Maria de Lourdes Morales Marin

Expediente 2288/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2288/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Morales Marin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...) Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Junta cumple requerimiento. La Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, cumple el requerimiento realizado en acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso y remite el original de juicio laboral D-******************** de su índice. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Versión digitalizada de pruebas. Por otra parte, con la finalidad de no paralizar el juicio laboral de origen D-********************, del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, una vez que se verifique la versión digitalizada de éste, devuélvase su original a la junta responsable, solicitando el acuse respectivo. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de girar y entregar oficio dirigido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla [ISSSTEP], a fin de recabar la información vía informe [medio de convicción ofrecido] en el juicio laboral D-********************, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa señala como acto reclamado omisión de girar y entregar oficio dirigido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla [ISSSTEP], a fin de recabar la información vía informe [medio de convicción ofrecido] en el juicio laboral D-********************, atribuido a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla. Sin embargo, de las constancias remitidas al rendir su informe justificado, se advierte que la junta responsable, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, ordenó girar oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla [ISSSTEP], a fin de recabar la información vía informe, el cual fue entregado en la misma fecha; como se aprecia de la siguiente reproducción. En ese orden, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las doce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Gestiones de cumplimiento. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por conducto de su representación, informa las gestiones practicadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, y en particular remite copia certificada de su oficio ..., de dieciocho de enero de dos mil veintitrés; de igual manera, solicita una prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo, por las razones que expone. Se toma conocimiento de lo informado, y se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Pronunciamiento sobre la información remitida. No se inadvierte que la autoridad oficiante, manifiesta que la documentación adjunta a su oficio de cuenta es documentación que tiene el carácter de confidencial; sin embargo, en virtud de que dicha documentación se recibió de manera electrónica y no será costurara al expediente físico, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. Se concede prórroga. En otro orden, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de cinco días para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Se informa a la autoridad requerida que en caso de ser omisa, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para cumplir con la presente prorroga, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. Se vincula al cumplimiento a diversa autoridad. Derivado de la información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se advierte que la Agencia del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Cedula B-III-6 A-I-5 en el Estado de Puebla, de la Fiscalía General de la Republica es la autoridad encargada de determinar lo conducente en relación a la carpeta de investigación penal ..., la cual tiene relación con el quejoso ... Ahora, es necesario precisar, que la autoridad responsable informó que mediante diversos oficios, el último ... de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, requirió a la Agencia del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Cedula B-III-6 A-I-5 en el Estado de Puebla, de la Fiscalía General de la Republica, a efecto de que informara si la carpeta de investigación ..., ha sido archivada como asunto concluido o si se interpuso algún medio de defensa en contra del no ejercicio de la acción penal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la sentencia de amparo y requiérase a la autoridad Agencia del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Cedula B-III-6, de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de respuesta a los oficios que le fueron remitidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y le informe el estatus procesal de la carpeta de investigación ..., precisando si dicha carpeta se encuentra archivada como asunto concluido o si se impugnó el no ejercicio de la acción penal; para lo cual se adjunta copia del oficio de cuenta por el cual se le requirió la información antes referida. En la inteligencia que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Pues no obstante que no figura como autoridad responsable en este juicio de amparo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en definir que para dar cabal cumplimiento a una sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables. Se apercibe a la autoridad vinculada, que en caso de ser omisa al presente requerimiento, se le impondrá´ una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, rinde su informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el aludido informe. Vista con informe. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que adjunta a su oficio de cuenta, la que se relacionara en la audiencia constitucional. Requerimiento de constancias. Por otra parte, en el informe de cuenta, la autoridad responsable remitió únicamente el acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, de la demanda de amparo el quejoso refiere que los oficios se generaron el doce de enero de dicho año, sin que la autoridad responsable haya remitido las constancias conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: Remita copia certificada de la totalidad de las constancias emitidas con posterioridad al auto de once de enero de dos mil veintiuno en el expediente laboral ... Informe si a la presente fecha, giró y entregó el oficio dirigido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla [ISSSTEP], a fin de recabar la información vía informe [medio de convicción ofrecido] en el juicio de origen o precise la imposibilidad que tiene para tal efecto. De contar con las constancias digitalizadas, se requiere a la autoridad responsable las constancias que justifiquen el acto reclamado, en formato digitalizado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. Lo anterior, en el entendido que, de contar con expediente físico, la autoridad responsable deberá remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, le sea devuelto a la brevedad. Se apercibe a las referidas autoridades que de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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