María del Carmen López Hernández
Expediente 191/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Carmen López Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el oficio electrónico con evidencia criptográfica de Luz Adriana Morales García, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo de la copia del acta circunstanciada de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, y anexo, consistente en los autos originales del juicio de amparo 191/2021-VIII, e informa que se avocó al conocimiento del asunto, asimismo, solicita se habilite a ese Juzgado la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que se tenga acceso a dicho sumario; se toma conocimiento de su contenido. En atención a lo solicitado, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que realice los ajustes necesarios a efecto de que el órgano oficiante, se encuentre en aptitud de relacionar y consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, hágase del conocimiento del juzgado oficiante para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 1, inciso a) del Manual referido, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no obran en autos las constancias de notificación correspondientes a las autoridades responsables y Fiscal Ejecutivo adscrito, relativas a la sentencia dictada en el presente asunto el cinco de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales se ordena reexpedir los oficios correspondientes. Ahora bien, es oportuno precisar que en términos de lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como hecho notorio el "ACUERDO General 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen los acuerdos de carácter general por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que a la letra establece, en lo conducente: (.) "ACUERDO PRIMERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos. SEGUNDO. Las demandas de amparo en que se reclamen las disposiciones normativas señaladas deberán presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. Los asuntos referidos en el punto primero, que se encuentren en trámite en algún otro Juzgado de Distrito, deberán remitirse a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno les corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. En este caso, el egreso correspondiente deberá ser reportado como "Egreso por Acuerdo General", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CUARTO. A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, si un juzgado de Distrito advierte que la demanda de amparo materia del presente Acuerdo no fue promovida ante los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región deberá remitirla directamente a la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio a dichos juzgados para que dichos órganos conozcan de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. QUINTO. Los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región conocerán de los recursos que se interpongan en contra de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo materia del presente Acuerdo, así como de los impedimentos o procedimientos relacionados que pudieran tramitarse. Los recursos interpuestos, que a la fecha de aprobación del presente Acuerdo se encuentren turnados a los Tribunales Colegiados de Circuito correspondientes, serán resueltos por éstos. SEXTO. Para el trámite y resolución de los asuntos en que se reclame la disposición normativa materia del presente Acuerdo se utilizarán las herramientas electrónicas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Los promoventes de los juicios de amparo materia del presente acuerdo podrán solicitar a los titulares de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la autorización para la consulta del expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y del diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Previa remisión de los asuntos materia del presente Acuerdo, los titulares de los órganos jurisdiccionales ante quienes se encuentran radicados, deberán integrar debidamente el expediente electrónico, de manera que permita a los justiciables que los hayan promovido, consultar el estado procesal de manera sencilla y oportuna. SÉPTIMO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen su domicilio en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Eduardo Molina número 2, colonia del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, Código Postal 15960. OCTAVO. Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en su ámbito de competencia, interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos resolverá cualquier cuestión con respecto al turno de los asuntos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en internet e intranet. TERCERO. La Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comunicará el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva de Administración, a la Dirección General de Recursos Materiales, a la Dirección General de Servicios Generales, y a la Coordinación de Administración Regional, para el efecto de que se adopten las medidas pertinentes con respecto al envío de expedientes y demandas de amparo a las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito que lo necesiten; así como a la Dirección General de Gestión Judicial, la Dirección General de Tecnologías de la Información y a la Visitaduría Judicial, para los fines conducentes. CUARTO. Las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información, deberán difundir electrónicamente el presente Acuerdo en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en intranet e internet, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el relativo a las Oficinas de Correspondencia Común, como aviso importante. Asimismo, habilitarán los campos de captura necesarios para esta clase de asuntos, en los sistemas de cómputo de los órganos jurisdiccionales y Oficinas de Correspondencia Común a que se refiere el presente Acuerdo. De igual forma, deberán prestar el apoyo necesario a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y a las partes a fin de que resuelvan cualquier incidencia relacionada con la operación del sistema informático. QUINTO. Los órganos jurisdiccionales que conozcan de las demandas materia del presente Acuerdo, deberán colocar en lugar visible avisos donde se informe al público que los juicios de amparo en los que se reclamen las disposiciones normativas materia del presente acuerdo, serán del conocimiento de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México." (.) Del acuerdo transcrito se desprenden, entre otros aspectos, que serán los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quienes conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno, en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos y, además, que dichos asuntos que se encuentren en trámite en algún otro Juzgado de Distrito, deberán remitirse a los citados juzgados auxiliares, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. En la especie, debe recordarse que la parte quejosa reclamó medularmente el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo Quinto Transitorio, así como el "Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, numerales primero, incisos a) y b) y, segundo, incisos a) y b), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno", por lo que, considerando que el presente asunto se encuentra pendiente de causar ejecutoria para continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia, es evidente que se ubica en el supuesto establecido en dicho acuerdo 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en cumplimiento a los puntos primero, segundo y tercero del acuerdo citado en último lugar, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con sede en San Lázaro, a efecto de que lo turne al juzgado que corresponda conocer del presente asunto y éste acuerde lo conducente, solicitando el acuse de recibo respectivo. En tales condiciones, se ordena formar cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias necesarias, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 02/01/22, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido que las constancias que integran el presente asunto, conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 191/2021-VIII, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto, promovido por María del Carmen López Hernández, por propio derecho, proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda por lo que respecta al acto reclamado consistente en el refrendo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial reclamado a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se admitió por el resto de los actos reclamados, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, constancias de notificación a las partes y proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En período probatorio: la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. En período de alegatos: la Secretaria certifica que ninguna de las partes hizo uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, y que el Fiscal Ejecutivo de la Federación adscrito, no presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: se declara desierto éste periodo y se tiene por hecha la certificación de cuenta. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta, y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 191/2021-VIII, promovido por María del Carmen López Hernández, por propio derecho, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este juzgado el nueve siguiente y recibido el diez del mismo mes y año, María del Carmen López Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes: SEGUNDO. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número de expediente 191/2021-VIII, se desechó por lo que respecta al acto reclamado consistente en el refrendo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial reclamado a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se admitió por el resto de los actos reclamados, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y se ordenó dar la intervención que en derecho corresponde al Fiscal Ejecutivo de la Federación adscrito, el cual causó estado el veintinueve de marzo siguiente. Seguida la secuela procesal, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama una ley local, con motivo de su primer acto de aplicación, ejecutado en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, definió la obligación consistente en que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de establecer con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia citada es de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 900169, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Apéndice 2000, Tomo I, página: 207) Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que los actos reclamados consisten en: a) Del Congreso y de la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México: ? La expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo Quinto Transitorio. b) De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: ? La expedición del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, numerales primero, incisos a) y b) y, segundo, incisos a) y b), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veinte de enero de dos mil veintiuno. c) Del Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: ? La emisión de la boleta de pago correspondiente al impuesto predial para el ejercicio dos mil veintiuno. d) Del Tesorero de la Ciudad de México: ? El cobro del impuesto predial para el ejercicio dos mil veintiuno. TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, consistente en la emisión de la boleta de pago correspondiente al impuesto predial para el ejercicio dos mil veintiuno, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que el quejoso aportara prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa; por lo tanto, no procede atribuir dicho acto a la autoridad aquí indicada. Entonces, al resultar inexistente el acto reclamado a dicha autoridad, procede sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, de rubro y datos de localización siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. (Registro: 1002350, Sexta Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305) Resulta importante destacar que el referido acto reclamado, constituye acto positivo, el cual se traduce en conducta de hacer de la autoridad y, por ende, corresponde a la parte quejosa probar la existencia de tal acto impugnado, ante la negativa de la autoridad responsable. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y a la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, consistentes en la expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo Quinto Transitorio, así como la expedición del Acuerdo reclamado; lo anterior se determina así, ya que con independencia de que rindan o no su informe justificado los actos descritos se acredita atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y del ordenamiento citado, se advierte que dichas autoridades participaron en su proceso legislativo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro y datos de localización siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. (Registro: 191452, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Agosto de 2000, página: 260) También debe tenerse por cierto el acto reclamado al Tesorero de la Ciudad de México, consistente en el cobro del pago del impuesto predial relativo a la cuenta 07625401138-0, correspondiente al impuesto predial por el ejercicio de dos mil veintiuno, efectuado el dos de febrero del mismo año, pues aun cuando lo negó al rendir su informe justificado, lo cierto es que de las documentales que obran en autos, se desprende que dicha autoridad fue quien recibió el pago correspondiente al tributo reclamado. QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 814, aplicada por analogía, de rubro y datos de localización siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. (Registro: 394,770, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página: 553) Al respecto, el Congreso y la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, sostienen que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al acto reclamado, consistente en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo Quinto Transitorio, ya que el quejoso no acredita que dicha norma fue aplicada en su perjuicio. Al respecto, el artículo y fracción citada, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. [.] Del artículo trascrito, se advierte que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de promover la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo en cita. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, es de tomar en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas que establece: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. (Registro: 198200, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, página 5) En ese contexto, debe reiterarse que la quejosa reclama la norma que se tilda de inconstitucional, como heteroaplicativa, por lo que se requiere acreditar que la norma se aplicó. Así, para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugna por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio de la quejosa, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo del primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio a su esfera jurídica, ya sea que se aplique formal y materialmente, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en su mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona para que se estime aplicada. Expuesto lo anterior, es necesario imponerse del contenido del artículo transitorio reclamado, que prevé: ARTÍCULO QUINTO.- Para el ejercicio fiscal 2021, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir a más tardar el 15 de enero, el programa general de subsidios al Impuesto Predial a que se refiere el artículo 130 de este Código, tratándose de inmuebles de uso habitacional. Dicho programa deberá contener de forma clara y precisa los requisitos y circunstancias particulares que deben cumplir los contribuyentes para acceder a los beneficios fiscales, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9°, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México. Dicho subsidio se otorgará a partir del 1° de enero de 2021. El programa mencionado en el párrafo anterior también deberá establecer un subsidio al Impuesto Predial para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 127 de este Código, a fin de que se subsidie la diferencia que exista entre el Impuesto determinado conforme a valor de mercado y aquel que corresponda conforme al valor catastral mencionado en los párrafos segundo y quinto del artículo 127 del citado Código. Dicho subsidio se otorgará a partir del 1° de enero del 2021, y hasta en tanto la Secretaría y el Congreso den cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013." Del artículo transcrito se advierte que el legislador local, instruyó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que a más tardar el quince de enero de dos mil veintiuno, expidiera el programa general de subsidios al impuesto predial a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal de esta Ciudad, tratándose de inmuebles de uso habitacional. Además, en dicha ley local, se instruyó que ese programa debía contener de forma clara y precisa, los requisitos y circunstancias particulares que deben cumplir los contribuyentes para acceder a los beneficios fiscales; lo que hace patente que en el citado código tributario no se contienen esos requisitos ni características para gozar de los subsidios al impuesto predial. Ahora, se reitera, el quejoso reclama el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, como una norma heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la autoliquidación y pago del impuesto predial relativo a la cuenta predial 07625401138-0. Sin embargo, se insiste, dicho artículo transitorio, únicamente instruye a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a que en el plazo ahí establecido, expida el programa general de subsidios al Impuesto Predial a que se refiere el artículo 130, del Código Fiscal de esta ciudad, tratándose de inmuebles de uso habitacional, sin que en esa porción normativa, se establezcan ni los requisitos ni las características para acceder de esos subsidios, sino que, precisamente, derivado de ese artículo transitorio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo reclamado, en el que, en sus puntos primero, incisos a) y b) y, segundo, incisos a) y b), otorgó a los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, los subsidios fiscales que se indican en las tablas