María del Carmen Alonso González
Expediente 243/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del Carmen Alonso González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el presente proveído. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un disco versátil digital (DVD) relativo a la causa penal 1P0620-190 de su estadística, devuélvansele; en el entendido que no se hace necesario requerir el acuse de recibo respectivo, dado que este será recabado por conducto del actuario de la adscripción.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio electrónico que firma la autoridad responsable magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del propio 9515/2020 por el que se le notificó la sentencia pronunciada en el presente asunto.
- Principal
Vista la constancia levantada por la actuaria de la adscripción, en la precisa la imposibilidad para notificar a la parte quejosa la sentencia pronunciada el nueve de noviembre del año actual, pues señala que al haberse constituido en el domicilio convencional proporcionado para tal efecto, este se encuentra deshabitado, en tanto que vecinos del lugar le corroboraron que los ocupantes del mismo se cambiaron de domicilio. En tal razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, practíquese la aludida notificación por medio de lista que se fija en lugar visible de este juzgado federal, así como las subsecuentes notificaciones que sean de índole personal. en cumplimiento a lo anterior, se notifica la citara resolución, misma que a la letra dice: Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 243/2020-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte ante el secretario de guardia del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato (fojas 1 a 9), xxxxxx, por conducto de su representante victimal xxxxxxxx, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad ordenadora la resolución de fecha 12 de junio de 2020 dos mil veinte, dictada en el Toca de apelación número 26/2020. Misma que me fue notificada por correo electrónico el día quince de junio de año 2020." "III. AUTORIDAD RESPONSABLE (sic).- Autoridad ordenadora.- El Magistrado Propietario de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con domicilio (.). Autoridad ejecutora: Lo es la Juez de Control de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el Licenciado (.)." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 17 y 20 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Reserva de trámite a la demanda de amparo. En auto de ocho de julio de dos mil veinte, se proveyó sobre la demanda de derechos fundamentales, la que se registró con número 243/2020-V, en el sentido de reservar la providencia sobre la admisión en razón de que el asunto no se catalogó como urgente, acorde a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo del numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (fojas 10 a 12). TERCERO. Trámite del juicio. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, conforme a lo dispuesto por el numeral 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 concerniente al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se levantó la reserva de ocho de julio de dos mil veinte, por ende, esta potestad admitió a trámite la demanda de derechos fundamentales; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Penal responsable, quien fue emplazado al presente juicio el veintitrés de septiembre de dos mil veinte (foja 47); de igual modo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. i) La resolución de doce de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal 20/2020-O de la estadística de la Sexta Sala Panal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, donde se confirmó la resolución apelada, la cual denegó librar orden de aprehensión en contra de los imputados en la causa penal 1P0620-190 del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya (fojas 27 a 37 vuelta); y ii) Las consecuencias legales derivadas de la decisión indicada en el inciso que precede. Las autoridades señaladas como responsables, en el ámbito de sus atribuciones legales, son: Como ordenadora 1. Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Como ejecutora 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Tanto el magistrado como el juez, ambos señalados como autoridades responsables (fojas 27, 28 y 38), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuye; en consecuencia, deben tenerse por ciertos esos actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos cuestionados se robustece con los medios de convicción que respectivamente las responsables adjuntaron a su informe de ley, consistentes en copia digitalizada de las algunas constancias de la causa penal 1P0620- 190; la videograbación de la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que contiene la determinación apelada en el toca penal subyacente, y copias certificadas de constancias procesales del toca de origen; medios ópticos y constancias a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública, lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), 3 Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en el sumario, son: 1. En audiencia privada de veintiuno de febrero de dos mil veinte, el juez penal responsable negó librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de José Antonio Sánchez Rodríguez y José Gilberto Banda Pérez, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, en correlación con el 153, fracción I, y los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato, cometido en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de Cergio (sic xxxxxxxx (foja 27). 