María de Lourdes Pedrote Navarro
Expediente 87/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María de Lourdes Pedrote Navarro
- María de Lourdes Pedrote Navarro y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito, con sede en Acapulco, Guerrero, por medio del cual acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional respecto del juicio de amparo********************. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se DESTRUIRÁ en su totalidad. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, por el que remite por incompetencia el juicio de amparo directo civil 29/2018, promovido por María de Lourdes Pedrote Navarro, por conducto de su apoderada legal Eloísa Valdés Cortés, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; así como el informe justificado, un tomo de prueba correspondiente al Toca Civil 407/2017, despacho 22-2/2017 el cual fue devuelto sin diligenciar y escrito presentado por la apoderada legal de la parte quejosa, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Eloísa Valdés Cortés, en su carácter de apoderada legal de María de Lourdes Pedrote Navarro, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte del acuerdo dictado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 125/2016-2, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 87/2018, y fórmese expediente. Ahora bien, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de Distrito se encuentra prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Lo anterior se sostiene, dado que en la demanda de amparo, la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia el siguiente: "Lo es la resolución de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Responsable en el Toca 407/2017 que formó con motivo del recurso de apelación que interpuso en contra del auto de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, dictado por el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito Judicial de Tabares en el expediente número 125-2/2016, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio que está tramitando el Tercero interesado ALFREDO DELGADO DELGADO en contra de mi poderdante MARÍA DE LOURDES PEDROTE NAVARRO." Asimismo, del escrito inicial de demanda en esencia se advierte lo siguiente: ".Del estudio y análisis del UNICO agravio que expresa MARÍA DE LOURDES PEDROTE NAVARRO, por conducto de su apoderada legal ELOISA VALDES CORTES, en contra del auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, este Órgano Colegiado arriba a la firme convicción que resultan infundados frente al auto combatido, por los razonamientos y fundamentos siguientes: El artículo 175 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guerrero establece: Artículo 175.- Causa de extinción de la instancia. La instancia se extingue: II. Por caducidad de la instancia. En este caso se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La caducidad de la instancia operará de plano derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos seis meses naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes que tienda a llevar adelante el procedimiento. [.] De lo anterior, se concluye que contrario a lo que afirma la parte apelante, no procede la caducidad de la instancia, ya que de autos se advierte que en el presente juicio, no han sido emplazados el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, Notario Público por Ministerio de Ley, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, Sucesión Testamentaria a bienes de Enrique Correa Martínez y Notario Público Número Seis del Distrito Federal, en consecuencia, se considera que el juez del conocimiento correctamente no decretó la caducidad de la instancia; pues de hacerlo se atentaría contra los derechos fundamentales de igualdad procesal y de acceso a la justicia previstos por la Constitución Federal y 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, en su vertiente de derecho de defensa. [.] Ahora bien; de lo anterior transcrito, se aprecia que la resolución dictada por la Responsable para resolver en definitiva el TOCA CIVIL No. 407/2017 el día veinte de octubre del dos mil diecisiete, es errónea e ilegal al manifestar que: .resultan infundados., los conceptos por mi expresados en el único agravio del escrito de apelación del auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, expresando para hacerlo LA SALA RESPONSABLE razonamientos lógico jurídicos en forma por demás equivocada. .La responsable, en el acto reclamado, para negarse a revocar el auto apelado, hace una errónea interpretación de la porción normativa contenida en la fracción II, inciso a) del artículo 175 el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guerrero al considerar que de acuerdo con ese inciso a) de la II fracción de dicho precepto legal, el computo del periodo procesal en el cual se puede decretar la caducidad de la instancia es a partir del emplazamiento a las partes y hasta antes de la citación para sentencia, y que de acuerdo con lo que dispone el artículo 241 fracción I, del mismo ordenamiento procesal, uno de los efectos del emplazamiento es constituir la relación jurídico procesal entre las partes, la cual no existe en el natural, y que como no se encuentran debidamente emplazados todos los demandados en el expediente natural para la Responsable no es procedente la caducidad de la instancia, pues como no han sido emplazados todos los demandados indicados en la demanda, como son: el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, Notario Público por Ministerio de Ley, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero; Sucesión Testamentaria a Bienes de Enrique Correa Martínez y Notario Público Número Seis del Distrito Federal, procede a confirmar el auto apelad. ES OBVIO que en agravio de mi representada aquí quejosa, dicha Responsable TOMA EN CUENTA que antes de resolver como lo hizo, debió de ejercer el CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO, respecto