María del Carmen Martínez Ortega
Expediente 29/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Amador de la Torre Carrizoza
- María del Carmen Martínez Ortega
- Salvador Juárez García, Procurador Fiscal de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito mediante el cual el autorizado en términos amplios de la parte denunciante interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo dictado por este Juzgado de Distrito el tres de octubre de dos mil veintitrés; en el cual se tuvo por cumplido el fallo protector. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la inconformidad, distribúyase entre las partes copia del escrito que se atiende y, una vez que obren las constancias de notificación, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de inconformidad, acompañándole por separado el escrito original de expresión de agravios, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. En favor de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, se forma cuaderno de antecedentes aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el Secretario del Juzgado debe hacer constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a dicho cuaderno. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por, autorizado en términos amplios del quejoso, por medio del cual, desahoga la vista otorgada en auto de veintidós de septiembre del presente año, para lo cual manifiesta su inconformidad con el oficio de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, con el cual la autoridad responsable dio cumplimiento a la resolución de dieciocho de agosto del presente año. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, cabe precisar, que en la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, se determinó procedente y fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad a fin de que realice lo siguiente: a) Emitir la autorización solicitada por el denunciante. b) Verificar que el denunciante sea una persona adulta y emitir el permiso correspondiente para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. c) Asimismo, deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado; y, d) Al emitir la autorización, deberá precisar, que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y puntualizará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En atención a lo anterior, mediante promoción registrada con el número de correspondencia 23028, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del oficio de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; del que se advierte lo siguiente:?????? Emitió la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Precisó que la autorización no comprende la realización de actos de comercio, suministro, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Manifestó que el derecho comprendido en la autorización, no debe perjudicar a terceros; por lo que no podrá efectuarse en presencia de menores de edad o mujeres embarazadas ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, por lo que únicamente podrá usarse en lugares privados, y que tampoco está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. - Respecto de la autorización para las actividades de siembra, cultivo, cosecha y adquisición de las semillas de cannabis, la autoridad estableció los lineamientos que debe cumplir el denunciante, entre ellos, informar a la Comisión el domicilio en el que se realizaran las tres primeras actividades mencionadas y, respecto de la adquisición, le indicó el procedimiento que debe llevar a cabo. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cual se dio vista a la parte denunciante en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la cual desahoga con el escrito de cuenta en la cual manifiesta su inconformidad con tal cumplimiento, pues considera que respecto de la autorización para realizar las actividades de siembra, cultivo, cosecha y adquisición de las semillas de cannabis,, la autoridad incurrió en exceso en el cumplimiento porque le impone la obligación de dar un informe respecto del domicilio en el cual se realizarán las actividades de siembra, cosecha y cultivo de la semilla de cannabis y, establece un procedimiento denominado "solicitud de permiso de adquisición en plaza de materias primas o medicamentos que sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos" lo cual no fue ordenado en la sentencia emitida en este asunto. Al respecto, derivado del análisis que realiza el suscrito al oficio emitido por la autoridad denunciada; se determina que ésta cumplió con la sentencia emitida en este expediente, pues, sin aplicar los artículos 235, último párrafo, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, emitió la autorización a favor de la quejosa para el autoconsumo del estupefaciente cannabis, cumpliendo con cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia respectiva.??? Por lo tanto, se determina que se han colmado los efectos precisados, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que la autoridad denunciada haya incurrido en exceso o defecto. Sin que obste a la anterior determinación las manifestaciones realizadas por la parte denunciante en el escrito de cuenta, toda vez que con éstas no se desvirtúa el cumplimiento dado por la autoridad denunciada pues, el oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21481-2023 de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, constituye la autorización que le fue ordena emitir. Además, son infundadas sus apreciaciones para desvirtuar el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, pues en dicha sentencia se ordenó a la autoridad que debía establecer los lineamientos y modalidades de adquisición de la semilla de cannabis y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado; lo que hace patente que se dejó al arbitrio de la autoridad establecer esos lineamientos y modalidades, siempre y cuando respetara su derecho de libre desarrollo de la personalidad del denunciante. Por lo tanto, la autoridad no incurrió en el exceso que aduce. Determinación que constituye cosa juzgada en razón de que ninguna de las partes de se inconformó con la sentencia emitida por este juzgado y, por ende, se debe cumplir en sus términos. Es decir, quedó firme la orden dada a la autoridad para que fijara los aludidos lineamientos y modalidad para realizar las actividades solicitadas por el hoy denunciante, lo cual, se insiste, no se constriñó a dicha autoridad a fijarlos en un sentido determinado. Además, el suscrito advierte que tales lineamientos no limitan ni vendan el derecho del quejoso relativo al desarrollo libre de su personalidad, tan es así que ya le fue otorgada la autorización para el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Sin que ello implique que el ahora denunciante se encuentre eximido de cumplir los procedimientos administrativos o legales para llevar a cabo las demás actividades necesarias para obtener tal producto, pues para ello la autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de velar por el interés social y por eso, tiene la facultad de establecer tales lineamientos. Finalmente, se impone destacar que el suscrito no inadvierte los precedentes que acompaña el denunciante en su escrito de cuenta, relativos a la determinación adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 24/2023, y los acuerdos emitidos por diversos Juzgados de Distrito en la misma materia y sede que este órgano jurisdiccional. Sin embargo, con base en las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, el suscrito determina que, además de que dichas resoluciones no son vinculantes ni obligatorias para este Juzgado de Distrito, no se comparte el criterio ahí adoptado, pues, se reitera, en la sentencia emitida en el caso particular se ordenó a la autoridad que fijara los lineamientos y modalidad en que el denunciante debe realizar las actividades de adquisición de semillas de cannabis; determinación que constituye cosa juzgada y, por ende, ??? existe imposibilidad jurídica para modificarla, aunado a que, la sentencia no otorgó a dicho denunciante el derecho de obtener una autorización lisa y llana para realizar todas las actividades que solicitó. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto el recurso de inconformidad en contra de la resolución referente a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, dictada en el presente sumario, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución que HA QUEDADO FIRME. Ahora, es conveniente precisar lo siguiente: El artículo 210, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; Por otra parte, se advierte que mediante auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo conducente con las constancias de cumplimiento exhibidas por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, en representación de la de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21481-2023 de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, con el cual se da al aquí denunciante la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, por lo que aduce dar cumplimiento al fallo correspondiente a la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad referida, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; y vía electrónica ala parte quejosa.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, en que la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca R.A.312/2023, en que el Tribunal revisor resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a BENJAMÍN DÍAZ HERNÁNDEZ, para los efectos sustentados en la sentencia sujeta a revisión." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para todos los efectos legales a que haya lugar, glósense las constancias contenidas en el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto, en el estado que actualmente se encuentre. 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA Se ordena acusar el recibo correspondiente. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA JUICIO DE AMPARO P.9/2023-III ??????????????? para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA JUICIO DE AMPARO P.9/2023-III ??????????????? impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior, mediante sentencia dictada por este Juzgado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia para los siguientes efectos: " Se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente en relación con el cálculo y pago del aguinaldo del ejercicio dos mil veintidós, realizado al quejoso, para el efecto de que se dejen insubsistentes; la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tal como lo establece el artículo 84, fracción XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), efectúe el cálculo correcto del aguinaldo del quejoso; y, le pague la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse, para lo cual, dentro del plazo diez días, siguientes al que surta efectos el auto que declare ejecutoria la sentencia dictada el presente asunto, acredite fehacientemente tales extremos. En efecto, como se desprende de los lineamientos con los que se realizó el cálculo y pago del aguinaldo del año dos mil veintidós, al aquí quejoso, esto es, los LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE OTORGA EL PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL MINISTERIAL, POLICIAL, PERICIAL Y DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, TODOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ocho de diciembre de dos mil veintidós, concretamente su artículo sexto, fracción I y séptimo, que establecen: SEXTO. El pago de aguinaldo para el personal de las Ramas Ministerial, Policial, Pericial y del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se otorgará conforme a las siguientes bases: I. Será equivalente a 40 (cuarenta) días de la contraprestación ordinaria diaria que le corresponda, sin deducción alguna, para las personas servidoras públicas a que se refiere el presente Capítulo y se deberá cubrir de manera proporcional al tiempo y cargo en que hayan prestado sus servicios durante el período comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2022; [.] SÉPTIMO. Para obtener la contraprestación ordinaria diaria a que se refiere el numeral SEXTO, fracción I de los presentes lineamientos, el importe mensual consignado como tabulador autorizado establecido en los tabuladores de sueldos autorizados y vigentes se dividirá entre 30 (treinta). Estamos en presencia de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica, como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia invocada al inicio de este considerando, por las siguientes razones: 1) El Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) De actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) El Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA JUICIO DE AMPARO P.9/2023-III ??????????????? posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) El Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, tomo X, de noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.". Para lo cual, la autoridad responsable deberá acreditar ante este Juzgado de Distrito en su totalidad, sin excesos ni defectos el acatamiento de esta sentencia, dentro del término que se determine en el auto que declare que ha causado ejecutoria la misma, en términos del segundo párrafo del artículo 192 y tercer párrafo del artículo 196, ambos preceptos de la Ley de Amparo." En ese sentido, la autoridad responsable está obligada a realizar lo siguiente: ? Dejar insubsistente el cálculo y pago del aguinaldo del ejercicio dos mil veintidós realizado a favor de la parte quejosa. ? Realizar el cálculo de manera correcta, de conformidad con los lineamientos invocados en los efectos de la sentencia de mérito. ? Pagar a favor del quejoso las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagarse ? Acreditar fehacientemente los extremos antes fijados. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE a la Yolanda Carolina Salcedo Pérez, Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el párrafo anterior. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, y el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, REQUIÉRASE a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la directamente responsable, la conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haberle ordenado el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA JUICIO DE AMPARO P.9/2023-III ??????????????? a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a cada uno de sus titulares una multa de hasta por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
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