María del Carmen Orozco Ortíz
Expediente 1099/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María del Carmen Orozco Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gerardo Estrada Dias, Delegado del Congreso del Estado de Morelos y de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el cual informa que el treinta de noviembre del año en curso, será puesto a consideración de los Diputados que integran la Comisión Legislativa el Dictamen con Proyecto de Decreto de la quejosa María del Carmen Orozco Ortiz. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Morelos y a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para que en el término de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, den cumplimiento a lo siguiente: Informen y acrediten si se llevó a cabo la sesión Ordinaria señalada para el treinta de noviembre del año en curso. Y de ser así: ":..de manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la parte quejosa el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y se lo notifiquen, ello en el sentido de que resuelvan sobre la solicitud de pensión de la aquí solicitante del amparo.": Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaría da cuenta con la certificación que antecede y el estado de los autos.- Conste. Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del momento al en que queden notificadas del presente auto, cumplan con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así en el término que se les concede, el siguiente requerimiento se les hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 60/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1099/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSCongreso del Estado de Morelos. Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos.Violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional; ante la omisión de otorgarme la pensión por jubilación, solicitado mediante escrito de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. SEGUNDO. El ocho de agosto de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1099/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de pronunciarse respecto del escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se solicitó pensión por jubilación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables, Congreso del Estado de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, pues, con independencia de que negaron el acto reclamado, se tiene que del marco legal aplicable se puede advertir la viabilidad de que ambas cuentan con facultades que hacen que exista la obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica. Ello, dado que conforme al artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, las autoridades en el ámbito de su competencia, son las encargadas de turnar, conocer, estudiar y dictaminar las solicitudes de pensión, así como de su aprobación y emisión del decreto de pensión correspondiente, lo anterior se reitera en el ámbito de sus atribuciones; aunado al hecho que de autos se desprende la responsable Congreso del Estado de Morelos recibió el escrito de pensión, estampando el sello de recibido por esa legislatura, resultando aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO" así como el diverso criterio 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2022760, de rubro "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD." Además, su certeza se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto omisivo el que se les imputa, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama -realizar acciones para contestar el referido escrito-, ello pues en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente que la persona quejosa demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la respectiva autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que las autoridades fueron omisas en dar trámite a la solicitud de la parte quejosa, es necesario que se encuentre acreditado que dichas autoridades tuvieron conocimiento de la misma, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXII, Tercera Parte, página 39, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD." Por tanto, en este caso se encuentra acreditada tal circunstancia, en virtud de que el Congreso del Estado de Morelos, a pesar de negar el acto, recibió el escrito de petición -exhibido por la quejosa en su demanda- con data de recibido de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual la parte quejosa solicitó una pensión por jubilación, sin que se aprecie contestación al mismo. Tal constancia cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º de esta última, al tratarse de un documento público, en virtud de que fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, la cual se encuentra adminiculada con las manifestaciones que realizaron las autoridades responsables, en las que no desconocieron recibir dicha petición, por el contrario, aceptaron conocer de la misma, con lo cual se tiene que la parte quejosa sí demostró haber presentado una solicitud por escrito de forma pacífica y respetuosa. En consecuencia, el material probatorio con que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se les atribuye a las responsables, por lo que se continúa con el estudio del asunto. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que no se surten los supuestos de improcedencia, que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La parte quejosa aduce en su concepto de violación que la omisión reclamada infringe el derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, debido a que presentó, ante las autoridades responsables un escrito el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que solicitó pensión por jubilación, sin que le hayan dado respuesta al mismo. Lo anterior es fundado, porque efectivamente las autoridades responsables no han dado una respuesta de forma congruente y completa a la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que le resuelvan sobre la procedencia o no de la pensión solicitada, ni mucho menos le han notificado tal determinación. En efecto, el derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ésta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve termino. En el caso, la parte quejosa presentó ante al Congreso del Estado de Morelos un escrito el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó se le conceda una pensión por jubilación. Petición a la cual no ha recaído contestación o acuerdo escrito, por parte de la autoridad a la que fue dirigida, que de forma congruente y completa dé una respuesta a la petición de la parte quejosa, no obstante que se realizó por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Además, en el caso ha transcurrido el breve término que dispone el artículo 8º constitucional, pues desde la presentación del escrito de mérito a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, transcurrieron