Maria del Carmen Cortes Reyes
Expediente 373/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria del Carmen Cortes Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV.-De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por María del Carmen Cortés Reyes, por su propio derecho. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
iv.-Agréguese a los autos escrito signado por María del Carmen Cortés Reyes, mediante el cual cumple con la prevención formulada en proveído de treinta de julio del año en curso, y refiere que el acto que reclama de las autoridades responsables consiste en: LA REMOCIÓN INDEBIDA DE MI NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE AQUILA, SIN DARME DERECHOS DE AUDIENCIA QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados son de realización futura e incierta. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna a disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la quejosa lo hace consistir en lo siguiente: "LA REMOCIÓN INDEBIDA DE MI NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE AQUILA, SIN DARME DERECHOS DE AUDIENCIA QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16." Luego, debe precisarse que el acto que se reclama es de aquellos de realización futura e incierta, pues no puede considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, esto es así, porque de los datos que arroja la demanda de garantías, no se advierte la existencia de algún acto que afecte la esfera jurídica de la promovente, toda vez que como expresamente lo manifiesta, la responsable pretende ordenar actos tendentes a removerla del cargo que como Oficial del Registro Civil de Aquila, Michoacán, desempeña; lo que significa que el acto de molestia, aún no ha sido pronunciado; de ahí que, sea válido establecer que no se desprende una ejecución inminente contra su persona; sino que se trata de una mera especulación de la peticionaria del amparo, por tanto, tiene calidad de futuro e incierto, dado que no deriva de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación; por ello, el hecho de que presuma que probablemente se ordene el mandamiento de que se duele, no afecta su esfera jurídica. Lo que además se corrobora con sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad, consistentes en: ".es el caso que el día de hoy, 25 de julio de 2018, a las 8:30 horas aproximadamente salí con destino a la localidad de la Cobanera. posteriormente como a las 11:00 regresé para dar atención al Público en las oficina del Registro Civil. Y es el caso, que mi hermana DIANA CORTÉS REYES, y una empleada de mi hermana de nombre VIANEY MARTÍNEZ MENDOZ me informan que como a las 9:15 horas, llegó a las oficina del Registro Civil, en Aquila, el LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VALDEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, que preguntando por la quejosa, y les dijo que venía hacer el cambio de la oficina del Registro Civil, y les comentó que me informaran que tuviera la documentación en orden porque más tarde pasaría a la oficina del Registro Civil, para llevar a cabo el cambio de Oficial del Registro Civil, además les dijo que para hacer el trámite menos cansado, que por favor no fuera a poner resistencia y TRAÍA ORDENES SUPERIORES, de que a partir del día de hoy, la quejosa ya no sería OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, que le hiciera favor de sacar mis pertenencias personales de la oficina del Registro Civil. Para que más tarde cuando el volviera, le entregara a la brevedad las llaves de la Oficina. [.]" Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Por tanto, los actos reclamados que tilda de inconstitucionales, tienen la calidad de futuros e inciertos, dado que no derivan de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación. Pues como se especificó, la promovente se basa en presunciones subjetivas que resultan insuficientes para actualizar el supuesto de procedencia del amparo indirecto, establecido en el artículo 115 de la ley de la materia; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 6º, éstos interpretados en sentido contrario del citado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio, con alcances universales, que impida de forma absoluta y general la operación de la autoridad señalada como responsable en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen de forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su conexión efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo que orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del justiciable de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de garantías sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad. Por lo que el carácter excepcional de una promoción de ese grado justifica que su tramitación requiera de la aportación, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de la autoridad que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización incierta, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V y 4° de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 56, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICIÓN FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados". Finalmente tiene aplicación sobre el particular la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS.- Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Máxime, que de la documental que anexa, consistente en copia certificada del nombramiento que se le hizo como Oficial del Registro Civil en el Municipio de Aquila, Michoacán, no se advierte que haya sido ordenado la remoción de dicha encomienda a la parte quejosa. En esas condiciones, por los motivos anteriormente expuestos, al haber resultado notoria e indudable la causal de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de garantías; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