ahí previstas, para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Entonces, si lo que pretende el quejoso es que, con motivo del presente juicio de amparo, se le permita acceder a algún subsidio fiscal otorgado a los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C, D, E, F y G; es evidente que en realidad busca ser beneficiado del programa general de subsidios al impuesto predial, que se ordenó emitir en dicho artículo transitorio. Por lo tanto, ese artículo transitorio, establece un beneficio que el quejoso pretende alcanzar, es decir, obtener un subsidio para el pago del impuesto predial en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; por ende, dicho artículo no es el que les causa perjuicio, sino en todo caso, los puntos primero, incisos a) y b) y, segundo, incisos a) y b), del "Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", relacionados con el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México; los cuales, sí configuran el sistema normativo que establece los requisitos y características para gozar de esos subsidios. De ahí que dicho artículo transitorio no cause un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, de ahí que la causa de improcedencia en estudio resulte fundada, por lo que procede sobreseer en el juicio, respecto del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia 2a./J. 12/98, que establece: LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." (Registro 196641, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, página 323) Máxime, que con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, de concederse el amparo respecto del artículo transitorio reclamado, no podrían materializarse sus efectos, pues ello implicaría la pérdida del derecho de los quejosos a gozar de algún subsidio para el pago del impuesto predial, que el legislador local pretendió otorgar; lo cual no le beneficiaría e incluso le causaría un perjuicio, lo que no es compatible con la naturaleza del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto en el párrafo precedente, por el criterio que contiene, la tesis 1a. LXVI/2009, de rubro y datos de localización siguientes: VALOR AGREGADO. SI LA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO IMPLICA LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO RELATIVO, SE MATERIALIZA UN PERJUICIO INCOMPATIBLE CON EL PROPÓSITO Y NATURALEZA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. (Registro 167155, Novena Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 97). En mérito de lo anterior, es innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, respecto del artículo transitorio que por esta vía se combate, en tanto que el examen de ellas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia número 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." SEXTO. Por otro lado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio, debido a que no demostró con documentos fehacientes la existencia del acto de aplicación del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, aunado a que éste no lo obliga a hacer o dejar de hacer cierta conducta. En este sentido, conviene precisar que la quejosa impugna el punto segundo, inciso a), del acuerdo de carácter general referido, en su carácter de norma heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, y que de las documentales exhibidas en el presente juicio, se advierte que es sujeto del impuesto predial respecto del inmueble de uso habitacional de la cuenta predial 07625401138-0, como se desprende de la boleta del estado de cuenta correspondiente al inmueble ubicado en Avenida Bernardo Quintana, número doscientos cinco (205), edificio Torre A, departamento setecientos uno (701), colonia Santa Fe La Loma, código postal cero mil trescientos setenta y seis (01376), en esta ciudad; relativo al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.)11, que dispone: IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos. (Registro digital: 2002151, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1305) En dicho criterio, se estableció que el recibo o certificado de pago es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo en el que reclama las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, porque de esa manera se llega a la convicción de que efectivamente es contribuyente del citado impuesto en relación con el predio al que recibo se refiere, como en el caso acontece. En consecuencia, la quejosa demuestra ser sujeto del impuesto predial, al haber realizado el pago correspondiente respecto del inmueble referido, sin que se aplicara el beneficio contenido en el punto segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno. Esto es, no se benefició con la reducción al impuesto predial que el acuerdo reclamado otorga para los inmuebles que se ubiquen en los rangos "A" al "D", de la tabla relativa a la tarifa contenida en la fracción I del artículo 130, del Código Fiscal de la Ciudad de México, a pesar de que afirma cumplir con el parámetro establecido en la norma de beneficio -casa habitación-. Lo que evidencia que el quejoso se encuentra sujeto a una aplicación negativa del punto segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General que reclama en esta vía; por ende, se acredita su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, al haber demostrado el acto de aplicación a través del pago del impuesto predial correspondiente al inmueble que detenta, de ahí que la causa de improcedencia propuesta sea infundada Por otra parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 73 y 77, de dicha ley, y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que no podrían materializarse los efectos de una eventual concesión del amparo solicitado, pues se darían efectos generales a la ejecutoria de amparo, es decir, se tendrían que otorgar subsidios a todos los contribuyentes del impuesto predial, lo que es contrario al principio de relatividad de las sentencias. Es infundada la causa de improcedencia propuesta, porque en estricto apego a lo previsto en los artículos 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como dispositivos 73 y 78 de la Ley de Amparo, en caso de que la norma legal controvertida se declare inconstitucional, los efectos de la sentencia de amparo serían los de incorporar, únicamente en la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los beneficios previstos en el acuerdo reclamado, para que se le permita obtener el subsidio fiscal en el pago del impuesto predial, sin que ello constituya un derecho a su favor y oponible a la autoridad, pues no se generaría un régimen de excepción, sino que se restablecerían los derechos fundamentales que el emisor del acuerdo debió haber respetado. Finalmente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en razón de que indica, a la cuenta predial 07625401138-0, se le aplicó una reducción al pago del impuesto predial, por lo que, afirma, que no procede la acumulación de beneficios fiscales de conformidad con el artículo 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México; en ese sentido, dado que está prohibida, los efectos del amparo no podrían surtir efectos legales. El artículo en comento dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.] Del dispositivo legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Dicho motivo de improcedencia se actualiza cuando el órgano de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso ni se concretarán, o bien, de haberse concretado, no continuarán materializándose debido a la modificación del entorno en el cual se emitió el acto, por lo que, aún de convenir en su inconstitucionalidad, jurídicamente no sería posible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para aplicar dicha causa de improcedencia, según se desprende del propio precepto, se requiere que concurran tres condiciones: 1. La subsistencia del acto reclamado. 2. La imposibilidad de que surta efecto legal o material alguno y, 3. Que dicha imposibilidad obedezca a que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo, por lo que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de amparo. La primera condición apuntada se entiende como la necesidad de que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio, es decir, que las autoridades responsables en realidad lo hayan expedido; la segunda, se refiere a que los efectos legales o materiales del acto reclamado sean irrealizables a pesar de su subsistencia, en otras palabras, que el acto y sus consecuencias materiales o jurídicas no afecten la esfera jurídica de los gobernados; asimismo, el tercer elemento constituye el extremo esencial de la causa de improcedencia analizada, el cual se refiere a la extinción del objeto o materia que recae sobre el acto, y surge con posterioridad a su emisión por razones naturales o propias del acto, o bien como reflejo de otros actos jurídicos. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 y la tesis 2a. XLVIII/98, de rubros y datos de localización siguientes: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. (Registro digital: 173858, Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189) CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. (Registro digital: 196442, Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 241) Al respecto, la causal hecha valer por la autoridad responsable deviene infundada, en razón de que parte de una premisa errónea, pues en el supuesto de que se otorgara el amparo a la quejosa, éste tendría como efecto que se dejara insubsistente el pago que realizó y se determinara la cantidad a pagar del impuesto conforme a la mecánica de las cuotas reducidas previstas en el Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, es decir, sólo se le aplique un beneficio y no dos como erróneamente manifiesta la responsable, de ahí que la causa de improcedencia propuesta resulte infundada. Al no existir otro motivo de improcedencia manifestado por las partes, ni alguno diverso que este juzgador advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. SÉPTIMO. No se transcriben los conceptos de violación formulados por la parte quejosa por considerarlo innecesario, sin que ello implique violación a las reglas del procedimiento o las disposiciones de la Ley de Amparo, atento a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro y datos de localización siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. (Registro: 164,618, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830) En ese sentido, la quejosa aduce en sus conceptos de violación primero y segundo, que los numerales primero y segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, resultan violatorios del principio de equidad tributaria, al establecer un trato diferenciado a contribuyentes que se encuentran en el mismo supuesto, sin justificación objetiva para ello. Expresa que el principio de equidad tributaria se transgrede, partiendo del supuesto de que el hecho imponible es la propiedad o posesión de un bien inmueble, por lo que la distinción entre inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor se ubique en los rangos A, B, C, D, E, F y G, en contraposición a inmuebles de uso habitacional cuyo valor se sitúa en los rangos de la H a la P, no encuentra justificación alguna para que los primeros tengan derecho a la reducción del impuesto predial y los segundos (rangos H a P), no lo tengan, estableciendo un trato desigual a sujetos que en igualdad de circunstancias se encuentren regulados por una misma hipótesis de causación. Para dar respuesta a tales conceptos, se precisa que el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, regula los principios que deben regir a las contribuciones: Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En la porción normativa transcrita, se encuentra la piedra angular del sistema tributario mexicano, pues prevé los principios de justicia tributaria al señalar que los mexicanos están obligados a contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estados, Ciudad de México y del Municipio en que residan, de manera proporcional y equivalente que disponga las leyes, atendiendo los siguientes principios constitucionales: a) Principio del destino de las contribuciones; b) Principio de proporcionalidad tributaria; c) Principio de equidad tributaria; y, d) Principio de legalidad; En lo que aquí interesa, el principio de equidad tributaria prevé que ante la ley tributaria todos los sujetos pasivos de un mismo tributo que se ubiquen en la misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula a fin de evitar cualquier trato discriminatorio ante situaciones análogas. La equidad tributaria significa, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula; esto es, obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 41/97 de rubro y texto: EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. (Registro digital: 198403, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, página 43) En ese contexto, resulta importante significar que los denominados principios de justicia tributaria fueron objetivados primero en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como principios generales de la materia tributaria, luego, al ser una abstracción de los principios de justicia que inspiran las normas dirigidas a obtener el ingreso, fueron llamados también principios de justicia financiera, pero más adelante se incorporaron a los ordenamientos constitucionales de los Estados modernos que les otorgó un refuerzo superior al que hubieran tenido si conservaran la calidad de principios generales del derecho o se hubiesen positivizado de otro modo. En relación con la naturaleza jurídica de los derechos de mérito, que tradicionalmente o por costumbre son denominados principios, en la doctrina se establece que los llamados 'principios de la tributación', cumplen diversas funciones: en algunos casos son reglas, pautas o guías de la acción fiscal, otros se constituyen en la referencia o modelo obligado, otros más actúan como patrón de control de razonabilidad, utilidad, objetivos, etcétera. De igual manera, cabe significar que los indicados derechos tienen un contenido económico porque se refieren, en principio, a la capacidad económica de los gobernados, al fin redistribuidor de la riqueza y a la aptitud de soportar una carga monetaria que se traduce en el pago en dinero de las sumas que el poder público legislativamente determina por medio de un tributo, cuya cuantía impone al causante, pero, además, tienen efectos directos sobre la propiedad y la libertad humana, al realizarse coactivamente y sin garantía de audiencia la detracción dineraria. El ámbito de aplicación de los derechos que alberga el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, tiene una aplicación estricta en la actividad estatal, porque no cualquier aspecto financiero tiene que observarlos, sino sólo aquellos que tengan una naturaleza tributaria, es decir, que deriven en sí mismos del poder impositivo del Estado, vinculado directamente con todos los aspectos de las contribuciones, por tal motivo el Pleno del Máximo Tribunal ha establecido que la eficacia tutelar de los mencionados principios rige por antonomasia en la obligación sustantiva de pago de las contribuciones, pero también pueden tener operatividad en obligaciones accesorias y en deberes formales, siempre y cuando tengan origen y consecuencias tributarios, ya que si se trata de una actuación financiera estatal que sólo incide en esa materia tributaria, pero no emana inmediatamente de ella, resulta patente que no puede exigirse el cumplimiento de tales derechos, sin desdoro de que quede sujeta a los derechos fundamentales y otros postulados que la Constitución Federal previene. En concordancia con lo anterior, resulta conveniente tener presente el marco normativo que regula el impuesto predial y la figura del subsidio, a efecto de verificar si son aplicables o no los principios de justicia tributaria. Al efecto, el impuesto predial para la Ciudad de México, se encuentra regulado en el Código Fiscal de dicha entidad, específicamente en los artículos 126, 127, 130 y 131 del código tributario local. Destacándose que en el numeral 126, del Código apuntado, se prevén los elementos esenciales de ese tributo, pues establece que el sujeto del impuesto serán las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de inmuebles; lo que de suyo pone de relieve que su objeto lo constituye gravar la riqueza que refleja la mencionada propiedad o posesión. Por su parte, en el artículo 127, se establece que la base gravable es el valor catastral del inmueble, mientras que en el artículo 130, se consigna la mecánica para determinar la tarifa del impuesto, mediante el establecimiento de una tarifa progresiva en función de la modificación de la base gravable. Asimismo, contempla que en el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al rango A, sólo pagara el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior correspondiente a dicho rango. En tal tesitura, en el artículo 130, fracción I, se prevé que los sujetos obligados a liquidar el impuesto predial deben determinar bimestralmente su importe, aplicando la tarifa prevista en la referida fracción, la cual se conforma de dieciséis rangos identificados con las letras A a la P, definidos entre un mínimo y un máximo, según el valor catastral, con cuotas fijas y porcentajes aplicables sobre el excedente del límite inferior, lo que se corrobora con su texto que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 130.