María de Lourdes Espinoza Aguilera y Otros.
Expediente 735/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María de Lourdes Espinoza Aguilera y Otros.
- Agente I del Ministerio Público Investigador de Tramitación Común de Moroleón, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ************, ************ y ************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas a la carpeta de investigación 3475/2016 (dos tomos), que remitió el agente responsable, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite el Agente del Ministerio Público de Litigación, con residencia en Moroleón, Guanajuato, mediante el cual, remite copia certificada de la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada el uno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación ********************. Ahora bien, de la lectura íntegra a las constancias que remitió la responsable al oficio que se acuerda, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: a) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama el acto que a continuación se especifica: La falta de pronunciamiento sobre la situación jurídica de los aquí quejosos ***********, *********** y ***********, dentro de la carpeta de investigación ********************, en la cual fueron señalados como inculpados. b) De acuerdo a las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de Litigación, con residencia en Moroleón, Guanajuato, se desprende: Que el uno de noviembre de dos mil diecinueve, decretó el no ejercicio de la acción penal y total sobreseimiento de la carpeta de investigación ********************, respecto del delito de ataques a las vías de comunicación denunciado por ***********, ***********, *********** e ***********, con fundamento en lo expuesto por el artículo 255, en relación al artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. También decretó el no ejercicio de la acción penal y total sobreseimiento de la carpeta de investigación ********************, respecto del delito de despojo denunciado por Roberto Avalos Guzmán, Ponciano Villafuerte Zavala, Ma. de Lourdes Espinoza Aguilera, Ma. Refugio Aguilera Pérez, Yolanda Espinoza Aguilera y Ma. Guadalupe Espinoza Aguilera, con fundamento en lo expuesto por el artículo 255, en relación al artículo 327, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es evidente que la falta de pronunciamiento tachada de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la falta de pronunciamiento sobre la situación jurídica de los aquí quejosos dentro de la carpeta de investigación ********************. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de Litigación de Moroleón, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de once de septiembre del año en curso, remite copia autentificada de las constancias que integran la carpeta de investigación ***********; mismas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar dos tomos de prueba para el mejor manejo del expediente. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ya obra las constancias solicitadas a la autoridad señalada como responsable; por tanto, se levanta la reserva ordenada en proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, respecto al reconocimiento y emplazamiento de los terceros interesados que señaló la parte quejosa, y se acuerda: Acorde a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia, no les resulta el carácter de terceros interesados a *********** y a la ***********.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que aún no obran las constancias solicitadas al Agente del Ministerio Público de Litigación, con residencia en Moroleón, Guanajuato, motivo por el cual no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha; en tales condiciones, se difiere la misma y se señalan las once horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
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