María de Lourdes Flores Briones
Expediente 365/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María de Lourdes Flores Briones
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Por otro lado, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al aviso de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto dictado el veinte del citado mes y año, en atención a que no compareció los días veintidós o veintitrés de los actuales, el cual en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Por otro lado, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
CONSTANCIA. por este medio se notifica a la parte quejosa el contenido del proveído dictado el tres de junio de dos mil dieciséis, toda vez que no acudió a este Juzgado los días siete ni ocho de los actuales, no obstante el aviso que para ello se le dejó el seis de los corrientes, dicho proveído dice lo siguiente: Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa -----, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo citado, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. La promovente reclama la retención del bien inmueble que aduce ser de su propiedad, ubicado en -----, lo que se traduce en el aseguramiento del mismo, pues en la relatoría de su escrito de demanda, señala que fue sellado por la autoridad responsable, negándole la entrada. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se estima que se actualiza la improcedencia prevista 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo cual resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. El dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" [.]". El principio de definitividad del juicio de amparo que consagra la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante la autoridad que los emitiera, o bien, ante una de mayor jerarquía. En ese orden de ideas, sólo quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en aptitud para promover el juicio de amparo, pues el principio de definitividad no es optativo para la parte quejosa cumplirlo o no, sino que es una obligación para que sea procedente la instancia constitucional. Cabe precisar que si bien la causal mencionada se refiere a actos emitidos por tribunales y en el caso las autoridades son formalmente administrativas, lo cierto es que materialmente no lo son, por aplicar una norma de naturaleza penal. En el caso, la quejosa reclama la orden de detención o aseguramiento del bien inmueble descrito con antelación, aduciendo que en el mismo se encuentran sellos colocados por la autoridad responsable y ésta le impide la entrada. Sin embargo, dichos actos reclamados, pueden ser modificados o confirmados, de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato que indica: "Artículo 253. Las medidas de aseguramiento de objetos y clausura de locales, podrán ser objetadas por los interesados ante el Juez de Control dentro de los siguientes tres días de haberse practicado. En audiencia en la que los interesados podrán aportar pruebas y ser escuchados, el juez resolverá en definitiva lo que corresponda. Esta decisión será apelable." (lo subrayado es propio del Juzgado) De acuerdo con el precepto transcrito, en contra de los citados autos que se combate, procede un medio de defensa ordinario, el cual puede hacer valer la parte quejosa, pues al encontrarse en el supuesto previsto en el citado ordenamiento, no es factible acudir en primer lugar al juicio de amparo, sino hasta observarse el principio de definitividad. El artículo 253 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, otorga la posibilidad de que la medida de detención o aseguramiento reclamada, sea revisada y, en su caso, se revoque o modifique en una audiencia la cual a su vez será apelable. Por tanto, si la legislación que rige los actos reclamados prevé un medio ordinario de defensa por el cual pueden ser confirmados, revocados o modificados, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Pues a través de la objeción del interesado, el quejoso puede obtener el resultado que pretende con la demanda de amparo, por lo que no se encuentra exento de hacer valer dicho medio de defensa que la legislación que rige el acto reclamado le otorga. Es así, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción como son: que la quejosa sea tercero extraño al procedimiento; máxime que la justiciable se ha presentado ante la fiscalía responsable con el objeto de solicitar la devolución de dicho bien inmueble y que le argumentaron que no era posible la misma hasta en tanto concluyera el procedimiento de investigación; asimismo, no se advierte que la autoridad responsable le haya negado información respecto del bien inmueble asegurado o que la quejosa tenga algún impedimento para aportar las pruebas que adjunta al escrito que se provee. Además, no se trata de algún acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, el precepto que prevé dicho medio de defensa no está sujeto a alguna interpretación adicional que condicione su procedencia, por lo que al estar suficientemente establecido su fundamento legal, la quejosa está obligada a agotar dicho mecanismo de defensa. En esas condiciones, si la parte quejosa fue omisa en agotar el medio de defensa ordinario en contra de los acuerdos reclamados; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el artículo 113, del cuerpo normativo en cita, se desecha de plano la demanda de amparo.
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