Marìa de Lourdes Vasgas García

Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 27 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
793/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Marìa de Lourdes Vasgas García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    PRAL 793/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso revisión. Agréguese el oficio de la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante el que: 1° Acusa recibo del diverso oficio 19259/2023, con el que se le envió a) el original del escrito por el que la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veintitrés y b) un tomo anexo de actuaciones remitido por la autoridad relativa; e, 2° Informa que dicho tribunal se avocó al conocimiento de ese medio de impugnación, que fue radicado con el toca ********************. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 793/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Se remite recurso de revisión. Vistos los autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas de la sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veintitrés y del acuerdo de veintiuno de julio del año en curso, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa en su contra. En esas condiciones, en cumplimiento con lo ordenado en el referido acuerdo de trece de junio de este año, realícese la remisión respectiva al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Se hace disponible expediente. Se instruye a la analista jurídica de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico de este juicio a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 793/2023, mesa 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. 1. Interpone recurso de revisión. Visto el escrito de la quejosa ***; en su atención, se provee: 2. Se da trámite a recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión y anexando ocurso de expresión de agravios contra la sentencia autorizada el treinta de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo. Se ordena distribuir entre las demás partes copia de dicho escrito de interposición y expresión de agravios y una vez que quede integrado este asunto, iniciará el plazo a que se refiere el artículo 89 de la Ley de Amparo para remitir el original y una copia del ocurso de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para el trámite del citado medio de impugnación, y se hará disponible el expediente electrónico respectivo. 3. Indicación al personal del SISE. Instrúyase a la oficial judicial "A" que habilite los permisos necesarios del expediente electrónico de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    pral 793/2022 mesa 1 R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido el seis de julio siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, María de Lourdes Vargas García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: a) Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca. b) Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca: -La omisión de dar cumplimiento a lo ordenado por el juez Federal Mercantil. -La omisión de realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento al pago al que fue condenado. c) Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: - La omisión de prever norma expresa, en la que determine vía de ejecución de sentencia condenatoria para instituciones públicas y/o sanciones por su incumplimiento. Omisiones en las que, dice, incurren para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria definitiva dictada en el juicio 48/2019, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha siete de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 793/2022 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Tercero. Cumplimiento de prevención y se admite demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de la prevención formulada y ratificación de ocurso, se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo; se citó a las partes para la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación demanda. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós se tuvo al autorizado legal de la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, respecto de nuevas autoridades responsables, a saber: a) Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca. b) Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca. c) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. De quienes reclamó: 1. La omisión de dar cabal cumplimiento a la sentencia condenatoria definitiva dictada en el juicio 48/2019, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. 2. La omisión de realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al pago al que fue condenado. d) Jefe de la Unidad de Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca. 1. La omisión de dar cabal cumplimiento a la sentencia condenatoria definitiva dictada en el juicio 48/2019, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve 2. La omisión de autorizar el pago al que fue condenado. Quinto. Recurso de queja. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós se tuvo al director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca interponiendo recurso de queja y expresando agravios, en representación de las responsables, a) directora de Administración, b) director de Planeación y Desarrollo, c) subdirector General de Administración y Finanzas y d) jefe de la Unidad de Finanzas, todos de los Servicios de Salud de Oaxaca. Sexto. Ejecutoria de Colegiado. Mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés: a) Se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada el doce de mayo del año en curso, en el recurso de queja 568/2022, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, por el que declaró fundado dicho medio de impugnación. b) Motivo por el que se levantó la suspensión del procedimiento y se ordenó su reanudación. c) Se desechó la ampliación de la demanda de amparo promovida por el licenciado Eric Manuel Gilberto Ramírez Vargas, autorizado de la parte quejosa, mediante escrito recibido en este Juzgado el catorce de octubre de dos mil veintidós. Séptimo. Causa firmeza. El acuerdo que desechó la ampliación de la demanda de amparo causó estado el uno de junio de dos mil veintitrés. Octavo. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y lo reclamado son omisiones a autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y ciudad de México, por lo que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción sobre uno de esos lugares. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por los cuales se realizará el análisis relativo, son: 1º La omisión de dar cumplimiento a lo ordenado por el juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en el juicio mercantil 48/2019, para dar cumplimiento a la sentencia en la que se condenó al hospital general "Dr. Aurelio Valdivieso" al pago de la cantidad de $194,980.65 (ciento noventa y cuatro mil novecientos ochenta pesos sesenta y cinco centavos, moneda nacional). 2º La omisión de realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento al pago al que fue condenado. Reclamadas a las autoridades: a) Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca. b) Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca. 3º La omisión de prever norma expresa, en la que se determine vía de ejecución de sentencia condenatoria para instituciones públicas y/o sanciones por su incumplimiento. Atribuida al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye, relativo a la omisión de prever norma expresa, en la que se determine vía de ejecución de sentencia condenatoria para instituciones públicas y/o sanciones por su incumplimiento. Al respecto, debe decirse que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse, en principio, a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar la conducta que se le atribuye, pues previo a pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe la obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido; como así lo ilustra la jurisprudencia que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 196080 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53 Tipo: Aislada ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para qu se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Ahora, tratándose de omisiones legislativas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para efectos del juicio de amparo sólo habrá omisión legislativa, propiamente dicha, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, al resolver el quince de noviembre de dos mil diecisiete el amparo en revisión 1359/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó: II. La procedencia del juicio amparo contra omisiones legislativas Además de sostener que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito también adujo, como argumento para sobreseer el juicio de amparo, que cualquier concesión en contra de una omisión legislativa violaría el principio de relatividad. En este sentido, señaló que el efecto de una eventual concesión del amparo sería obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, lo cual supondría darle efectos generales a la ejecutoria de amparo. Por su parte, la recurrente alega que dicha interpretación del principio de relatividad es errónea y que el amparo sí procede contra omisiones legislativas. Por las razones que se exponen a continuación, esta Primera Sala estima que este agravio también es fundado. 1. Las omisiones como actos de autoridad En primer lugar, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En este orden de ideas, pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Al respecto, es importante aclarar que aunque en el caso concreto se estudia una omisión legislativa atribuida al Congreso de la Unión, lo cierto es que otras autoridades también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales. Sin embargo, en el resto de la sentencia sólo se hará referencia a las omisiones legislativas atribuidas al Poder Legislativo, en tanto se trata del supuesto en estudio. Ahora bien, para poder establecer un criterio sobre este tema, esta Primera Sala estima necesario clarificar qué es una "omisión legislativa". En este sentido, hay que tener en cuenta como punto de partida la manera en que esta Suprema Corte ha entendido dicho concepto cuando se ha analizado la constitucionalidad de este tipo de actos en otras vías procesales, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. En este orden de ideas, al resolver la controversia constitucional 14/2005, el Tribunal Pleno distinguió entre omisiones legislativas absolutas y relativas. Las primeras se presentan cuando "[el órgano legislativo] simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencia". En cambio, las omisiones legislativas relativas ocurren cuando "el órgano legislativo [ha] ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes." En esta línea, en dicho precedente también se distinguió entre omisiones legislativas de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de actuar o si se trata de una facultad discrecional. Así, de la combinación de ambas clasificaciones, podrían distinguirse cuatro tipos distintos de omisiones legislativas: (a) absolutas en competencias de ejercicio obligatorio; (b) relativas en competencias de ejercicio obligatorio; (c) absolutas en competencias de ejercicio potestativo; y (d) relativas en competencias de ejercicio potestativo; clasificación recogida en la tesis jurisprudencial de rubro "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS." Por otra parte, no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una normas prexistente del sistema jurídico. En cambio, como ya se señaló, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar. 2. Las omisiones legislativas como actos reclamados De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Ahora bien, en el caso concreto la quejosa sostuvo en la demanda de amparo que el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 establece el deber a cargo del Congreso de la Unión de expedir una ley que reglamentara el artículo 134 constitucional en un determinado tiempo, obligación que se ha incumplido totalmente puesto que no se ha aprobado dicha legislación y el plazo previsto en el artículo transitorio para ese efecto ha fenecido. En este sentido, de acuerdo a la clasificación de