2.- Inconformes con la resolución indicada en el punto que antecede, tanto el Ministerio Público como la hoy quejosa María del Carmen Alonso Gonzáles y asesora jurídica, signaron un mismo escrito por el cual interpusieron recurso de apelación (foja 43 a 51). 3. Del referido medio de impugnación conoció y resolvió el magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante resolución de doce de junio de dos mil veinte en el toca 26/2020-O, donde confirmó la determinación apelada (fojas 66 a 76 vuelta). La determinación indicada en último término constituye el acto reclamado, en forma destacada, en la presente instancia constitucional. Del análisis a la resolución reclamada, se observa que el magistrado responsable determinó confirmar la negativa a librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, con base en las siguientes consideraciones: -Que se demostró un hecho relativo a la muerte de xxxxxxxxx aproximadamente a las veinte horas del once de enero de dos mil veinte; que tales decesos fueron a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego, del primero penetrantes en tórax y abdomen, mientras que el segundo en cráneo y tórax. -Empero, que en la causa no está justificada alguna intervención jurídica relevante como la que se le imputa a xxxxxxxx como para ser ese hecho típicamente encuadrable en la clasificación jurídica propuesta por el ministerio público, ya que ni xxxxxxxxx realizaron atribución directa en contra de los referidos imputados; y que en el caso de los diversos testigos xxxxxxxxx, además de que la información rendida por estos no se encuentra corroborada (al tratarse de testigos de referencia), la identidad de los dos primeros referidos en último término ni siquiera se encuentra acreditada plenamente, ante lo cual, se considera no satisfecho en sus extremos lo previsto en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, los agravios esgrimidos por el Ministerio Público, la víctima indirecta (hoy quejosa) y su asesora jurídica, son infundados e inoperantes. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son ineficaces. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de la víctima indirecta, así reconocida en el toca penal de origen. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de la parte agraviada, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el magistrado responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo , la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)".Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte agraviada, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2./J. 67/2017 (10.)5 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Del análisis integral al escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa expresa que la 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703 resolución reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el capítulo de conceptos de violación, (fojas 3 a 8), expresa la parte quejosa distintos argumentos tendentes demostrar, lo que considera, diversas irregularidades relativas a la determinación asumida por el juez de control -señalado como autoridad responsable ejecutora-, en la que negó librar orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de José Antonio Sánchez Rodríguez y José Gilberto Banda Pérez, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio, dictada en la causa penal 1P0620-190; con lo que alega que se violentaron derechos fundamentales en su perjuicio. Para mayor claridad se transcriben algunos fragmentos del capítulo de "conceptos de violación", del ocurso de demanda de derechos fundamentales. "(.) VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: --- PRIMERO.- Estima la asesora que el juez de control resolutor de la solicitud planteada, erra su resolución al no valorar debidamente los datos de prueba de acuerdo a lo establecido en el artículo 128, 261, 265 y 316 fracción tercera última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: -se transcriben dichos numerales-. Lo anterior al no valorar de manera lógica, conjunta, integral y armónica dichos datos de prueba, toda vez que en su resolución se limitó a decir que la entrevista recabada a el día 20 de febrero del año 2020 el cual se identificó con Cédula de Identidad Personal original, no es posible que la fiscalía en un lapso menor a 24 horas tenga la certeza de la identidad del mismo. (.) Es por lo anterior que cae en ambigüedad la determinación del juez de control, quien entonces, hace actos de investigación al cuestionar y relacionar que no es posible para ésta (sic) fiscalía y en un lapso menor a 24 horas tengamos la certeza de identidad del mismo. Pues las investigaciones no cesan mientras se busca el recaudo de datos de prueba y el hecho que se haya recabado el atesto xxxxxxxx en fecha 20 de febrero de 2020, que da cuenta de los hechos, no es motivo para restar credibilidad a su dicho. Y como ya quedó citado en los presentes hechos, se tiene que el juez de control, no valoró al momento de resolver sobre la solicitud de todos y cada uno de los datos de prueba, sino únicamente se limitó a valorar la entrevista del testigo ISRAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, el cual aporta datos de los hechos investigados para el esclarecimiento de los mismos (.). Por lo que considero que el Juez de Control es omiso en no prevenir (sic) que el artículo 91 de la Ley General de Población y que a la letra señala -lo transcribe-.Ya que dicho artículo prevé la situación en la que cualquier ciudadano pudiera encontrarse imposibilitado de presentar