- El Impuesto Predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo: I. TARIFA. RANGO LÍMITE INFERIOR DE VALOR CATASTRAL DE UN INMUEBLE LÍMITE SUPERIOR DE VALOR CATASTRAL DE UN INMUEBLE CUOTA FIJA PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR A $0.12 $194,006.64 $202.22 0.01750 B $194,006.65 $388,012.71 $235.06 0.03336 C $388,012.72 $776,026.88 $297.68 0.10426 D $776,026.89 $1,164,039.58 $689.14 0.12793 E $1,164,039.59 $1,552,053.77 $1,169.51 0.13121 F $1,552,053.78 $1,940,066.46 $1,662.16 0.15250 G $1,940,066.47 $2,328,079.14 $2,234.76 0.15760 H $2,328,079.15 $2,716,093.35 $2,826.51 0.17220 I $2,716,093.36 $3,104,106.04 $3,473.06 0.18009 J $3,104,106.05 $3,492,120.25 $4,149.26 0.18533 K $3,492,120.26 $3,880,132.91 $4,845.12 0.19103 L $3,880,132.92 $4,268,145.62 $5,562.40 0.19622 M $4,268,145.63 $4,656,529.33 $6,299.16 0.20729 N $4,656,529.34 $13,969,586.47 $7,078.22 0.22383 O $13,969,586.48 $29,402,268.88 $27,250.3 0 0.22395 P $29,402,268.89 En adelante $60,694.4 7 0.23281 En el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al rango A, sólo se pagará el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior correspondiente a dicho rango. (.)" Ante tal panorama, el contribuyente debe ubicar en qué rango se localiza el valor catastral de su inmueble para calcular su impuesto predial a pagar, obteniendo de esa forma la cuota fija que le corresponda; asimismo, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro, debe tomarse en Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 27 consideración el porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y así determinar el tributo a pagar. Cabe señalar, que con motivo de la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, la cual entró en vigor el uno de enero del dos mil veintiuno, se derogó la fracción II, del numeral 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Dicho programa de subsidios es el contenido en el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, que ahora reclama la quejosa, el cual en la parte que interesa establece lo siguiente: "PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar, en términos del numeral SEGUNDO, en el pago del Impuesto Predial (en adelante Impuesto) a los contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México (en adelante Código); b) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código; y c) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones en términos del artículo 127, párrafo cuarto del Código. SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO se otorgan los subsidios fiscales que a continuación se indican: a) Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con las cuotas que a continuación se mencionan: Rango Cuota de Subsidio A $52.00 B $61.00 C $73.00 D $88.00 Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 28 b) Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con el porcentaje que a continuación se menciona: Rango Porcentaje de Subsidio E 50% F 35% G 25% De la anterior transcripción, se advierte que en el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo en comento, se estipula que se otorgarán los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplicando para los cuatro primeros rangos la cuota con subsidio de $53.00; $61.00; $73.00 y $88.00, y para los otros tres rangos, el porcentaje con subsidio de 50%, 35% y 25%, respectivamente. Sentado lo anterior, procede analizar la naturaleza jurídica de la referida modalidad de aminoración de la deuda tributaria prevista en los preceptos tildados de inconstitucionales, que se otorgan a título de subsidios respecto del cobro del impuesto predial en la Ciudad de México, a las personas físicas y morales que sean propietarias y/o poseedoras del suelo o las construcciones adheridas a él, de uso habitacional o mixto; para lo cual se estima necesario mencionar algunas de las figuras mediante las cuales el Estado, en sus distintas representaciones, ha pretendido incentivar o proteger determinadas actividades, establecimientos o clases Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 29 sociales, para fomentar su desarrollo o satisfacer sus necesidades de orden público e interés general, por lo que entre los medios más comunes de fomento destacan, atendiendo a su objeto, las medidas honoríficas, como las condecoraciones militares o civiles; económicas, como primas, incentivos, subvenciones y desgravaciones fiscales; y las jurídicas, como el otorgamiento de ciertas concesiones. Cabe destacar que desde el punto de vista del momento en que se libra o favorece al beneficiario de la actividad de fomento, el incentivo puede ser anterior, simultáneo o posterior a la actividad privada que se pretende estimular. De las mencionadas modalidades de fomento destacan los incentivos económicos, que han sido distinguidos en la doctrina entre aquellos que no significan para la administración pública un desembolso inmediato, sino más bien una pérdida de ingresos, como las exenciones y desgravaciones fiscales, de aquellos otros auxilios directos que comportan una efectiva salida de dinero público en favor de un particular o algún otro ente estatal. Una de las principales medidas de fomento de índole económico es la subvención, que se caracteriza por constituir una atribución patrimonial a fondo perdido de una administración pública, como sujeto activo otorgante a favor de un particular, enfocada al desarrollo de una actividad del beneficiario. En otros términos, es todo desplazamiento patrimonial que realiza la administración a un particular, sin contrapartida directa de dicho beneficiario (no hay obligación de reembolso), para que realice cierta actividad de interés público. Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 30 Es importante significar que tanto en la doctrina como en la legislación se confunde la figura de la subvención con el subsidio, pero en realidad éste es una especie de aquél, pues constituye un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante periodos determinados, para auspiciar su desarrollo por ser de interés general. Desde el punto de vista económico, los subsidios son aplicados para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Al efecto, el artículo 28, constitucional, establece en su último párrafo la facultad de otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación, precisando que el Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta. Meritorio resulta destacar que en México se regula el otorgamiento de los subsidios por dos vías, la del ingreso de orden impositivo, y la del gasto público o de carácter presupuestal. Por tanto, es en la legislación de carácter fiscal y presupuestal en las que las autoridades competentes conceden a los agentes privados de la economía, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación o mediante el sacrificio del cobro parcial o porcentual de un impuesto, un apoyo de orden financiero a efecto de que, contribuyan a los fines y objetivos que el Estado determina en materia de política económica o de conducción del proceso de desarrollo. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve la Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 31 contradicción de tesis número 134/98-SS, analizó la naturaleza jurídica de los subsidios y al efecto señaló que constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa, y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico, que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado; según se desprende de la tesis 2a. CXXII/99, que establece: SUBSIDIOS. NATURALEZA JURÍDICA. Los subsidios constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico, que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado. En cuanto a actos de autoridad, los subsidios se decretan unilateralmente, vinculando a los gobernados, tanto a los beneficiarios directos o últimos como a los terceros que eventualmente intervienen en su aplicación, de modo que ésta al crearse situaciones jurídicas concretas, da lugar a obligaciones de las autoridades y derechos correlativos de los gobernados; por lo tanto, aun cuando los subsidios tienen la finalidad de otorgar un beneficio y no causar un perjuicio a dichos gobernados, debe admitirse que al crear una situación jurídica concreta para aquellos terceros que intervienen en el procedimiento, éstos pueden verse afectados por las determinaciones correspondientes que modifiquen o revoquen un subsidio sin la observancia de la normatividad establecida en el decreto respectivo. (Registro: 193244, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 591) El citado criterio se refiere a la naturaleza jurídica del subsidio presupuestario, pero no lo examina desde el punto Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 32 de vista tributario, pues dicha cuestión no fue materia de la litis en la contradicción de tesis de la que deriva, por lo que no se precisaron los alcances de esa figura jurídica respecto de las contribuciones; razón por la que se considera necesario invocar una tesis aislada de carácter histórico de la Sexta Época, en la cual la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una aproximación de la forma en que opera esa institución en el ámbito fiscal, al señalar que actúa sobre el gravamen reduciendo su monto, por lo que entraña una disminución del impuesto fijado por la ley (aunque aclaró que la naturaleza de tales instituciones es diametralmente opuesta); según se advierte de la mencionada tesis que lleva por rubro y texto los siguientes: GRAVAMEN Y SUBSIDIO. DIFERENCIA. Aun cuando no puede desconocerse la diferencia existente entre un gravamen y un subsidio, ni tampoco las condiciones que deben concurrir para que sea exigible el primero y para que surta efectos el segundo, y precisamente por esto último o sea, porque en algún caso, el subsidio opera sobre el gravamen, reduciendo su monto, puede decirse que aquél, concretamente, entraña una disminución del impuesto fijado por la ley, y de tal manera, como el impuesto es de naturaleza completamente distinta al subsidio y éste se otorga con tales o cuales finalidades, pudiendo hacerse efectivo de manera real en el momento en que se cubra el impuesto o antes o después, y además puede ser reducido del monto del impuesto por pagar, sin que en uno u otro casos se cambie su naturaleza tomando en cuenta que no es jurídico hacer distingo cuando la ley no lo hace, debe concluirse, que, si un subsidio es de $0.18 por kilo, el gravamen cuyo monto asciende a $0.20 por kilo, se