Maria de Lourdes Silvia Gomez Trejo

Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
58/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Silvia Gomez Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos la notificación de la parte quejosa María de Lourdes Silvia Gómez Trejo, del proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, lo que resulta indispensable para la debida integración en el presente juicio de amparo; en tal virtud notifíquese personalmente a la quejosa de referencia el auto citado Notifíquese, personalmente a la parte quejosa el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve María de Lourdes Silvia Gómez Trejo, por propio derecho, contra actos de Gobernadora del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 58/2022-II Prevención. En atención al escrito de demanda, se toma en consideración que la parte quejosa señala como acto destacado, lo siguiente: El Decreto por el que se establecen medidas para contener los contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el sector público y privado. Ahora bien, a efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran los previstos en la fracción IV, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)." Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, III, IV y V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo1, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Precise el acto que reclama, pues en el apartado respectivo señala el "Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado", sin embargo, en el primer concepto de violación, indico lo siguiente: ". a las autoridades responsables les reclamamos la no obligación de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 COVID-19." (sic) Lo anterior genera incertidumbre si reclama el decreto referido o la obligación de ser vacunada contra el virus SARS-CoV2 COVID-19. Ahora, en el caso de señalar como acto el Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, deberá indicar también: a) Qué artículos en particular del Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, tilda de inconstitucionales. b) Si los artículos del Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, señalados como inconstitucional, los impugna en su carácter de norma general autoaplicativa o heteroaplicativa, y siendo éste último supuesto, deberá señalar el acto concreto de aplicación. En caso de reclamar los artículos del Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, como heteroaplicativos, deberá señalar la fecha en que se le notificó, tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." Del numeral anterior se advierte que cuando se impugna la inconstitucionalidad de una norma general, resulta fundamental para la autoridad jurisdiccional tener la certeza de si la afectación es provocada por la sola entrada en vigor de la norma o en virtud del primer acto de aplicación, pues de ello depende determinar la procedencia del juicio de amparo. Se entiende como norma autoaplicativa aquella que causa una afectación con su sola entrada en vigor, es decir, aquella que trasciende irectamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. En tanto que una norma heteroaplicativa es aquella que requiere de un acto de aplicación para producir una afectación de manera directa a los derechos sustantivos del quejoso. Resulta de gran importancia hacer la precisión anterior, toda vez que la parte quejosa afectada por la inconstitucionalidad de una norma cuenta con una doble oportunidad para impugnarla, estos son dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de la misma. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada 1a.CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala, visible en la página 148 tomo I, julio de 2014, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Se entiende como norma autoaplicativa aquella que causa una afectación con de Circuito, visible en la página 2811, tomo IV, septiembre de 2016, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA AL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. De acuerdo con los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una norma general, el afectado cuenta con una doble oportunidad para hacerlo: dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de aquélla. Sin embargo, es necesario distinguir que, tratándose de disposiciones jurídicas autoaplicativas, hay casos en los cuales la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) la eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) la disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) el gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor. En estos casos, la afectación en la esfera de derechos de los justiciables no se produce al comenzar su vigencia la ley y, por tanto, este evento no determina el inicio del plazo de treinta días para promover el juicio de amparo en su contra. En efecto, en las hipótesis señaladas no se actualiza la causa de improcedencia consistente en presumir el consentimiento de la norma por no impugnarla dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia ya que, en los dos primeros, la afectación a la esfera jurídica de los destinatarios se sujeta a una condición que, al comenzar a regir, no puede considerarse cumplida y, en el tercero, esa afectación no surge con ese motivo, sino hasta que se coloca en la situación que en aquélla se regula. En esos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no otorgarse la oportunidad defensiva prevista en la Ley de Amparo respecto de las normas generales autoaplicativas, a las que, teniendo ese carácter, generen la afectación en un momento diverso, como ocurre en los mencionados supuestos de excepción a la regla general, en los cuales, antes de que la norma reclamada entre en vigor, el quejoso carecería de interés para su impugnación". Conforme a los razonamientos anteriores, es que resulta fundamental que la parte quejosa, precise cómo reclama la norma general impugnada y, de ser el caso, cuáles son los actos concretos de aplicación. Precise si a la fecha de presentación de la demanda, ya le fue aplicada alguna dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV2 COVID-19. Además, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio. Ahora bien, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Oscar Jared Guerrero Rodríguez, por no contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Se autoriza consulta de expediente electrónico Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "sebastianfsalas", toda vez que se encuentra registrado. Comunicación no procesal Asimismo, téngase al quejoso señalando como medio de comunicación un correo electrónico así como un número de teléfono, en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando el correo electrónico y el teléfono que refiere, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve María de Lourdes Silvia Gómez Trejo, por propio derecho, contra actos de Gobernadora del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 58/2022-II Prevención. En atención al escrito de demanda, se toma en consideración que la parte quejosa señala como acto destacado, lo siguiente: El Decreto por el que se establecen medidas para contener los contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el sector público y privado. Ahora bien, a efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran los previstos en la fracción IV, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)." Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, III, IV y V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo1, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Precise el acto que reclama, pues en el apartado respectivo señala el "Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado", sin embargo, en el primer concepto de violación, indico lo siguiente: ". a las autoridades responsables les reclamamos la no obligación de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 COVID-19." (sic) Lo anterior genera incertidumbre si reclama el decreto referido o la obligación de ser vacunada contra el virus SARS-CoV2 COVID-19. Ahora, en el caso de señalar como acto el Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, deberá indicar también: a) Qué artículos en particular del Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, tilda de inconstitucionales. b) Si los artículos del Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, señalados como inconstitucional, los impugna en su carácter de norma general autoaplicativa o heteroaplicativa, y siendo éste último supuesto, deberá señalar el acto concreto de aplicación. En caso de reclamar los artículos del Decreto por el que se establecen Medidas para Contener Contagios del Virus SARS-COV2 (COVID19) en el Sector Público y Privado, como heteroaplicativos, deberá señalar la fecha en que se le notificó, tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." Del numeral anterior se advierte que cuando se impugna la inconstitucionalidad de una norma general, resulta fundamental para la autoridad jurisdiccional tener la certeza de si la afectación es provocada por la sola entrada en vigor de la norma o en virtud del primer acto de aplicación, pues de ello depende determinar la procedencia del juicio de amparo. Se entiende como norma autoaplicativa aquella que causa una afectación con su sola entrada en vigor, es decir, aquella que trasciende irectamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. En tanto que una norma heteroaplicativa es aquella que requiere de un acto de aplicación para producir una afectación de manera directa a los derechos sustantivos del quejoso. Resulta de gran importancia hacer la precisión anterior, toda vez que la parte quejosa afectada por la inconstitucionalidad de una norma cuenta con una doble oportunidad para impugnarla, estos son dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de la misma. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada 1a.CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala, visible en la página 148 tomo I, julio de 2014, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Se entiende como norma autoaplicativa aquella que causa una afectación con de Circuito, visible en la página 2811, tomo IV, septiembre de 2016, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA AL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. De acuerdo con los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una norma general, el afectado cuenta con una doble oportunidad para hacerlo: dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de aquélla. Sin embargo, es necesario distinguir que, tratándose de disposiciones jurídicas autoaplicativas, hay casos en los cuales la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) la eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) la disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) el gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor. En estos casos, la afectación en la esfera de derechos de los justiciables no se produce al comenzar su vigencia la ley y, por tanto, este evento no determina el inicio del plazo de treinta días para promover el juicio de amparo en su contra. En efecto, en las hipótesis señaladas no se actualiza la causa de improcedencia consistente en presumir el consentimiento de la norma por no impugnarla dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia ya que, en los dos primeros, la afectación a la esfera jurídica de los destinatarios se sujeta a una condición que, al comenzar a regir, no puede considerarse cumplida y, en el tercero, esa afectación no surge con ese motivo, sino hasta que se coloca en la situación que en aquélla se regula. En esos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no otorgarse la oportunidad defensiva prevista en la Ley de Amparo respecto de las normas generales autoaplicativas, a las que, teniendo ese carácter, generen la afectación en un momento diverso, como ocurre en los mencionados supuestos de excepción a la regla general, en los cuales, antes de que la norma reclamada entre en vigor, el quejoso carecería de interés para su impugnación". Conforme a los razonamientos anteriores, es que resulta fundamental que la parte quejosa, precise cómo reclama la norma general impugnada y, de ser el caso, cuáles son los actos concretos de aplicación. Precise si a la fecha de presentación de la demanda, ya le fue aplicada alguna dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV2 COVID-19. Además, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio. Ahora bien, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Oscar Jared Guerrero Rodríguez, por no contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Se autoriza consulta de expediente electrónico Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "sebastianfsalas", toda vez que se encuentra registrado. Comunicación no procesal Asimismo, téngase al quejoso señalando como medio de comunicación un correo electrónico así como un número de teléfono, en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando el correo electrónico y el teléfono que refiere, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

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