IV.-POR INCUMPLIMIENTO AL AVISO DE FECHA SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO C),DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos escrito signado por María del Carmen Cortés Reyes, mediante el cual cumple con la prevención formulada en proveído de treinta de julio del año en curso, y refiere que el acto que reclama de las autoridades responsables consiste en: LA REMOCIÓN INDEBIDA DE MI NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE AQUILA, SIN DARME DERECHOS DE AUDIENCIA QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados son de realización futura e incierta. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna a disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la quejosa lo hace consistir en lo siguiente: "LA REMOCIÓN INDEBIDA DE MI NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE AQUILA, SIN DARME DERECHOS DE AUDIENCIA QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16." Luego, debe precisarse que el acto que se reclama es de aquellos de realización futura e incierta, pues no puede considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, esto es así, porque de los datos que arroja la demanda de garantías, no se advierte la existencia de algún acto que afecte la esfera jurídica de la promovente, toda vez que como expresamente lo manifiesta, la responsable pretende ordenar actos tendentes a removerla del cargo que como Oficial del Registro Civil de Aquila, Michoacán, desempeña; lo que significa que el acto de molestia, aún no ha sido pronunciado; de ahí que, sea válido establecer que no se desprende una ejecución inminente contra su persona; sino que se trata de una mera especulación de la peticionaria del amparo, por tanto, tiene calidad de futuro e incierto, dado que no deriva de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación; por ello, el hecho de que presuma que probablemente se ordene el mandamiento de que se duele, no afecta su esfera jurídica. Lo que además se corrobora con sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad, consistentes en: ".es el caso que el día de hoy, 25 de julio de 2018, a las 8:30 horas aproximadamente salí con destino a la localidad de la Cobanera. posteriormente como a las 11:00 regresé para dar atención al Público en las oficina del Registro Civil. Y es el caso, que mi hermana DIANA CORTÉS REYES, y una empleada de mi hermana de nombre VIANEY MARTÍNEZ MENDOZ me informan que como a las 9:15 horas, llegó a las oficina del Registro Civil, en Aquila, el LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VALDEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, que preguntando por la quejosa, y les dijo que venía hacer el cambio de la oficina del Registro Civil, y les comentó que me informaran que tuviera la documentación en orden porque más tarde pasaría a la oficina del Registro Civil, para llevar a cabo el cambio de Oficial del Registro Civil, además les dijo que para hacer el trámite menos cansado, que por favor no fuera a poner resistencia y TRAÍA ORDENES SUPERIORES, de que a partir del día de hoy, la quejosa ya no sería OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, que le hiciera favor de sacar mis pertenencias personales de la oficina del Registro Civil. Para que más tarde cuando el volviera, le entregara a la brevedad las llaves de la Oficina. [.]" Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Por tanto, los actos reclamados que tilda de inconstitucionales, tienen la calidad de futuros e inciertos, dado que no derivan de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación. Pues como se especificó, la promovente se basa en presunciones subjetivas que resultan insuficientes para actualizar el supuesto de procedencia del amparo indirecto, establecido en el artículo 115 de la ley de la materia; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 6º, éstos interpretados en sentido contrario del citado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio, con alcances universales, que impida de forma absoluta y general la operación de la autoridad señalada como responsable en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen de forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su conexión efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo que orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del justiciable de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de garantías sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad. Por lo que el carácter excepcional de una promoción de ese grado justifica que su tramitación requiera de la aportación, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de la autoridad que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización incierta, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. ...AVISO
- Principal
IV.-POR INCUMPLIMIENTO AL AVISO DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO C),DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a María del Carmen Cortés Reyes, contra actos del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 373/2018-IV. A fin de acordar lo procedente respecto de su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el numeral 114, fracción I, II y V, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la accionante de garantías para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes de la demanda y escrito aclaratorio, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: a) Manifieste de manera clara, precisa y concreta, el acto que en particular reclama a cada una de las autoridades responsables. Lo anterior, en razón de que en el apartado que corresponde a los actos reclamados precisa...AVISO
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