María de Lourdes Garrido Galindo

Expediente 2374/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2374/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • María de Lourdes Garrido Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2374/2019-III. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen .  Desechamiento respecto del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la anotación del primer aviso preventivo de compraventa sobre la totalidad del bien inmueble que se encuentra en la comunidad de Chichicaxtla, perteneciente al municipio de Aquixtla, Puebla, bajo la partida setecientos cincuenta, a foja ciento veintiséis frente, del libro uno, tomo noventa y tres de catorce de diciembre de dos mil once, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso . De conformidad con lo anterior es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares , puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, no se soslaya que la Ley de Amparo actualmente prevé la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables; sin embargo, de modo alguno implicó que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados, es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Con base en lo expuesto, procede ahora determinar si el acto reclamado al Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla, colma tales requisitos, lo que haría procedente su impugnación a través del juicio de amparo. Para lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, en la que si bien analizó el supuesto relativo a cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, lo cierto es que también analizó la naturaleza jurídica y funciones de dicho fedatario y concluyó que no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, lo que resulta ilustrativa para el presente caso en que se reclama la actuación de un Notario Público. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que el Notario Público no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el Notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; incluso, que la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley. Además, debido a que la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, entonces no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, por lo que sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. La conclusión alcanzada en ese criterio fue reiterada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 364/2016, en sesión del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve , en la que nuevamente analizó si el notario público puede o no tener la calidad de autoridad responsable, a la luz de la Ley de Amparo vigente, en la que se introdujo la posibilidad de combatir actos de particulares. En la ejecutoria relativa, sostuvo esencialmente que el criterio actual para determinar si un particular tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir ante los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como del tipo de relación jurídica que existen entre los sujetos en conflicto. Asimismo, sostuvo que para otorgarle a algún particular el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de relaciones de coordinación o de supraordinación, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, lo cual constituye la nota distintiva para determinar que en esos casos se está ante una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por ello, las características que deben revestir los actos realizados por los particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Bajo tales premisas, sostuvo que a pesar de que la actuación de los Notarios Públicos se encuentra regulada por una ley y que auxilian al poder judicial en la tramitación de procedimientos sucesorios, no puede decirse que afectan la esfera jurídica de los gobernados pues dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, es decir, no tiene por efecto constituir derechos y obligaciones a cargo de los particulares en atención a que su función se limita a las siguientes premisas: a) Dar fe pública de la situación jurídica generada a partir de la muerte del causante de la sucesión; y los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, respecto de los bienes materia de la sucesión, ya sea entre ellos o con terceras personas. b) No emiten unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. c) No establece nuevas situaciones jurídicas. Las premisas señaladas sirven para determinar la notoria improcedencia del juicio de amparo contra el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla, a quien se le atribuye la anotación del primer aviso preventivo de compraventa sobre la totalidad del bien inmueble que se encuentra en la comunidad de Chichicaxtla, perteneciente al municipio de Aquixtla, Puebla, bajo la partida setecientos cincuenta, a foja ciento veintiséis frente, del libro uno, tomo noventa y tres de catorce de diciembre de dos mil once, ya que tal actuación deriva de su función notarial, esto es, porque ante él se pretende otorgar o protocolizar un acto jurídico traslativo de dominio, es decir, el aviso preventivo tiene por finalidad otorgar certeza y seguridad jurídica a los actos y hechos jurídicos sometidos a su fe pública ; por tanto, no puede considerarse que le revista la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por otra parte, tampoco puede considerarse que se trate de un particular que actúa como autoridad, ya que por sí misma, la actuación del Notario Público no tiene por finalidad dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, en contra o en perjuicio de la quejosa, sino que deriva de la contratación de sus servicios como fedatario, esto es, la anotación del primer aviso preventivo de compraventa son actos que se encuentran estrechamente vinculados al ámbito del trámite de los servicios notariales que brinda dicho fedatario. Finalmente, el hecho de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones de fe pública, y que le impone la obligación de emitir los avisos preventivos, no implica actúe como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, pues su actuación como fedatario se encuentra condicionada precisamente a la petición realizada por las partes contratantes. Se afirma lo anterior, pues más allá de tratarse de un criterio aislado que no resulta vinculante para este Juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo , lo cierto es que dicho criterio se emitió antes de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la referida contradicción de tesis 364/2016 , en la que reiteró que los Notarios Públicos no tienen la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a la luz de la Ley de Amparo vigente. Se afirma lo anterior, ya que en la referida tesis IV.2o.A.40 K (10a.), expresamente se sostuvo que no debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida contra actos de un Notario, pues aun cuando existen diversas tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se sostuvo que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, éstas fueron emitidas con anterioridad a la Ley de Amparo vigente, que en su artículo 5, fracción II, establece la procedencia de juicio contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, por lo que consideró que podrían resultar contradictorias con su texto y, por ende, inaplicables. No obstante, como se adelantó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 364/2016, analizó la institución jurídica del Notario Público a la luz de la Ley de Amparo vigente, y expresamente señaló que comparte el criterio adoptado anteriormente en el sentido de que dichos fedatarios no son autoridades responsables, tal como se evidencia con la transcripción conducente: "33. Ahora bien, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, concluyó que los notarios públicos no eran autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo,(13) al estimar que, únicamente, actuaban como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que entre éstos y el particular no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan. 34. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).". A pesar de que se comparte el criterio, se considera necesaria una nueva argumentación en virtud de la promulgación de la Ley de Amparo en abril de 2013, en particular lo relativo a los nuevos lineamientos para determinar los supuestos en que los particulares se equiparan a la autoridad para efectos del juicio de amparo. 35. En ese sentido, la presente contradicción de tesis debe resolverse con una nueva reflexión a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que trajo como consecuencia las modificaciones de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal con el objeto de fortalecer el juicio de amparo, a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección." En esas condiciones, se colige que el criterio invocado resulta inaplicable al presente caso, pues contraviene la conclusión alcanzada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la institución del Notario Público. En relatadas circunstancias, al no revestirle el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por cuanto hace al Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, Puebla, y el acto que se le atribuye.  Desechamiento respecto de la inscripción del primer aviso preventivo en el Registro Público de la Circunscripción Territorial de Chignahuapan, Puebla. Por cuanto hace al acto reclamado del Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Chignahuapan, Puebla, consistente en la inscripción de la referida escritura pública de compraventa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la disposición normativa transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, tal precepto consagra el principio de definitividad, el cual rige en el juicio de amparo y encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Con base en lo anterior, se determina que contra el acto de inscripción que se reclama del Registrador Público de la Circunscripción Territorial de Chignahuapan, Puebla, el quejoso debió promover el recurso administrativo registral contenido en la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, tomando en consideración que manifestó conocer dicho acto el uno de diciembre del año en curso. En ese sentido, conviene señalar que el recurso administrativo registral, se encuentra previsto y regulado en los artículos 137 y 139 a 141 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, que disponen lo siguiente: "Artículo 137. Quienes se consideren agraviados por los actos emanados de las autoridades registrales, podrán interponer el Recurso Administrativo Registral, el cual será substanciado y resuelto por el área que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes. El Recurso deberá agotarse antes de acudir a otros medios de defensa. El Recurso procederá contra actos registrales emitidos por los Registradores Públicos o por el Director en el caso en que actúe como Registrador Público en ausencia o por excusa del titular de una Oficina Registral. Podrán recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción" "Artículo 139. El escrito recursal deberá contener: I. El acto impugnado; II. La mención clara y sucinta de los hechos en que basa la impugnación, los agravios que cause el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; III. La fecha en la que se notificó al recurrente el acto impugnado; IV. Las pruebas que se ofrezcan. Únicamente serán admisibles: a) La documental pública o privada consistente en el título o solicitud en que se basó el acto impugnado; y b) La de reconocimiento de constancias registrales. Esta prueba deberá estar directamente relacionada con los hechos que se pretenden demostrar. V. Los requisitos señalados en el artículo 134 de esta Ley. En el caso de acudir mediante representación, se deberán acompañar los documentos que acrediten la misma. Para los recursos presentados vía electrónica, se deberán adjuntar los documentos electrónicos necesarios para fundar el recurso correspondiente." "Artículo 140. La tramitación y sustanciación del Recurso Administrativo Registral, se sujetará al siguiente procedimiento: I. Deberá interponerse directamente en la oficina registral en la que se emitió el acto impugnado o en el portal de dicha oficina, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto. II. En el supuesto de que falte alguno de los requisitos mencionados en el artículo anterior, la autoridad responsable prevendrá al recurrente para que en el término de tres días hábiles subsane la omisión, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se remitirá el Recurso a la autoridad resolutora, quien en consecuencia lo desechará; III. Si a consideración del Registrador Público el escrito recursal cumple con los requisitos exigidos, o habiendo fenecido el plazo señalado en la fracción anterior, la autoridad registral lo remitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la autoridad resolutora, acompañando los demás documentos presentados por el recurrente, así como su informe y constancias en las que sustente el acto impugnado; y IV. La autoridad resolutora, en un solo momento admitirá o desechará el Recurso y en su caso, valorará las pruebas y resolverá el Recurso en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del expediente". "Artículo 141. El Recurso se tendrá por concluido en los siguientes casos: I. El recurrente se desista expresamente del Recurso, debiendo ratificarse el escrito relativo directamente ante la autoridad resolutora. II. Se deseche el recurso por las siguientes causas: a) El recurrente no esté legitimado para interponerlo; b) Por no haberse promovido en el plazo señalado para ello; y c) Cuando falte alguno de los requisitos señalados en el artículo 139 de la presente Ley, y no se hayan subsanado. III. Se dicte resolución definitiva al Recurso, la que podrá confirmar o modificar el acto impugnado, indicando con precisión sus nuevos efectos en este último caso. Derivado de la resolución del Recurso, el Director podrá instruir a los Registradores Públicos sobre las medidas que deberán realizar para mejorar la práctica registral." De lo anterior se sigue