reduce a la cantidad de $0.02 únicamente. (Registro: 267905, Sexta Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXXVI, Tercera Parte; página 72) En ese tenor, el subsidio en materia tributaria opera como una medida sustractiva del quantum de la carga tributaria, por lo que es afín a otras medidas de desgravación fiscal. Al respecto, cabe destacar que el legislador tributario puede hacer uso de diversos medios sustractivos para ajustar al tributo a la realidad económica actual, o bien inspirado por motivaciones de carácter extrafiscal; los que Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 33 si bien tienen como denominador común que aligeran la carga tributaria (en algunos casos incluso impiden que nazca la obligación tributaria), lo cierto es que no pueden homologarse entre sí, dado que por regla general, de cada uno de dichos institutos puede predicarse un propósito determinado, o bien, a cada uno de ellos puede corresponder una consecuencia específica diversa, dependiendo del punto específico en el que impacten dentro de la mecánica del tributo de que se trate, ya que algunos inciden sobre el hecho imponible (exenciones en estricto sentido), mientras que otros operan sobre la base imponible, el tipo de gravamen o la cuota; aunque desde el punto de vista científico todas las medidas desgravatorias, constituyen exenciones tributarias en sentido amplio. Lo anterior tiene singular relevancia, dado que el subsidio en materia impositiva tiene la naturaleza jurídica de una medida desgravatoria o exoneradora de carácter parcial, pues por regla general, no impide el surgimiento de la obligación tributaria o deber de pago generado por la actualización del hecho imponible de que se trate, sino que opera en uno de los elementos denominados mesurables o cuantitativos de la contribución, que es la tasa o tarifa aplicable a la base gravable, ya que constituye un apoyo económico que el legislador tributario concede de manera indirecta, mediante el sacrificio del cobro parcial o porcentual del tributo de que se trate, a efecto de proteger actividades que se consideran prioritarias para el desarrollo del país o incentivar el consumo de un servicio público, y de esa manera velar por el poder adquisitivo de los consumidores. En efecto, el subsidio tributario se distingue de otras medidas sustractivas que también disminuyen de manera Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 34 parcial la obligación tributaria, en que éste impacta en la tasa o tarifa aplicable a la base gravable, ya que constituye un apoyo económico que el legislador tributario concede de manera indirecta, mediante el sacrificio del cobro parcial o porcentual del tributo de que se trate, esto es, no cobrando la cuota tributaria en su integridad, a efecto de proteger actividades que se consideran prioritarias para el desarrollo del país o incentivar el consumo de un servicio público, por lo que no se favorece a personas individualizadas. En ese sentido, se tiene que los subsidios son un apoyo creado por el Estado, para auxiliar o asistir a la sociedad en su economía y para el cumplimiento de sus obligaciones, pues emanan de un Acuerdo de carácter general y, es aplicado de manera posterior a la mecánica del cálculo del impuesto predial, por lo que se trata de beneficios fiscales. Lo anterior, ya que el subsidio tributario no conlleva una disposición directa de fondos monetarios estatales, sino la absorción de una parte de la deuda tributaria respectiva mediante su cobro parcial o porcentual, que en el caso del impuesto predial se traduce en el apoyo en el pago del aludido tributo a los contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y, D, de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9°, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Así, los subsidios van encaminados a conceder a grupos vulnerables de la Ciudad de México, un beneficio fiscal que se traduce en un apoyo a su economía a fin de Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 35 disminuir las desigualdades, e incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la salvedad que se deben cumplir con los requisitos y circunstancias particulares establecidas de forma clara y precisa dentro del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial; lo que incluso se puede advertir del propio Código Fiscal de la Ciudad de México, toda vez que en los artículos primero, inciso a); segundo, inciso a), del Acuerdo de carácter general referido, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; se establece un subsidio en el pago del impuesto predial a los contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130, del Código Fiscal de la Ciudad de México. En efecto, cabe reiterar, en los artículos primero inciso a) y segundo, inciso a), del Acuerdo en comento, se estipula que se otorgarán los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130, del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas que a continuación se mencionan: Rango Cuota con subsidio A $52.00 B $61.00 C $73.00 D $88.00 Como se observa de lo anterior, en el inciso a) del Acuerdo General reclamado se otorga un subsidio fiscal Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 36 para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, estableciendo una cuota con subsidio de $52.00; $61.00; $73.00 y $88.00, respectivamente. Ahora, cabe reiterar que en el artículo 130, fracción I, se prevé que los sujetos obligados a liquidar el impuesto predial deben determinar bimestralmente su importe, aplicando la tarifa prevista en la referida fracción, la cual se conforma de dieciséis rangos identificados con las letras A a la P, definidos entre un mínimo y un máximo, según el valor catastral, con cuotas fijas y porcentajes aplicables sobre el excedente del límite inferior. Así, el contribuyente debe ubicar en qué rango se localiza el valor catastral de su inmueble para calcular su impuesto predial a pagar, obteniendo de esa forma la cuota fija que le corresponda; asimismo, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro, debe tomarse en consideración el porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y así determinar el tributo a pagar. En ese sentido, se observa que los rangos A, B, C y D, para la determinación del impuesto predial del ejercicio dos mil veintiuno, deberán aplicar la cuota fija reducida prevista en el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, a la mecánica general del cálculo del impuesto. Con base en lo expuesto, este órgano de constitucionalidad considera que las porciones normativas Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 37 impugnadas se rigen por los principios de justicia tributaria, pues regulan o inciden directamente en la obligación sustantiva, dado que se relaciona con uno de los elementos esenciales de las contribuciones, pues opera sobre la cuota. Por otra parte, en el inciso b) del artículo segundo en comento, se estipula que para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se otorgarán los subsidios fiscales, de acuerdo con los siguientes porcentajes: Rango Porcentaje con subsidio E 50% F 35% G 25% Ahora bien, tomando en consideración que el Acuerdo General referido establece que para los rangos E, F y G, se aplica el porcentaje con subsidio de 50%, 35% y 25%, respectivamente. En ese sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, y al Acuerdo reclamado, se observa que los rangos E, F y G, para la determinación del impuesto predial del ejercicio dos mil veintiuno, deberán llevar a cabo la mecánica general del cálculo del impuesto y una vez establecido el impuesto a cargo, esto es calculada la tarifa, aplicar el porcentaje de aminoración con subsidio de 50%, 35% y 25%, respectivamente. Consecuentemente, este órgano de constitucionalidad estima que dicha porción normativa impugnada no se rige Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 38 por los principios de justicia tributaria, pues no regula o incide directamente en la obligación sustantiva, ni se relaciona con uno de los elementos esenciales de las contribuciones. En efecto, el subsidio otorgado a los rangos E, F y G, no incide en forma alguna en la mecánica del tributo, porque como se dijo, los subsidios ahí establecidos son un apoyo creado por el Estado, para auxiliar o asistir a la sociedad en su economía y para el cumplimiento de sus obligaciones, pues emanan de un Acuerdo de carácter general y, es aplicado de manera posterior a la mecánica del cálculo del impuesto predial, por lo que se trata de un beneficio fiscal que opera fuera de la mecánica del tributo. Se expone tal aserto, pues de ninguna manera se inserta en la metodología del tributo, porque no modifica o altera la forma en que se calcula el impuesto predial, sino que se conceden una vez que ya fue calculado el quantum de la contribución, por tanto, no puede ser analizada su constitucionalidad a la luz de los principios tributarios. Lo que de suyo revela que el diseño de los aludidos subsidios es diferente, pues los primeros impactan en la cuota disminuyendo la prevista originalmente en la mecánica del impuesto; en tanto que los segundos operan por fuera de la estructura del tributo una vez calculada la tarifa, por lo que se trata de dos modalidades diversas de aminoraciones, aunque el autor de la norma las denominó indistintamente