más de dos meses, y considerando que hasta la fecha en que se emite la presente determinación no se tiene evidencia de que se haya resuelto respecto a la solicitud de la parte solicitante del amparo, se tiene que el lapso otorgado transcurrió en exceso para que se determinara lo procedente, considerando que si bien en el caso no existe determinación expresa respecto al lapso para resolver lo conducente, se tiene que conforme al artículo 38, fracción LXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 20 de las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, para trámites similares para la concesión de pensión de trabajadores municipales, el propio legislador estableció el término de treinta días hábiles, el cual resulta analógico para resolver el trámite que aquí se analiza, al tratarse de uno de la misma naturaleza, resultando aplicable por ello el criterio I.4o.A.507 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 176320, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo." Con referencia a lo anterior el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus últimos párrafos cuenta con notas donde se especifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversia constitucionales que ahí se citan, que el término para dar respuesta a una petición es de treinta días hábiles. "Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes: A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda; III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva. (.) (NOTA 1: EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2010, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO ASÍ COMO EN LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO Y CUARTO, SEGÚN CORRESPONDA, DE LAS SENTENCIAS DICTADAS AL RESOLVER LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 90/2008, 91/2008 Y 92/2008, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE ESTE PÁRRAFO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHAS SENTENCIAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). [En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez ver la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro y datos de identificación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Noviembre de 1996, Tesis: P./J. 72/96, Página: 249)] (NOTA 2: EL 3 DE MAYO DE 2012, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL CONSIDERANDO NOVENO ASÍ COMO EN EL RESOLUTIVO SEGUNDO, DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2010, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE ESTE PÁRRAFO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 3 DE MAYO DE 2012 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHAS SENTENCIAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). [En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez ver la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro y datos de identificación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Noviembre de 1996, Tesis: P./J. 72/96, Página: 249)] (NOTA 3: EL 20 DE MAYO DE 2014, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL CONSIDERANDO OCTAVO Y EL RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2013, DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE ARTÍCULO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 21 DE MAYO DE 2014 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). [En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez ver la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identificación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Noviembre de 1996, Tesis: P./J. 72/96, Página: 249) CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/99, Página: 281)] EL H. CONGRESO DEL ESTADO DEBERÁ EXPEDIR EL DECRETO CORRESPONDIENTE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE TENGA POR RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU TRAMITACIÓN, EN UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS DURANTE EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES. EN CASO DE QUE LA LEGISLATURA SE ENCUENTRE EN RECESO, DEBERÁ CONTABILIZARSE DICHO TÉRMINO A PARTIR DE QUE INICIE EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES INMEDIATO." Sin que se pase por alto que el Congreso del Estado de Morelos en su informe justificado mencionó que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social es la encargada de conocer, estudiar y dictaminar las solicitudes de pensiones, y que esta última haya indicado que la solicitud de la quejosa se encuentra en etapa de investigación e integración del expediente interno. No obstante, lo anterior no es causa suficiente para justificar la dilación en que han incurrido las responsables, ya que se trata de un asunto de su competencia acorde con los artículos 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,10 y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, aunado a que como ya se expuso, el término que las responsables han empleado para el trámite correspondiente resulta por demás excesivo; de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos señalados en el considerando siguiente. Sexto. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables Congreso del Estado de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la parte quejosa el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y se lo notifiquen, ello en el sentido de que resuelvan sobre la solicitud de pensión de la aquí solicitante del amparo. En el entendido que la concesión del amparo no vincula en forma alguna a las autoridades responsables para que la respuesta que produzca respecto de la solicitud presentada tenga que ser en un sentido determinado, sino sólo a emitir la respuesta que deba recaer al mismo en los términos previstos por la ley aplicable. La anterior consideración encuentra apoyo por analogía jurídica, en la tesis 2ª. CXL/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 434, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ha sido criterio reiterado de la anterior Segunda Sala de la suprema Corte, que la garantía contenida en el artículo 8º. Constitucional implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, debiendo el acuerdo respectivo ser congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por lo tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden al Juez de Distrito y a esta Suprema Corte a que, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser, materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Por lo antes expuesto y con fundado se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la boleta de turno mediante la cual se hace constar que el recurso de revisión interpuesto en el presente juicio 579/2021, fue remitido al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, para su substanciación; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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