de la porción normativa contenida en el inciso a) de la fracción II del citado artículo 175. Es decir, la Responsable de plano hace una errónea interpretación de dicha porción normativa al señalar en el acto reclamado que el cómputo para la caducidad de la instancia señalado en la porción contenida en el artículo 175, fracción II inciso a) del Código de Procedimientos Civiles del Estado, inicia después de haber sido emplazadas todas las partes, y sobre todo la hace porque en agravio de mi representada dejo de ejercer el CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO, respecto de la Proción normativa contenida en el inciso a) de la fracción II del citado artículo 175. [.] De lo anterior, se concluye que contrario a lo que afirma la parte apelante, no procede la caducidad de la instancia, ya que de autos se advierte que en el presente juicio, no han sido emplazados el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, Notario Público por Ministerio de Ley, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, Sucesión Testamentaria a bienes de Enrique Correa Martínez y Notario Público Número Seis del Distrito Federal, en consecuencia, se considera que el juez del conocimiento correctamente no decreto la caducidad de la instancia; pues de hacerlo se atendría contra los derechos fundamentales de igualdad procesal y de acceso a la justicia previstos en la Constitución Federal y 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos. De lo anterior transcrito, se desprende que la Responsable no motivo ni mucho menos aplico a la porción normativa del artículo 175 fracción II, inciso a) del Código Procesal Civil, el control de constitucionalidad ex officio; Es decir, la Sala Responsable en perjuicio de mi representada omitió en el acto reclamado interpretar el artículo 1°de la Constitución; pasándose por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en lo que interesa que todos los jueces del país están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución y a los Tratados internacionales en materia de derechos humanos. Que es lo que prácticamente se conoce como control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio. Y de acuerdo a esta figura jurídica de control de constitucionalidad, que en agravio de mi representada dejo de aplicar en el acto reclamado la Sala Responsable, es que le causa a la quejosa este segundo agravio, sobre todo que es de explorado derecho, que se permite a los juzgadores ordinarios que inapliquen las normas que consideren contrarías a los derechos humanos establecidos en la constitución y en los Tratados Internacionales, como en su caso lo es, la porción normativa de la fracción II inciso a), del artículo 175 del Código Adjetivo Civil que la Responsable debió de inaplicar en el acto reclamado. En efecto, la Responsable al resolver el acto reclamdo debió de haber ejercido el control difuso de constitucionalidad respecto de la citada porción normativa del artículo 175 fracción II, inciso a) del Código Procesal Civil, que es privativa de los derechos humanos pero al aplicar en el acto reclamado la Proción normativa del precepto antes referido, para así confirmar el auto de apelación, es obvio que el acto reclamado que se analiza es inconstitucional por estar dictado en contra de los derechos humanos contenidos en los artículos 1° Constitucional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos. Es decir, la Responsable al resolver el acto reclamado debió interpretar en sentido amplio, al igual que todas las demás autoridades del estado mexicano, la porción normativa del artículo 175 Código Procesal Civil del Estado, a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano es parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, pero al no hacerlo así, es que le cause este segundo agravio a mi representada aquí quejosa. Es decir, contrario a lo anterior la Sala Responsable aplico en perjuicio de la quejosa en forma errónea la porción normativa privativa de derechos humanos contenida en el artículo 175 fracción II, inciso a), del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra dice: Artículo 175.- Causas de extinción de la instancia. La instancia se extingue: II. Por caducidad de la instancia. En este caso se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos seis meses naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes que tienda a llevar adelante el procedimiento. En efecto, tal y como se ve, siendo dicha porción privativa de los derechos humanos, en el presente caso la autoridad responsable debió de haberla dejado de aplicar en el acto reclamado y por ende concederle a la hoy quejosa la revocación del auto apelado, toda vez que siendo la misma inconstitucional pues el tomarla la Responsable y aplicarla como cierta afecto de plano la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política Mexicana y en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. O sea, que la Responsable al resolver como lo hizo y decretar confirmar el auto apelado, de conformidad con sus razonamientos y fundamentos legoloides atento en perjuicio de mi representada contra los principios de proporcionalidad, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 1, 14, 16 6 y 17 de nuestra Carta Magna, razón por la cual ese Alto Tribunal Federal deberá de concederle a al aquí quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acto reclamado. Así las cosas, es obvio que en perjuicio de mi representada la Responsable siendo un órgano jurídico certificado y capacitado para resolver ese tipo de controversias, en forma deliberada dejo de advertir que la porción normativa contenida en el inciso a) de la fracción II del artículo 175 del Código Adjetivo Civil, era una norma que resultaba ser sospechosa o dudosa de los parámetros de los derechos humanos. ME EXPLICO; La Primera Sala del H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, aquí señalada como responsable, en diverso