otro tipo de identificación es por lo que en (sic) base a ese artículo señalado se considera que el Juez debió valorar tal testimonio, por el valor de la información que aporta a la investigación, y no considerarlo inoperante porque a dicho testigo no se identifica de la forma en que el juez considera correcta. Situación que no es de relevancia para no otorgar la orden solicitada, puesto que si bien, el dicho de xxxxxxxxx, se concreta a decir las cosas como sucedieron y lo que escuchó de parte del mismo xxxxxxxxx y estando presente el mismo JOSÉ GILBERTO BANDA PÉREZ respecto a que ambos privan de la vida a los occisos. Es decir su dicho es un dato de prueba oportuno para poder librar la orden de aprehensión solicitada, pues debió tomarlo al momento de su resolución como circunstancial y relacionado (sic) con los demás datos de prueba que fueron expuestos, pues si bien no fue presencial lo cierto es que corrobora lo mencionado, pues abona a la mecánica de cómo sucedieron los hechos. (.) Luego entonces ha quedado demostrado que el juez de control en la audiencia desahogada en fecha 21 de febrero de 2020, no resolvió conforme lo que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, es decir en dicha audiencia se hicieron saber los datos de prueba que todos ellos se encuentran relacionados y conllevan a determinar que sí existió un hecho que la ley considerar como delito, además de que también se acreditó la participación o intervención de los dos imputados en tales hechos, y una vez que le fueron despejadas sus dudas (.). Además el juez de control debe tomar en cuenta el estándar probatorio mínimo que se requiere para poder librar la orden de aprehensión (.). Por lo que el juez de control transgredió el principio de buena fe, ya que de acuerdo a su resolución, hizo una valoración subjetiva de los actos de investigación que se realizaron por parte de esta fiscalía, pues "quedaría a contentillo" de cada juez el hecho de que no valore de manera conjunta los datos de prueba expuestos y no siendo así únicamente se limite a valorar de manera individual una entrevista (.). Y quedó citado (sic) en los presentes hechos, el juez de control no valoró los datos de prueba en términos de lo que dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales (.). Que incluso se habían enterado por medo de las redes sociales que ese día mataron a JOSÉ RAMÓN y a otro familiar de él. Por lo que con ello se demuestra que el juez al negar la orden de aprehensión no valoró en forma conjunta los datos de prueba, sino que lo hizo de forma individual y en específico en referir que resultaba insuficiente establecer con plenitud la identidad del testigo, sin tomar en cuenta los demás datos de prueba como lo obliga el artículo mencionado." Los planteamientos en trato son inoperantes. La inoperancia de lo discutido por la parte quejosa, estriba en que con tales argumentos intenta demostrar la ilegalidad de una resolución distinta a la que constituye el acto reclamado en forma destacada en este asunto. En efecto, la materia del reclamo es, como se precisó en el considerando segundo de este fallo, la resolución de doce de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal 20/2020-O por la sala penal responsable, donde se confirmó la resolución apelada, la cual denegó librar orden de aprehensión en contra de los imputados en la causa penal 1P0620-190; decisión de primer grado dictada a su vez por el juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya -autoridad señalada como ejecutora-. Sin embargo, la quejosa orienta sus argumentos de disenso en contra de la mencionada resolución apelada, no así en contra de la determinación de segundo grado que confirmó a aquella. De ahí la ineficacia de los conceptos de violación. Para corroborar el anterior aserto, conviene indicar que los preceptos 74 y 75 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, disponen: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados." De los transcritos preceptos legales se desprenden, en lo que ahora interesa, los principios de congruencia y exhaustividad que debe observar el juez de amparo al dictar una sentencia en un juicio de derechos fundamentales; también se desprende que esos principios están referidos a que las sentencias no solo deben ser congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo, sin omitir algo, ni añadir cuestiones distintas a las hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Es aplicable, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1./J. 33/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página 108, tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados." De igual modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la litis en el juicio de amparo se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo, tal como se desprende de la jurisprudencia 2./J. 123/99, legible en la página 190, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, Materia Común, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A diferencia de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo." Así, cuando en un concepto de violación se pretende poner de manifiesto la inconstitucionalidad de actos que no fueron señalados como reclamados en el juicio de amparo, dicho motivo de inconformidad será inoperante, pues, como se dijo, la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo. Por lo que debe concluirse que si los conceptos de violación atacan consideraciones ajenas a la litis constitucional, en caso de darles respuesta, se estaría dejando de observar el referido principio de congruencia, inmerso en los