María de Lourdes García

Expediente 435/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
435/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes García

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2886/2022, remitido electrónicamente por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual allega testimonio autorizado de la resolución pronunciada en sesión del veintiocho de abril del año en curso, dentro del conflicto competencial 10/2022, de la que se desprende que determinó que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por María de Lourdes García de Barrientos. En consecuencia, agréguese a estos autos la ejecutoria de mérito; acúsese el recibo correspondiente al órgano colegiado oficiante y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2295/2022, remitido electrónicamente por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual informa la admisión a trámite del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y este Juzgado de Distrito, respecto del juicio de amparo 508/2022, promovido por María de Lourdes García Barrientos; quedando registrado como conflicto competencial 10/2022; de lo anterior, tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que respecto de dicho conflicto emita el citado órgano colegiado. Notifíquese.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 12133/2022, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual se le tiene haciendo del conocimiento que insiste en que la competencia para conocer del juicio de amparo 508/2022, promovido por María de Lourdes García Barrientos, se surte a favor de este juzgado de Distrito; asimismo, informa que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, planteando el conflicto competencial correspondiente; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes, y se está a la espera de la resolución respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 10306/2022, firmado electrónicamente por el Juez y el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a través del cual remite los autos del juicio de amparo 508/2022, promovido por María de Lourdes García de Barrientos, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades; dado que por resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dicho juzgador determinó que no tiene competencia legal para seguir conociendo del asunto de referencia, y declinó la misma al Juzgado de Distrito en turno, con asiento en esta ciudad, correspondiendo conocer del mismo a este juzgado. En tal virtud, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro uno de juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 435/2022-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Acúsese recibo de estilo. Ahora, del contenido de la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado oficiante, se desprende que declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo y resolver el juicio de amparo 508/2022-II, promovido por María de Lourdes García de Barrientos, por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 el Pleno del Consejo de la judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, en base a las consideraciones expuestas en dicha resolución. No obstante, este órgano de control constitucional, respetuosamente, no comparte las consideraciones en que se sustenta la declinación de la competencia. Sobre el particular, se toma en cuenta lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a). En el primer párrafo del señalado numeral, se establece la regla que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, acorde con su naturaleza jurídica, requieren de ejecución por parte de una autoridad. b). La segunda regla normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, constituye un matiz de la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto pueda ejecutarse en más de un distrito o de que haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. c). En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. A fin de corroborar dicho aserto, resulta necesario hacer constar que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados: Del Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, el emplazamiento al juicio hipotecario 370/1999; del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, lo actuado en dicho juicio, destacando la orden de inscripción de la cédula hipotecaria derivada del emplazamiento, así como la sentencia y remate del inmueble materia de dicho juicio, como los demás actos de ejecución; del Director de la Oficina Registral Victoria del Instituto Registral y Catastral de Victoria, Tamaulipas, la inscripción de la cédula hipotecaria relacionada con el inmueble de trato, así como las posteriores inscripciones; y, como consecuencia de todo lo actuado, la desposesión del bien inmueble consistente en la finca número 5233, del municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, cuya propiedad ostenta. En relación con lo anterior, tenemos que el Titular del Juzgado declinante, en su resolución expresó que como acto destacado o principal se tiene el emplazamiento, y lo actuado en el juicio de origen, lo cual refiere se efectuó en esta ciudad y que por ese motivo corresponde a este juzgado conocer del asunto que nos ocupa, al actualizarse la hipótesis prevista en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que es competente para conocer y resolver del juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción se realizó o ejecutó el emplazamiento reclamado. No obstante lo considerado por el juez declinante, debe decirse que, en opinión del suscrito juzgador, la parte quejosa no sólo reclama el emplazamiento en el juicio de origen, sino que también reclama actos de inminente ejecución, como lo son la desposesión del bien inmueble que defiende y al que ya se hizo mención en párrafos anteriores; así como también las anotaciones que se realizaron durante la tramitación del juicio y en ejecución de la sentencia en el Instituto Registral y Catastral de Ciudad Victoria, Tamaulipas, respecto del bien inmueble de mérito, el cual se identifica como finca número 5233, del municipio de Soto la Marina, Tamaulipas. Lo último dicho, pues así se aprecia de los anexos a la demanda, en concreto, del certificado relativo al inmueble que nos ocupa, expedido por la citada responsable registral, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde se aprecia que la hoy quejosa ya no aparece como propietaria del mismo, lo que constituye precisamente uno de los actos reclamados, esto es, las anotaciones registrales realizadas en aquella ciudad, respecto de tal bien raíz. En esa virtud, es claro que también se está en el supuesto del párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de amparo, en lo referente a que uno de los actos reclamados por la parte quejosa tuvo ejecución en una localidad en donde tiene jurisdicción el juez declinante, habida cuenta que el bien inmueble cuya desposesión se reclama, se encuentra en Soto la Marina, Tamaulipas. Es por ello que, quien esto provee estima que es competente para conocer de este asunto y resolver el mismo, el juez que previno en el conocimiento, ya que si bien algunos de los actos reclamados por la parte quejosa se efectuaron en esta localidad, como lo puede ser la tramitación del juicio natural, también resulta de inminente ejecución en Soto la Marina, Tamaulipas, la desposesión igualmente reclamada respecto del bien inmueble que defiende dicha parte, máxime que es en ese lugar en donde se encuentra ubicado y de que ya se inició la ejecución forzosa de la sentencia emitida en el juicio natural, habida cuenta de las anotaciones en el Instituto Registral y Catastral de Ciudad Victoria, Tamaulipas. A lo que debe sumarse que ha de facilitarse el acceso a la justicia de la quejosa que optó por presentar su demanda de amparo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por tener jurisdicción en el lugar en el que se encuentra el inmueble que se defiende, y en donde se realizaron las anotaciones registrales que también se reclaman. Así es, atendiendo al derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa presente una demanda de garantías ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir que ese juzgado Federal resulta ser el de más fácil acceso material, respecto del otro juzgador de amparo involucrado. ...... Antes tales motivos y fundamentos, este juzgado de Distrito no acepta la competencia propuesta, y acorde a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, las constancias remitidas a través del oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. ...

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