como subsidios. No obstante, la porción normativa contenida en el inciso b), del artículo segundo en comento, no queda exenta del escrutinio constitucional, pero al no ser aplicables los principios de justicia tributaria, se analizarán los argumentos vertidos en relación a la alegada violación a Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 39 la equidad tributaria, a la luz del derecho fundamental de igualdad. Para cumplir con el anunciado cometido, es menester precisar que el derecho fundamental de igualdad y no discriminación, se encuentra contemplado en el artículo 1° Constitucional que a la letra dispone: Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El derecho humano de igualdad, contemplado en el artículo 1° constitucional o principio de igualdad, debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Sin embargo, no toda desigualdad de trato ante la ley implica vulnerar tal derecho, sino que dicha violación la produce aquella desigualdad o discriminación con base en alguna categoría sospechosa, que introduce una diferencia entre situaciones jurídicas que pueden considerarse Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 40 iguales, cuando dicha disparidad carece de una justificación razonable y objetiva. Así el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos de hecho cuando la utilización de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; dicho principio de igualdad no prohíbe al legislador establecer una desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no estar apoyadas en criterios razonables y objetivos, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. Para que la diferenciación resulte apegada a la Constitución no basta que el fin sea lícito, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten de la norma sean adecuadas y proporcionales a dicho fin, de tal manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el objetivo pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Conforme a lo anterior, se puede afirmar que el concepto de igualdad en el plano jurídico significa que en una determinada situación todos los individuos tengan los mismos deberes y derechos, de tal manera que en ningún caso la autoridad pueda dar trato diferente a los gobernados que se ubiquen en las mismas situaciones jurídicas. Apoyan lo expuesto las jurisprudencias 1a./J. 55/2006 y 1a./J. 81/2004, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 41 la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado. (Registro digital: 174247, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 75) IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 42 Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. (Registro digital: 180345, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 99) Al interpretar el artículo 1° constitucional referido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que tal norma contiene el principio de igualdad, el cual permea a todo el ordenamiento jurídico, de modo que cualquier trato discriminatorio hecho con base en alguna "categoría sospechosa" es incompatible con ese principio. Asimismo, ha establecido que la igualdad, como principio constitucional, subyace en toda la estructura del sistema jurídico y, por tanto, constituye un límite a los poderes del Estado, conforme al cual debe cuidarse el no generar paridad entre todos los individuos (igualdad formal o jurídica), ni tampoco una igualdad material o real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato. De igual forma, ha señalado que el principio de igualdad está vinculado con la no discriminación, pues al existir un deber de dar el mismo trato (tanto material como Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 43 formal), se prohíbe la discriminación, exclusión o preferencia de una persona sobre otra, con base en elementos subjetivos cuyo establecimiento normativo resulte discrecional e injustificado, como acontece con las denominadas "categorías sospechosas". Este principio de igualdad y no discriminación opera en el sistema jurídico de manera transversal; es decir, al permear a todo el ordenamiento, impone diversos deberes a las autoridades del Estado. En esa tesitura, ha definido las denominadas "categorías sospechosas" como los factores constitucionalmente prohibidos de discriminación, como lo son las motivadas por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así, el término "discriminación", ha sido definido como ".toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas". A través de su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el alcance al principio de igualdad, el cual se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 44 inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. De igual forma, la Corte Interamericana ha indicado que, en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre este principio descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, lo cual conlleva a la obligación del Estado de abstenerse de realizar acciones que - directa o indirectamente- vayan dirigidas a crear acciones de discriminación de iure o de facto, así como la obligación del Estado de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades. En virtud de lo anterior, el legislador tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten con bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o incluso extrafiscales. De esa manera, con el fin de verificar si el legislador respetó el principio de igualdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe valorarse el cumplimiento, de manera escalonada, de los criterios siguientes: 1) Que exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 45 comparable, no necesariamente idéntica, sino solamente análoga; 2) Que la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida; 3) Que la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) Que la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para llevar a cabo un juicio de igualdad es necesario contar con un punto de comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón de que el derecho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese sentido, la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, pues debe permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o análogo entre los elementos comparados. Así, de no proporcionarse el punto de comparación para medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación o agravio en el que se haga valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria deviene inoperante. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 54/2018 (10a.), de la Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 46 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN LOS QUE SE HAGA VALER LA VIOLACIÓN A DICHOS PRINCIPIOS, SON INOPERANTES SI NO SE PROPORCIONA UN TÉRMINO DE COMPARACIÓN IDÓNEO PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. Para llevar a cabo un juicio de igualdad o equidad tributaria es necesario contar con un punto de comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón de que el derecho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese sentido, la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, pues debe permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o análogo entre los elementos comparados Así, de no proporcionarse el punto de comparación para medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación o agravio en el que se haga valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria deviene en inoperante. (Registro digital: 2017007, Segunda Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1356) Ello es así, ya que el estudio o análisis de una norma, que se estime discriminatoria, a la luz del derecho fundamental de igualdad jurídica y/o del principio de equidad tributaria, se lleva a cabo en dos etapas sucesivas y no simultáneas, a saber: a) Determinar si las situaciones a comparar efectivamente pueden contrastarse o, en caso contrario, revisten divergencias importantes que impiden una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado. b) Anotada la situación de igualdad, debe determinarse si la distinción de trato: i) persigue una finalidad constitucionalmente válida; ii) es adecuada y necesaria para el logro del fin legítimo buscado; y, iii) resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 47 diferenciado no sean desproporcionados en relación con los objetivos perseguidos. Por tanto, como el subsidio tributario es un acto voluntario y unilateral a través del cual el legislador exime al contribuyente de una parte de la deuda tributaria respectiva mediante su cobro parcial o porcentual, es evidente que incide directamente sobre la obligación material de pago de la contribución, por lo que está sometido a los postulados contenidos en el mandato Constitucional, en tanto que el propio legislador es quien debe regular sus aspectos esenciales, habida cuenta que tal figura jurídica es utilizada por aquél para ajustar el tributo a la realidad económica actual, disminuyendo la carga tributaria para proteger actividades que se consideran prioritarias para el desarrollo del país, operando una distinta cuantificación de la prestación patrimonial, de ahí que su análisis debe llevarse a cabo a la luz del derecho fundamental de igualdad, en correlación con el principio de equidad