artículos 74 y 75 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo que precede, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia IV.3.C. J/1, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 655, del tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." Luego, si en la especie el acto reclamado en forma destacada lo es la resolución de doce de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal 20/2020-O por el magistrado penal responsable, en la confirmó la determinación pronunciada por el juez del conocimiento primario en la que negó librar orden de aprehensión en contra de los imputados en la causa penal 1P0620-190; entonces es inconcuso que los argumentos de disenso en mención son inoperantes porque, como se indicó, tratan de evidenciar la irregularidad de un acto distinto al reclamado en este asunto -resolución de primer grado que negó librar la orden de aprehensión-. Por ello, tales argumentos de inconformidad deben declararse ineficaces, pues este juzgador no puede darles respuesta, ya que de hacerlo, contravendría el aludido principio de congruencia que toda sentencia constitucional debe observar. A mayor abundamiento, los conceptos de violación también son inoperantes porque constituyen, en esencia y de manera sustancial, una copia de los agravios que se expresaron en contra de la resolución asumida en audiencia privada de veintiuno de febrero de dos mil veinte, por el juez penal responsable en la que negó librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de xxxxxxxx, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, en correlación con el 153, fracción I, y los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato, cometido en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de Cergio (sic) Alonzo González y José Ramón Ortiz López. En efecto, del análisis comparativo entre los argumentos de disenso (foja 3 a 8) y los agravios que la hoy quejosa expresó en contra de la mencionada decisión del juez del conocimiento primario, en la que negó librar la referida orden de aprehensión (fojas 46 a 50), se concluye que, en esencia, los conceptos de violación son una reiteración de los agravios formulados en la apelación. De ahí la inoperancia de los argumentos de inconformidad aducidos en este asunto, toda vez que no se controvierten las consideraciones de la resolución reclamada. Es de invocarse en apoyo a lo que antecede, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, página 845, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil". Así como en la jurisprudencia número 166, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, página 112, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama". De ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Además, del examen a la resolución reclamada de segundo grado, este juzgador de amparo advierte no existe violación en contra de los derechos de la parte quejosa, que le deje en estado de indefensión. En las relatadas condiciones, al advertirse que en el particular no existe queja que suplir en la resolución reclamada, y al ser ineficaces los motivos de disenso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxx, en contra de los actos reclamados a las autoridades, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de este fallo.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 243/2020-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte ante el secretario de guardia del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato (fojas 1 a 9), xxxxxx, por conducto de su representante victimal xxxxxxxx, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad ordenadora la resolución de fecha 12 de junio de 2020 dos mil veinte, dictada en el Toca de apelación número 26/2020. Misma que me fue notificada por correo electrónico el día quince de junio de año 2020." "III. AUTORIDAD RESPONSABLE (sic).- Autoridad ordenadora.- El Magistrado Propietario de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con domicilio (.). Autoridad ejecutora: Lo es la Juez de Control de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el Licenciado (.)." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 17 y 20 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Reserva de trámite a la demanda de amparo. En auto de ocho de julio de dos mil veinte, se proveyó sobre la demanda de derechos fundamentales, la que se registró con número 243/2020-V, en el sentido de reservar la providencia sobre la admisión en razón de que el asunto no se catalogó como urgente, acorde a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo del numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (fojas 10 a 12). TERCERO. Trámite del juicio. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, conforme a lo dispuesto por el numeral 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 concerniente al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se levantó la reserva de ocho de julio de dos mil veinte, por ende, esta potestad admitió a trámite la demanda de derechos fundamentales; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Penal responsable, quien fue emplazado al presente juicio el veintitrés de septiembre de dos mil veinte (foja 47); de igual modo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. i) La resolución de doce de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal 20/2020-O de la estadística de la Sexta Sala Panal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, donde se confirmó la resolución apelada, la cual denegó librar orden de aprehensión en contra de los imputados en la causa penal 1P0620-190 del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya (fojas 27 a 37 vuelta); y ii) Las consecuencias legales derivadas de la decisión indicada en el inciso que precede. Las autoridades señaladas como responsables, en el ámbito de sus atribuciones legales, son: Como ordenadora 1. Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Como ejecutora 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Tanto el magistrado como el juez, ambos señalados como autoridades responsables (fojas 27, 28 y 38), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuye; en consecuencia, deben tenerse por ciertos esos actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos cuestionados se robustece con los medios de convicción que respectivamente las responsables adjuntaron a su informe de ley, consistentes en copia digitalizada de las algunas constancias de la causa penal 1P0620- 190; la videograbación de la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que contiene la determinación apelada en el toca penal subyacente, y copias certificadas de constancias procesales del toca de origen; medios ópticos y constancias a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública, lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), 3 Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en el sumario, son: 1. En audiencia privada de veintiuno de febrero de dos mil veinte, el juez penal responsable negó librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de José Antonio Sánchez Rodríguez y José Gilberto Banda Pérez, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, en correlación con el 153, fracción I, y los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato, cometido en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de Cergio (sic xxxxxxxx (foja 27). 2.- Inconformes con la resolución indicada en el punto que antecede, tanto el Ministerio Público como la hoy quejosa María del Carmen Alonso Gonzáles y asesora jurídica, signaron un mismo escrito por el cual interpusieron recurso de apelación (foja 43 a 51). 3. Del referido medio de impugnación conoció y resolvió el magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante resolución de doce de junio de dos mil veinte en el toca 26/2020-O, donde confirmó la determinación apelada (fojas 66 a 76 vuelta). La determinación indicada en último término constituye el acto reclamado, en forma destacada, en la presente instancia constitucional. Del análisis a la resolución reclamada, se observa que el magistrado responsable determinó confirmar la negativa a librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, con base en las siguientes consideraciones: -Que se demostró un hecho relativo a la muerte de xxxxxxxxx aproximadamente a las veinte horas del once de enero de dos mil veinte; que tales decesos fueron a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego, del primero penetrantes en tórax y abdomen, mientras que el segundo en cráneo y tórax. -Empero, que en la causa no está justificada alguna intervención jurídica relevante como la que se le imputa a xxxxxxxx como para ser ese hecho típicamente encuadrable en la clasificación jurídica propuesta por el ministerio público, ya que ni xxxxxxxxx realizaron atribución directa en contra de los referidos imputados; y que en el caso de los diversos testigos xxxxxxxxx, además de que la información rendida por estos no se encuentra corroborada (al tratarse de testigos de referencia), la identidad de los dos primeros referidos en último término ni siquiera se encuentra acreditada plenamente, ante lo cual, se considera no satisfecho en sus extremos lo previsto en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, los agravios esgrimidos por el Ministerio Público, la víctima indirecta (hoy quejosa) y su asesora jurídica, son infundados e inoperantes. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son ineficaces. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de la víctima indirecta, así reconocida en el toca penal de origen. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de la parte agraviada, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el magistrado responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo , la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)".Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte agraviada, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2./J. 67/2017 (10.)5 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Del análisis integral al escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa expresa que la 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703 resolución reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el capítulo de conceptos de violación, (fojas 3 a 8), expresa la parte quejosa distintos argumentos tendentes demostrar, lo que considera, diversas irregularidades relativas a la determinación asumida por el juez de control -señalado como autoridad responsable ejecutora-, en la que negó librar orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de José Antonio Sánchez Rodríguez y José Gilberto Banda Pérez, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio, dictada en la causa penal 1P0620-190; con lo que alega que se violentaron derechos fundamentales en su perjuicio. Para mayor claridad se transcriben algunos fragmentos del capítulo de "conceptos de violación", del ocurso de demanda de derechos fundamentales. "(.) VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: --- PRIMERO.