las omisiones legislativas antes referida, en este caso debe analizarse si el juicio de amparo es procedente contra una omisión legislativa absoluta. De esta manera, el criterio de procedencia que esta Suprema Corte debe clarificar en la presente sentencia se circunscribe a ese tipo de omisiones. Esta precisión es importante porque dependiendo del tipo de omisión legislativa que se señale como acto reclamado en la demanda de amparo podría variar tanto la procedencia del juicio amparo como los efectos de una eventual concesión. Al respecto, hay que tener en cuenta que mientras la jurisprudencia de los tribunales federales tradicionalmente no ha tenido problema en reconocer la procedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado consiste en una omisión de autoridades administrativas o judiciales, históricamente también ha existido una postura reticente de esta Suprema Corte a reconocer la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan omisiones legislativas. Sin embargo, después de la reforma constitucional en materia de amparo de 10 de junio de 2011, la fracción I del artículo 103 constitucional establece con toda claridad que los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por "normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos" (énfasis añadido). En sentido similar, la fracción II del artículo 107 de la vigente Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra "actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo" De acuerdo con la doctrina especializada, al hablar "genéricamente de omisiones" la nueva redacción del artículo 103 constitucional permite abrir una discusión que parecía cancelada a la luz de la anterior redacción de este precepto constitucional y la derogada Ley de Amparo. Así, la duda interpretativa que se plantea en el presente asunto es si el juicio de amparo indirecto procede en contra de las omisiones de legislar que se atribuyan directamente al Poder Legislativo a la luz del actual marco constitucional y legal. Esta Suprema Corte entiende que el juicio de amparo indirecto efectivamente resulta procedente en contra de omisiones legislativas. En primer lugar, como se señaló anteriormente, la Constitución establece de manera genérica la procedencia del juicio de amparo en contra de "omisiones de la autoridad" sin señalar expresamente que se excluyan las omisiones atribuibles al legislador. En este sentido, resulta pacifico sostener que el Poder Legislativo puede ser una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. La fracción VII del artículo 107 constitucional establece la posibilidad de promover juicio de amparo contra "normas generales", entre las cuales indiscutiblemente se encuentran las leyes. De esta manera, si el Poder Legislativo puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, y en el texto constitucional no se establece una causal de improcedencia expresa respecto de las omisiones atribuibles al legislador; esta Primera Sala considera que puede sostenerse que desde el punto de vista constitucional el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Esta misma conclusión interpretativa puede confirmarse si se analiza el marco legal que rige el juicio de amparo. En efecto, la fracción II del artículo 107 de la vigente Ley de Amparo señala que procede el amparo indirecto "[c]ontra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo". En este sentido, es evidente que las omisiones legislativas son actos que no son atribuibles a los órganos jurisdiccionales que ahí se describen. De ahí que sea posible sostener válidamente que a través del juicio de amparo indirecto pueden combatirse como actos de autoridad omisiones atribuibles directamente al Poder Legislativo. No pasa inadvertido que la fracción VII del artículo 107 constitucional no establece expresamente la procedencia del amparo indirecto en contra de omisiones legislativas. En efecto, dicho artículo dispone que "[e]l amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito" (énfasis añadido). Con todo, el hecho de que no se prevea expresamente la procedencia del amparo contra omisiones legislativas en dicha fracción no significa que el amparo sea improcedente en estos casos. De conformidad con lo antes expuesto, esta Primera Sala entiende que en este caso la procedencia del juicio de amparo puede derivarse de una interpretación sistemática de las fracciones I y VII de los artículos 103 y 107 constitucional, respectivamente, en conexión con la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para despejar de manera definitiva la duda interpretativa antes planteada y, en consecuencia, poder sostener de manera concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de omisiones legislativas, no sólo debe constatarse que no exista alguna causal de improcedencia con un fundamento constitucional expreso -cosa que no ocurre en este caso-, sino que además debe descartarse que ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan al juicio de amparo. Por esa razón, a continuación se estudian las razones por las cuales podría alegarse que esos principios hacen improcedente el amparo contra omisiones legislativas Así, el Máximo Tribunal del País sostuvo que el principio de relatividad debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional que regula el juicio de amparo, de manera que es admisible que al proteger a la persona que ha solicitado el amparo, de manera eventual y contingente se pueda llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional. En vía de consecuencia, señaló que de la interpretación sistemática de los artículos 103, fracciones I y VII, y 107, fracción II, de la Constitución Federal, se desprende que es procedente el amparo indirecto contra omisiones legislativas, siempre que exista un mandato constitucional expreso dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, pues sostener la improcedencia del juicio amparo contra omisiones legislativas cuando se alega que vulneran derechos fundamentales implicaría desconocer la fuerza normativa a la Constitución Federal, situación que es inaceptable en un Estado constitucional de derecho. También refirió