María del Carmen Méndez Pastor
Expediente 1119/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María del Carmen Méndez Pastor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del auto por el cual se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que a la fecha no obra la constancia de notificación al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tal motivo, instrúyase al Actuario adscrito para que a la brevedad posible realice dicha formalidad y la vincule al expediente electrónico, ello para estar en condiciones de declarar firme la sentencia dictada. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista el acta levantada por la comparecencia de la quejosa María del Carmen Méndez Pastor, en la cual reconoce la firma y ratifica el contenido del escrito que presentó el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; al respecto, agréguese a los autos, para que obre como corresponda la comparecencia antes mencionada, de la que se desprende que la directa quejosa desiste a su más entero perjuicio de la presente instancia constitucional, por así convenir a sus intereses. Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, precisa como una de las bases para la tramitación del juicio de amparo el que se realice a instancia de parte agraviada, y en el presente caso la ahora quejosa ha manifestado y ratificado su falta de interés en continuar con la tramitación de este juicio de amparo, lo que conlleva a determinar la aceptación del acto reclamado y la voluntad de no continuar con la prosecución del presente juicio de garantías. Esa manifestación de la voluntad no solamente implica la falta de interés, no obstante que este Juzgador haya resuelto sobre la litis planteada (.La omisión y notoria dilación procesal para señalar fecha de audiencia que es evidente la conducta de la responsable de mantener paralizado y/o suspendido el procedimiento al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia del artículo 895 de la ley federal del trabajo.), sin alcanzar aún el grado de ejecutoria con el desistimiento de la parte quejosa respecto a los efectos y consecuencias que en su caso, hayan sido materia de ese pronunciamiento. Lo anterior dado que la materialización o ejecución de los efectos de la sentencia de amparo, se encuentran sub judices hasta en tanto cause ejecutoria la resolución, o se resuelva el recurso de revisión que contra la misma interponga alguna de las partes. Asentado lo anterior, de autos se desprende que en resolución de veinticinco e junio de dos mil veintiuno, se resolvió lo siguiente: ". ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Carmen Méndez Pastor, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma.". Lo anterior evidencia que en el presente juicio de garantías se ha realizado pronunciamiento sobre la litis planteada, por lo que dicha determinación aún no adquiere la calidad de cosa juzgada, y por consiguiente, es susceptible de ser modificada, ya sea por la interposición de algún medio de impugnación por alguna de las partes, o como en el caso, por la manifestación expresa de la parte quejosa de desistir de la instancia constitucional, sin que tal determinación implique se revoque el pronunciamiento hecho por sentencia definitiva, porque, como ha quedado referido, el propio peticionario de garantías no tiene interés en continuar con el presente juicio. Ahora bien, la manifestación expresa del quejoso de no continuar con la prosecución del procedimiento en el presente juicio, conlleva a este órgano de control constitucional a advertir que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que refiere: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio [.] En esas circunstancias lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página ciento cuarenta y siete del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." (el subrayado y resaltado no es de origen). Asimismo, es aplicable el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página quinientos cincuenta y cinco, del tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE PROVEER RESPECTO DE ÉL AL JUEZ DE DISTRITO CUANDO SE PLANTEA ESTANDO PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN Y ÉSTE SE DESECHA. El desechamiento del recurso de revisión implica, por una parte, la inexistencia de la apertura de la segunda instancia, ya que, en todo caso, la sola interposición del citado medio de defensa sólo originó el trámite de un expediente y, por otra, que quede firme la sentencia recurrida, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o., de la Ley de Amparo. En consecuencia, cuando se presenta ante el Juez de primera instancia el desistimiento de la demanda de amparo durante el trámite del recurso de revisión, y éste sea desechado por la falta de legitimación de la parte que lo interpuso, corresponderá a ese juzgador, quien dictó la sentencia impugnada, conocer de dicha manifestación en el ámbito de su competencia, en virtud de que el tribunal revisor carecerá de jurisdicción sobre el asunto al no haberse colmado uno de los presupuestos procesales de dicho recurso." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista el acta levantada por la comparecencia de la quejosa María del Carmen Méndez Pastor, en la cual reconoce la firma y ratifica el contenido del escrito que presentó el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; al respecto, agréguese a los autos, para que obre como corresponda la comparecencia antes mencionada, de la que se desprende que la directa quejosa desiste a su más entero perjuicio de la presente instancia constitucional, por así convenir a sus intereses. Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, precisa como una de las bases para la tramitación del juicio de amparo el que se realice a instancia de parte agraviada, y en el presente caso la ahora quejosa ha manifestado y ratificado su falta de interés en continuar con la tramitación de este juicio de amparo, lo que conlleva a determinar la aceptación del acto reclamado y la voluntad de no continuar con la prosecución del presente juicio de garantías. Esa manifestación de la voluntad no solamente implica la falta de interés, no obstante que este Juzgador haya resuelto sobre la litis planteada (.La omisión y notoria dilación procesal para señalar fecha de audiencia que es evidente la conducta de la responsable de mantener paralizado y/o suspendido el procedimiento al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia del artículo 895 de la ley federal del trabajo.), sin alcanzar aún el grado de ejecutoria con el desistimiento de la parte quejosa respecto a los efectos y consecuencias que en su caso, hayan sido materia de ese pronunciamiento. Lo anterior dado que la materialización o ejecución de los efectos de la sentencia de amparo, se encuentran sub judices hasta en tanto cause ejecutoria la resolución, o se resuelva el recurso de revisión que contra la misma interponga alguna de las partes. Asentado lo anterior, de autos se desprende que en resolución de veinticinco e junio de dos mil veintiuno, se resolvió lo siguiente: ". ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Carmen Méndez Pastor, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma.". Lo anterior evidencia que en el presente juicio de garantías se ha realizado pronunciamiento sobre la litis planteada, por lo que dicha determinación aún no adquiere la calidad de cosa juzgada, y por consiguiente, es susceptible de ser modificada, ya sea por la interposición de algún medio de impugnación por alguna de las partes, o como en el caso, por la manifestación expresa de la parte quejosa de desistir de la instancia constitucional, sin que tal determinación implique se revoque el pronunciamiento hecho por sentencia definitiva, porque, como ha quedado referido, el propio peticionario de garantías no tiene interés en continuar con el presente juicio. Ahora bien, la manifestación expresa del quejoso de no continuar con la prosecución del procedimiento en el presente juicio, conlleva a este órgano de control constitucional a advertir que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que refiere: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio [.] En esas circunstancias lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página ciento cuarenta y siete del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." (el subrayado y resaltado no es de origen). Asimismo, es aplicable el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página quinientos cincuenta y cinco, del tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE PROVEER RESPECTO DE ÉL AL JUEZ DE DISTRITO CUANDO SE PLANTEA ESTANDO PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN Y ÉSTE SE DESECHA. El desechamiento del recurso de revisión implica, por una parte, la inexistencia de la apertura de la segunda instancia, ya que, en todo caso, la sola interposición del citado medio de defensa sólo originó el trámite de un expediente y, por otra, que quede firme la sentencia recurrida, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o., de la Ley de Amparo. En consecuencia, cuando se presenta ante el Juez de primera instancia el desistimiento de la demanda de amparo durante el trámite del recurso de revisión, y éste sea desechado por la falta de legitimación de la parte que lo interpuso, corresponderá a ese juzgador, quien dictó la sentencia impugnada, conocer de dicha manifestación en el ámbito de su competencia, en virtud de que el tribunal revisor carecerá de jurisdicción sobre el asunto al no haberse colmado uno de los presupuestos procesales de dicho recurso." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
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