María del Carmen Aguirre García

Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
734/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Aguirre García
  • Everardo de la Mora Ramón, Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de los Bravos, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que destacan: No. Constancias Fojas 1 Escrito de demanda 1-138 2 Acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, admitió a trámite la demanda de amparo 40-42 3 Notificación al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción 47 Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con los cuales se dio vista a las partes y que se relacionan en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Fojas Sentido del Informe 1 Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. 61 Acepta 2 Inspector General, en su carácter de Coordinador Regional "Chilpancingo" de la Guardia Nacional, residente en esta ciudad. 96-98 Niega 3 Grúas Capire Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad. 113 Niega El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los medios de convicción siguientes: No. Parte oferente Pruebas Foja 1 Parte quejosa Documentales 36-38 2 Autoridad responsable [1] Documentales 63-65 El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, la cuales se desahogan en este preciso instante en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. El secretario certifica: que no quedan pruebas pendientes por desahogar y que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para emitir sentencia. El Juez acuerda: Vista la certificación y al no quedar pruebas pendientes que desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon manifestaciones y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para formular su alegato ministerial. Se cierra el periodo de alegatos. Al tener en cuenta todo lo actuado se da por terminada la presente audiencia constitucional y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito, para emitir la resolución que en derecho proceda. VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 734/2020 promovido por María del Carmen Aguirre García, por propio derecho, contra actos de: [1] Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. [2] Inspector General, en su carácter de Coordinador Regional "Chilpancingo" de la Guardia Nacional, residente en esta ciudad; y [3] Grúas Capire Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte (fojas 1-38), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; María del Carmen Aguirre García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: LIC. EVERARDO DE LA MORA RAMÓN, MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN SECTOR CENTRAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUTORIDADES EJECUTORAS: C. Inspector Carlos Alberto Torres Salado. Titular de la Estación de la Policía Federal, autoridad corregida como: Inspector General, en su carácter de Coordinador Regional "Chilpancingo" de la Guardia Nacional, residente en esta ciudad. C. Propietario o responsable del "CORRALÓN DE GRÚAS EL CAPIRE S.A. DE C.V. IV.- ACTOS RECLAMADOS DE CADA AUTORIDAD RESPONSABLES: a).- Del C. Lic. Everardo de la Mora Ramón, Ministerio Público del Fuero Común Sector Central del Distrito Judicial de los Bravo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la falta de entrega física de la unidad marca Dinamo, tipo SPEED FIRE ZH200, Modelo 2018, Color rojo, con número de motor 163FMLH75021008, Número de serie 3CUP2AFF0JX000054. b).- Del C. Inspector Carlos Alberto Torres Salado, Titular de la Estación de la Policía Federal, la negativa de cumplimiento del Oficio 10429 expedido por el C. Ministerio Público del Fuero Común Sector Central del Distrito Judicial de los Bravo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, por el que SE AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN de la unidad marca Dinamo, tipo SPEED FIRE ZH200, Modelo 2018, Color rojo, con número de motor 163FMLH75021008, Número de serie 3CUP2AFF0JX000054." SEGUNDO. Admisión de la demanda. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte (foja 40-42), se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, los actos reclamados son atribuidos a potestades con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo cual, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la peticionaria reclama: la falta de entrega física de la unidad marca Dinamo, tipo SPEED FIRE ZH200, Modelo 2018, Color rojo, con número de motor 163FMLH75021008, Número de serie 3CUP2AFF0JX000054. Como consecuencia, la negativa de la devolución de la unidad marca Dinamo, tipo SPEED FIRE ZH200, Modelo 2018, Color rojo, con número de motor 163FMLH75021008, Número de serie 3CUP2AFF0JX000054. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, es oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos tildados de inconstitucionales, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Así, se consideran ciertos los actos reclamados, en la medida que la autoridad responsable ordenadora Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia de los actos que le atribuye la parte quejosa; como soporte de su informe, remitió copia certificada de actuaciones relativas a la carpeta de investigación 12020090201226011020, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por otra parte, las diversas autoridades en su carácter de ejecutoras negaron el acto reclamado mismas que fueron señaladas con los números [2] y [3]; sin embargo, se les presume cierto el acto que de ellas se les reclama, en razón de que la ordenara acepto el acto reclamado y señaló la participación de las citadas autoridades. CUARTO. Improcedencia de la demanda. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En la especie, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que a consideración del que aquí juzga, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para promover el juicio de amparo. El citado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De la porción normativa reproducida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Respecto de dicho interés, si bien la ley de la materia no da un concepto exacto, ese extremo ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia como aquella situación jurídica en donde un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos en cita, se aprecia que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de la parte quejosa. Entonces, para acreditar tal extremo, se puede ofrecer cualquier medio de prueba previsto por las leyes que resulte idóneo, pero de ninguna manera basta para demostrarlo el hecho de presentar la demanda de amparo, pues ello sólo implica la pretensión de incitar al órgano jurisdiccional, empero, no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan el interés jurídico del gobernado quejoso, pues esa afectación debe probarse de manera fehaciente y no de forma presuntiva. Así, se tiene que los supuestos que integran el interés jurídico son dos: el primero, la existencia y titularidad de un derecho, y el segundo, el resentimiento de un perjuicio en aquél proveniente de un acto de autoridad. La peticionaria de amparo no allegó probanza idónea que permitiera a este juzgador tener por acreditado el interés jurídico que le asiste para instar este juicio, pues aun cuando se haya ostentado como propietaria del bien mueble materia del presente juicio de amparo, no demuestra ese derecho y por ende que tenga interés para reclamar la afectación que tal acto hubiere producido, dado que las documentales que ofreció en el presente juicio son insuficientes para acreditar su interés. Lo anterior se sostiene, dado que a su demanda de amparo únicamente anexó las siguientes documentales: 1.- Copia simple de su credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; y, 2.- Copia simple de la carta factura número 007312 expedida a favor de la parte quejosa por ETESA de C.V. Y al no haberlo hecho así, es inconcuso que no demuestra el interés que le permita obtener la protección constitucional, puesto que correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba de demostrar fehacientemente la afectación a su interés jurídico causada por los actos reclamados. Cobra aplicación al respecto, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del máximo tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, página 15, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por tanto, conforme a lo dispuesto en este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 289 que puede consultarse en la página 309 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." De esta forma, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables. En razón de lo anterior, es innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario de manera inmediata y una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María del Carmen Aguirre García, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades relacionadas por este juzgador como [1], [2] y [3]; de acuerdo con lo aducido en los considerandos SEGUNDO y CUARTO de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese de inmediato la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por Esbeydi Ponce López, quien se ostenta como apoderada legal de Grúas Capire S.A. de C.V.; a través del cual manifiesta rendir informe justificado a nombre de su poderdante; sin embargo, no acredita dicha personalidad, por lo que su ocurso de cuenta, únicamente se glosa a los autos para que obre como legal mente corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Ministerio Público Unidad de Investigación 2 del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza respecto al cumplimiento que dio al oficio que le fuera enviado en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual se le requirió su informe justificado, cuestión que acredita con el acuse del oficio por medio del cual lo rindió, mismo que fue recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de enero del año en curso, como se advierte del sello respectivo; lo anterior únicamente para los efectos legales a que haya lugar, en razón que por auto de veintiocho de enero de esta anualidad, se proveyó el informe justificado rendido por la autoridad oficiante. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para este día la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogar, en razón de que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Propietario o Responsable del Corralón de Grúas el Capire S.A de C.V., ni la constancia de notificación del oficio por medio del cual se le requirió. En consecuencia, se instruye al fedatario público adscrito encargado del trámite del presente asunto, para que agregue a los presentes autos la constancia de notificación del oficio 19075/2020 de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual se requiere informe justificado a la autoridad responsable Propietario o Responsable del Corralón de Grúas el Capire S.A de C.V.; o en caso de no contar con ella, a la brevedad posible realice la notificación correspondiente. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

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