María del Carmen Moreno Villatoro y Otros.
Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Carmen Moreno Villatoro y Otros.
- Armando Ledesma Borja y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
PRAL.218/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio número 10227/2022, firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, con transcripción del proveído de trece de julio de este año, del que se advierte, en lo sustancial, que: - Acusa recibo de los autos del juicio de amparo 218/2022 y dos tomos anexos, que se le remitieron con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado; y, - El citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda del juicio de amparo promovida por 1) ***** por propio derecho, además, la primera de las nombradas en representación de la menor de iniciales 3) A.U.M.; asunto que quedó registrado con el número de juicio 482/2022, de su índice. Se atiende solicitud y se remite memora USB. En atención a la solicitud del Juzgado referido, remítansele, por la vía mas expedita, un sobre cerrado que contiene un dispositivo de almacenamiento USB, que la parte quejosa anexo a su escrito inicial de demanda; a fin de que esté en aptitud de acordar lo conducente, en atención a la competencia aceptada. 2. Archivo del cuaderno de antecedentes. Con motivo de lo anterior, y como en la caja de valores, en la secretaría y en este expediente no existen documentos originales relacionados con este asunto, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, se acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso j)1, del referido acuerdo, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
PRAL 218/2022 MESA 7 Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 218/2022; y R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito de demanda depositado el dieciocho de febrero de dos mil veintidos en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el veintiuno de febrero siguiente, 1) María del Carmen Moreno Villatoro y 2) Armando Ledesma Borja, por propio derecho, además, la primera de las nombradas en representación de la menor de iniciales 3) A.U.M., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuyeron a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, mismos que se precisarán en el considerando respectivo. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, 5, 11, 17, 18, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Segundo. Auto de admisión. En proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós se ordenó el registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 218/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que, previo los trámites respectivos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: Único. Incompetencia. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado de dirimir una controversia e imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones a actos jurídicos, por lo que, en razón de su importancia, en el orden jurídico mexicano se entiende como una sub garantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que las autoridades responsables pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar. En ese contexto, del análisis de las constancias que integran este asunto se advierte que, por una parte, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, y, por otra, la competencia para su conocimiento se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, con base en las consideraciones siguientes: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado es, esencialmente, la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, es decir, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. Por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es legal y constitucionalmente competente. Entonces, para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha y la de control constitucional. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, se refiere al ámbito geográfico en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Para ello, resulta necesario reproducir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: A. Si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. O bien, cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto por haberse presentado, ante él, la demanda de amparo. B. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados. En casos específicos, como cuando el juicio de amparo indirecto es promovido contra la omisión de dictar sentencia en el proceso penal, la competencia se surte en favor del juez que ejerce jurisdicción sobre la autoridad que deba dictarla (en párrafos posteriores se abunda fundadamente). En el caso, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer del asunto a que se contrae este juicio y, por tanto, se considera que le corresponde al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. Para ello, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la Ley de Amparo es aplicable al caso en concreto. El acto reclamado por los quejosos consiste en: La determinación de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar número 297/2021, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, específicamente el punto resolutivo primero, que es del tenor siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la resolución de Alzada, dejando sin efecto todo lo actuado en los autos de primera instancia a partir de la ratificación realizada por el demandado para que se surtan los requisitos de procedencia y se ordene el desahogo de la prueba pericial en genética molecular, la escucha de la menor y cualquier otra prueba que se estime necesaria". Misma que se atribuye en su carácter de autoridad responsable ordenadora a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca. El cumplimiento a la citada determinación. Que se atribuye a la juez Primero Familiar del distrito judicial de Juchitán, Oaxaca (autoridad ejecutora). Como puede verse, conforme a la naturaleza del acto destacado que se atribuye a la autoridad responsable ordenadora, se advierte que si bien se trata de un acto realizado por una autoridad con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado en materia mixta, lo cierto es que los actos de ejecución que derivan de la determinación reclamada tendrán ejecución en Juchitán, Oaxaca, lugar en el que se tramita el juicio de controversias del orden familiar (reconocimiento de paternidad) 235/2021, de la estadística del Juzgado Primero Familiar de Juchitán, Oaxaca, y sede de la autoridad responsable ejecutora, pues de los antecedentes contenidos en el escrito inicial y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se evidencia lo siguiente: Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Familiares del distrito judicial de Juchitán, Oaxaca, María del Carmen Moreno Villatoro, en su carácter de progenitora de la menor de iniciales A.U.M., demandó a Armando Ledesma Borja, el reconocimiento de paternidad de su representada, cambio de apellidos, así como los gastos y costas del juicio. Asunto del que correspondió conocer al Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de Juchitán, Oaxaca, radicándolo con el número 235/2021, de su índice. Mediante sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, la juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de Juchitán, Oaxaca, resolvió, en el resolutivo cuarto, lo siguiente: "SE DETERMINA JURISDICCIONALMENTE QUE EL DEMANDADO ARMANDO LEDESMA BORJA, ES PADRE BIOLÓGICO DE LA NIÑA A.U.M." Y, además, se ordenó inscribir en la Oficialía correspondiente el correcto