Maria de Lourdes Martínez Aguilar
Expediente 759/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Martínez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Glósese el escrito con firma electrónica de ******************** apoderado jurídico de la quejosa ********************, a través del cual desahoga la prevención contenida en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, y para ello refiere protesta de decir verdad, que el poder general para pleitos y cobranzas de veinte de junio de dos mil veintitrés, exhibido de manera digitalizada es original y copia íntegra e inalterada del documento impreso; por tanto, se le reconoce el carácter con el que se ostenta, de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Amparo. Téngase por desahogada dicha prevención realizada a la parte quejosa... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA JAIRO FRANCISCO RODRIGUEZ ORTIZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO JURIDICO DE MARIA DE LOURDES MARTINEZ AGUILAR, MEDIANTE CITATORIO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Glósese el escrito con firma electrónica de ******************** apoderado jurídico de la quejosa ********************, a través del cual desahoga la prevención contenida en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, y para ello refiere protesta de decir verdad, que el poder general para pleitos y cobranzas de veinte de junio de dos mil veintitrés, exhibido de manera digitalizada es original y copia íntegra e inalterada del documento impreso; por tanto, se le reconoce el carácter con el que se ostenta, de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Amparo. Téngase por desahogada dicha prevención realizada a la parte quejosa. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser examinadas de oficio, en tanto señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucional, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por su parte el precepto 113 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- La inscripción arbitraria e ilegal de un gravamen sobre el inmueble propiedad de mandante ***, identificada como casa habitación con oficinas ubicada en la calle ***; la que se encuentra inscrita ante la responsable con el registro número *** tomo *** del libro de propiedad correspondiente al distrito de ***, lo que hizo la responsable sin que exista consentimiento de mi mandante y/o acto jurídico inscribible en el que mi representada ******************** en cuanto propietario y/o garante, haya dado en garantía dicho inmueble y/o sin que medie orden judicial y/o administrativa y/o acto jurídico alguno que obligue a mi mandante soportar esa cargas; gravamen cuya descripción y datos registrales son los siguientes: *** En razón de lo anterior, se desprende que el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, constituyen las actuaciones derivadas del contrato de apertura de crédito de habilitación o avío celebrado por *** acto que se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio correspondiente al Distrito de Zamora, Michoacán, el ****, bajo el registro número *** del tomo **, respecto de ****. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA. El citado acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de manera que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. MOTIVO DEL DESECHAMIENTO. De los numerales antes transcritos, se desprende que los actos reclamados por la promovente del amparo no encuadran dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 en cita, ya que dichos actos no devienen de una disposición jurisdiccional, pues el actuar del Director del Registrador Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, ya que no tratan de imponer disposiciones normativas, por lo que no se reúnen las características de unilateralidad e imperio. Se explica lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción II de la Ley de Amparo, el cual precisa a quien le puede recaer el carácter de autoridad responsable. Se transcribe precepto legal. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los tribunales federales y la doctrina han definido el acto de autoridad como una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, es decir, cualquier hecho voluntario o intencional, negativo o positivo imputable al órgano del Estado, consistente en una decisión o ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas que impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento de voluntariedad, que lo distingue de cualquier acontecimiento, el de intencionalidad, que estriba en la causación de una afectación, que lleva a la obtención de un fin determinado, así como el de índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad o coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación a bienes o derechos del particular. Por ello, los actos de autoridad reclamables a través del juicio de amparo, necesariamente deben inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que éste tenga interés jurídico y pueda reclamarlo por este juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador la tesis I.13o.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Así, la autoridad responsable es la que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, es decir que la acción o decisión ejecutada o tomada por la autoridad, debe hacerse o cumplirse en los términos que ordene, sin necesidad de la intervención de otra para su ejecución. Lo cual, no acontece en el presente caso, ya que se desprende que el acto reclamado al Director del Registro Público de La Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, no reúne las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, por tanto es dable concluir que no le recae el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional. Lo anterior es así ya que si bien, en ciertos actos jurídicos se requiere la intervención del Registrador Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado de Michoacán, con sede en Morelia (requisito formal), como en el presente caso; sin embargo esto no debe de entenderse como un acto de autoridad, ya que dicha intervención solo tiene como efectos dar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los actos que dice reclamarles. Es exactamente aplicable a lo anterior, en cuanto criterio jurídico orientador, la tesis XI.2o.96 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." También es aplicable por analogía jurídica, la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Máxime, que la autoridad señalada como responsable, es solo una dependencia auxiliar, que da publicidad a los actos que ante ella se inscriben; sus efectos son declarativos, no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de su inscripción, cuya finalidad (como se dijo) es dar publicidad y no constituir el derecho; por tanto, tal circunstancia no constituye un acto que sea impugnable directamente a través del juicio de amparo indirecto, porque solamente serán considerados como tales, aquellos en los que se afectan la esfera jurídica de derechos de los particulares en virtud de su potestad de imperio. Por las razones jurídicas que la contienen, tiene aplicación la tesis emanada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto: "ESCRITURAS DE PROPIEDAD. EL JUICIO DE AMPARO NO ES EL MEDIO LEGAL PARA IMPUGNAR SU CONTENIDO E INSCRIPCION. Partiendo de la base de que las escrituras de propiedad contienen un contrato celebrado entre particulares, y que los asientos o registros que verifiquen las autoridades, en cumplimiento a sus funciones, no son actos de autoridad que impidan a los quejosos, por sí solos, el uso o disfrute de sus derechos de propiedad o impliquen perturbación de ellos, debe concluirse que el juicio de garantías no resulta ser el medio idóneo para combatir los perjuicios que a ellos se irroguen." Por tanto, por así lo disponerlo el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 5, fracción II, y 107, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por ******************** apoderado jurídico de la quejosa ********************. La presente determinación, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es más eficaz que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda recibida vía electrónica, promovido por ********************, quien se ostenta apoderado jurídico de ********************; contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************-V; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- MARIA DE LOS ANGELES HERNÁNDEZ REYES y Otros.618/2021
- Maria de los Angeles Medina León410/2019
- María de los Ángeles Reyes Cerda de Hernandez534/2019
- Maria de los Ángeles Rodríguez Reyes193/2020
- Maria de Lourdes Espinosa Castillo167/2018
- Maria de Lourdes Mariscal Pestaña310/2021
- Maria de Lourdes Zepeda Martínez398/2021
- Maria del Carmen Campoverde Espinosa101/2019
- Maria del Carmen Cortes Reyes373/2018
- Maria del Carmen Lucatero Naranjo182/2022
- María del Carmen Torres Gutiérrez454/2019
- Maria del Carmen Torres Gutiérrez482/2019