Maria del Carmen Esquivel Gomez

Expediente 762/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
762/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Esquivel Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintinueve de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    "Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Esquivel Gómez, por propio derecho, contra actos de la Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se provee como sigue: 1).- Registro demanda. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. 2).- Exhortacio´n a tramitar asuntos en li´nea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así´ como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá´ registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en las fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con la jurisprudencia P./J. 38/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 190037, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Cabe señalar que dicho criterio interpretó en su conjunto las hipótesis contenidas en la Ley de Amparo abrogada que establecían la procedencia contra actos fuera de juicio, dentro del mismo, después de concluido y en ejecución -las cuales en lo sustancial son similares a las de la Ley de Amparo en vigor-, señalando, que en todos esos casos cuando se reclaman determinaciones intermedias emitidas en un procedimiento incidental, el cual es susceptible de impugnarse en el amparo, las mismas deben reclamarse hasta la resolución final. Por lo anterior, es que dicho criterio se encuentra vigente -al realizar una interpretación que no se contrapone con la Ley de Amparo actual-, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, y resulta obligatorio en sus consideraciones, al haber sido aprobado de fondo por unanimidad de votos, tal como establece el artículo 222 de la Ley de Amparo, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. Luego, se tiene que conforme a las disposiciones en comento, el juicio de amparo tratándose de incidentes sustanciados después de concluido el juicio, únicamente puede ser procedente en contra de la resolución final, por lo que no pueden reclamarse resoluciones intermedias dictadas en su sustanciación. Lo que atiende precisamente a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, no estructurado para paralizar procedimientos, sino para asegurar las protección de derechos humanos inmersos en los mismos, en los casos específicos establecidos por la norma, por lo que no puede sostenerse que dicho medio de control constitucional proceda en contra de cada una de las determinaciones adoptadas en un incidente, pues en todo caso, las mismas pueden ser reclamadas con su resolución final, siendo además que puede acontecer que tales determinaciones intermedias no trasciendan a la esfera jurídica del quejoso, si la resolución interlocutoria en cuestión le resulta favorable. Expuesto lo anterior, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la audiencia Incidental de pruebas y alegatos de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio de divorcio incausado 442/2018-3, del índice del Juzgado Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, en el que determinó que continuaría con la secuela de dicho incidente, y que por ello designaría perito partidor por parte de dicho juzgado, lo cual se reservó, al encontrarse imposibilitado en virtud de una falla eléctrica. Asimismo, la quejosa -actora en el juicio de origen- señala que dentro de dicho juicio el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 551 OCTIES del Código Procesal Familiar vigente en el Estado, y que en dicha audiencia quedó disuelto el vínculo matrimonial entre la aquí quejosa y Gabriel Figueroa López. De lo anterior, se deduce que conforme a las manifestaciones de la quejosa, en dicha audiencia se dictó la sentencia que declaró disuelto el vínculo matrimonial, la cual, con independencia de que en la misma se hayan resuelto las cuestiones inherentes al matrimonio o no, se constituye como una determinación definitiva respecto de las cuestiones que allí se deciden, ya que la misma permite la escisión de las pretensiones a dirimirse en tal juicio, permitiendo que se den por concluidas sólo algunas de ellas, tal como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021695, del contenido siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." En ese contexto, es que, conforme a la legislación aplicable en el Estado, tratándose del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, emitido con posterioridad a que se dicta la sentencia que tiene por disuelto el vínculo matrimonial en un juicio de divorcio incausado, se trata de un acto emitido después de concluido el juicio, porque dicha sentencia oficiosamente debe proveer sobre la terminación de la sociedad conyugal como evidencian los artículos 489 y 551 Ter del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, ello aunado a que resulta una consecuencia legal de la disolución de dicho vínculo matrimonial, la terminación de la sociedad conyugal de conformidad con el diverso ordinal 104 del Código Familiar para el Estado de Morelos. De lo cual se colige que la sentencia que declara disuelto el vínculo matrimonial, también termina con la sociedad conyugal, y que por ello, se trata de la sentencia definitiva respecto de éste último tópico. Luego, es que, las decisiones que posteriormente se adopten respecto a la sociedad conyugal, se tratan de actos emitidos después de concluido el juicio -ya sea actos después de concluido el juicio en sentido estricto, como actos autónomos a la ejecución, o bien, como de ejecución de sentencia-, tal como ilustra la jurisprudencia 1a./J. 57/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2010472, del contenido siguiente: "INCIDENTE DE CESACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO CONCLUIDO EN EL QUE SE CONDENÓ AL DEUDOR ALIMENTARIO A SU PAGO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO RESUELVE, PROCEDE EL AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. En los casos en los que en un juicio se emita una sentencia definitiva en la que se condene al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia, debe considerarse que ese juicio concluyó, por lo que si con posterioridad, dentro del propio expediente, se promueve y resuelve un incidente de cesación de la pensión alimenticia decretada previamente, es inconcuso que esa resolución incidental constituye un acto dictado después de concluido el juicio que, además, no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino declarar la cesación de la condena respectiva. En ese sentido, del artículo 107, fracciones V y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, así como 170 de la vigente, deriva la regla general de que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no pueden tener la naturaleza de sentencias definitivas, pues desde una perspectiva de lógica jurídica procesal, para aquéllas constituye un presupuesto la conclusión del juicio, o sea, que previamente exista una sentencia definitiva o alguna otra resolución que hubiere