registro de nacimiento de la niña involucrada, en donde apareciera como progenitor de la misma Armando Ledesma Borga. Después, en auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca familiar 297/2021, la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, solicitó a la juez de Primera Instancia los autos originales del expediente número 235/2021, a fin de realizar la revisión oficiosa de la sentencia dictada, en términos del artículo 696 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Oaxaca. En acuerdo de veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno se tuvo a la secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de Juchitán, Oaxaca, remitiendo dichos autos, por lo que la superioridad ordenó turnar el asunto para el dictado de la resolución respectiva. El veintiocho de enero de dos mil veintidós se dictó la determinación correspondiente en el toca familiar número 297/2021, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, misma en la que, específicamente el punto resolutivo primero, fue del tenor siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la resolución de Alzada, dejando sin efecto todo lo actuado en los autos de primera instancia a partir de la ratificación realizada por el demandado para que se surtan los requisitos de procedencia y se ordene el desahogo de la prueba pericial en genética molecular, la escucha de la menor y cualquier otra prueba que se estime necesaria". Contra tal determinación los quejosos promovieron este juicio de amparo. De todo lo anterior se puede advertir que, de conformidad con la naturaleza de la determinación reclamada, ésta tiene ejecución material, toda vez que la misma dejó sin efectos todo lo actuado en los autos del juicio de controversias del orden familiar (reconocimiento de paternidad) 235/2021, a partir de la ratificación realizada por el demandado para que surtan los requisitos de procedencia y ordena a la juez de Primera Instancia el desahogo de la prueba pericial en genética molecular, la escucha de la menor y cualquier otra prueba que se estime necesaria. Razón por la que la competencia debe atender al lugar en que deba tener ejecución la determinación reclamada, a saber, en Juchitán, Oaxaca; lugar en el que, conforme el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz; toda vez que los actos que, en su caso, realice la juez natural en cumplimiento a la determinación de la superioridad, se traduce en la ejecución de un mandato emanado de una autoridad jurisdiccional, siendo que dicha determinación no se limita a una mera declaración. De ahí que dicho fallo, que tiene como efecto la reposición del procedimiento del juicio de primera instancia, debe ser estudiado por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez natural, al no considerarse factible suponer que el mismo carezca de ejecución material; máxime que, en el caso, se ordenó el desahogo de diversas probanzas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1644, XXI, Febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA TENER EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden las siguientes reglas de competencia: a) Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto comience su ejecución en un distrito y siga en otro, la competencia se fincará a prevención; y, c) Si el acto combatido no requiere de ejecución material, la competencia se establece a favor del Juez de Distrito donde resida la autoridad que lo realizó. De tal suerte, que contra las resoluciones de los tribunales de segunda instancia, cuando ordenen la reposición del procedimiento, cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido precepto 36, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues los actos de esta naturaleza implican una orden inmediata al Juez de primera instancia para proceder en determinado sentido, no se limitan a una mera declaración, lo que lleva a sostener que aquellos fallos cuyo efecto sea la reposición del procedimiento del juicio de primera instancia, deben ser estudiados por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez instructor, al no considerarse factible suponer que esos fallos carezcan de ejecución material. Además, resulta intrascendente que el quejoso señale o no a la autoridad ejecutora como responsable en el juicio de garantías, ya que la competencia es una cuestión que atañe única y exclusivamente a los Jueces de amparo, pues de lo contrario, quedaría al arbitrio de los accionistas constitucionales la posibilidad de fincar la competencia en determinado juzgador federal." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) Así como la diversa tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". (Lo subrayado es propio de este Juzgado) En consecuencia, remítase al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, al que se considera legalmente competente para conocer de este juicio de amparo: 1) los autos originales del expediente en que se actúa y 2) dos tomos anexos de constancias, remitidos por la responsable, Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con el objeto de informarle esta resolución y para que tenga a bien determinar sobre la competencia planteada a su favor, solicitándole cordialmente que, a la brevedad posible, remita el acuse de recibo respectivo y comunique su determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 a 65, 73 a 76, 79, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es legalmente competente para conocer del juicio de amparo 218/2022, promovido por 1) María del Carmen Moreno Villatoro y 2) Armando Ledesma Borja, por propio derecho, además, la primera de las nombradas en representación de la menor de iniciales 3) A.U.M., y se declina competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, en términos del considerando único de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
PRAL.218/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintidós. Oficio únicamente obre. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio 23, firmado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el que se apersona a este juicio de amparo como tercera interesada; toda vez que el nueve del mes actual se proveyó idéntico comunicado con el mismo contenido. Notifíquese. .
- Principal
PRAL.218/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Apersonamiento. Glósese el oficio 23, firmado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual se apersona a este juicio de amparo como tercera interesada; lo anterior, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo. 1.1. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte tercera interesada el que indica en el oficio de cuenta, y como su autorizada, únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que nombra. 1.2. Correo electrónico. Se toma nota de los correos electrónicos oficiales proporcionados por la autoridad oficiante, y se faculta al (la) actuario (a) de la adscripción a fin de que entable comunicación por ese medio, únicamente de manera excepcional y de estimarlo necesario. 2. Diferimiento de audiencia. Ahora, toda vez que la parte tercera interesada, agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue emplazada a juicio el veintinueve de abril de este año (como se aprecia de la constancia agregada en el expediente electrónico); a efecto de darle oportunidad de imponerse del contenido de los autos, al menos, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta y siete minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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