- Estima la asesora que el juez de control resolutor de la solicitud planteada, erra su resolución al no valorar debidamente los datos de prueba de acuerdo a lo establecido en el artículo 128, 261, 265 y 316 fracción tercera última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: -se transcriben dichos numerales-. Lo anterior al no valorar de manera lógica, conjunta, integral y armónica dichos datos de prueba, toda vez que en su resolución se limitó a decir que la entrevista recabada a el día 20 de febrero del año 2020 el cual se identificó con Cédula de Identidad Personal original, no es posible que la fiscalía en un lapso menor a 24 horas tenga la certeza de la identidad del mismo. (.) Es por lo anterior que cae en ambigüedad la determinación del juez de control, quien entonces, hace actos de investigación al cuestionar y relacionar que no es posible para ésta (sic) fiscalía y en un lapso menor a 24 horas tengamos la certeza de identidad del mismo. Pues las investigaciones no cesan mientras se busca el recaudo de datos de prueba y el hecho que se haya recabado el atesto xxxxxxxx en fecha 20 de febrero de 2020, que da cuenta de los hechos, no es motivo para restar credibilidad a su dicho. Y como ya quedó citado en los presentes hechos, se tiene que el juez de control, no valoró al momento de resolver sobre la solicitud de todos y cada uno de los datos de prueba, sino únicamente se limitó a valorar la entrevista del testigo ISRAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, el cual aporta datos de los hechos investigados para el esclarecimiento de los mismos (.). Por lo que considero que el Juez de Control es omiso en no prevenir (sic) que el artículo 91 de la Ley General de Población y que a la letra señala -lo transcribe-.Ya que dicho artículo prevé la situación en la que cualquier ciudadano pudiera encontrarse imposibilitado de presentar otro tipo de identificación es por lo que en (sic) base a ese artículo señalado se considera que el Juez debió valorar tal testimonio, por el valor de la información que aporta a la investigación, y no considerarlo inoperante porque a dicho testigo no se identifica de la forma en que el juez considera correcta. Situación que no es de relevancia para no otorgar la orden solicitada, puesto que si bien, el dicho de xxxxxxxxx, se concreta a decir las cosas como sucedieron y lo que escuchó de parte del mismo xxxxxxxxx y estando presente el mismo JOSÉ GILBERTO BANDA PÉREZ respecto a que ambos privan de la vida a los occisos. Es decir su dicho es un dato de prueba oportuno para poder librar la orden de aprehensión solicitada, pues debió tomarlo al momento de su resolución como circunstancial y relacionado (sic) con los demás datos de prueba que fueron expuestos, pues si bien no fue presencial lo cierto es que corrobora lo mencionado, pues abona a la mecánica de cómo sucedieron los hechos. (.) Luego entonces ha quedado demostrado que el juez de control en la audiencia desahogada en fecha 21 de febrero de 2020, no resolvió conforme lo que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, es decir en dicha audiencia se hicieron saber los datos de prueba que todos ellos se encuentran relacionados y conllevan a determinar que sí existió un hecho que la ley considerar como delito, además de que también se acreditó la participación o intervención de los dos imputados en tales hechos, y una vez que le fueron despejadas sus dudas (.). Además el juez de control debe tomar en cuenta el estándar probatorio mínimo que se requiere para poder librar la orden de aprehensión (.). Por lo que el juez de control transgredió el principio de buena fe, ya que de acuerdo a su resolución, hizo una valoración subjetiva de los actos de investigación que se realizaron por parte de esta fiscalía, pues "quedaría a contentillo" de cada juez el hecho de que no valore de manera conjunta los datos de prueba expuestos y no siendo así únicamente se limite a valorar de manera individual una entrevista (.). Y quedó citado (sic) en los presentes hechos, el juez de control no valoró los datos de prueba en términos de lo que dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales (.). Que incluso se habían enterado por medo de las redes sociales que ese día mataron a JOSÉ RAMÓN y a otro familiar de él. Por lo que con ello se demuestra que el juez al negar la orden de aprehensión no valoró en forma conjunta los datos de prueba, sino que lo hizo de forma individual y en específico en referir que resultaba insuficiente establecer con plenitud la identidad del testigo, sin tomar en cuenta los demás datos de prueba como lo obliga el artículo mencionado." Los planteamientos en trato son inoperantes. La inoperancia de lo discutido por la parte quejosa, estriba en que con tales argumentos intenta demostrar la ilegalidad de una resolución distinta a la que constituye el acto reclamado en forma destacada en este asunto. En efecto, la materia del reclamo es, como se precisó en el considerando segundo de este fallo, la resolución de doce de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal 20/2020-O por la sala penal responsable, donde se confirmó la resolución apelada, la cual denegó librar orden de aprehensión en contra de los imputados en la causa penal 1P0620-190; decisión de primer grado dictada a su vez por el juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya -autoridad señalada como ejecutora-. Sin embargo, la quejosa orienta sus argumentos de disenso en contra de la mencionada resolución apelada, no así en contra de la determinación de segundo grado que confirmó a aquella. De ahí la ineficacia de los conceptos de violación. Para corroborar el anterior aserto, conviene indicar que los preceptos 74 y 75 