puesto fin al juicio, máxime que respecto de los actos de tribunales dictados después de concluido el juicio, las legislaciones de amparo indicadas no aportan elementos para considerar que constituya un dato relevante para la procedencia de la vía indirecta de tramitación del juicio de amparo, la condición de que en los actos dictados después de concluido el juicio se resuelva, o no, sobre algún derecho sustantivo. De ahí que si la resolución señalada no puede considerarse sentencia definitiva, sino una actuación dictada después de concluido el juicio, entonces, de conformidad con la Ley de Amparo abrogada (artículo 114, fracción III), y con la vigente (artículo 107, fracción IV), procede el juicio de amparo en la vía indirecta para intentar su impugnación constitucional; lo anterior, sin perjuicio del examen que deba hacerse en relación con la procedencia del juicio de amparo, como es el caso del análisis sobre la definitividad del acto. Ello, ya que de la misma forma que sucede cuando en una sentencia se resuelve en definitiva el pago de alimentos y después incidentalmente se emite un pronunciamiento nuevo sobre dicho tópico, acontece cuando se resuelve sobre la terminación de la sociedad conyugal en la sentencia que dio por concluido el vínculo matrimonial, y después de emite un pronunciamiento sobre tal cuestión, pues al tratarse de situaciones análogas, es que tales determinaciones, en ambos casos, se tratan de actos emitidos después de concluido el juicio. Y aún más específico, tratándose del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, el mismo se trata de un acto emitido después de concluido el juicio en estricto sentido, y no en ejecución de sentencia, pues ha sido criterio reiterado de nuestro máximo tribunal que los incidentes de liquidación no forman parte de la ejecución de una sentencia, pues se tratan de actos previos a dicha etapa, tal como se visualiza en la jurisprudencia 1a./J. 6/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196891, del contenido siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." De lo anterior se colige que el amparista reclama un acto después de concluido el juicio en estricto sentido, pues como se refirió, reclama una resolución intermedia dictada durante el trámite del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, el cual por su naturaleza, conforme a los términos anotados, no forma propiamente parte de la ejecución de la sentencia, al no tener por objeto el cumplimiento de la misma, sino su cuantificación previo a ejecutarla. Y por tanto, al tratarse de un acto después de concluido dictado durante la tramitación de un incidente, y al no ser la resolución final del mismo, sino un acto intermedio, es que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente en su contra conforme a la jurisprudencia P./J. 38/2001, en cita. Ello, ya que sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de la resolución interlocutoria que en su caso se emita en dicho incidente, lo cierto, es que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos intermedios dictados en el mismo, ya que en todo caso la parte quejosa tiene que promover el juicio de amparo en contra de la resolución definitiva que de por concluido el mismo, reclamando la audiencia de pruebas y alegatos en conjunto con la resolución final, como una violación procesal que en su caso haya trascendido a la misma; a fin de que sea valorada la procedencia del mismo, pues sólo de dicha manera puede ser estudiado su reclamo, como ilustran las tesis I.7o.P.9 K y XI.2o.97 C, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con registros 170864 y 190499 respectivamente, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EMITIDO EN LA TRAMITACIÓN DE UN INCIDENTE SEGUIDO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Del contenido de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo se advierte la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento de ejecución de sentencia y de remate, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente, sean reclamables en el amparo que se promueva contra la resolución final que se dicte en éste; por lo que la misma razón debe regir para aquellos amparos en que se reclame el acuerdo de desechamiento de pruebas emitido en la tramitación de un incidente seguido después de concluido el juicio, pues se trata de un acto de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios mas no de imposible reparación, tomando en cuenta además, que existe la posibilidad de que estos últimos desaparezcan si el agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en dicho incidente; y, en caso contrario, que goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que lo hayan dejado sin defensa." "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional. Luego, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiarían la naturaleza del acto reclamado, que consiste en una resolución intermedia dictada durante la sustanciación de un incidente promovido después de concluido el juicio, es decir, no es necesario sustanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso la quejosa en ella, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, las cuales constituyen una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno, se aprecia el acto reclamado fue después de concluido un juicio, durante la tramitación de un incidente, y que no se trata de la resolución interlocutoria definitiva dictada en el mismo. Por lo que, más que un beneficio, de considerar procedente éste amparo, se le causaría una afectación al derecho de acceso a la justicia a la quejosa, al generarle falsas expectativas de que puede reclamar dicha determinación en la vía constitucional aun cuando no se trata de la resolución final de tal incidente, para finalmente dictar en su contra una resolución final en similar sentido -sobreseyendo en el juicio al considerarlo improcedente-, lo que incluso podría ocasionar que consienta tales actos -como en el caso en que no reclame la audiencia de pruebas y alegatos como una violación procesal respecto de la resolución interlocutoria definitiva dictada en el mismo- o posteriores, basado en esa ilusoria expectativa de que mediante la promoción del presente juicio de amparo el acto que reclama puede ser anulado.. 4).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona con excepción de Edith Valladares Ocampo, en razón de que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; mientras tanto se le tiene por autorizado en términos de la parte final del segundo párrafo del precepto legal en cita, así como a las diversas personas que menciona. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con el usuario que menciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En relación a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, se le tiene por señalados a fin de que se pueda entablar comunicaciones no procesales en el presente juicio de amparo; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5). Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo...."

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