María de los Ángeles Vázquez Márquez

Expediente 867/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
867/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2017

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Vázquez Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibida la copia certificada del oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, solicita se le informe el estado procesal del expediente en que se actúa. Al respecto, hágase del conocimiento de la citada autoridad, que en proveído de cinco de octubre del año dos mil quince se desechó la demanda de amparo y en auto cuatro de noviembre siguiente , se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el cinco de octubre de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  4. Principal

    CONSTANCIA. Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de cinco de octubre de dos mil quince, tal y como se ordena en el diverso de dieciséis del mismo mes y año, en atención a que no compareció los días veinte ó veintiuno de los actuales, no obstante el CITATORIO que se le dejó para tal fin, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, al que adjunta la copia certificada del oficio 4065, escrito de demanda original de amparo promovida por la parte quejosa y siete copias, oficio 1903/2015 en dos tantos suscrito por el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad; diversas constancias de emplazamiento, así como legajo de copias certificadas del expediente que se indica; en virtud de que mediante resolución de veintiocho de septiembre de dos mil quince, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por ***, señalando como competente al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, del que por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado. Se ordena acusar recibo. Esto fue así esencialmente, porque dicha superioridad determinó que los actos que se reclaman, consistes en el auto de trece de agosto de dos mil quince, dictado por el Juzgado Cuarto Menor Civil, con sede en esta ciudad, por el cual no tuvo a *****, por presentando recusación en su contra, dentro del juicio ejecutivo mercantil que se indica; la orden de embargo -auto de execuendo- y la ejecución de la sentencia que se dictará en dicho juicio; no constituyen sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen, y por ende no quedan comprendidos en la hipótesis prevista en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la misma, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 867/2015-V. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es necesario precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: El auto de trece de agosto de dos mil quince, dictado por el Juez Cuarto Menor Civil, con sede en esta ciudad, por el cual no tuvo a *****, por presentando recusación en su contra, dentro del juicio ejecutivo mercantil ***** de su índice. La orden de embargo -auto de exequendo- y la ejecución de la sentencia que se dictará en dicho juicio. Bajo ese contexto, el suscrito estima que respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracciones V y VIII de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia consigna lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracciones V y VIII de la Ley de Amparo, disponen que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. [.] VII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De la lectura de la fracción V, del último precepto legal, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES." En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama el auto de trece de agosto de dos mil quince, dictado por el Juez Cuarto Menor Civil, con sede en esta ciudad, por el cual no se le tuvo por presentando recusación en su contra, dentro del juicio ejecutivo mercantil ***** de su índice. Así, queda de manifiesto que dicho acto no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Luego, conforme a la fracción VIII, del citado numeral 107 de la ley de la materia, procede el amparo biinstancial contra los actos de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto, es improcedente cuando el acto reclamado no determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. De lo expuesto, se advierte que el acto de autoridad reclamado, no se encuentra dentro del supuesto de procedencia del juicio de amparo, que prevé la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues sólo puede impugnarse la resolución que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, y en el auto reclamado, el Juez Cuarto Menor Civil, con sede en esta ciudad, no tuvo a la parte quejosa por presentando recusación en su contra, dentro del juicio ejecutivo mercantil ***** de su índice. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto; así mismo dicho acto, tampoco se encuentra dentro de los supuestos de procedencia que prevé la fracción VIII, del citado numeral; por lo que se concluye que el desechamiento de plano de la recusación planteada en el juicio de origen, no vulnera los derechos fundamentales del gobernado. Sirve de orientación jurídica a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis del rubro siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS." y la diversa de rubro "RECUSACION. NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO." Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracciones V y VIII, aplicadas a contrario sensu de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto; consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se desecha la demanda de amparo por lo que hace a dicho acto. Por otra parte, respecto a los actos identificados bajo el inciso b), el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Ello es así, porque de la intelección del ordinal 17 de la Ley Amparo ya transcrito, da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si tal presentación está dentro del término de quince días que para tal efecto establece el citado ordinal, atento a que si la demanda no se presenta en tiempo, la acción constitucional en sí misma, es improcedente por extemporánea, pues lleva implícito el consentimiento tácito respecto del acto que se tacha de inconstitucional. Para hacer patente lo anterior, basta señalar atender a lo que se advierte de las diversas constancias relativas a dicho controvertido que remitió la autoridad responsable. Ahora bien, en la especie, la promovente del amparo reclama la orden de embargo -auto de exequendo- y la ejecución de la sentencia que se dictará en el juicio ejecutivo mercantil ***** del índice Juzgado Cuarto Menor Civil, con sede en esta ciudad; de los cuales se advierte tuvo conocimiento el cinco de febrero de dos mil quince, al haber tenido participación en la diligencia de requerimiento de pago y embargo que tuviera lugar en dicha data, tal y como se evidencia a fojas 40 a 41 del presente sumario, en la cual inclusive manifestó su oposición a la misma. De ahí que si la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el cinco de febrero de dos mil quince, con motivo de su participación en la diligencia señalada en el párrafo que antecede, y la demanda de garantías se presentó ante la propia autoridad responsable Juez Cuarto Menor Civil, con sede en esta ciudad, hasta el catorce de agosto de dos mil quince, como se advierte del sello respectivo (foja 11 reverso); es inconcuso, que ello ocurrió fuera del término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece para la presentación de la demanda, puesto que entre ambas fechas, transcurrió en exceso el plazo antes mencionado. En efecto, si la parte quejosa tuvo intervención en la diligencia que constituye el acto que reclama, esto el día cinco de febrero de dos mil quince, resulta evidente que el término de quince días para la presentación de la demanda, empezó a contar a partir del seis de febrero siguiente y feneció el veintiséis de febrero de dos mil quince, sin contar por ser inhábiles los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de febrero del mismo año, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que en el momento en que se desarrolló dicha diligencia -cinco de febrero de dos mil quince- tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama, pues inclusive se reservó su derecho a señalar bienes para su embargo. Por tanto, se afirma que la acción constitucional en sí misma es improcedente por extemporánea, pues lleva implícito el consentimiento tácito respecto del acto que no se combatió de manera oportuna. Así las cosas, al no haberse llevado a cabo la presentación de la demanda dentro del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la ley de la materia (quince días), y no encuadrar el acto que se reclama en alguno de los supuestos de excepción establecidos por dicho numeral, implica el consentimiento tácito del acto reclamado con el consecuente desechamiento de la demanda, atento a lo que disponen los preceptos 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el 17, párrafo primero, al actualizarse una causal de improcedencia. Sin que resulte óbice a lo anterior, el hecho de que en su demanda de garantías, la quejosa haya sido omisa en cuanto a pronunciarse respecto de cuando tuvo conocimiento del acto reclamado, puesto que de las constancias adjuntadas relativas al juicio natural se desprende que en su calidad de parte demandada fue partícipe del acto que reclama en esta instancia constitucional, en la fecha antes establecida. Sobre el particular y por identidad de razón jurídica, tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/194, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO" De igual forma, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la de jurisprudencia 14, publicada en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE." En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las razones de previa alusión. Es aplicable por las consideraciones que establece, la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 257, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, DESECHAMIENTO DE LA." Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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