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, disponen: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados." De los transcritos preceptos legales se desprenden, en lo que ahora interesa, los principios de congruencia y exhaustividad que debe observar el juez de amparo al dictar una sentencia en un juicio de derechos fundamentales; también se desprende que esos principios están referidos a que las sentencias no solo deben ser congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo, sin omitir algo, ni añadir cuestiones distintas a las hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Es aplicable, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1./J. 33/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página 108, tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados." De igual modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la litis en el juicio de amparo se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo, tal como se desprende de la jurisprudencia 2./J. 123/99, legible en la página 190, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, Materia Común, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A diferencia de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo." Así, cuando en un concepto de violación se pretende poner de manifiesto la inconstitucionalidad de actos que no fueron señalados como reclamados en el juicio de amparo, dicho motivo de inconformidad será inoperante, pues, como se dijo, la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo. Por lo que debe concluirse que si los conceptos de violación atacan consideraciones ajenas a la litis constitucional, en caso de darles respuesta, se estaría dejando de observar el referido principio de congruencia, inmerso en los artículos 74 y 75 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo que precede, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia IV.3.C. J/1, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 655, del tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." Luego, si en la especie el acto reclamado en forma destacada lo es la resolución de doce de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal 20/2020-O por el magistrado penal responsable, en la confirmó la determinación pronunciada por el juez del conocimiento primario en la que negó librar orden de aprehensión en contra de los imputados en la causa penal 1P0620-190; entonces es inconcuso que los argumentos de disenso en mención son inoperantes porque, como se indicó, tratan de evidenciar la irregularidad de un acto distinto al reclamado en este asunto -resolución de primer grado que negó librar la orden de aprehensión-. Por ello, tales argumentos de inconformidad deben declararse ineficaces, pues este juzgador no puede darles respuesta, ya que de hacerlo, contravendría el aludido principio de congruencia que toda sentencia constitucional debe observar. A mayor abundamiento, los conceptos de violación también son inoperantes porque constituyen, en esencia y de manera sustancial, una copia de los agravios que se expresaron en contra de la resolución asumida en audiencia privada de veintiuno de febrero de dos mil veinte, por el juez penal responsable en la que negó librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de xxxxxxxx, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, en correlación con el 153, fracción I, y los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato, cometido en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de Cergio (sic) Alonzo González y José Ramón Ortiz López. En efecto, del análisis comparativo entre los argumentos de disenso (foja 3 a 8) y los agravios que la hoy quejosa expresó en contra de la mencionada decisión del juez del conocimiento primario, en la que negó librar la referida orden de aprehensión (fojas 46 a 50), se concluye que, en esencia, los conceptos de violación son una reiteración de los agravios formulados en la apelación. De ahí la inoperancia de los argumentos de inconformidad aducidos en este asunto, toda vez que no se controvierten las consideraciones de la resolución reclamada. Es de invocarse en apoyo a lo que antecede, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, página 845, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil". Así como en la jurisprudencia número 166, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, página 112, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama". De ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Además, del examen a la resolución reclamada de segundo grado, este juzgador de amparo advierte no existe violación en contra de los derechos de la parte quejosa, que le deje en estado de indefensión. En las relatadas condiciones, al advertirse que en el particular no existe queja que suplir en la resolución reclamada, y al ser ineficaces los motivos de disenso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxx, en contra de los actos reclamados a las autoridades, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de este fallo.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Maria de Lourdes Ramírez Carreño877/2018
- María de Luz Hernández Montes828/2014
- Maria Defensa Maricela Herrera Guerrero547/2017
- María Deisi Rodríguez Aguilera869/2018
- María del Carmen Adalsinda Sánchez Rojas644/2018
- María del Carmen Aida Granados Guzmán460/2015
- María del Carmen Arredondo279/2020
- María del Carmen Campos Villagómez674/2019
- María del Carmen Cintora López131/2015
- Maria del Carmen Coronado López145/2017
- María del Carmen Delgadillo Estrada1078/2022
- María del Carmen Delgadillo Estrada1141/2022