo acuerdo respecto de dicha solicitud. - En diverso proveído de la misma fecha (fojas 142 a 144), la autoridad responsable, acordó con fundamento en los artículos 8, párrafo segundo de la Constitución Federal y 138 de la Constitución Local, no acordar de conformidad la solicitud de copias de todo lo actuado dentro de la averiguación previa 1038/2016/SUR/AESEX. - Lo anterior, en virtud de que manifiesta, que en dicha indagatoria se encuentran involucrados otros probables responsables, y que el delito que ahí se investiga -tentativa de feminicidio- es considerado como grave de acuerdo con el artículo 69, letra K Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y que al participar más de una persona de conformidad con los artículos 21, fracción I y 22 del Código Penal del Estado de Puebla, en relación con el artículo 51, fracción IV del Código Procesal antes citado, es responsabilidad de la representación social mantener el sigilo en dicha averiguación previa. - Asimismo, en dicho auto, acordó, con fundamento en el artículo 70, fracción III, inciso d) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, dejar a su disposición en el interior de dicha Agencia, todas y cada una de las diligencias realizadas dentro de la indagatoria, para que pueda imponerse de su contenido, en un horario de oficina de lunes a viernes de ocho de la mañana a dieciséis horas, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión. Como resultado de lo anterior y una vez confrontados los efectos precisados en la ejecutoria de amparo con las determinaciones objeto de análisis en la presente resolución, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Mesa de Trámite Dos, residente en Puebla, cumplió con la ejecutoria de amparo, por existir un parámetro de razonabilidad entre lo tratado en la sentencia que se analiza, los argumentos contenidos en el fallo concesorio y la violación que fue examinada y decretada en el mismo; sin que se advierta que haya incurrido en exceso o defecto alguno, atenta a la violación que fue determinada en la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, sin excesos ni defectos. Cobra aplicación al caso la tesis aislada CX/2015 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, tomo II, página 1115, de rubro y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Sin que resulte un obstáculo al sentido en que se resuelve, el que la parte quejosa LINUS ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ y MARÍA DEL CARMEN OTAMENDI, al contestar la vista que se le dio con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (foja 166), adujera que la autoridad responsable volvió a expresar la misma resolución, con los mismos argumentos; manifestaciones que no inciden en el sentido de esta resolución, al ser infundadas. Lo anterior es así, ya que sí se ha dado cabal cumplimiento a los lineamientos para los cuales fue concedido el amparo por vicios formales (falta de fundamentación y motivación), por las consideraciones antes precisadas. Aunado a que, las cuestiones de fondo del acto reclamado, respecto a la negativa al acceso a las copias certificadas, no corresponde analizarlo a este órgano de control constitucional, atendiendo a los efectos del fallo protector -vicios formales-, ya que el pronunciamiento respecto del cumplimiento, debe limitarse al análisis de la fundamentación y motivación, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, por lo que se deberá estar a lo acordado anteriormente. Precisando que la relación que se hace de lo resuelto por la responsable, no prejuzga respecto de la legalidad o no de lo que decidió, sino sólo sirve para establecer que se cumplió con la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo el criterio siguiente, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe, que no contraviene la Ley de Amparo vigente: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad (Época: Novena Época. Registro: 172207. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. Materia: Común. Tesis: 1a./J. 89/2007. Página: 66). Finalmente, en cuanto a la manifestación de la parte quejosa, en la que considera que existe repetición del acto reclamado, en virtud de que el auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis emitido por la responsable, reitera la primigenia determinación reclamada, en el sentido de negarle las copias certificadas que solicitó. Hágasele saber que resulta improcedente, pues del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para que proceda la denuncia de repetición del acto reclamado se requiere la existencia del auto en el que se declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo, sea distinto de aquél que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva; supuesto este último que no se actualiza. Norma el anterior criterio, la tesis: 2a. XV/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA. Del análisis de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 a 200 de la Ley de Amparo, se colige que el incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado constituyen dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. En tal sentido, el acto emitido por la autoridad responsable en pretendido cumplimiento a la sentencia de amparo no puede configurar la repetición del acto reclamado aunque, formalmente, sea idéntico a éste, pues la circunstancia de que adolezca de los mismos vicios, revela una actitud contumaz para acatar el fallo protector y, por ende, lo procedente será declarar su incumplimiento, excepto cuando se advierta una causa que justifique tal proceder. Lo anterior se corrobora al tener en cuenta que la configuración de la repetición del acto reclamado requiere, como condición esencial, un actuar deliberado de la autoridad responsable, lo que se explica, precisamente, porque su objeto es garantizar que la sentencia de amparo no se torne ineficaz, evitando que después de que se ha declarado cumplida, se emita un nuevo acto que reitere las mismas violaciones que dieron lugar a conceder la protección constitucional. Por tanto, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva (Época: Décima Época. Registro: 2005558. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II. Materia: Común. Tesis: 2a. XV/2014 10a. Página: 1519)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente por la parte quejosa, con el escrito acordado mediante auto de dieciocho de este propio mes de noviembre; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo En el caso, por sentencia de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 46 a 54) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos LINUS ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ y MARÍA DEL CARMEN OTAMENDI, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Mesa de Trámite Dos, residente en Puebla, con sede en esta ciudad: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, únicamente la parte relativa a la negativa de expedición de copias y; 2. Con plenitud de jurisdicción dictara nuevos acuerdos en los cuales subsanaría las deficiencias formales advertidas (fundamentación y motivación), el cual podría ser en el mismo sentido o bien de manera inversa. Por auto de veintiuno de octubre pasado, se declaró firme la sentencia de que se trata y se requirió su cumplimiento a la responsable (fojas 119 a 121). En vista de lo anterior, mediante oficio 688/2016, de veintisiete de octubre de esta anualidad, el Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Mesa de Investigación Antiguo Sistema, remitió copia certificada de los acuerdos dictados el veinticinco de octubre del actual, en la averiguación previa AP-1038/2016/SUR/AESEX de su índice y de las notificaciones hechas de esos acuerdos al defensor particular de los aquí quejosos (fojas 132 a 151); constancias con la cuales, se dio vista a las partes el tres de este propio mes de noviembre (foja 152), desahogando dicha vista en auto de dieciocho del mes y año que trascurren (foja 166). Ahora, del examen de las documentales referidas, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte lo siguiente: - Mediante acuerdo de veinticinco de octubre del actual, dictado en la averiguación previa AP-1038/2016/SUR/AESEX, la representación social responsable, en su resolutivo primero (foja 137), dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo y notificación de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, únicamente en la parte que niega la expedición de copias de la referida indagatoria a los aquí quejosos y en su resolutivo segundo, ordenó dictar nuevo acuerdo respecto de dicha solicitud. - En diverso proveído de la misma fecha (fojas 142 a 144), la autoridad responsable, acordó con fundamento en los artículos 8, párrafo segundo de la Constitución Federal y 138 de la Constitución Local, no acordar de conformidad la solicitud de copias de todo lo actuado dentro de la averiguación previa 1038/2016/SUR/AESEX. - Lo anterior, en virtud de que manifiesta, que en dicha indagatoria se encuentran involucrados otros probables responsables, y que el delito que ahí se investiga -tentativa de feminicidio- es considerado como grave de acuerdo con el artículo 69, letra K Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y que al participar más de una persona de conformidad con los artículos 21, fracción I y 22 del Código Penal del Estado de Puebla, en relación con el artículo 51, fracción IV del Código Procesal antes citado, es responsabilidad de la representación social mantener el sigilo en dicha averiguación previa. - Asimismo, en dicho auto, acordó, con fundamento en el artículo 70, fracción III, inciso d) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, dejar a su disposición en el interior de dicha Agencia, todas y cada una de las diligencias realizadas dentro de la indagatoria, para que pueda imponerse de su contenido, en un horario de oficina de lunes a viernes de ocho de la mañana a dieciséis horas, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión. Como resultado de lo anterior