que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente; en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo. Y que en la controversia constitucional 14/2005, la Primera Sala distinguió entre omisiones legislativas absolutas y relativas. En las omisiones legislativas absolutas, dijo, se presentan cuando el órgano legislativo simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencia. Y que en las omisiones legislativas relativas ocurren cuando ".el órgano legislativo ha ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes". Concluyó que cuando en la demanda de amparo indirecto se señala como acto reclamado una omisión legislativa absoluta no se actualiza ninguna causal de improcedencia que suponga una vulneración al principio de relatividad, pues cuando exista un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. Ello dio origen a la jurisprudencia que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016424 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XX/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1100 Tipo: Aislada OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales De ahí que en un juicio de amparo contra omisiones legislativas de ejercicio obligatorio, el primer punto relevante es determinar en qué consiste la obligación de legislar, a fin de estar en condiciones de examinar si el legislador la incumplió, ya que pueden existir varias condiciones dependiendo del contenido de la obligación; luego, identificar si lo que se reclama es una omisión relativa o absoluta. En el caso, la parte quejosa señala que el Congreso de la Unión no ha legislado sobre la forma en que las dependencias u oficinas deben cumplir con una sentencia, porque el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles da un trato preferencial y desproporcionado a los entes públicos respecto a los particulares en un procedimiento jurisdiccional, pues en la práctica no existe cumplimiento voluntario, sino que es forzoso, en tanto que las instituciones llevan a cabo una doble violación, un pago contraído, y la prohibición del pago coactivo. Al respecto, el artículo 73, fracción X, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles disponen: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; II. Derogada. III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política. 3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diptados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. 7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas. IV. Derogada. V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. VI. Derogada; VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. VIII. En materia de deuda pública, para: 1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. 2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública. 3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constiución. 4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda; IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. XV. Derogada. XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País. 4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan. XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas; XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos. XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. XXI. Para expedir: a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca: a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional; b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública; c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, y d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país; XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución; XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución; XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; XXIX. Para establecer contribuciones: 1o. Sobre el comercio exterior; 2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27; 3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 5o. Especiales sobre: a) Energía eléctrica; b) Producción y consumo de tabacos labrados; c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; d) Cerillos y fósforos; e) Aguamiel y productos de su fermentación; y f) Explotación forestal. g) Producción y consumo de cerveza. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial; XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional; XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, entidades federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución. XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte; XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. XXIXV. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25; XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria; XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, y XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión De este texto constitucional no se desprende mandato alguno que establezca, de manera expresa, la obligación de legislar, a cargo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en el sentido de que se cumplan las sentencias condenatorias contra instituciones demandadas, mediante el procedimiento coactivo, conforme a las pretensiones de la parte quejosa, esto es, de obligarlas de forma coercitiva a cumplir con las sentencias; pues, contrariamente, está prohibido emitir mandamiento de ejecución y providencia de embargo en su contra, como lo establece el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles y como, dijo el quejoso, fue determinado por el juez de la causa mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve. Por lo que resulta inconcuso la inexistencia de la omisión legislativa reclamada. Así, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, todas las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar el goce de los derechos humanos, ese mandamiento no implica que las autoridades responsables deban ejercer atribuciones de las cuales no están obligadas. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 62 de la Ley de Amparo, por inexistencia de la omisión reclamada, SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, 1) por sí y 2) en representación de la directora General de los Servicios de Salud de Oaxaca, dijo rendir su informe justificado en atención a los oficios enviados a la directora de Administración y de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, negando la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, los argumentos que se realizaron para sostener esa inexistencia, en su caso, sólo son propios del estudio del fondo del asunto, pero no respecto de la existencia de los actos reclamados. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos 5, fracción III, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios Así, en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o que se les atribuya un acto de omisión, siempre que en la demanda de amparo se les hubiere señalado como responsables; de lo contrario, sería imposible realizar hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. En el caso, la parte quejosa reclama: 1º La omisión de dar cumplimiento a lo ordenado por el juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en el juicio mercantil 48/2019, para dar cumplimiento a la sentencia en la que se condenó al hospital general "Dr. Aurelio Valdivieso" al pago de la cantidad de $194,980.65 (ciento noventa y cuatro mil novecientos ochenta pesos sesenta y cinco centavos, moneda nacional). 2º La omisión de realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento al pago al que fue condenado. Sin embargo, como lo señalaron esas responsables, únicamente gestionan el recurso financiero, pero para obtener el recurso económico se tiene que llevar a cabo un procedimiento apegado a la normatividad ante la autoridad competente y quien aprueba y libera los recursos financieros es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad, que disponen: Artículo 1.- El Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad, se norman y regulan por las disposiciones de esta Ley, que será aplicada por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Controlaría, (sic) en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Artículo 2. El Gasto Público Estatal, comprende las erogaciones por concepto de Gasto Corriente, Gasto de Inversión, Transferencias y Deuda Pública que realizan: I El Poder Legislativo; II El Poder Ejecutivo; III El Poder Judicial; y IV Los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Públicos Estatales, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, así como aquellas que posean o exploten bienes del Estado. A los Poderes, Instituciones, Dependencias, Organismos, Empresas y Fideicomisos citados, para los efectos de esta Ley se les denominará Entidades. A los Poderes, Instituciones, Dependencias, Organismos, Empresas y Fideicomisos citados, para los efectos de esta Ley se les denominará "Entidades", las mismas deberán cumplir las disposiciones de esta Ley observando que la administración de los recursos públicos estatales se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Las Entidades antes mencionadas están obligadas a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos que ejerzan en los términos de las disposiciones aplicables. Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de dichos ejecutores del gasto, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. Los órganos autónomos del Estado se sujetarán a las disposiciones aplicables a las Entidades, así como a lo dispuesto en sus respectivas leyes específicas dentro del margen de autonomía prevista en las disposiciones que les sean aplicables. Artículo 18.- La Secretaría de Finanzas deberá presentar al Titular del Ejecutivo del Estado el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el día 1o. de diciembre del año inmediato anterior al que corresponda, a fin de que éste envíe el proyecto correspondiente al Congreso del Estado, dentro de los primeros cinco días de calendario del mes citado. Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos del Estado será publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, a más tardar el 31 de diciembre de cada año". Además, e esos montos adeudados por sentencias condenatorias, debe informarse para que sean integradas en el Programa Operativo Anual y que, en el caso, el pago a la quejosa sí está considerado, pero en su momento se llevará a cabo, porque se están cubriendo los adeudos más antiguos a los más recientes. Y, aunque, en el caso, se amplió la demanda de amparo respecto de esa autoridad, fue desechada, porque promovió el autorizado legal y no la quejosa, atento al criterio que emitió Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, en el recurso de queja 568/2022. Por tanto, como no fue llamado a juicio la referida Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, autoridad que está obligada a liberar los recursos para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, es claro que, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, porque no fue oída en su defensa, por tanto, no fue parte formal dentro del procedimiento. Motivo por el que procede SOBRESEER ESTE JUICIO DE AMPARO, con apoyo, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esa resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Lourdes Vargas García, respecto de: 1º La omisión de dar cumplimiento a lo ordenado por el juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en el juicio mercantil 48/2019, para dar cumplimiento a la sentencia en la que se condenó al hospital general "Dr. Aurelio Valdivieso" al pago de la cantidad de $194,980.65 (ciento noventa y cuatro mil novecientos ochenta pesos sesenta y cinco centavos, moneda nacional). 2º La omisión de realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento al pago al que fue condenado. Reclamadas a las autoridades: a) Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca. b) Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca: 3º La omisión de prever norma expresa, en la que se determine vía de ejecución de sentencia condenatoria para instituciones públicas y/o sanciones por su incumplimiento. Atribuida al c) Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta de junio de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste. Dos firmas ilegibles.

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