María del Carmen de Dios Arias
Expediente 1224/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María del Carmen de Dios Arias
- Luis Gustavo Quevedo de Dios
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo; asimismo adjuntó copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 99/2022; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este expediente se refiere." En consecuencia, acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, la ejecutoria de mérito para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por lo que, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 99/2022 de su índice, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por los quejosos María del Carmen de Dios Arias y otros de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el escrito de demanda mediante el cual María del Carmen de Dios Arias, Luis Gustavo Quevedo de Dios y Erick Arturo Quevedo de Dios, por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez de Control y Tribunal de la Región Nueve de Centro, Tabasco., con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1224/2022-3. DESECHAMIENTO. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021. La citación mediante los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022, para la audiencia inicial, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, por el delito de robo en lugar cerrado, dentro de la CI-FRC-782/2021. De conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna lo transcrito en líneas precedentes. En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues de los actos reclamados se actualizan las causales de improcedencia, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En relación al primer acto, consistente en la integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Por su parte, la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De igual manera, los diversos artículos 5º y 6º de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Ahora, ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los imputados el derecho de oponerse a la integración de una carpeta de investigación, aun cuando ellos sean considerados como responsables de ciertos ilícitos. Resulta justificable la inexistencia de ese derecho, pues su existencia sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos. De este modo, cuando se llevan a cabo actos tendentes a la investigación de los delitos, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al indiciado no se le causa un perjuicio de índole jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII, formulada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2017, de la Décima Época, registro número 2015500, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". En ese contexto, resulta evidente que la integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, no constituye un acto que irrogue perjuicio a las personas contra quienes se instruye ésta, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación, que en caso del contenido de la demanda no se advierte. Por tanto, la integración de una carpeta de investigación no produce algún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el del indiciado o indiciados, de que se indaguen los hechos posiblemente delictuosos que le dieron origen; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica de los quejosos, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, en cuanto al acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, por otra parte, respecto al segundo de los actos reclamados consistente en la citación mediante los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022, para la audiencia inicial, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, por el delito de robo en lugar cerrado, dentro de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Es oportuno, destacar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, de la ley de la materia, establece, lo siguiente: Artículo 61, fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]" En el caso, la citación mediante los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022, para la audiencia inicial, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, por el delito de robo en lugar cerrado, dentro de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021; se advierte que, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia, sin que exista afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. De lo que se evidencia que dicho acto, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de los gobernados, pues el hecho de que el Juez de Control de la Región Judicial Nueve, de Centro, Tabasco, librara los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022; con la finalidad de citar a los hoy quejosos para la audiencia inicial solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, no tiene consecuencias de gravedad que impida el ejercicio de un derecho como los citados en el párrafo que antecede. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 78/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 239, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia número VI.1º.A. J/10 (10ª), Décima Época, número de registro 2006339, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, Libro VI, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de amparo instado en esta vía por los citados quejosos. Por lo tanto, resulta improcedente en forma manifiesta e indudable la demanda de amparo promovida por los actos reclamados y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la misma. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con los dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Fredy Alberto López González, Daniel Alberto Can Estrada, Heber Dionicio López Díaz y Vicente de los Santos Suárez, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia conforme al segundo párrafo del citado numeral por no contar con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporcionan, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Número de expediente: 1224/2022 Acuerdo: VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el escrito de demanda mediante el cual María del Carmen de Dios Arias, Luis Gustavo Quevedo de Dios y Erick Arturo Quevedo de Dios, por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez de Control y Tribunal de la Región Nueve de Centro, Tabasco., con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1224/2022-3. DESECHAMIENTO. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021. La citación mediante los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022, para la audiencia inicial, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, por el delito de robo en lugar cerrado, dentro de la CI-FRC-782/2021. De conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna lo transcrito en líneas precedentes. En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues de los actos reclamados se actualizan las causales de improcedencia, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En relación al primer acto, consistente en la integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Por su parte, la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De igual manera, los diversos artículos 5º y 6º de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Ahora, ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los imputados el derecho de oponerse a la integración de una carpeta de investigación, aun cuando ellos sean considerados como responsables de ciertos ilícitos. Resulta justificable la inexistencia de ese derecho, pues su existencia sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos. De este modo, cuando se llevan a cabo actos tendentes a la investigación de los delitos, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al indiciado no se le causa un perjuicio de índole jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII, formulada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2017, de la Décima Época, registro número 2015500, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". En ese contexto, resulta evidente que la integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, no constituye un acto que irrogue perjuicio a las personas contra quienes se instruye ésta, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación, que en caso del contenido de la demanda no se advierte. Por tanto, la integración de una carpeta de investigación no produce algún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el del indiciado o indiciados, de que se indaguen los hechos posiblemente delictuosos que le dieron origen; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica de los quejosos, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, en cuanto al acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, por otra parte, respecto al segundo de los actos reclamados consistente en la citación mediante los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022, para la audiencia inicial, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, por el delito de robo en lugar cerrado, dentro de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021, se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Es oportuno, destacar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, de la ley de la materia, establece, lo siguiente: Artículo 61, fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]" En el caso, la citación mediante los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022, para la audiencia inicial, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, por el delito de robo en lugar cerrado, dentro de la carpeta de investigación CI-FRC-782/2021; se advierte que, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia, sin que exista afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. De lo que se evidencia que dicho acto, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de los gobernados, pues el hecho de que el Juez de Control de la Región Judicial Nueve, de Centro, Tabasco, librara los oficios 6084-II, 6085-II y 6086-II, en la Causa Penal 1312/2022; con la finalidad de citar a los hoy quejosos para la audiencia inicial solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Robo a Casa Habitación y Comercio, Centro, Tabasco, no tiene consecuencias de gravedad que impida el ejercicio de un derecho como los citados en el párrafo que antecede. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 78/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 239, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia número VI.1º.A. J/10 (10ª), Décima Época, número de registro 2006339, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, Libro VI, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de amparo instado en esta vía por los citados quejosos. Por lo tanto, resulta improcedente en forma manifiesta e indudable la demanda de amparo promovida por los actos reclamados y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la misma. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con los dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Fredy Alberto López González, Daniel Alberto Can Estrada, Heber Dionicio López Díaz y Vicente de los Santos Suárez, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia conforme al segundo párrafo del citado numeral por no contar con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporcionan, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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