María de Lourdes Carvajal González

Expediente 934/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
934/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • María de Lourdes Carvajal González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del tres de junio de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de junio de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Es menester precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se recuerda que la parte quejosa reclamó de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, la omisión de contestar el escrito de diez de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó que se llevara a cabo el movimiento escalafonario de las oficinas de la Dirección General de Defensa Pública, adscrita a la Dirección General de Gobierno, por el fallecimiento de ... Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. Como se ve, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica de las y los particulares, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista, por lo que ya no es posible que lesione o afecte a la parte quejosa. En consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional. Lo anterior podría ocurrir en el supuesto de que el acto reclamado no se haya concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica de la quejosa. En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica de la quejosa, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Ahora, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia señalada, conviene precisar los antecedentes destacados que se obtienen tanto de la demanda de amparo como de las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable, y que son medularmente los siguientes: a) La quejosa manifiesta que con fecha diez de septiembre de dos mil veinte, presentó ante la autoridad que señala como responsable un escrito mediante el cual solicitó que se llevara a cabo el movimiento escalafonario de las oficinas de la Dirección General de Defensoría Pública, adscrita a la Dirección General de Gobierno, por el fallecimiento del señor Moisés Bedolla Linares. b) La autoridad señalada como responsable señala que mediante oficio H.C.M.E.01/11/2020.SG de uno de noviembre de dos mil veinte, los representantes que integran la Comisión Mixta de Escalafón del Poder Ejecutivo informaron a la Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Gobernación, el dictamen de la vacante que tiene derecho a cubrir la parte quejosa María de Lourdes Carbajal González. c) Mediante copia certificada del Dictamen y de la Constancia de Movimiento de Personal de diez de noviembre de dos mil veinte, se advierte que la quejosa María de Lourdes Carbajal González pasó de ocupar la categoría de Oficial "A" a la categoría de Oficial "E", que correspondía al finado Moisés Bedolla Linares, como se advierte de las siguientes reproducciones. De lo anterior se obtiene que la pretensión toral de la quejosa ha quedado satisfecha, a pesar de que a la fecha no se tiene noticia de que a su escrito peticionario le hubiere recaído una respuesta por escrito. Ello se estima así, puesto que del Dictamen y de la Constancia de Movimiento de Personal de diez de noviembre de dos mil veinte, se advierte que la quejosa María de Lourdes Carbajal González pasó de ocupar la categoría de Oficial "A" a la categoría de Oficial "E", esto es, ya se realizó el movimiento escalafonario que solicitó. Adicionalmente, cabe precisar que a pesar de que en el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a la quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad señalada responsable y con las constancias que remitió, consistentes en el oficio H.C.M.E.01/11/2020.SG de uno de noviembre de dos mil veinte y Dictamen y Constancia de Movimiento de Personal de diez de noviembre de ese mismo año, aquella fue omisa en manifestar lo que a su derecho conviniera. Por lo tanto, aun cuando subsiste la omisión reclamada, dado que no se tiene noticia de que se le hubiere dado contestación directa a su escrito de diez de septiembre de dos mil veinte, lo cierto es que ello ya no puede surtir efecto alguno en su contra, puesto que su pretensión toral ha quedado satisfecha, debido a que ya ocurrió el movimiento escalafonario que solicitó, por lo que se ha modificado el entornó jurídico del reproche que adujo inicialmente. Por lo expuesto, se considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. A mayor abundamiento, derivado del informe justificado y de las constancias remitidas por la Secretaría señalada como responsable, se arriba a la convicción de que ésta no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Bajo este contexto, cabe destacar que el derecho de petición constituye uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho. En el caso concreto, de las constancias de autos se advierte que la quejosa presentó un escrito el diez de septiembre de dos mil veinte, a la Secretaría de Administración del Estado de Puebla; en el que, en su calidad de trabajadora de la Dirección General de Gobierno, solicitó la intervención de la dicha Secretaría a fin de que se lleve a cabo el movimiento escalafonario de las oficinas de la Dirección General de Defensoría Pública, adscrito a la Dirección General de Gobierno, por el fallecimiento del señor Moisés Bedolla Linares. En esa tesitura, este juzgado federal encuentra que la petición que elevó la parte quejosa está inscrita en el marco de una relación de coordinación entre esta última y la autoridad, propia de su calidad de un Organismo Descentralizado y como miembro del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados. Lo anterior así se corrobora dado que en su escrito peticionario la quejosa únicamente planteó cuestiones meramente laborales relacionadas con el movimiento escalafonario que solicitó, tan es así que del dictamen de uno de noviembre del año pasado, exhibido por la Secretaría señalada como responsable, se advierte que para dirimir tal movimiento participaron instancias en materia de trabajo, como la Comisión Mixta de Escalafón del Poder Ejecutivo, aunado a que solamente se verificaron las vacantes disponibles en la plantilla de personal de base para realizar lo solicitado por la quejosa. De ahí que el ejercicio del derecho de petición que nos ocupa se encuentre inserto en el marco de una relación de coordinación entre la autoridad y el quejoso, que en realidad es propia del binomio patrón- trabajador. Con base en las consideraciones expuestas, se considera que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, motivo por el que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIECISÉIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por lo tanto, una vez que cause estado este proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido mediante acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. En consecuencia, se fija para su celebración las DIECISÉIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Informe justificado. El Director Jurídico de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla; rinde su informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Vista con informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del informe justificado, por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Delegados. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la referida autoridad a las personas que designan en su nombre. Domicilio. Por otra parte, por lo que hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, éstas se harán en el domicilio de su oficina principal. Correo electrónico y teléfono. Se tiene por señalado correo electrónico y número telefónico para comunicaciones no procesales, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad a su oficio. Litis constitucional. Ahora, de la demanda de amparo se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. María de Lourdes Carvajal González. Tercero interesado. No existe. Autoridad responsable. Secretaria de Administración del Estado de Puebla. Acto reclamado. La omisión de contestar el escrito de diez de septiembre de dos mil veinte, a través del cual solicita la intervención de la Secretaria de Administración del Estado de Puebla, a fin de que se llevare a cabo el movimiento escalafonario de las oficinas de la Dirección General de Defensoría Pública, adscrita a la Dirección General de Gobierno, por el fallecimiento del señor ... Informe justificado. Ahora, el Director Jurídico de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla en su informe justificado manifiesta que es cierto el acto reclamado: ... Sin embargo, precisa que mediante oficio H.C.M.E.01/11/2020.SG de uno de noviembre de dos mil veinte, los representantes que integran la Comisión Mixta de Escalafón del Poder Ejecutivo informaron a la Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Gobernación, el dictamen de la vacante que tiene derecho a cubrir la parte quejosa ... En ese sentido, remite copia certificada del Dictamen y de la Constancia de Movimiento de Personal de diez de noviembre de dos mil veinte, de donde se advierte que la quejosa ... pasó de ocupar la categoría de Oficial A a la categoría de Oficial E, que correspondía al finado ... Vista. Con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto del informe y sus anexos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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