Maria del Carmen Cristina Merino Muñoz

Expediente 1676/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1676/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Cristina Merino Muñoz
  • Maria del Refugio Isabel Castaños Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, misma que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto del acto que MARÍA DEL CARMEN CRISTINA MERINO MUÑOZ, reclamó del Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, precisado en el considerando tercero de esta resolución, y por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del considerando segundo, apartado IV.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, como lo dispone el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el momento procesal oportuno.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con quince minutos del siete de diciembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1676/2016-III-B (foja 8), María Eugenia Gómez Villanueva, jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Rafael Torres Campos, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentados por María del Carmen Cristina Merino Muñoz (fojas 1 a 5), auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 7 a 9) y da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. A lo anterior, la Jueza acuerda: agréguese a los autos el informe de cuenta, con conocimiento de las partes, para que surta los efectos legales procedentes y, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo de la mencionada autoridad responsable. Ahora bien, no obstante que en esta fecha se puso a la vista el informe aludido, no ha lugar a reservar la celebración de la presente audiencia, ya que el artículo 138, fracción II exige que la audiencia se realice dentro del plazo de cinco días, con informe o sin él. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 119/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, la parte quejosa están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En ese sentido, téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el Secretario da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa, en copia certificada, misma que fue extraída de su original que obra en el juicio principal del que deriva la presente incidencia y hace constar que ninguna de las demás partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase desahogada la probanza relatada dada a su propia y especial naturaleza y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita exhibió pedimento alguno. A lo anterior, la jueza acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1676/2016-III-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María del Carmen Cristina Merino Muñoz; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por María del Carmen Cristina Merino Muñoz, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: - La omisión por parte del Juez señalado como responsable de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del proceso penal 400/2012 en el cual solicita le sean fijados los montos a efecto de que pueda gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del proceso penal 400/2012 en el cual solicita le sean fijados los montos a efecto de que pueda gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, pues manifiesta que dicha petición le fue acordada favorable el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis - antes de la presentación de la demanda (treinta de noviembre de dos mil dieciséis) -, y notificada el uno de diciembre siguiente - posterior a la presentación de la demanda -; sin embargo, el acto que en esta instancia se hace valer, existía al momento de la presentación de la demanda de garantías, por lo que se desvirtúa la negativa que alude la autoridad responsable. Por lo que, se procede a resolver sobre la medida cautelar respecto de las consecuencias de los citados actos reclamados, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Se niega la suspensión definitiva solicitada, por los motivos que enseguida se explican: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de derechos fundamentales se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Entonces, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que la solicite el quejoso y 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3o.C.25 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María del Carmen Cristina Merino Muñoz, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria.

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