que, en contra los actos dictados por los titulares de las Oficinas Registrales, como el que aquí se atribuye al Registrador Público de la Circunscripción Territorial de Chignahuapan, Puebla, los particulares que se consideren afectados podrán interponer el recurso administrativo registral, el cual puede tener por efecto confirmar o modificar el acto registral, precisando en este último caso los nuevos efectos. No se soslaya que el artículo 137, último párrafo, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado, dispone que "podrán" recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción; sin embargo, dicho señalamiento no impide que toda aquella persona que se considere agraviada por el acto de la autoridad registradora se encuentre legitimada para la interposición del citado recurso. Además, en el caso, no se actualiza ninguna de las siguientes excepciones al principio de definitividad: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Si el acto reclamado carece de fundamentación; f) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; g) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; h) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; y, i) Finalmente, cuando se reclamen actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de los cuales se alegue que carecen de fundamentación y motivación, y en el informe justificado la autoridad responsable subsana o perfecciona tales vicios también operará la excepción al principio de definitividad señalada en el inciso f). En primer orden, porque el acto reclamado no implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualizan los supuestos señalados en los incisos c), d) y h). Por otro lado, en relación con el acto que se reclama del Registrador Público la parte quejosa no alegó violaciones directas a la Constitución, ni que ese acto en concreto carezca de fundamentación y motivación, pues controvierte el acto que se atribuye al Notario Público -del cual se desechó la demanda anteriormente-. Por tales motivos, no podrían actualizarse los supuestos señalados en los incisos e), f) e i). Por otro lado, el acto reclamado pudo ser combatido a través del referido recurso administrativo registral, máxime que el mencionado recurso se prevé en una ley, y no en un reglamento, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis contenida en el inciso g). Sentado lo anterior, es necesario indagar si en ese ordenamiento se prevé la posibilidad de suspender los efectos de los actos reclamados, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, pues de lo contrario se actualizaría una excepción al principio de definitividad; máxime que en el presente caso la quejosa promueve en representación de sus menores hijos, por lo que se torna de mayor relevancia verificar si el recurso prevé la suspensión del acto, y si no se prevén mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En ese contexto, el artículo 138 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla dispone lo siguiente: "Artículo 138. La interposición del recurso suspende hasta su resolución la ejecución del acto recurrido. Los efectos de la suspensión impiden la inscripción de los títulos presentados o que presenten en relación con el mismo folio, sin perjuicio de que se efectúe una nota de presentación conforme a su prelación para los efectos de la misma. Transcurridos veinticinco días hábiles desde la notificación de la resolución definitiva del Recurso, y en caso de que la misma no haya sido combatida legalmente, se procederá a la calificación registral de los títulos que guarden prelación". Como se ve, en el artículo transcrito no se prevén mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, pues el aludido precepto legal establece que la sola presentación del recurso suspende hasta su resolución la ejecución del acto recurrido, mientras que para efectos del juicio de amparo la suspensión del acto se concederá cuando, además de solicitarla, con su otorgamiento no se cause perjuicio al interés general, ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a terceros se exigirá garantía al solicitante para reparar los posibles daños y perjuicios. De tal suerte que la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos, plazos más largos ni menores alcances que la Ley de Amparo para la procedencia de la medida suspensional, aunado a que el medio ordinario de defensa está previsto en la ley aplicable al caso y no en un reglamento. Por otra parte, debe decirse que los actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, no derivan de algún juicio o procedimiento sino que se trata de actos administrativos que se realizaron a solicitud del Notario Público que otorgó la escritura pública relativa, de modo que no puede considerarse válidamente que a la quejosa le revista el carácter de persona extraña, pues ese concepto alude a quien no ha figurado en un juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente . Sin embargo, toda vez que los actos reclamados al Registrador Público no derivan de algún juicio o procedimiento, la parte quejosa no puede reputarse como persona extraña a ellos, todo lo cual pone en evidencia que su situación para efectos del juicio de amparo indirecto no se rige por el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia. Con base en lo anterior, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra los actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad y el Comercio de la Circunscripción Territorial de Cholula, pues antes de promover esta acción constitucional tenía a su alcance el recurso administrativo registral, pero al no agotarlo, dejo de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que sea procedente desechar la demanda de amparo. Finalmente, no sobra decir que la procedencia del recurso administrativo registral de manera previa al juicio de amparo ha sido confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 170/2017, en sesión de trece de septiembre de dos mil dieciocho. En las anotadas condiciones, resulta manifiesta la improcedencia del juicio contra el acto reclamado al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Chignahuapan, Puebla, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la presente determinación no implica dejar a los menores quejosos en un estado de indefensión, pues cuentan con las acciones civiles correspondientes a fin de anular el acto jurídico traslativo de dominio que impide inscribir el embargo trabado en autos, pero principalmente, porque cuentan con otras vías para hace efectivo el pago de los alimentos, como es el embargo del salario del deudor alimentario, o de otros bienes, y no sólo a través del secuestro judicial trabado sobre un inmueble. Con base en lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la ley de la materia, se impone desechar de plano la demanda promovida contra los actos del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Alatriste, Chignahuapan, y del Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Chignahuapan, dependiente del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano