María del Carmen Delgadillo Estrada

Expediente 1141/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1141/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Delgadillo Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada el cuatro de mayo dos mil veintitrés, en el recurso de queja civil 5/2023, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por **********, contra el auto dictado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo indirecto 1141/2022, por la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya". Acúsese recibo vía interconexión. Orden de archivo Archívese el expediente como totalmente concluido, el expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años.

  2. Principal

    Superioridad acusa recepción. Téngase por recibido el oficio del actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el que obra inserto el auto dictado el tres de enero del año en curso, de donde se advierte que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa María del Carmen Delgadillo Estrada, en contra del proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de amparo; el cual se registró bajo el número 5/2023 de la estadística del citado Tribunal.Cúmplase. Así lo proveyó y firma Ma del Carmen Zúñiga Cleto, jueza Octava de Distrito en el estado de Guanajuato, asistida de Lizette Sarahí Enríquez Valencia, secretaria que autoriza, da fe y certifica que, al día de hoy, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa ******************** mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de trece de diciembre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo intentada. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, el escrito de expresión de agravios para la substanciación del medio de impugnación hecho valer; asimismo, ríndase por separado el informe justificado.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, cuya síntesis es: "Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda promovida por **********, contra actos del Juez de Partido Especializado en Oralidad Mercantil de la sede regional Celaya, Guanajuato y otra, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese con número 1141/2022-6. Integración del expediente En términos del artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Análisis de la demanda De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa pretende reclamar lo siguiente: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Juez de Partido Especializado en Oralidad Mercantil de la sede Regional de Celaya, Guanajuato; 2. Encargado de la Central de Actuarios y; 3. Actuario Comisionado por el Juez de Partido Especializado en Oralidad Mercantil, de la sede Regional de Celaya, Guanajuato; 4. Secretaria de Instrucción del Juzgado de Partido Especializado en Oralidad Laboral, sede Regional de Celaya, Guanajuato; y, 5. Encargado de la Central de Actuarios y; 6. Actuario Comisionado por el Juez de Partido Especializado en Oralidad Laboral, de la sede Regional de Celaya, Guanajuato. A) El auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en la audiencia preliminar del juicio oral mercantil SOM0-0382/2022, a través del cual se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental pública consistente en su acta de matrimonio, aportada por la moral **********, sociedad anónima de capital variable. En consecuencia, la orden de notificación y su práctica B) La determinación de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del citado juicio mercantil, mediante la cual ordenó requerir al Juzgado Oral Laboral de Celaya, Guanajuato, copia del expediente L-0946/2022-I. En consecuencia, la orden de notificación y su práctica, así como del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el cual la Secretaria responsable acordó y ordenó remitir la aludida copia. Al respecto, se ostenta tercera extraña al juicio de origen, en virtud que aduce las partes contendientes en el litigio son **********, sociedad anónima de capital variable y **********, sociedad por acciones simplificada, por conducto de su Administrador Único **********, este último, siendo cónyuge de la aquí quejosa. Desechamiento Precisado lo anterior, conviene destacar que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, en su caso, el ocurso aclaratorio. En el supuesto de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal norma, impone la obligación al juzgador de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Lo anterior, dado que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes que crean falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, esta juzgadora advierte que respecto de la materia de reclamo se actualizan diversas causas de improcedencia, como se explicará a continuación. Acto reclamado identificado con inciso A) Por cuanto al acto impugnado consistente en el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en la audiencia preliminar del juicio oral mercantil SOM0-0382/2022, a través del cual se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental pública consistente en el acta de matrimonio de la parte quejosa, aportada por la moral **********, sociedad anónima de capital variable, atribuido al Juez de Partido Especializado en Oralidad Mercantil de la sede Regional de Celaya, Guanajuato, así como su orden y práctica de notificación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". La causal de improcedencia que opera indefectiblemente en el caso, es conocida en el ámbito procesal como cosa juzgada. De acuerdo con la institución de la cosa juzgada, es contrario a la eficacia del sistema judicial, permitir que una cuestión que ya ha sido analizada y decidida hasta la última instancia, pueda