y una vez confrontados los efectos precisados en la ejecutoria de amparo con las determinaciones objeto de análisis en la presente resolución, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Mesa de Trámite Dos, residente en Puebla, cumplió con la ejecutoria de amparo, por existir un parámetro de razonabilidad entre lo tratado en la sentencia que se analiza, los argumentos contenidos en el fallo concesorio y la violación que fue examinada y decretada en el mismo; sin que se advierta que haya incurrido en exceso o defecto alguno, atenta a la violación que fue determinada en la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, sin excesos ni defectos. Cobra aplicación al caso la tesis aislada CX/2015 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, tomo II, página 1115, de rubro y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Sin que resulte un obstáculo al sentido en que se resuelve, el que la parte quejosa LINUS ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ y MARÍA DEL CARMEN OTAMENDI, al contestar la vista que se le dio con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (foja 166), adujera que la autoridad responsable volvió a expresar la misma resolución, con los mismos argumentos; manifestaciones que no inciden en el sentido de esta resolución, al ser infundadas. Lo anterior es así, ya que sí se ha dado cabal cumplimiento a los lineamientos para los cuales fue concedido el amparo por vicios formales (falta de fundamentación y motivación), por las consideraciones antes precisadas. Aunado a que, las cuestiones de fondo del acto reclamado, respecto a la negativa al acceso a las copias certificadas, no corresponde analizarlo a este órgano de control constitucional, atendiendo a los efectos del fallo protector -vicios formales-, ya que el pronunciamiento respecto del cumplimiento, debe limitarse al análisis de la fundamentación y motivación, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, por lo que se deberá estar a lo acordado anteriormente. Precisando que la relación que se hace de lo resuelto por la responsable, no prejuzga respecto de la legalidad o no de lo que decidió, sino sólo sirve para establecer que se cumplió con la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo el criterio siguiente, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe, que no contraviene la Ley de Amparo vigente: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad (Época: Novena Época. Registro: 172207. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. Materia: Común. Tesis: 1a./J. 89/2007. Página: 66). Finalmente, en cuanto a la manifestación de la parte quejosa, en la que considera que existe repetición del acto reclamado, en virtud de que el auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis emitido por la responsable, reitera la primigenia determinación reclamada, en el sentido de negarle las copias certificadas que solicitó. Hágasele saber que resulta improcedente, pues del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para que proceda la denuncia de repetición del acto reclamado se requiere la existencia del auto en el que se declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo, sea distinto de aquél que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva; supuesto este último que no se actualiza. Norma el anterior criterio, la tesis: 2a. XV/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA. Del análisis de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 a 200 de la Ley de Amparo, se colige que el incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado constituyen dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. En tal sentido, el acto emitido por la autoridad responsable en pretendido cumplimiento a la sentencia de amparo no puede configurar la repetición del acto reclamado aunque, formalmente, sea idéntico a éste, pues la circunstancia de que adolezca de los mismos vicios, revela una actitud contumaz para acatar el fallo protector y, por ende, lo procedente será declarar su incumplimiento, excepto cuando se advierta una causa que justifique tal proceder. Lo anterior se corrobora al tener en cuenta que la configuración de la repetición del acto reclamado requiere, como condición esencial, un actuar deliberado de la autoridad responsable, lo que se explica, precisamente, porque su objeto es garantizar que la sentencia de amparo no se torne ineficaz, evitando que después de que se ha declarado cumplida, se emita un nuevo acto que reitere las mismas violaciones que dieron lugar a conceder la protección constitucional. Por tanto, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva (Época: Décima Época. Registro: 2005558. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II. Materia: Común. Tesis: 2a. XV/2014 10a. Página: 1519)".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Mesa de Investigación Antiguo Sistema y anexo; visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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