María de Lourdes López Jaime

Expediente 472/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
472/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2015

Partes del expediente

  • María de Lourdes López Jaime
  • Secretario del Gbierno del Estado de Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto por el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del auto de doce de junio de dos mil quince, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por María de Lourdes López Jaime, sin que lo haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintiocho de mayo del presente año, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado. Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintiocho de mayo del presente año, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado. Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por María de Lourdes López Jaime, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 472/2015-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis de la demanda puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Del precepto transcrito se desprende que la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional el acto que reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en la especie la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el oficio o escrito que le fue entregado por parte de la Oficina de Representación gratuita en materia Civil, con sede Acámbaro, Guanajuato, el cual aduce carece de fundamentación y motivación, a más de que tiene carácter de intimidatorio, ya que en la última parte obra la leyenda que a la letra dice: "De no asistir a la cita se procederá mediante un proceso judicial en su contra". En ese contexto, refiere que José Refugio López López, acudió a dicha dependencia a solicitar de sus servicios con motivo de un problema relacionado con un asunto legal, ya que fue demandado en la vía de procedimiento oral ordinario en el Juzgado de Oralidad Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, sobre pago de pensión alimenticia, radicado bajo el expediente F0248/2015. Asimismo, señala como autoridades responsables a las siguientes: Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre. Juez de Oralidad Familiar. Titular de la Oficina de Representación Gratuita en Materia Civil. Ambos con sede en Acámbaro, Guanajuato. De lo antecedentes acabados de sintetizar en relación con las autoridades que se señalan como responsables, se advierte que el quejoso únicamente hace imputaciones al Titular de la Oficina de Representación Gratuita en Materia Civil, pero ninguna manifestación vierte respecto de cuál es el acto que le afecta del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, ni del Juez de Oralidad Familiar de Acámbaro, Guanajuato; lo que resulta indispensable para no dejarlos en estado de indefensión y que puedan rendir su informe con justificación, integrándolos así la litis constitucional. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computado, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precise cuáles son los actos concretos que le imputa al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, así como al Juez de Oralidad Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Heredia Villagómez, al contar con cédula profesional número 1930216, registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a Martina Heredia Villagómez, por no encontrarse en dicho supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE"

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