tributaria (dada la forma en que operan las dos modalidades de subsidios reclamados), pues debe darse un trato equitativo para evitar, en la medida de lo posible, su uso indiscriminado o injustificado entre sujetos obligados que se encuentran en el mismo supuesto fáctico. Sobre tales premisas, debe puntualizarse que como en el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, se establece dicho beneficio a favor de los contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C, D, E, F y G, ya que para los rangos de la A a la D, aplica la cuota con subsidio de $52.00; $61.00; $73.00 y $88.00 y para los rangos E al G, Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 48 aplica el porcentaje con subsidio de 50%; 35% y 25%, respectivamente. Así, partiendo del supuesto de que el hecho imponible del impuesto predial es la propiedad y/o posesión de un bien inmueble, así como las construcciones a él adheridas; al existir el otorgamiento de un subsidio a inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se ubique en los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, excluyendo a los bienes inmuebles con el mismo tipo de uso -habitacional y/o mixto-, al ubicarse en los rangos H a la P, no existe justificación alguna para que los primeros tengan derecho a la reducción del impuesto predial por el otorgamiento de los subsidios y, los segundos no (rangos H a P), pues con ello se estable un trato desigual a sujetos que en igualdad de circunstancias se encuentran regulados por una misma hipótesis de causación. De ahí que, la exclusión del beneficio a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentran comprendidos en los rangos H a P de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, contraviene el derecho fundamental de igualdad, en correlación con el principio de equidad tributaria, en virtud de que establece un tratamiento distinto a los contribuyentes del impuesto predial cuyos inmuebles son de uso habitacional o mixto, por el hecho de ubicarse en los rangos H a P, dado que se les obliga a pagar dicho tributo, sin derecho a los subsidios establecidos en el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, pues tal beneficio únicamente se otorga a los Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 49 contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, ya que los que se ubican en los cuatro primeros rangos gozan del beneficio de una reducción con base en la cuota con subsidio de $52.00; $61.00; $73.00 y $88.00, y para los rangos E, F y G, se aplica el porcentaje con subsidio de 50%, 35% y 25%, respectivamente. En esa tesitura, como el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, conculca el derecho de igualdad, en correlación con el principio de equidad tributaria, toda vez que establecen un trato desigual y disímbolo para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional y/o mixto, cuyo valor catastral se ubique en los rangos A, B, C, D, E, F y G, ya que éstos tienen el beneficio a una reducción del tributo a su cargo, al aplicárseles a los cuatro primeros la cuota con subsidio y a los tres últimos el porcentaje con subsidio, al quedar excluidos los demás rangos H a P, a pesar de que se trate de inmuebles con el mismo tipo de uso - habitacional y/o mixto-, se encuentran en situaciones tributarias que deben considerarse iguales, pues no existe una justificación razonable y objetiva para hacer esa distinción, dado que tal reducción, como beneficio fiscal, se encuentra estrechamente vinculada con el valor catastral del inmueble, para efecto de la aplicación del subsidio fiscal, por lo que no hay una razón justificada, objetiva y razonable en la diferencia del trato. Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 50 En consecuencia, resultan fundados los conceptos de violación que sobre el particular propone la quejosa, por lo que se declara inconstitucional el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, por ser contrario al principio de igualdad, en correlación con el principio de equidad tributaria, al excluir del sistema del otorgamiento de los subsidios, a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional y/o mixto, que se ubican en los rangos del H al P de la tarifa contenida en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de dicho acto. Concesión que se hace extensiva al acto concreto de aplicación, que se materializó mediante la autoliquidación que realizó el quejoso al momento de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, de la cuenta predial 07625401138-0, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida Bernardo Quintana, número doscientos cinco (205), edificio Torre A, departamento setecientos uno (701), colonia Santa Fe La Loma, código postal cero mil trescientos setenta y seis (01376), en esta ciudad. Por tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que, hasta en tanto no sea reformado el ordenamiento respecto del cual se declaró su inconstitucionalidad, le sea aplicado a la parte quejosa el subsidio establecido para el rango correspondiente del inmueble que por esta vía defiende el quejoso, de conformidad al Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, por lo que deberá llevar a cabo la mecánica general Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 ENGROSE 51 del cálculo del impuesto y una vez establecido el impuesto a cargo, se le aplique el porcentaje con subsidio del porcentaje correspondiente respectivamente. En otras palabras, que una vez que determinada la cantidad que por concepto de impuesto predial debe pagar del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, a la cantidad que resulte a su cargo, se le aplique el porcentaje con subsidio establecido para el rango correspondiente, del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, vigente a partir del uno de enero del dos mil veintiuno, con el objeto de que se le otorgue ese beneficio. Además, considerando que el quejoso acreditó el pago del impuesto predial por el ejercicio de dos mil veintiuno, una vez que el solicitante del amparo determine el nuevo monto del impuesto referido, en caso de que existan diferencias, se le entreguen las cantidades correspondientes. Así se deduce de la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), que establece: IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 52 particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo. (Registro 2019364, Décima Época, Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, página 1547) También son aplicables al caso por identidad de razón, las jurisprudencias 2a./J. 226/2009 y 2a./J. 93/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, PUNTO 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008)" y, "NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 79, 124, 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E. PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado al Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, consistente en la emisión de la boleta de pago para el cobro del impuesto predial para el ejercicio dos mil veintiuno, así como respecto de los actos reclamados al Congreso y la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, respecto de los actos consistentes en la expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo Quinto Transitorio, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Carmen López Hernández, en contra del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan Subsidios Fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, en específico el punto Segundo, inciso a) y su aplicación; por las razones y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a doce de abril de dos mil veintiuno. Se tienen por recibidos el oficio signado por el Director de lo Contencioso del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual, rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En relación a su petición de autorizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, deberán estarse a lo acordado el diez de marzo del año en curso. Por lo que, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta, y a su vez evitar cualquier violación procesal, atendiendo a las cargas excesivas de trabajo, se DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.21/2008, de rubro y datos de localización siguientes: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. (No. Registro: 170081, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Marzo de 2008, Página: 151). Así como la jurisprudencia P./J. 54/2000, que es del Tribunal Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que señala: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. (Registro: 191995, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Página: 5). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza.????????????? Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- Maria del Carmen Garcia Canteli667/2021
- María del Carmen Garcìa Rojas816/2022
- María del Carmen Hidalgo Pérez1563/2022
- María del Carmen Huerta Álvarez537/2018
- María del Carmen Landero López1733/2021
- María del Carmen Laurel Morillon1826/2023
- María del Carmen Lopez Jimenez893/2016
- María del Carmen López Miranda1858/2022
- Maria del Carmen Lozano Arizmendi1021/2023
- María del Carmen Martínez Ortega29/2023
- Maria del Carmen Montes de la Rosa37/2022
- María del Carmen Nava Leyva764/2016