Maria de Lourdes Nicolasa Romero Reyes

Expediente 1566/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1566/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Nicolasa Romero Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Sentencia definitiva causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días a la parte quejosa, que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción del expediente principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;..." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, para constancia. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Devolución de constancias. Ahora, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, remitió un disco compacto con contenido de documentales, se ordena devolver el mismo. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Por último, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... 64. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se VI. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1566/2022, promovido por ***, en contra de los actos y autoridades responsables señalados en el considerando III de esta sentencia, y por las consideraciones jurídicas vertidas en el diverso V. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Valoración del cumplimiento de la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto del treinta de septiembre de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: *** Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien lo registró bajo el toca 84/2022, y en sesión de doce de agosto de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: *** Ejecutoria. Siguiendo los lineamientos establecidos de referencia, en acuerdo de treinta de agosto del año en curso, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Así, a través del oficio número 2484 el juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, remitió lo siguiente: El acuerdo de uno de septiembre del año en curso dictado en el juicio de otorgamiento de contrato de compraventa en escritura pública *** en el cual: Dejó insubsistente todo lo actuado a partir del auto del trece de marzo de dos mil nueve, en el cual ordenó el emplazamiento de los demandados ***. Dejó sin efectos las escrituras de compraventa promovida por *** en contra de la sucesión a bienes de quienes en vida llevaran el nombre de ***. Dejó sin efectos la escritura de compraventa por la que José Arturo López Archundia adquirió el inmueble el cual quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Zacapoaxtla, Puebla, bajo la partida 539 a fojas 160 Libro Uno, Tomo 115 de uno de diciembre de dos mil dieciséis. Ordenó girar exhorto al juez del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, para que en auxilio de dicho Juzgado, ordene a quien corresponda entregar los oficios correspondientes. Por su parte parte, el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tétela de Ocampo, Puebla y la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacapoaxtla, Puebla remitieron lo siguiente: Oficio con terminación 2494/22, enviado por la primera autoridad mencionada, al que anexó copia certificada de la cancelación de la escritura de compraventa a favor de Samuel Mateo Olvera Ramírez, respecto del predio rustico denominado "Acatenco", ubicado en Totutla, Huitzilan de Serdán, del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla, Oficio con terminación 2489/2022 remitido por la segunda autoridad citada, por el que allegó copia certificada de la cancelación de la inscripción respecto del predio rustico denominado "Tiopanteno", ubicado en la población de Huahuaxtla, Xochitlan de Vicente Suárez, Puebla, a nombre de José Arturo López Archundia. Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado *** electrónicamente.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 17 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Se recibe informe justificado: Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Medio ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Vista a las partes: Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio: En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Comunicación no oficial. Por otro lado, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico que proporciona en el informe de cuenta. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, las señaladas en su oficio de cuenta, las que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Disco compacto. Ahora bien, de conformidad con los artículos 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de ampliación supletoria a la Ley de Amparo y el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitidos los archivos que contiene el disco DVD que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, las cuales tiene el carácter de documentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar." Se levanta reserva. Ahora, del estado procesal del expediente se advierte que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se reservó acordar las prueba testimonial a cargo de ***, así como la pericial en agrimensura respecto del inmueble que defiende en esta instancia constitucional, hasta en tanto se recibieran la totalidad de los informes justificados de las autoridades responsables, lo cual ya aconteció; en consecuencia, se provee: Atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a tener por ofrecidos los citados medios de convicción, pues su anuncio resulta extemporáneo; por ende, deben desecharse por las razones que a continuación se expondrán. En principio