ser reexaminada, habida cuenta que esa posibilidad conlleva el menosprecio y final desconocimiento de la jurisdicción de los tribunales que en principio resolvieron el asunto, lo que franquea la posibilidad de que, a su vez, el fallo emitido en la segunda ocasión pueda ser igualmente desestimado. Así, además de mermar perniciosamente la potestad de las instituciones judiciales establecidas, se propicia el entretejido eventualmente interminable de unos juicios con otros, lo que desde luego hace nugatorio el afán de seguridad que es uno de los fines últimos de la organización jurídica contemporánea. El principio en cuestión se encuentra enunciado en el aforismo latino "non bis in ídem", que literalmente forma idea de que no puede volverse dos veces sobre lo mismo. En la Ley de Amparo, la figura jurídica de la cosa juzgada se refleja en la imposibilidad de examinar en la vía constitucional una situación ya decidida definitivamente en diverso juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.1o.T. J/28, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 565, del Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la figura jurídica de cosa juzgada, por regla general, opera cuando existe una sentencia definitiva que resolvió la constitucionalidad o no del asunto planteado, esto es, que se negara o concediera el amparo, no así el sobreseimiento en el juicio; sin embargo, prevé como excepción a ello, cuando la resolución que puso fin a la litis atendió a razones o circunstancias que hacían inerjercitable la acción de amparo de modo absoluto. Entonces, la institución de cosa juzgada se actualiza ante una sentencia de fondo y también, de forma excepcional, cuando las condiciones o particularidades del caso que generaron la resolución final en que no se practicó el examen de constitucionalidad, son insuperables. Sustenta lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 524, con registro digital: 2002272; de rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En esa vertiente, de conformidad con el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio, lo actuado en el diverso juicio de garantías 1078/2022 del índice de este tribunal, y con fundamento en lo establecido por el artículo con fundamento en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable dicha causa de improcedencia. Se explica. El diverso juicio de amparo 1078/2022-6 fue promovido por ********** contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en la audiencia preliminar del expediente SOM0-0382/2022 del índice del Juez de Partido Especializado en Oralidad Mercantil de la sede regional Celaya, Guanajuato, así como su orden y práctica de notificación, a través del cual determinó tener por ofrecida la prueba documental consistente en el acta de matrimonio de la promovente y su cónyuge, quien ostenta el carácter de administrador único de **********, sociedad por acciones simplificada. En tanto que del análisis de la demanda que ahora se provee, se advierte que el acto reclamado identificado con el inciso A) es idéntico a la atendida en el referido juicio de amparo 1078/2022 del índice de este juzgado. Por lo que esta potestad ya se pronunció en cuanto a que el ocurso constitucional inherente al juicio 1078/2022-6 resultaba improcedente, al estimarse que a la quejosa no le asistía interés jurídico para instar el juicio de amparo promovido contra ese acto reclamado, al estimarse que si bien aparece en el acta de matrimonio que aduce fue obtenida ilegalmente, también lo es que fue ofrecida como prueba en el juicio de origen en el cual su esposo es partícipe y que por ello, figura como contrayente en la citada acta. Además, se precisó que en su caso, podría ser a la parte actora de origen a quien podría depararle perjuicio la admisión de la prueba y su desahogo, quien podría impugnarla como a su derecho convenga, si estimare, al igual que la quejosa, que fue obtenida ilícita e inconstitucionalmente. En consecuencia, al no haber sido recurrida esa resolución, causó firmeza el uno de diciembre siguiente, con valor de cosa juzgada. Tal clasificación encuentra sustento en la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.) sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2018597; de rubro y texto: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. Por tanto, se considera actualizada de manera manifiesta e indudable el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que contra el mismo acto -inciso A)-, la parte quejosa anteriormente promovió el diverso juicio de amparo 1078/2022-6 del índice de este Juzgado, en el cual, se desechó la demanda intentada por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con relación el 5, ambos de la Ley de Amparo, al estimarse que a la quejosa no le asistía interés jurídico para instar ese juicio de amparo promovido, misma que, como se dijo, no haber sido recurrida por la parte promovente, quedó firme el uno de diciembre del año que trascurre. Entonces, se advierte que el juicio de amparo 1078/2022, que se tramitó ante este órgano de control constitucional, y que fue resuelto en la fecha indicada en el párrafo que antecede, se promovió por la misma quejosa que ahora se atiende, contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto, lo que evidencia, que sobre ellos, ya se realizó pronunciamiento y se llegó al convencimiento de la improcedencia de la acción constitucional en su contra. Como corolario de lo anterior se obtiene que la resolución que puso fin al juicio de amparo 1078/2022 del índice de este tribunal, lo constituye el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda intentada, al estimar que la parte quejosa carecía interés jurídico para combatir la determinación del juez de origen que tuvo por ofrecida, admitida y desahogada una prueba documental. Por tanto, aun cuando la resolución que puso fin al juicio 1078/2022 del índice de este tribunal, no dirimió la constitucionalidad o no de la litis planteada por la quejosa, lo cierto es que la causa de improcedencia por la que se desechó la demanda primigenia es insuperable, pues la impugnación de pruebas obtenidas ilícita o inconstitucionalmente es un derecho adjetivo que le reviste, por regla general, a las partes del controversial de origen. De ahí que encuadre en el supuesto de excepción previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) mencionada con antelación, para establecer que en el presente juicio se actualiza la cosa juzgada conforme a lo resuelto en el multicitado juicio de amparo 1078/2022-6. De tal modo que, si se analizara el acto reclamado en este juicio de amparo, se examinarían indirectamente de nueva cuenta el acto que ya fue materia de estudio en otra resolución, y ante tales circunstancias se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que inspira la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto es precisamente que no se vulnere la verdad legal a que se llegó en el juicio de amparo más antiguo, con la promoción de amparos subsecuentes en los que en esencia se reclame lo mismo. Por consiguiente, se colige que sobre el mismo ya existe cosa juzgada en amparo, términos del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, pues aceptar lo contrario, es tanto como permitir que una cuestión que ya ha sido materia de otro juicio, pueda ser reclamada por el gobernado cuantas veces lo considere, lo que conllevaría el menosprecio y final desconocimiento de la jurisdicción de los tribunales que en principio resolvieron el asunto. Es por ello que al haber quedado firme el desechamiento en el diverso juicio de garantías 1078/2022-6 del índice de este Juzgado, por no haber sido recurrido por la parte quejosa y en virtud que la razón que lo generó es absoluta y, por tanto, insuperable, opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer, de conformidad con el diverso numeral 63, de la ley de la materia. (Acto reclamado identificado con inciso B) Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del aludido juicio mercantil, mediante la cual se ordenó requerir al Juzgado Oral Laboral de Celaya, Guanajuato, copia del expediente L-0946/2022-I, atribuido al Juez de Partido Especializado en Oralidad Mercantil responsable, su orden y práctica de notificación, así como del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el cual la Secretaria responsable acordó y ordenó remitir la aludida copia, se materializa el diverso supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, contemplado en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, de dicho ordenamiento legal y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicados a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:". XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. En efecto, conforme a lo transcrito, puede comparecer al juicio de amparo en calidad de quejoso quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada viola derechos humanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de tal manera que si estas circunstancias no se encuentran plenamente acreditadas, la instancia constitucional resulta improcedente. Por su parte, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de interés legítimo individual o colectivo. El normativo constitucional invocado establece lo siguiente: ". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ". De este modo, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Así, quien acude al juicio constitucional debe acreditar que le asiste el interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En ese tenor, el interés jurídico constituye un presupuesto para la promoción del juicio de amparo y, como tal, consiste en la relación que debe existir entre la situación jurídica irregular que se plantea y la providencia jurisdiccional que se pide para remediarla, la cual debe ser necesaria y útil para subsanar la situación de hecho aducida, considerada contraria a derecho. Por tanto, estará en condiciones de instaurar un juicio de amparo quien afirma la existencia de una lesión sustantiva a su esfera de derechos y promueve el mecanismo constitucional idóneo para ser restituido en el goce de ese derecho, el cual debe de ser apto para revocar o modificar el acto o resolución reclamados, es decir el titular de un interés jurídico es la persona cuyo ánimo se encuentra inclinado a ejercer una acción procesal y cuenta con el derecho subjetivo que con ese motivo pretende aducir. De tal manera que, la procedencia del juicio de amparo se cumple en función de que los actos o resoluciones de la autoridad produzcan una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata en el continente de los derechos humanos del quejosos tutelados en el orden Constitucional o Convencional, según sea el caso. Por tal razón, el interés jurídico hace procedente el juicio de amparo, toda vez que conlleva la afectación de un derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia que consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Es así, que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. Ahora bien, la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución, trajo consigo la incorporación del concepto de interés legítimo para promover el juicio de amparo. Dicho lo anterior, el interés legítimo supone la existencia de un interés cualificado tutelado por alguna norma jurídica respecto de la constitucionalidad