María del Carmen Bernal Sandoval

Expediente 824/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
824/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Bernal Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo, por medio del cual comunica, el acuerdo dictado en los autos del recurso de revisión 464/2023; se admite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, quien autoriza y da fe. La secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, CERTIFICA: Que la promoción de cuenta así como el acuerdo que se dicta, se encuentran debidamente integrados en el expediente electrónico del asunto al rubro citado. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil veintitrés. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS BOULEVARD DEL LAGO, NÚMERO 103, EDIFICIO A, PLANTA BAJA, COLONIA VILLA DEPORTIVAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 62370, CUERNAVACA, MORELOS. "2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO" Juicio de Amparo: 824/2023 Oficio: 27533/2023 MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. En cumplimiento a lo ordenado en autos, remito a usted, el original y copia del escrito de agravios expresados por la parte quejosa, al interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo al rubro citado. En el entendido de que, en su oportunidad se habilitará el presente expediente para su consulta electrónica, en el que se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que lo integran, por ello, resulta innecesario adjuntar el original del juicio de amparo, de las constancias de notificación a las partes y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Por otra parte, infórmese que en el juicio de amparo anotado al rubro, no existe registrado antecedente de que se haya interpuesto algún recurso de revisión o queja, o de cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, relacionado con el presente asunto. Solicitando se sirva ordenar a quien corresponda, acuse el recibo correspondiente. Cuernavaca, Morelos, 13 de noviembre de 2023 Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado Electrónicamente).

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresa los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: ******************** Quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ********************. R E S U L T A N D O 1. Remisión de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante oficio ********************de trece de junio de dos mil veintitrés, remitió los autos del juicio de amparo ********************de su índice, al declinar competencia en favor de este órgano jurisdiccional, por conocimiento previo; tales documentos fueron recibidos por este Juzgado de Distrito, el catorce de junio siguiente, entre los cuales, se aprecia el escrito de demanda de ********************, por propio derecho, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Jueza Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, por el acto reclamado siguiente: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Se reclama el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. Mismo que se adjunta al presente escrito como Anexo 1, manifestando bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado corresponde a las fotografías del documento íntegro e inalterado del documento impreso que obra en el expediente del juicio de origen." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Acepta competencia, avoca al conocimiento del asunto y trámite del juicio. Por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, este juzgado aceptó la competencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, por conocimiento previo y, se avocó al conocimiento del asunto, para lo cual lo registró con el número de expediente ********************. En consecuencia, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se reservó acordar el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obrara en autos el informe justificado solicitado, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Por auto de diez de julio de dos mil veintitrés, ordenó emplazar con el carácter de tercera interesada a ********************, lo cual se realizó el catorce de julio siguiente, sin que se apersonara al juicio; y, el catorce de agosto de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad civil en materia mercantil, con residencia en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado Jueza Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. El auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil del Estado de Morelos, promovido por ******************** -aquí tercera interesada-, por conducto de su endosatario en procuración, en contra de ********************-aquí quejosa- y otra persona más, que desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que recayó a la solicitud de que se decretara la caducidad del juicio, el cual determinó que no había lugar a acordar de conformidad, por no permitirlo el estado procesal de los autos, al estar pendiente de resolver el amparo en revisión ********************del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoctavo Circuito. lll. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, remitió copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, entre las que se encuentran la solicitud de caducidad del juicio, el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés -acto reclamado-, así como el diverso de veintiocho de abril del año citado, impugnado a través del recurso de revocación interpuesto por la parte demandada en el juicio de origen -aquí quejosa-; documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se advierte que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquellos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución, y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Por ello, como ahora lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se analicen las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. Es decir, procede el juicio de amparo en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de las personas, resultando improcedente el que se promueve en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se logra, se extinguen tales violaciones, sin transgredir los derechos fundamentales; así, el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio. En el caso, se reclama el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de origen, el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto de veintiocho de abril del año citado, que recayó a la solicitud relativa a que se decretara la caducidad del juicio, el cual determinó que no había lugar a acordar de conformidad, por no permitirlo el estado procesal de los autos, al estar pendiente de resolver el amparo en revisión ********************del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoctavo Circuito. Al respecto, la quejosa aduce en la demanda de amparo que el auto reclamado le genera un perjuicio, pues la juzgadora responsable negó su solicitud de decretar la caducidad del juicio, aún y cuando dicho amparo en revisión ya se encontraba resuelto. Sin embargo, del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que recayó a tal solicitud de caducidad del juicio, se advierte que contrario a lo afirmado por la impetrante de amparo, tal determinación no negó decretar la caducidad del juicio ejecutivo mercantil, sino que se limitó a establecer que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, por no permitirlo el estado procesal de los autos, por encontrarse pendiente de resolver el amparo en revisión ********************del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoctavo Circuito (derivado del diverso amparo indirecto ******************** del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, que la parte actora ******************** -aquí tercera interesada-, promovió contra la resolución del recurso de revocación que confirmó el auto que regularizó el procedimiento del juicio ejecutivo mercantil de origen respecto del aval, dejando sin efectos la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, por el cual se trabó formal embargo sobre el salario del citado aval). Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la quejosa, sino que se trata de una afectación en su caso, de índole adjetiva o procesal, que puede ser reparada al emitirse la sentencia definitiva, pues conforme al criterio adoptado por el máximo tribunal constitucional, para que un acto pueda ser calificado como de imposible reparación, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De ahí que, por el momento, no se hace evidente que el acto reclamado genere una situación de irreparabilidad en agravio de la quejosa, pues tal cuestión, en todo caso, se verá reflejada al momento del dictado de la sentencia definitiva, que es cuando la quejosa pudiera resentir una afectación. Ello, porque no se debe inadvertir que el auto que se reclama recayó al recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que en atención a la petición de la quejosa, relativa a que se decretara la caducidad del juicio ejecutivo mercantil de origen, determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, por no permitirlo el estado procesal de los autos, al encontrarse pendiente de resolver el amparo en revisión ********************del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoctavo Circuito; es decir, contrario a lo afirmado por la impetrante de amparo, el auto reclamado a través del recurso de revocación que se desechó de plano por la autoridad responsable, no constituye un pronunciamiento que negara decretar la caducidad de la instancia, pues no se resolvió sobre si se actualizaba o no dicha figura procesal, sino que únicamente se dijo que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por no permitirlo el estado procesal de los autos, por estar pendiente de resolución el amparo en revisión de referencia. Se estima lo anterior, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 385/2014, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 23/2016 (10a.), con registro digital 2013072, de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN", en lo que interesa, analizó qué tipo de resolución era aquélla que niega decretar la caducidad de la instancia, estimando que se trata de un auto, en tanto que, pese a no paralizar la prosecución de un juicio, resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederla, pudiendo continuar el juicio hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Es decir, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o acción de fondo, no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, tampoco absuelve o condena, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al proceso. Por tanto, concluyó que si el pronunciamiento relativo a la negativa de decretar la caducidad en la primera instancia reviste el carácter de auto, cuya existencia es reconocida en el artículo 1077, primer párrafo, del Código de Comercio, entonces resulta aplicable el artículo 1334 del citado ordenamiento legal y, por tanto, en aquellos negocios en los cuales no proceda la apelación, es factible combatir la actuación a través del recurso de revocación. Sin embargo, en el caso, el auto que se reclamó a través del recurso de revocación que se desechó de plano por la autoridad responsable, como se dijo, contrario a lo afirmado por la quejosa, no resolvió sobre la caducidad solicitada, es decir, no determinó negar la solicitud, sino que estimó que no había lugar a acordar ésta, por no permitirlo el estado procesal de los autos, al encontrarse pendiente de resolver el amparo en revisión ********************del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoctavo Circuito; y, en ese sentido, no se advierte que dicho acto sea de los denominados de imposible reparación, sino que provocan una afectación adjetiva o procesal, en contra de la cual es improcedente el amparo indirecto. Incluso en la contradicción de tesis 14/2015, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analizó que la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino que solo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que no es posible sostener que en contra de dicha resolución proceda el amparo indirecto, por lo que solo puede ser impugnada cuando se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), con registro digital 2011428, misma que sirve de aplicación a este asunto por las razones que la informan, la cual es de contenido siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." De ahí que si el auto impugnado a través del recurso de revocación reclamado en este juicio, no resolvió sobre la caducidad, es decir, no negó la pretensión de que se decretara ésta, sino que determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por no permitirlo el estado procesal de autos, es que no se considera que dicha determinación provoque una afectación a derechos sustantivos de la quejosa, sino únicamente de carácter adjetivo o procesal, pues incluso, la impetrante de amparo está en posibilidad de insistir en su petición una vez que el juzgado de origen sea notificado de la determinación emitida en el amparo en revisión ********************del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoctavo Circuito, que fue la razón por la que se condicionó el pronunciamiento respectivo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, contra el acto reclamado y la autoridad responsable señalada, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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