Maria de Lourdes Tecocoatzi Gayoso
Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Tecocoatzi Gayoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la promovente María de Lourdes Tecocoatzi Gayoso, para que cumpliera con los requerimientos formulados en proveídos del catorce de enero y diez de febrero de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en los acuerdos de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Tecocoatzi Gayoso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de febrero de dos mil veintiuno. Quejosa exhibe copias de prevención. Agréguese el escrito de cuenta, signado por la quejosa María de Lourdes Tecocoatzi Gayoso, por el que manifiesta que en alcance al escrito presentado el ocho de febrero del presente año, exhibe ocho copias del escrito aclaratorio y anexo adjunto. Al respecto, dígase que en auto de diez de febrero del año en curso, se determinó no tener por cumplimentada la prevención que se le formuló mediante proveído de catorce de enero del presente año; por ende, intégrese el ocurso de cuenta, únicamente para que obre como corresponda, debiendo conservarse por separado el anexo que acompaña, dado lo acordado en el citado proveído.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, diez de febrero de dos mil veintiuno. No se tiene por desahogada prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María de Lourdes Tecocoatzi Gayoso, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de enero del año en curso. Y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ". en primer término preciso que el tercero interesado los es el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA y reitero que en este juicio la única autoridad responsable señalada de mi parte, lo es el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y que el acto o actos que se reclaman del mismo es la omisión y/o negativa que ha realizado dicho funcionario en relación a la ejecución del laudo pronunciado por ese tribunal laboral con fecha uno de octubre de dos mil quince, misma que fue ejecutada por el Actuario adscrito a esa autoridad Lic. José Roberto Meléndez López, en consecuencia resulta tener el carácter de autoridad responsable ejecutora, esto para todos los efectos legales a que haya lugar en términos de la ley de la materia; ya que el mismo en unión del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, han realizado diversas diligencias de requerimiento de pago y embargo respecto de bienes del tercero interesado Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, como se precisó en la demanda de garantías, por lo que con fecha uno de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo una diversa diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes del tercero interesado, en la cual ante la negativa de dicho Ayuntamiento a través del Licenciado Alfredo Rojas Grande quien bajo protesta de decir verdad dijo desempeñarse como auxiliar jurídico de ese Ayuntamiento e insisto ante la negativa de pagar la cantidad requerida esto es $620.513.48, expresamente solicité (lo transcribe); a efecto de acreditar mis anteriores asertos acompaño la copia de la diligencia de uno de diciembre de dos mil veinte. No obstante a pesar de mi expresa petición, la autoridad responsable a la presente fecha ha continuado en la omisión señalada de mi parte, esto es la inejecución del laudo de referencia, lo cual trae consigo la paralización del procedimiento del laudo dictado en mi favor, por lo que es evidente la negativa por parte de la autoridad responsable en cumplir con la obligación que le impone el artículo 92 fracción IX y XI de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en relación con el diverso 46 fracción III, de dicho ordenamiento legal, que impone la obligación al titular del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala reinstalar a los servidores públicos en las plazas de las cuales los cuales hubieren separado y ordenar el pago de salarios vencidos." Ahora, mediante proveído de catorce de enero del año en curso, se le previno para que precisara lo siguiente: ".requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, "bajo protesta de decir verdad", manifieste el acto o actos que reclama; esto es, la omisión y/o negativa específicas que reclama en relación con la falta de ejecución del laudo; o bien, algún acto positivo dictado por la autoridad responsable. Lo anterior, dado que del análisis integral de la demanda de amparo, específicamente del apartado IV, de acto reclamado, señala lo siguiente: "Esta constituye la omisión de la autoridad responsable C. Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no aplicar todas las medidas necesarias que la ley le confiere para hacer cumplir el laudo dictado dentro del expediente laboral 314/2011-B, del índice de dicho Tribunal, reafirmado su omisión en la diligencia de embargo practicada a las diez horas con treinta minutos del día uno de diciembre de dos mil veinte, lo cual trae consigo la paralización del procedimiento del laudo dictado en favor de la hoy quejosa (.) Reclamo así mismo de la mencionada autoridad, las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de las omisiones que se traducen en hacer nugatorio los derechos humanos y constitucionales que me corresponden (.)". Por otra parte, en el apartado VI, de hechos, puntos 4 y 6, señaló lo siguiente: "4. Nuevamente con fecha uno de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo de bienes en contra del Ayuntamiento hoy tercero interesado en la cual nuevamente no fue posible trabar embargo sobre la partida presupuestal señalada por la parte actora, negándose el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, a pagar el laudo al cual fue condenado y de igual manera el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje única y exclusivamente se ha dedicado a imponer multas a dicho ente público sin hacerlas efectivas, siendo omiso de hacer cumplir con la obligación que tiene de dictar todas las medidas necesarias que considere pertinentes para dar cumplimiento a sus propias determinaciones. (.) 6. Derivado de lo anterior, y al existir ya un antecedente y criterio jurisprudencial, es evidente que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento integral a sus propias determinaciones ya que es su obligación ejecutar sus propios acuerdos, siendo insuficiente la imposición de multas a las distintas administraciones del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala (mismas que no se le han hecho efectivas) para que den cumplimiento al laudo de fecha uno de octubre de dos mil quince, ya que hasta esta fecha no se ha dado cumplimiento al mismo" Lo que evidencia que no específica el acto o actos que reclama, sino únicamente de manera genérica señala que la autoridad responsable no aplica todas las medidas necesarias que la ley le confiere para hacer cumplir el laudo dictado en el expediente de origen; reafirmado su omisión en la diligencia de embargo practicada el uno de diciembre de dos mil veinte, lo cual trae consigo la paralización del procedimiento; así como, las consecuencias que de hecho y de derecho deriven de las omisiones; esto es, no precisa qué omisión en concreto reclama; o bien si se trata de una negativa o un acto positivo expresamente realizado por la autoridad responsable; lo que es necesario para para fijar la litis constitucional en el presente juicio de Amparo. En consecuencia, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar lo siguiente: Manifestar cuál es el acto o actos que reclama; es decir, si son de carácter negativo, lo que se traduce en una omisión, una abstención o un no hacer, o una negativa por parte de las autoridades, deberá señalar de manera específica en qué consiste la misma y, de ser el caso a qué autoridad se le atribuye. O bien, si el acto o actos que reclama sean de carácter positivo (que implica una acción, una orden, una privación o una molestia), deberá precisar la fecha del acuerdo o resolución; así como, la fecha en que se le notificó y a qué autoridad le es atribuido el mismo. (.)". Conforme a lo anterior, debe señalar que la parte quejosa en el escrito de cuenta, por el que pretende dar cumplimiento a la prevención que se le formuló en el presente juicio, señala como acto reclamado la omisión y/o negativa en que ha incurrido el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en relación a la ejecución del laudo pronunciado el uno de octubre de dos mil quince, designando también como autoridad responsable ejecutora al Actuario adscrito a dicho tribunal; y, que el uno de diciembre de dos mil veinte, éste último llevó a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes del tercero interesado, quien se negó el pago del laudo. Además, refiere que la autoridad responsable a la presente fecha ha continuado con su omisión en la inejecución del laudo, lo cual trae consigo la paralización del procedimiento, por lo que es evidente su negativa. Sin embargo, no precisa si el acto o actos que reclama a la autoridad responsable, son de carácter omisivo o negativo; ya que por una parte, señala la omisión y/o negativa del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en la inejecución del laudo y en otra, la omisión en la inejecución de dicho laudo; así como la negativa, que se traduce en la paralización del procedimiento de origen. Lo anterior, dado que por auto de catorce de enero del año en curso, se le previno para que precisara cuál es el acto o actos que reclama; es decir, si se trata de una omisión (una abstención), entendiéndose por esta la falta total de actuación de la autoridad responsable. O bien, una negativa (que se traduce en o un no hacer), pero explícitamente reconocido por la autoridad responsable, lo que pudiera traducirse en la actuación de uno de diciembre de dos mil veinte, en el entendido que de ser esta actuación la reclamada, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad si dicho acto es el motivo de reclamo en el juicio en que se actúa y la fecha de notificación del mismo, así como las autoridades a las que se lo atribuye. Por tanto, deberá precisar de manera clara y concreta cuál es el acto o actos que reclama, conforme a lo precisado en el auto de catorce de enero del año en curso. En virtud de lo expuesto, no se tiene por cumplida la prevención formulada, por tanto, subsiste el apercibimiento realizado en auto de catorce de enero de dos mil veintiuno. Término para cumplir prevención En consecuencia, toda vez que el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se le previno, se notificó por lista a la parte quejosa el nueve de los actuales y la promoción de cuenta se recibió en la misma fecha, entonces cuenta con el plazo de cinco días para poder dar cumplimiento, el cual empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Apoyo lo anterior, como criterio orientador, la jurisprudencia 2ª./J. 106/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de enero de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve María de Lourdes Tecocoatzi Gayoso, por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 19/2021-IV. Prevención. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre las que se encuentra establecida en la fracción IV, que a la letra dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" Del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligada entre otras cosas, a señalar el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, además del 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, "bajo protesta de decir verdad", manifieste el acto o actos que reclama; esto es, la omisión y/o negativa específicas que reclama en relación con la falta de ejecución del laudo; o bien, algún acto positivo dictado por la autoridad responsable. Lo anterior, dado que del análisis integral de la demanda de amparo, específicamente del apartado IV, de acto reclamado, señala lo siguiente: "Esta constituye la omisión de la autoridad responsable C. Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no aplicar todas las medidas necesarias que la ley le confiere para hacer cumplir el laudo dictado dentro del expediente laboral 314/2011-B, del índice de dicho Tribunal, reafirmado su omisión en la diligencia de embargo practicada a las diez horas con treinta minutos del día uno de diciembre de dos mil veinte, lo cual trae consigo la paralización del procedimiento del laudo dictado en favor de la hoy quejosa (.) Reclamo así mismo de la mencionada autoridad, las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de las omisiones que se traducen en hacer nugatorio los derechos humanos y constitucionales que me corresponden (.)". Por otra parte, en el apartado VI, de hechos, puntos 4 y 6, señaló lo siguiente: "4. Nuevamente con fecha uno de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo de bienes en contra del Ayuntamiento hoy tercero interesado en la cual nuevamente no fue posible trabar embargo sobre la partida presupuestal señalada por la parte actora, negándose el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, a pagar el laudo al cual fue condenado y de igual manera el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje única y exclusivamente se ha dedicado a imponer multas a dicho ente público sin hacerlas efectivas, siendo omiso de hacer cumplir con la obligación que tiene de dictar todas las medidas necesarias que considere pertinentes para dar cumplimiento a sus propias determinaciones. (.) 6. Derivado de lo anterior, y al existir ya un antecedente y criterio jurisprudencial, es evidente que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento integral a sus propias determinaciones ya que es su obligación ejecutar sus propios acuerdos, siendo insuficiente la imposición de multas a las distintas administraciones del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala (mismas que no se le han hecho efectivas) para que den cumplimiento al laudo de fecha uno de octubre de dos mil quince, ya que hasta esta fecha no se ha dado cumplimiento al mismo" Lo que evidencia que no específica el acto o actos que reclama, sino únicamente de manera genérica señala que la autoridad responsable no aplica todas las medidas necesarias que la ley le confiere para hacer cumplir el laudo dictado en el expediente de origen; reafirmado su omisión en la diligencia de embargo practicada el uno de diciembre de dos mil veinte, lo cual trae consigo la paralización del procedimiento; así como, las consecuencias que de hecho y de derecho deriven de las omisiones; esto es, no precisa qué omisión en concreto reclama; o bien si se trata de una negativa o un acto positivo expresamente realizado por la autoridad responsable; lo que es necesario para para fijar la litis constitucional en el presente juicio de Amparo. En consecuencia, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar lo siguiente: Manifestar cuál es el acto o actos que reclama; es decir, si son de carácter negativo, lo que se traduce en una omisión, una abstención o un no hacer, o una negativa por parte de las autoridades, deberá señalar de manera específica en qué consiste la misma y, de ser el caso a qué autoridad se le atribuye. O bien, si el acto o actos que reclama sean de carácter positivo (que implica una acción, una orden, una privación o una molestia), deberá precisar la fecha del acuerdo o resolución; así como, la fecha en que se le notificó y a qué autoridad le es atribuido el mismo. Ello, pues en los casos en donde se reclame genéricamente la omisión de tomar las medidas necesarias para ejecutar los laudos y el ejecutante sea el obligado a impulsar procesalmente la ejecución, el acto deberá declararse inexistente, en los términos señalados en el siguiente criterio 2a./J. 15/2011 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2000011, de rubro y contenido: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por tanto, esta determinación se emite con el objeto de no producir una afectación a la parte quejosa y así estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, esto es, el ubicado en calle Adolfo López Mateos número doscientos veinte, colonia Fátima, Municipio de Apizaco, Tlaxcala. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Reyes Cornejo Morales, Arturo Pulido Pérez y Martha Muñoz Chumacero, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Señala teléfono y correo electrónico. Finalmente, se tiene señalando como correo electrónico lety_2503@hotmal.com., así como el número telefónico 246 3314914, los cuales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
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