de los actos de autoridad, derivada de la situación particular del impetrante con relación al orden jurídico. En el caso, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, así como de las documentales que anexó a ésta, como se anunció, se obtiene que la quejosa también reclama la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del citado juicio mercantil, por virtud de la cual ordenó requerir al Juzgado Laboral Regional de Celaya, Guanajuato, copia de las constancias que integran el juicio L-0946/2022-I. Asimismo, del libelo constitucional se advierten las siguientes circunstancias: Es tercera extraña al juicio de origen en virtud que las partes intervinientes son **********, sociedad anónima de capital variable y **********, sociedad por acciones simplificada, por conducto de su Administrador Único ********** El administrador único de la referida moral **********, es su cónyuge. Aduce que la moral **********, sociedad anónima de capital variable y ella son partes en el juicio laboral L-0946/2022-I del índice del Juzgado de Partido Especializado en Oralidad Laboral, sede Regional de Celaya, Guanajuato, al cual el juez mercantil le solicitó copia del expediente Afirma que la prueba documental consistente en copias del juicio laboral L-0946/2022-I vulnera su derecho a la privacidad de datos personales e intimidad, y precisa que fue solicitada para conocer la existencia de las partes que obran en ese juicio y los abogados autorizados de la actora. En síntesis, pide se conceda el amparo y protección de la justicia Federal para que invalide la admisión y desahogo de la documental de referencia, porque, insiste, fue obtenida de forma ilegal, por lo que constituye una prueba ilícita. Insta la suspensión de la materia de reclamo para que se ordene la suspensión del juicio oral mercantil de origen, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. De lo anterior se colige que la parte quejosa aduce que las documentales requeridas a la autoridad laboral, vulneran su privacidad, dado que se divulgó información sensible obtenida de un procedimiento laboral en el que es parte, así como la moral **********, sociedad anónima de capital variable quien también figura como parte en el juicio mercantil SOM0-0382/2022 en el cual su esposo es la parte actora. Por tanto, se estima que a la quejosa no le asiste interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, en virtud que si bien aparece en el juicio laboral L-0946/2022-I donde ella es parte actora, también lo es que fue ofrecida como prueba en el juicio de origen en el cual su esposo es participe y la diversa moral **********, sociedad anónima de capital variable. En consecuencia, a quién le depara perjuicio directo tal circunstancia es a su cónyuge como parte actora en el juicio mercantil de origen, no así a la parte quejosa, aun cuando se ostenta tercera extraña, pues si bien es cierto que efectivamente lo es porque no interviene en el expediente natural, también lo es que no le depara perjuicio la admisión de la prueba documental, dado que su desahogo, como ella lo indica, se efectúa en ese momento sin necesidad de una audiencia especial o gestiones particulares que tuvieran por efecto la publicidad de sus datos; máxime que la parte que ofreció la prueba también participa en el juicio laboral donde la quejosa aduce interviene y fue solicitada para conocer la existencia de las partes que obran en ese juicio y los abogados autorizados de la actora, según lo indicó, no así diversos datos. De modo que las únicas partes que tienen acceso a esa información son aquellas que participan en el juicio de origen, esto es, el juez como rector del procedimiento, los funcionarios judiciales encargados de la substanciación del asunto como los actuarios y secretarios, así como la parte actora y demandada, es decir, su esposo y la moral que también interviene en el juicio laboral del que se solicitó copia y que evidentemente conoce las constancias al ser parte en el subyacente en materia del trabajo, de ahí que el primero de ellos es quien está en posibilidades de impugnarlo procesalmente en el supuesto de que estime que le causa perjuicio. En otras palabras, en su caso, podría ser a la parte actora de origen a quien podría depararle perjuicio la admisión de la prueba y su desahogo, pudiendo impugnarla como a sus derechos convenga, si estimare, al igual que la quejosa, que fue obtenida ilícita e inconstitucionalmente. Atento a ello, es posible colegir que en la especie la parte quejosa, carece de interés jurídico, para acudir a esta instancia constitucional, dado que como se ha dicho la impugnación de pruebas y su obtención le atañen, generalmente, sólo a las partes del expediente de origen; en todo caso, como se ha precisado con antelación, sería su cónyuge, quien podría promover lo que a sus derechos corresponda si así lo considera conveniente para solicitar lo conducente a la prueba de referencia, en el juicio natural. En estas condiciones al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, de dicho ordenamiento legal y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la diversa prevista en el artículo 61, fracción XI, de conformidad con el diverso numeral 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda promovida por **********. Domicilio procesal Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en **********, de esta ciudad. Designación de autorizado Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las restantes autorizaciones, en términos restringidos de dicho numeral, en razón de no encontrase en el citado supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.

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