recurso de apelación que bajo el Toca Civil Número 19/15, conoció, resolvió mediante una sentencia contradictoria al acto reclamado, decretar la caducidad de la instancia en un caso similar a este, donde una de las partes tampoco había sido emplazado, incluso en dicho Toca la Responsable si menciona que para poder decretar la caducidad de la instancia, recurre al control difuso de constitucionalidad; es decir, que sí lo conoce porque no lo aplico entonces en el presente caso?, a mayor abundamiento señalo que el amparo directo que se tramito en contra de ese toca civil, conoció bajo el expediente número 436/2016 el TERCER TRIBUNAL COLEGIDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO EL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, con residencia en la ciudad del Chilpancingo Gro. A mayor abundamiento, debo señalar que lo anteriormente expresado por la suscrita es en base a que nuestro Máximo Tribunal diáfanamente a determinado que el control ex officio es una obligación para las autoridades jurisdiccionales del país, quienes están obligados a velar por los derechos humanos, siendo esto un problema interpretativo ya que es necesario que efectivamente lleven un control casos en que la norma que se va a aplicar sea sospechosa, para así de esa manera no violar los derechos humanos, ni dictar sentencias contradictorias como en el presente caso lo hace la Responsable el acto reclamado." Establecido lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía la resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 407/2017, con motivo de la apelación interpuesta en contra el auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en la que resolvió infundados los conceptos expresados, esto es, se determinó que no procede la caducidad de la instancia, ya que de autos se advierte que en el citado juicio no han sido emplazados el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, Notario Público por Ministerio de Ley, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, Sucesión Testamentaria a bienes de Enrique Correa Martínez y Notario Público Número Seis del Distrito Federal En ese sentido, se aprecia que la determinación reclamada tiene consecuencia que el juicio de origen continúe en el índice del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares en el expediente número 125-2/2016; por ende, la resolución reclamada conlleva una orden inmediata al juez del proceso para proceder en determinado sentido. Bajo ese contexto, si la autoridad responsable Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, declaró improcedente la caducidad de la instancia hecha valer en el juicio natural 125-2/2016, por lo que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra esa determinación, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. Con base en lo expuesto, se utiliza en forma ilustrativa la tesis aislada número IX.2o.19 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la Novena Época, con el registro 178027, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 1400, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO QUE DEBA CONOCER DEL NEGOCIO JURÍDICO. La interlocutoria que resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria y la declara improcedente, ordenando que el Juez ante quien se presentó la demanda de origen continúe conociendo del contradictorio, no constituye una resolución de mera declaración, sino que tiene el efecto positivo de remitir los autos al Juez considerado legalmente competente, a fin de que continúe conociendo del procedimiento de origen; es decir, esa clase de resolución conlleva una orden inmediata al Juez del proceso para proceder en determinado sentido: seguir conociendo del negocio jurídico. Bajo ese contexto, si la Sala responsable que resolvió la excepción de incompetencia, radica en la ciudad capital del Estado y el Juez de origen al cual estimó competente y le ordenó continúe conociendo del juicio natural, reside en algún Municipio del propio Estado, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido contra esa interlocutoria, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional declarado competente quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen." En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la ley de la materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; ello porque la sala ordenó remitir el testimonio 407/2017, a donde continuará el juicio al no haberse decretado la caducidad, por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta..." En razón de lo anterior, fórmese por separado cuaderno de antecedentes en lugar del juicio principal para constancia legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; de igual forma se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Oscar Javier Bustos Galeana, José Carlos Almazan Catalan y Oscar Xavier Bustos Valdez, sin gozar de las facultades amplias dado que en el escrito de cuenta, donde les otorga dicha autorización, el quejoso no proporcionó los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, como lo prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, que dice: "El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En consecuencia, téngaseles únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que prevé el artículo antes citado. Por cuanto hace al despacho 22-2/2017, remitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero y al escrito presentado por Eloísa Valdés Cortés, en su carácter de apoderada legal de María de Lourdes Pedrote Navarro, este juzgado federal ordena remitir junto con los demás anexos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco. Ahora bien, en razón del volumen de las constancias que adjuntó el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, fórmese por separado un legajo de pruebas, debiendo conservar el folio correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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