María del Carmen de la Cruz Vivas
Expediente 1476/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María del Carmen de la Cruz Vivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria el sobreseimiento fuera de audiencia emitido en el presente juicio y se ordenó archivar el expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, las copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral ********************, que rindió como anexo a su informe justificado (foja 51) y se manejó por cuerda separa constante de un tomo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que del expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de diez del presente mes y año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, y como consecuencia, se dejó sin efecto la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de este año; siendo lo correcto las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; por lo tanto, se tiene aclarando la fecha correcta de la audiencia constitucional que se dejó sin efecto, y en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes. Sin que para el caso, se ordene la notificación personal de este acuerdo, tomando en cuenta, que la determinación de sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, tiene como consecuencia, dejar sin efecto la audiencia constitucional, y por lo tanto, su notificación se práctica de forma personal, en términos del numeral 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa María del Carmen de la Cruz Vivas, promovió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, consistente en: El acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 212/2008, por el cual el Tribunal responsable, declaró no favorable la declaración de mala fe de la reinstalación de María del Carmen de la Cruz Vivas, realizada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que dicha diligencia fue firmada por las partes como constancia de conformidad. SE AGREGA INFORME JUSTIFICADO Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de las contancias que integran el expediente laboral 212/2008; en consecuencia, téngase el oficio y anexo como complemento a su informe justificado, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, con su contenido dese vista con éstos a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante antes citada, las constancias que anexó a su informe justificado, consistentes en la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 212/2008. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmense un tomo de pruebas por cuerda separada de este asunto. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto es: El acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 212/2008, por el cual el Tribunal responsable, declaró no favorable la declaración de mala fe de la reinstalación de María del Carmen de la Cruz Vivas, realizada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que dicha diligencia fue firmada por las partes como constancia de conformidad. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar el juicio en que se actúa, este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y en su caso exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia o resultado favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales en el procedimiento. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. De lo anterior expuesto, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en el acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 212/2008, por el cual el Tribunal responsable, declaró no favorable la declaración de mala fe de la reinstalación de María del Carmen de la Cruz Vivas, realizada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que dicha diligencia fue firmada por las partes como constancia de conformidad. Por tanto, el acto tildado de inconstitucional, evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducirán en violaciones procesales que, en su caso, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados -de obtener un laudo favorable-, y en caso de que se llegue a dictar sentencia contraria a los intereses de aquél, puede hacer valer las violaciones que esa resolución le causó mediante el juicio de amparo directo en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues sólo implica un auto en el cual se determinó lo conducente respecto de la firmeza de la diligencia de reinstalación de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; pues aún se encuentra en trámite el juicio natural inherente al expediente laboral 1476/2022, del que deriva el acto reclamado y, en el que, por tanto, aún no se ha dictado laudo; lo cual hasta el momento no constituye, por sí solo, la vulneración a ninguno de sus derechos sustantivos, además, la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que le será desfavorable o no, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascendieron o no al resultado del fallo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 49, Número 68, Agosto de 1993, Materia Común, Octava Época, de registro digital 196458, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. PARALELAMENTE A SU ALEGACIÓN EN AMPARO DIRECTO, DEBEN COMBATIRSE LOS RAZONAMIENTOS QUE DECLARARON INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO ORDINARIO QUE EN SU CONTRA SE HAYA HECHO VALER. El artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece lo comúnmente conocido como reglas para la preparación del amparo, prevé la necesidad de que se impugne la violación que se hubiere cometido, mediante los recursos señalados por la ley ordinaria, en los términos y condiciones en el propio numeral indicados. De tal dispositivo se sigue un principio de definitividad propio de las cuestiones de esta índole y, por tanto, si el medio de defensa hecho valer se declara improcedente o infundado, los conceptos de violación ante todo deben encaminarse a combatir los argumentos que sustenten tales pronunciamientos, lo que se corrobora si se tiene en cuenta que la determinación adoptada en el medio de defensa hecho valer es la que regirá la situación procesal, pues resultaría indebido que si la autoridad consideró el recurso improcedente o infundado, en el amparo directo se examinara de primera mano la providencia inicialmente dictada, pasando por alto la decisión que le haya recaído; en consecuencia, si el interesado sólo combate la primera, las argumentaciones no deben tomarse en cuenta porque ello equivaldría a volver nugatoria la normatividad que contiene el dispositivo a que se aludió." Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción V, de la misma legislación, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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