Maria de Lourdes Cruz Ruiz

Expediente 1205/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1205/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Cruz Ruiz
  • Maria de Lourdes Cruz Ruiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la intervención ministerial 64/2019, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano judicial; al efecto, únicamente agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de quince de enero del año en curso, se sobreseyó en el presente asunto, fuera de audiencia, causando estado dicho auto el ocho de febrero siguiente, ordenándose el archivo definitivo como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de quince de enero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que han perdido el derecho que pudieron ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de dicha junta, con sede en esta ciudad; ahora bien, de las constancias con las que apoya su informe justificado se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. Así es, dado lo manifestado por la responsable en su informe y de las constancia que adjunta al mismo, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." De la apreciación sistemática del numeral trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, tal como en el presente caso sucede. En efecto, la parte quejosa se duele básicamente de que las autoridades responsables, se han abstenido de acordar sobre las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 321/5/2018. Pues bien, de las documentales que en copia certificada anexó la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de dicha junta, con sede en esta ciudad, a su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el once de enero del presente año, se presentaron las partes en el juicio laboral 321/5/2018, de donde deriva el acto reclamado, a efecto de dar cumplimiento al convenio celebrado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, y se tuvo a la parte demandada haciendo entrega a la parte actora (aquí quejosa) de la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), quien lo recibió de conformidad y satisfacción, por lo que se ordenó el archivo del juicio laboral de origen, como asunto total y definitivamente concluido, por cumplimiento de pago, elevándose a categoría de laudo consentido y ejecutoriado. De tal suerte que si las partes llegaron a un convenio, con ello se cumplió su fin jurídico, pues al haber realizado la parte demandada el pago por la cantidad que se estableció en el aludido convenio, es inconcuso que desapareció el objeto o materia de todos los actos reclamados en este asunto. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada, a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó los actos reclamados dejó de existir, no podría restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada y, por ende, la sentencia que se dictara no podría cumplirse. Lo que pone de manifiesto que, la situación jurídica que dio motivo al juicio de amparo ya no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que se modificó su entorno, pues aun cuando los actos reclamados subsistan, el objeto o materia dejó de existir, habida cuenta que se ordenó el archivo del juicio natural, toda vez que las partes en el mismo llegaron a un acuerdo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Materia Común, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente en el caso concreto, es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista de conformidad con los artículos 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, toda vez que no compareció en el recinto oficial de este Juzgado, no obstante el citatorio que se le dejó para tal efecto, según lo establecido por el artículo 27, fracción I, inciso b), el acuerdo (o resolución) que esencialmente establece: ...Agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de dicha junta, con sede en esta ciudad; ahora bien, de las constancias con las que apoya su informe justificado se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. Así es, dado lo manifestado por la responsable en su informe y de las constancia que adjunta al mismo, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." De la apreciación sistemática del numeral trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, tal como en el presente caso sucede. En efecto, la parte quejosa se duele básicamente de que las autoridades responsables, se han abstenido de acordar sobre las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 321/5/2018. Pues bien, de las documentales que en copia certificada anexó la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de dicha junta, con sede en esta ciudad, a su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el once de enero del presente año, se presentaron las partes en el juicio laboral 321/5/2018, de donde deriva el acto reclamado, a efecto de dar cumplimiento al convenio celebrado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, y se tuvo a la parte demandada haciendo entrega a la parte actora (aquí quejosa) de la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), quien lo recibió de conformidad y satisfacción, por lo que se ordenó el archivo del juicio laboral de origen, como asunto total y definitivamente concluido, por cumplimiento de pago, elevándose a categoría de laudo consentido y ejecutoriado. De tal suerte que si las partes llegaron a un convenio, con ello se cumplió su fin jurídico, pues al haber realizado la parte demandada el pago por la cantidad que se estableció en el aludido convenio, es inconcuso que desapareció el objeto o materia de todos los actos reclamados en este asunto. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada, a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó los actos reclamados dejó de existir, no podría restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada y, por ende, la sentencia que se dictara no podría cumplirse. Lo que pone de manifiesto que, la situación jurídica que dio motivo al juicio de amparo ya no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que se modificó su entorno, pues aun cuando los actos reclamados subsistan, el objeto o materia dejó de existir, habida cuenta que se ordenó el archivo del juicio natural, toda vez que las partes en el mismo llegaron a un acuerdo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Materia Común, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente en el caso concreto, es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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