conviene apuntar que según el artículo 119 de la Ley de Amparo, la pruebas testimonial e inspección judicial deben ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, plazo que no puede ampliarse con motivo del diferimiento de ésta, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad debida para ofrecerla dentro de esa temporalidad, por causas no imputables al oferente, pues en ese supuesto para computar el plazo de los cinco días se debe atender a la nueva fecha de la audiencia constitucional. En ese contexto, la prueba testimonial así como la pericial ofrecidas deben desecharse ya que su presentación resulta extemporánea, lo anterior en virtud de que la primera audiencia constitucional se encontraba señalada para el catorce de octubre de dos mil veintidós y el escrito de la quejosa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla el seis de octubre del año en curso; por tanto su plazo transcurrió del siete al catorce de octubre de dos mil veintidós, sin contar los días ocho, nueve y doce del mimos mes y año por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se colige que no se anunciaron antes de los cinco días hábiles a que alude el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues del cómputo antes mencionado se advierte que el último día del plazo concedido recae en la fecha fijada para la audiencia constitucional, sin que con la pruebas ofrecidas se advierta que trata de demostrar o desvirtuar hechos novedosos que no conociera con la anticipación debida. Sirve de apoyo a lo anterior en la parte conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1994, de rubro y texto, siguientes: "PRUEBA PERICIAL O TESTIMONIAL EN EL AMPARO. SU ANUNCIO, CUANDO SE IMPUGNA DE FALSEDAD UN DOCUMENTO. De acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Amparo, en los casos que se ataque de falso un documento, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes y en esta audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. Ahora bien, si una de las partes estima necesaria la recepción de una prueba pericial o testimonial, debe anunciarla con los días de anticipación que ordena el segundo párrafo del artículo 151 de la citada ley, y no esperar hasta que llegue el día de la continuación de la audiencia, para hacer el ofrecimiento de la prueba, ya que esto desnaturalizaría la brevedad y concreción que el legislador determinó en el artículo 153." Asimismo, es aplicable, la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. TERMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA. El texto del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases de procedencia del amparo indirecto, induce a considerar el carácter sumario del procedimiento relativo tendiente a resolver sobre la constitucionalidad de los actos autoritarios reclamados, de manera rápida y eficaz. Congruente con este precepto constitucional, la Ley de Amparo fija los plazos máximos y aquellos de excepción, para la celebración de la audiencia y las condiciones para su suspensión o diferimiento a fin de que, dentro de las eventualidades de orden práctico que pudieran surgir en el procedimiento, se garantice la defensa de las partes, tal como se advierte de lo dispuesto en los artículos 147, 149, 152 y 156 de dicha ley. Por su parte, el artículo 151 de la propia ley establece el plazo mínimo de cinco días para que las partes en el juicio de garantías propongan las pruebas que requieren especial preparación, como son la pericial, la testimonial y la de inspección judicial, como una formalidad esencial del procedimiento que el órgano constitucional debe observar, siempre y cuando tales pruebas sean ofrecidas, supuesto en el cual deberá fijar la celebración de la audiencia constitucional para una fecha que permita su preparación, o bien, suspenderla o diferirla para lograr el mismo objetivo, teniendo en consideración, en su caso, los criterios de esta Suprema Corte, especialmente el contenido en la jurisprudencia número 7/1996, publicada en la página 53, Tomo III-febrero, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA", de tal manera que si no lo hace así, el Juez incurrirá en una violación del procedimiento en el juicio de amparo, que ameritará su reposición. Sin embargo, en la hipótesis de que las partes no anuncien ninguna de estas pruebas que ameritan preparación, ha de concluirse que el señalamiento de la fecha de la audiencia sin librar los cinco días en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, ordinariamente no constituye violación procesal." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 431, Tomo II, Noviembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO. OPORTUNIDAD PARA ANUNCIARLAS. Una correcta interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo, conduce a determinar que las partes pueden anunciar las pruebas testimonial y pericial a partir de que surta efectos la notificación del auto admisorio de la demanda, hasta antes de que venza el plazo de cinco días que como mínimo establece la ley, es decir, el lapso para anunciar las pruebas de que se trata, corre desde que se admite la demanda y vence el sexto día hábil anterior al señalado para la celebración de la audiencia constitucional." En ese sentido, toda vez que los medios de prueba ofrecidos por la quejosa no se anunciaron en el plazo establecido por el artículo 119 de la Ley de amparo, lo procedente es desechar los medios de prueba por extemporáneos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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